Por qué es viable que el PP apoye la Proposición de Ley de Podemos y se pueda llegar a un punto de encuentro en la reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil

Aun cuando pasan los días sin que el Ministerio de Justicia remita a las organizaciones sindicales y a Podemos, tal y como afirmó que iba a hacer hace casi 4 semanas, sus enmiendas a la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil, presentada por el Grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados, para nosotros sigue siendo la mejor opción para la reforma de la citada Ley, y ello aun cuando sea muy probable que dicha reforma no esté lista antes del 30 de junio de 2018.

Consta que el Ministro de Justicia no quiere más vacatio legis; consta que el Ministerio de Justicia quiere acabar con la interinidad de los Registros Civiles desde la aprobación de la Ley 20/2011; consta que las organizaciones sindicales y los trabajadores de los Registros Civiles quieren llegar ya a una solución que ponga fin a tanta incertidumbre.  

Más allá de las dificultades que desde el punto de vista político-partidista suponga que el PP pueda apoyar la toma en consideración de una proposición de Podemos, y más cuando Podemos votó en contra de la toma en consideración de la proposición del PP de reforma de la citada Ley (por ser insuficiente, tal y como manifestó la Diputada de Podemos en el debate ), lo cierto es que ambas proposiciones de Ley defienden que el Registro Civil sea público, gratuito, cercano a los ciudadanos, integrado en la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados del mismo, con el mantenimiento de los Registros Civiles principales en cada partido judicial y de los Juzgados de Paz como Registros Civiles delegados, todos ellos servidos por personal de la Administración de Justicia. Es decir, ambas proposiciones coinciden en sus lineas maestras. 

En este momento podríamos decir que hay tres bloques en el debate sobre el Registro Civil:

- Quienes quieren mantener el Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, con la misma planta que en la actualidad (si bien discrepan sobre las competencias que deben asumir las Oficinas principales y delegadas de Registro Civil). Son el PP y Podemos.

- Quienes quieren sacar el Registro Civil fuera de la Administración de Justicia y de su personal, con el diseño original establecido en la Ley 20/2011. Es el Psoe. 

- Quienes quieren mantener el Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, servido por su personal y con los LAJ como Encargados, pero con supresión de las funciones registrales de los Juzgados de Paz y con el establecimiento de Registros Civiles Exclusivos, desvinculados de los partidos judiciales y sin otras competencias procesales, en la línea establecida por la Ley 20/2011. Son las Asociaciones de Secretarios Judiciales (hoy LAJ), y al parecer Ciudadanos. 

El personal de la Administración de Justicia, las organizaciones sindicales, y numerosos gobiernos municipales y de comunidades autónomas han optado reiteradamente por la primera de las tres opciones. El Psoe se queda solo en defensa de su propuesta, que desgraciadamente hoy es el texto de la Ley 20/2011. Las Asociaciones de Secretarios Judiciales esencialmente quieren el beneficio propio de sus afiliados (supuesto prestigio y por supuesto mayores retribuciones), aunque sea a costa de deteriorar el servicio público (modernizar no es dificultar el acceso de los ciudadanos a dicho servicios). 

Llegados a este punto, la Secretaria de Estado de Justicia debe cumplir con lo prometido, e iniciar el debate que pueda permitir encontrar puntos de encuentro entre el Ministerio de Justicia, el Grupo PP y Podemos, para que se pueda aprobar la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, remitiendo para ello las enmiendas a dicha proposición de Ley de forma inmediata. No hay excusa posible para que después de 4 semanas no las haya remitido. Como es lógico, y visto lo sucedido en el Congreso con la toma en consideración de la propuesta del PP, Podemos no va a arriesgarse al rechazo en la toma en consideración de su Proposición de Ley, y está pendiente de que el Ministerio de Justicia dé el paso que lleva anunciando desde hace casi un mes. 

En este blog estamos convencidos de que se puede encontrar un punto de encuentro en la reforma de la Ley 20/2011 entre casi todos los partidos políticos, excepto el Psoe de Campo que va a su aire y camino del desastre. El primer paso lo tiene que dar, en firme, el Ministerio de Justicia, por mediación de Rafael Catalá y la Secretaria de Estado de Justicia. Basta de declaraciones, pongámonos a trabajar. 

La prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 es una opción, pero antes debería intentarse la aprobación de la Proposición de Ley de Reforma de dicha Ley presentada por Podemos o al menos dotar de contenido la prórroga de la vacatio legis

Según pasan las semanas, parece bastante improbable que antes del 30 de junio de 2018, fecha oficial de entrada en vigor de la Ley 20/2011 de Registro civil, se complete una reforma de esta ley en los términos que defendemos desde este blog y las organizaciones sindicales, que permita mantener el Registro Civil como servicio público y gratuito dentro de la Administración de Justicia, con su demarcación actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, servido enteramente exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados. El rechazo a la proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que hubiera permitido entrar en el debate de las enmiendas a dicha ley, así como las lógicas reticencias de Podemos a solicitar la toma en consideración de su Proposición de Ley sin garantías de éxito a la vista de la postura defendida por el PSOE y Ciudadanos en el debate de la Proposición del PP, complica mucho el debate y modificación de la mencionada Ley antes del 30 de junio de 2018, cuando debería entrar en vigor. Y de ahí que algunos opten, sin más, por apostar por la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, para ganar tiempo para el debate de su reforma.

Sin embargo, desde este blog entendemos que se puede conseguir algo más que la mera prórroga de la vacatio legis. Prórroga por otro lado obligada, porque ni están desarrollados los programas que permitirán en su día la implantación del Registro Civil único, ni se ha aprobado desarrollo reglamentario que determine en qué administración queda circunscrito el Registro Civil o quiénes pueden ser sus encargados además de los LAJ (que chapuza, Campo), ni de aquí a junio se van a aprobar las rpts de las Oficinas Generales, etc. No hay opción posible: no puede entrar en vigor la Ley 20/2011 el 30 de junio de 2018 con su actual redacción.

La prórroga de la vacatio legis es inevitable si no se modifica la Ley 20/2011; prórroga que debe estar incluida en una Ley o en un Real Decreto-Ley que debe ser posteriormente ratificado en el Congreso. Es decir, que se quiera o no se quiera, va a haber modificación de la Ley 20/2011 antes del 30 de junio, aunque sólo sea para prorrogar su entrada en vigor. Y aquí viene la cuestión: ¿por qué limitar la reforma de la Ley 20/2011 a la prórroga de su vacatio legis? ¿Por qué no intentar su modificación en aquellos aspectos en que existe cierto consenso (aunque hablar de esto con Campo, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia en el Congreso, es una pérdida de tiempo) y garantizar ya, antes de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, aquellos aspectos que son fundamentales para nosotros, como es el mantenimiento de los Registros Civiles como servicio público dentro de la Administración de Justicia, servidos por personal de dicha Administración?

Y es que no debemos olvidar de dónde venimos y dónde estamos. Venimos de una Ley que saca a los Registros Civiles fuera de la Administración de Justicia (se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial incluso para excluirlos como centros de destino), donde simplemente se recoge una preferencia para poder seguir trabajando en las futuras Oficinas a quienes trabajen en los Registros Civiles a la entrada en vigor de la Ley, que deja en la indefinición quiénes son sus responsables, que suprime la gran mayoría de Registros Civiles principales existentes en la actualidad, que deja sin competencias a los Juzgados de Paz, y que ante las dificultades para su entrada en vigor permitió a un grupo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con el apoyo de Rajoy y Gallardón, hacerse con el Registro Civil en lo que constituía un claro intento de privatización de un servicio público.

