Privatización del Registro Civil

En el manual de gestión de todo buen empresario que se precie debe estar escrito que, cuando la empresa se está yendo al carajo por falta de ingresos, hay que buscar nuevos nichos de negocio por el bien del mismo; esto debió pensar nuestro presidente Rajoy –registrador de la Propiedad en excedencia, por cierto– al comentarle sus colegas de profesión que con la crisis se registran menos actos mercantiles y el negocio está yendo mas bien proa al marisco.

Viene esto a cuento de que, si alguien no lo remedia, en el próximo mes de julio quedarán privatizados los servicios del Registro Civil, no el de la Propiedad o el Mercantil que prácticamente están privatizados y no afecta su servicio a un gran número de la población, sino del Registro Civil, ese organismo de la Administración de Justicia que necesita utilizar un gran número de personas para actos tan dispares como inscribir un nacimiento, obtener un certificado de nacimiento –la famosa partida–, casarse o divorciarse y un largo etcétera. Y que, he aquí la clave, hasta ahora son servicios gratuitos. Y se pretende que en el futuro sean de pago y además con tarifas bastante onerosas para una población ya bastante esquilmada con muchos impuestos e ingresos cada vez más reducidos.

Pero el hecho de sacar más perritas a una ciudadanía, ya de por si ahíta de tasas e impuestos, no es el efecto más grave que podría acarrear la ley hecha para y al parecer por notarios y registradores y aprobada por la mayoría mecánica del PP; lo que es bastante peor es la deslocalización de oficinas locales del Registro Civil, obligando a los ciudadanos de la zonas rurales a desplazarse a la capital para realizar cualquier trámite, con la consiguiente incomodidad y gasto añadido.

Imagínense a un ciudadano de San Juan de la Rambla –un suponer–, al que le nace un chiquillo, desplazándose a Santa Cruz a registrar su nacimiento en vez de ir a la mucho más cercana Orotava como ahora; esto supongo que cabreará mucho a mi amiga de la infanciaFidela Velázquez, ramblera de pro.

Los actuales funcionarios del Registro –que por cierto son los únicos combativos con el tema– serían los menos perjudicados con la medida, ya que serían asignados a otros puestos en juzgados; los realmente perjudicados seríamos los ciudadanos, si tal medida entra en vigor.

Lo que sí se echa en falta es la opinión de los partidos ante esta atrocidad. No sabemos lo que piensa el PSOE, ni Ciudadanos y mucho menos la agonizante Coalición Canaria. Recordemos que una barbaridad parecida del Gobierno de Rajoy, la Ley de Tasas, fue anulada por el Tribunal Constitucional gracias a los recursos interpuestos.

¿Es que nadie va a recurrir este latrocinio a la ciudadanía? Nos gustaría pensar, como Dylan,que la respuesta está en el viento, pero creemos que ni el viento la traerá.

Parece extraño que Rajoy y los listos de su partido no sepan por dónde se les van las riadas de votos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada