La Asociación de Registradores ARBO, a la que siguen Rajoy y familia, pretenden engañar a la ciudadanía diciendo que la privatización del Registro Civil es una cuestión de interés público

La Asociación de Registradores Bienvenido Oliver, cuyos postulados son asumidos íntegramente por la familia Rajoy, nos viene deleitando periódicamente con artículos favorables a la privatización del Registro Civil, vendiéndonos las excelencias de que los Registradores asuman el Registro Civil y criticando duramente a todo aquel que se oponga a la misma, empezando por gran parte de sus compañeros de profesión. Esta asociación tacha de "populistas" a todos aquellos que nos negamos a aceptar la privatización del Registro Civil y luchamos contra ello. A esta asociación están estrechamente vinculados Rajoy y familia, el anterior Director General de Registros y del Notariado, y aquellos que perdieron las últimas elecciones al Colegio de Registradores. Todo esto, simplemente para situarnos sobre quiénes estamos hablando. 

Publican en su blog con fecha 26 de marzo un interesante artículo titulado "El Registro Civil: una cuestión de interés público", en que manifiesta su incomprensión a la oposición a la privatización del Registro Civil, intenta justificar que la asunción del Registro Civil es poco menos que el desarrollo lógico de la Ley 20/2011 (qué casualidad, lo mismo que dice Catalá), para acabar diciendo que "en realidad lo que existe es una necesidad del Estado, también de cara a Europa, de que un servicio público funcione correctamente; y la posibilidad de los Registradores, si bien con su esfuerzo, lo desempeñen. Y todo esto por una y única razón: el mejor servicio a los ciudadanos".

No es intención de este blog entrar en discusión con las opiniones que sobre este tema se reflejan en los diversos blogs y páginas webs, pues cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero dado que este blog es faro y guía de quienes defienden desde el principio la privatización del Registro Civil, que constituye el oráculo que ilumina a Catalá y demás miembros del Gobierno en su trabajo de privatizar el Registro y en su artículo venden como verdades cosas que no lo son, vamos a dedicar unos minutos a darles cumplida respuesta, por si les da por leer este post.


El artículo empieza, una vez más, justificando la necesidad de privatizar el Registro en el elevado número de quejas que se presentan ante el CGPJ y el Defensor del Pueblo, razonamiento repetido ad nauseam y que ha sido debidamente respondido en este blog. Al efecto simplemente nos remitiremos a lo que se dice en el blog privatización de los registros civiles, y su entrada "El respeto a una profesión". A ello añadiré otros tres apuntes: para quejas, las habidas por el funcionamiento del Plan Intensivo de Nacionalidad, por el elevadísimo número de requerimientos absurdos de documentación adicional, por las denegaciones irrazonables de nacionalidad y por miles de expedientes antiguos que no se resolvieron. La segunda, peor es que te denuncien por vulneración de la normativa de protección de datos como sucedió con numeroso registradores de la propiedad, tal y como aparece en numerosos blogs y periódicos digitales. Y tercero, la Ley 20/2011 no nace, como dice el artículo por la "necesidad de reformar el Registro Civil dada la ineficiencia de su funcionamiento", a su exposición de motivos y debates parlamentarios me remito, hasta el punto que el portavoz del PP dijo que el Registro Civil funcionaba razonablemente bien y no entendía la necesidad de esta Ley.


Pero vayamos a lo que tiene enjundia: el editorial de ARBO no entiende la oposición de todos, salvo el PP, a la privatización del Registro Civil, cuando según ellos "el proyecto del Ministerio de Justicia no modifica las bases de organización consensuadas". Mentira y de las gordas: La Ley 20/2011 atribuye la llevanza del Registro Civil a los Secretarios Judiciales y funcionarios del Grupo A1 licenciados en Derecho que se determine reglamentariamente, mantiene dentro del ámbito de las administraciones públicas el Registro Civil, establece que la dotación de su personal se establecerá mediante relación de puestos de trabajo (herramienta propia de las Administraciones públicas para dotar puestos de trabajo con empleados públicos), permite a las comunidades autónomas el ejercicio de competencias ejecutivas en la materia y permite a los funcionarios que en la actualidad trabajen en Registros Civiles seguir trabajando en las nuevas oficinas generales de Registro Civil. Todo esto será imposible si los Registradores Mercantiles asumen la llevanza del Registro Civil. Casi nada. Lo peor de todo es que Catalá dice lo mismo, que la asignación del Registro Civil es desarrollo de la Ley 20/2011. Claramente la asignación del Registro Civil a los Registradores Mercantiles supone una ruptura completa de las bases de organización consensuadas en la Ley 20/2011.