¿Dónde estamos? Pues estamos con un Ministro de Justicia que defiende en la actualidad los mismos principios básicos que las organizaciones sindicales, más allá de las discrepancias sobre cuestiones técnicas o competencia en materia de expedientes. Con un grupo parlamentario Popular, hoy mayoritario en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado, que defiende el Registro civil como servicio público, gratuito, con mantenimiento de las oficinas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz, integrado dentro de la Administración de Justicia. Es decir, por primera vez en mucho tiempo, el partido en el Gobierno defiende los mismos postulados básicos que organizaciones sindicales y personal destinados en los Registros civiles. Es el PSOE, con su portavoz de Justicia en el Congreso, quien quiere dejar todo tal y como establece la Ley 20/2011, sacando a los Registros Civiles de la Administración de Justicia y suprimiendo la gran mayoría de las actuales oficinas de Registro Civil y todos los Juzgados de Paz (luego se les llena la boca cuando hablan de luchar contra la despoblación en el medio rural), la principal oposición al proyecto de Registro Civil que hoy, Ministerio, sindicatos y personal de justicia, defendemos.

De ahí que apoyemos desde este blog la postura que las organizaciones sindicales han defendido ante el Ministro de Justicia y el Grupo parlamentario popular en las últimas reuniones: hay que trabajar por una mayoría que permita la toma en consideración de la proposición de Ley de Podemos ( a quien sinceramente agradecemos su trabajo en esta materia), que recoge a nuestro juicio todas las aspiraciones de la inmensa mayoría de organizaciones sindicales y funcionarios en materia de Registro Civil, e incluye los postulados que en materia organizativa y funcional defiende el Ministro de Justicia y el PP en el Congreso. Es muy probable que no dé tiempo, antes del 30 de junio, a finalizar la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Podemos, pero al menos comenzar los trabajos para su reforma permitiría acabar de una vez por todas con la incertidumbre que pesa sobre los casi 5.000 funcionarios que tienen funciones de Registro Civil y cuyos puestos de trabajo desaparecerían con el nuevo modelo de Oficinas Generales fuera de Justicia.

¿Y si Podemos no quiere someter a la toma en consideración del Congreso su proposición, ante la dificultad de que tenga la mayoría necesaria para abrir el trámite de enmiendas? Porque visto lo visto en el debate de la proposición del PP, tanto el PSOE como Ciudadanos no están de acuerdo con un modelo de Registro Civil contenido en la proposición de Podemos que estructuralmente ya rechazaron al no votar la proposición del PP. En tal caso, no quedaría otro remedio que bien por la vía de enmiendas a una Ley en tramitación parlamentaria que vaya a ser aprobada, bien por la vía de un Real Decreto-Ley a convalidar posteriormente en el Congreso, se modifique la Ley 20/2011 para prorrogar la vacatio legis.

Pero esa modificación, a nuestro juicio, debería ser “sustantiva”. Es decir, que ya que hay que modificar necesariamente la Ley 20/2011, ¿por qué no ampliar su modificación para cambiar las disposiciones adicionales primera y segunda, estableciendo en las mismas de forma clara que los LAJ serán los Encargados del Registro Civil, y que su personal serán los funcionarios de la Administración de Justicia? Porque en esto, salvo el PSOE de Campo, hay consenso. Y de esta forma ganaríamos algo esencial y fundamental, que hoy, texto en mano, no tenemos.

Y en tal caso, luego el Ministerio de Justicia debería presentar un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 20/2011, para su debate parlamentario, que entre en los demás aspectos conflictivos de la Ley y para el que será necesario que trabajemos desde todos los ámbitos para buscar mayorías , para permitir su entrada en vigor de forma plena tan pronto sea posible, de forma satisfactoria para los ciudadanos que es a quien va dirigido el servicio público del Registro Civil. Proyecto de Ley sobre el cual, visto lo visto, difícilmente habrá consenso, pero en cualquier caso se ya se enmarcaría dentro de lo primero y primordial: que el Registro Civil sea un servicio público gratuito servido por funcionarios públicos de la Administración de Justicia, porque así ya lo diría la Ley 20/2011.

Trabajemos ahora, por tanto, por algo más que la mera prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011. No sabemos cuánto más durará esta legislatura, a la vista de las dificultades del Gobierno en conseguir apoyos de otras fuerzas parlamentarias, ni cuánto más durará Rafael Catalá como Ministro de Justicia, a la vista de los numerosos frentes que tiene abiertos. Hoy tenemos una coyuntura parlamentaria y un Ministro de Justicia que nos es favorable, y dudamos mucho, a la vista de las encuestas, que tras unas nuevas elecciones se mantengan ambos (el liberalismo de que hace gala Ciudadanos es el que ha permitido la privatización de los servicios públicos en muchos países). No nos conformemos por quedarnos como estamos un año más, porque ya lo hicimos tras la vacatio legis inicial de 3 años y ya sabemos cómo estuvo a punto de acabar todo.

El Grupo Popular muestra disposición al diálogo con otras fuerzas políticas para dar solución definitiva al Registro Civil, con mantenimiento de estructura y demarcación actuales, dentro de la Administración de Justicia

En la tarde de ayer 13 de marzo los sindicatos representativos de Justicia CSIF, STAJ, CCOO y UGT han mantenido reunión con la Portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, en la que han expresado su  preocupación ante la situación generada tras el rechazo a la toma en consideración por el resto de Grupos parlamentarios de la propuesta del Grupo Popular para reformar la Ley 20/2011. En estos momentos los únicos funcionarios que pueden dar continuidad al Registro civil más allá del 1 de julio de este año son los funcionarios de Justicia. Por este motivo, deben producirse ya los cambios necesarios en la ley y/o no aprobarse una nueva “vacatio legis” 

En este sentido, los cuatro sindicatos han vuelto a defender sin fisuras el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito dentro de la Administración de Justicia, con su demarcación actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, servido enteramente exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados. Asimismo, han trasladado a la portavoz popular la opinión del Ministro de Justicia que coincide básicamente con este planteamiento. 

Los sindicatos, de forma unánime han traslado a la portavoz popular su malestar por la actitud del resto de Grupos parlamentarios en su negativa a tramitar una ley a la que podrían haber presentado cuantas enmiendas hubieran considerado oportunas. 

En segundo lugar, le han pedido que su grupo no obstaculice la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Unidos Podemos. Una propuesta que coincide con el modelo defendido por las cuatro organizaciones sindicales recuperando funciones que se han ido perdiendo por el camino y que comparte el modelo organizativo que ha defendido el Ministro de Justicia en la reunión del pasado 28 de febrero y que se contemplaba en la proposición de ley que promovió el propio Grupo parlamentario popular. 

La Portavoz parlamentaria popular les ha mostrado su plena disposición a encontrar puntos de encuentro de manera que se facilite la toma en consideración de la propuesta del Grupo Unidos Podemos, -cuyo trámite está a la espera, únicamente, de que dicho Grupo lo solicite a la Mesa del Congreso-. Así mismo, ha tomado nota de sus peticiones, señalando no obstante el escaso plazo que resta hasta la entrada en vigor el 30 de junio de la Ley 20/2011, por lo que es posible que sea precisa la solución propuesta por algunos de una nueva vacatio legis, pero sin dejar de tramitar la reforma de la Ley, algo que las organizaciones sindicales consideran prioritario para acabar de una vez por todas con la incertidumbre que pesa sobre los casi 5.000 funcionarios que tienen funciones de Registro Civil y cuyos puestos de trabajo desaparecerían con el nuevo modelo de Oficinas Generales fuera de Justicia.