Sobre que la asignación del Registro Civil a los registradores mercantiles no es una privatización: está claro que lo más les molesta tanto al Gobierno como a los ideólogos de esta asignación es que se hable de privatización de un servicio público, e intentan negar la evidencia diciendo que los Registradores son funcionarios públicos. También lo hemos explicado en este blog, pero vamos a añadir algo más:

1. Las sentencias y resoluciones que suelen alegar para justificar la condición de funcionarios de los Registradores se refieren, principalmente, a concursos para la ocupación de plazas vacantes en los concursos, no a la naturaleza de su función tal y como hace la famosa Sentencia de la Unión Europea que tanto daño les hace. 
2. Su propia página web no los califica de funcionarios públicos, sino de "jurista profesional del derecho que ejerce una función pública". 
3. Ya va siendo hora de que hablen de todo lo que han ganado y siguen ganando, convirtiéndose en los "funcionarios públicos" mejor remunerados de España, con el ejercicio de una función pública en régimen de monopolio. O de los registradores que trabajan dos o tres días por semana, o del carácter familiar o endogámico de muchos registros de la propiedad y mercantiles. 

Si se sienten funcionarios públicos, les animamos a que tal y como publicamos en este blog luchen para ser igual que nosotros, y que todos los ingresos derivados de la función pública que ejercen se ingresen en el Tesoro Público y no en sus bolsillos. Entonces les creeremos y dejaremos de hablar de privatización del Registro civil. Este sí que sería el mejor servicio a los ciudadanos de que hablan en su artículo

El artículo sigue luego con el tema de la gratuidad del Registro. Es cierto que los Registradores de la Propiedad han tramitado gratis los expedientes de nacionalidad durante año y medio. Tan cierto como que es la única actuación que hacen gratis, tal y como me reconocía una trabajadora de un Registro de la Propiedad. Pero para muchos o casi todos, el plan intensivo de nacionalidad ha funcionado como la oferta de un vendedor, que te deja probar durante un tiempo su producto gratis para luego cobrarte por el servicio futuro y el ya prestado. 4 millones de euros es la asignación prevista para el tercer plan intensivo de nacionalidad, con que de gratis nada de nada. Si a ello le sumamos que el proyecto de Ley de nacionalidad de sefardíes permite al Gobierno establecer aranceles para que los registradores cobren por la tramitación de los expedientes de nacionalidad, sean del tipo que sean, lo de que el Registro Civil seguirá siendo gratuito no se lo cree nadie. Ni los propios Registradores. 

Lo demás son normas y principios que ya establece la Ley 20/2011 y de las que ahora se apropian los Registradores. El carácter electrónico del Registro, el acceso telemático a su bases de datos por parte de cualquier Administración y funcionario público en el ejercicio de sus funciones (incluidos los Notarios, a los que los Registradores quieren excluir para poder cobrarles), la reestructuración de oficinas (omiten que la Ley 20/2011 permite a las Comunidades autónomas añadir más oficinas por la singularidad de su territorio o la dispersión de su población), etc. 

Y por último, arrogándose el papel de la propia Administración de quien se convierte en su portavoz, nos garantizan a los funcionarios de Justicia un puesto de trabajo en nuestra Administración, y aseguran un puesto de trabajo futuro a los interinos. La movida no va por allí, señores de Arbo, lo que nos preocupa es la privatización de un servicio público hoy universal, gratuito, cercano a los ciudadanos y prestado de forma pacífica durante más de 100 años por funcionarios de la Administración de Justicia.   

No estamos ante una artificial polémica que se haya suscitado en torno a la asignación de la gestión del Registro Civil a los Registradores. Han sido ustedes, Rajoy y familia, Gallardón y Catalá, los que han roto el consenso que se alcanzó porque quieren cambiar las líneas de funcionamiento establecidas en la Ley 20/2011 y van a introducir un coste de implantación del nuevo Registro Civil que tendrá que ser sufragado directamente por sus usuarios, los ciudadanos, como sucede en el Registro de la Propiedad y Mercantiles. 

Parafraseándoles a ustedes, sería bueno que, al margen de soflamas populistas, se explicaran las verdaderas causas de esta privatización. Sería una forma de desmentir que la imagen de la marca España es la de la corrupción y del beneficio de unos pocos en perjuicio de la inmensa mayoría. 

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