Hoja conjunta de las cuatro organizaciones sindicales, 13.03.2018

Catalá defiende ante las organizaciones sindicales un Registro Civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos, dentro de la Administración de Justicia, gestionado por funcionarios de la Administración de Justicia y con la estructura territorial actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz

Nota informativa conjunta de CCOO, CSIF, STAJ y UGT en relación con la reunión celebrada ayer con el Ministro de Justicia Rafael Catalá. 

El Ministro afirma que está dispuesto a utilizar la proposición de ley de Unidos Podemos como punto de partida para modificar la Ley 20/2011 del Registro Civil en los términos que ha anunciado, pero que antes de apoyar dicha proposición en el Congreso, quiere negociar con los representantes de las y los trabajadores para llegar a un acuerdo definitivo

Todos los sindicatos hemos manifestado que apoyamos la proposición de Ley de Unidos Podemos como vehículo normativo para dar una solución definitiva al modelo de Registro Civil y hemos reclamado al ministro Catalá que el Grupo Popular la apoye en el Parlamento español.

Si bien, todos los sindicatos representativos hemos manifestado nuestro acuerdo con las palabras del Ministro Catalá, porque representan un avance sustancial del Ministerio de Justicia sobre sus posiciones iniciales, las intervenciones al final de la reunión del Ministro y de la Secretaria de Estado de Justicia ponen un borrón preocupante sobre sus intenciones finales.

Ambos, pero especialmente la Secretaria de Estado, han manifestado claramente, que, para apoyar la proposición de Ley de Unidos Podemos en la toma de consideración en el Congreso (que para los sindicatos es la única opción posible para que, antes del 30 de junio de 2018 y si no se quiere una nueva prórroga, pueda debatirse en el Congreso y aprobarse la reforma de la Ley 20/2011 en el camino de defender el Registro Civil como lo ha sido durante 140 años), ponen una condición: van a trasladar a los sindicatos representativos sus desacuerdos con la misma y nos emplazan a negociar.

Los sindicatos representativos les hemos trasladado que se apoye desde el Grupo Popular la toma en consideración de la proposición de Ley de Unidos Podemos, ya que contiene todo lo que contenía la proposición de Ley del Grupo Popular que no fue aprobada, y que presenten las enmiendas que consideren, tanto desde dicho grupo como desde el resto. De esa manera, se empezaría a tramitar en el Congreso esta proposición de reforma de la Ley 20/2011, que contiene la inmensa mayoría de las reclamaciones de las y los trabajadores en defensa del Registro Civil, y se abriría el camino definitivo para solucionar de una vez esta situación, que ya dura 6 años, y sin perjudicar el derecho de los grupos parlamentarios a defender sus enmiendas para mejorar el proyecto desde la perspectiva de cada grupo. Las organizaciones sindicales hemos interesado al Ministro que, si fuese necesario, mientras se tramita la modificación de la Ley 20/2011, se prorrogase la vacatio legis de la citada Ley, introduciendo en la norma que prevea la vacatio todos los puntos aceptados por el Ministro en su intervención. 

Pero parece que lo que pretende el Ministro y la Secretaria de Estado es que los sindicatos avalemos enmiendas del Gobierno a la proposición de Ley de Unidos Podemos, porque son líneas rojas para el Gobierno y el Grupo Popular, para de esa forma poder justificar su voto favorable a un proyecto ante la ciudadanía, que ha sido elaborado por otro Grupo.

La próxima semana el Ministerio de Justicia nos remitirá los contenidos que rechazan sobre la proposición de Ley de Unidos Podemos, y que quieren presentar para negociación con los sindicatos, antes de tomar la decisión de apoyar o no la toma en consideración de dicha proposición de Ley. 

Los sindicatos hemos trasladado al ministro de Justicia, a la secretaria de Estado de Justicia y a todo el equipo (ha asistido también, entre otros, el director de los Registros y del Notariado), que estamos dispuestos a negociar, pero que debe ser el Ministerio el que traslade su propuesta inicial.