CCOO amenaza a Gallardón con una huelga en la Administración de Justicia si privatiza el Registro Civil

El sindicato de CCOO ha denunciado el "encabezonamiento" del Ministerio de Justicia en"privatizar" el Registro Civil y ha lamentado que no haya hecho ninguna lectura del resultado de las elecciones europeas, donde los ciudadanos han dado un "contundente y rotundo" rechazo a la "política de privatizaciones" del Partido Popular.

La plataforma sindical dice en un comunicado haber tenido conocimiento de que los secretarios judiciales han recibido una encuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, donde se les pide en el "corto" plazo de cinco días, un inventario detallado de los registros civiles, que especifique el "número de tomos, su grosor medio, el espacio que ocupan, la cantidad de inscripciones que se realizan mensualmente e incluso datos de los propios edificios en donde se ubican los mismos".

El CSI-F, por su parte, asegura que ese inventario sobre los Registros Civiles se ha confirmado al hacerse de una manera “opaca”, además de que ese trabajo fue adjudicado a una empresa privada.

Fuentes del Ministerio de Justicia citadas por Europa Press han confirmado que el departamento ha pedido datos para hacer un inventario sobre los documentos y tomos digitalizados, como hizo el anterior Gobierno, pero han precisado que no tiene nada que ver con la decisión que finalmente se adopte sobre la encomienda del Registro Civil.

No hablar de ello en campaña electoral

CCOO ha advertido en el comunicado de que una privatización supondría la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo y ha amenazado con convocar una huelga a nivel nacional en toda la Administración de Justicia si esta se produce. El sindicato defiende que este servicio público continúe en este ámbito asumido por funcionarios.

Para el sector de la Administración de Justicia de CCOO, "resulta curioso que esta información se solicite inmediatamente después de las elecciones europeas, pese a todo el tiempo que se lleva hablando de la privatización de los registros civiles, en una clara maniobra del Ministerio de que su encabezonamiento con la privatización del Registro Civil no perjudicase al Partido Popular en la reciente cita electoral".

El TSJN celebra sus 25 años entre fuertes protestas por la privatización de sus servicios

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha conmemorado hoy su 25 aniversario con un acto solemne, en el que se ha abogado por invertir en justicia para culminar la modernización, mientras en la calle el personal escenificaba "la muerte" de la Justicia por la privatización de los servicios.

PAMPLONA. El acto conmemorativo de la creación de los diecisiete tribunales superiores de justicia de toda España el 23 de mayo de 1989 ha sido dirigido por el presidente en funciones del TSJN, Víctor Cubero, quien ha expresado la necesidad de "invertir en justicia" y aumentar las partidas presupuestarias.

Poco antes de que comenzara este acto conmemorativo, varias colgaduras negras desde las ventanas han acompañado la escenificación de la muerte de la justicia que han llevado a cabo varios trabajadores quienes, con ropajes de luto, han portado lápidas con consignas como "RIP Juzgados de Paz".

Según ha declarado a los periodistas la delegada de Comisiones Obreras, Maite Soro, "hoy no hay nada que celebrar". Ha afirmado que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial supone la supresión del servicio público de Justicia "tal y como lo conocemos".

A su juicio, la privatización del Registro Civil, la eliminación de los Juzgados de Paz y de los partidos judiciales entre otras medidas del anteproyecto provocarán que la justicia se aleje de la ciudadanía y que sea "de dos velocidades", para el que pueda permitírsela o para el que no.


Gallardón contrata a una empresa privada para realizar un inventario de los Registros Civiles

- CCOO considera indecente que Gallardón contrate una empresa privada para realizar un inventario de asuntos de todos los registros de España.
- CCOO denuncia que el Ministro utiliza, reiteradamente, los registros civiles, como un instrumento para el lucro privado y que, este inventario obedece a su intención de continuar el proceso privatizador y a una exigencia de los colectivos a quienes, ahora, pretende entregar los registros civiles.

CCOO ha tenido conocimiento de que los secretarios judiciales de toda España están recibiendo una encuesta del Ministerio de Justicia —concretamente de la Dirección General de los Registros y del Notariado— en donde se les pide, en el corto plazo de cinco días, un inventario detallado de los registros civiles:número de tomos, grosor medio de los tomos, espacio que ocupan, cantidad de inscripciones que se realizan mensualmente e incluso datos de los propios edificios en donde se ubican los mismos. Pero es que CCOO, también ha conocido que Gallardón ha contratado la realización de ese inventario con una empresa privada, en éste caso, con El Corte Inglés. 

CCOO se ha dirigido de inmediato al subsecretario de Justicia exigiendo explicaciones por esta inaceptable decisión de contratar a una empresa privada para realizar este inventario de los libros de los Registros Civiles y que los trabajadores allí destinados sean los que se responsabilicen de facilitar los datos recogidos a dicha empresa, porque ni siquiera han tenido la decencia de haberla comunicado previamente a los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes. 

CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia continúa con su intención de privatizar los registros civiles

CCOO ha tenido conocimiento de que los secretarios judiciales de toda España están recibiendo una encuesta del Ministerio de Justicia —concretamente de la Dirección General de los Registros y del Notariado— en donde se les pide, en el corto plazo de cinco días, un inventario detallado de los registros civiles: número de tomos, grosor medio de los tomos, espacio que ocupan, cantidad de inscripciones que se realizan mensualmente e incluso datos de los propios edificios en donde se ubican los mismos.

El Sector de la Administración de Justicia de CCOO viene tiempo denunciando que la privatización del Registro Civil supondría la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en toda España. Además ya advirtió al ministerio de que, si finalmente se produjese la privatización, convocaría una huelga a nivel nacional en toda la Administración de Justicia. El sindicato considera que este servicio público tiene que continuar dentro del ámbito de la Administración Pública y servido por personal de la Administración de Justicia.

Para el Sector de la Administración de Justicia de CCOO, “resulta curioso que esta información se solicite inmediatamente después de las elecciones europeas, pese a todo el tiempo que se lleva hablando de la privatización de los registros civiles, en una clara maniobra del ministerio de que su encabezonamiento con la privatización del Registro Civil no perjudicase al Partido Popular en la reciente cita electoral. Está claro que no se ha hecho ninguna lectura de que la ciudadanía ha rechazado de forma rotunda y contundente la política de privatizaciones de los servicios públicos del Gobierno y del Partido Popular”.

CCOO, 27.05.2014

El Registro Civil, juguete y moneda de cambio de un lobby de registradores que nada tiene que ver con su consideración de servicio público. Parte II

Tras la Asamblea de Zaragoza de abril de 2013 de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles el borrador de reforma integral de los Registros, que contenía la asunción por parte de los primeros del Registro Civil, decae. Pasan los meses y nada parece moverse al efecto. 

La mayoría de los Registradores de la Propiedad, que en abril del año pasado manifestaron su oposición a asumir el Registro Civil y establecieron, en su caso, las condiciones en que podrían aceptarlo si así se lo impusiera el Ministerio ( entre otras, oficinas separadas de los actuales Registros de la Propiedad y Mercantiles, asunción todas las competencias de los actuales Encargados del Registro Civil salvo aquellas que sean de corte necesariamente judicial, y financiación suficiente y vinculada a la prestación de servicios propios del Registro Civil) siguieron y siguen manteniendo su posición contraria a asumir el Registro Civil. Estos registradores entienden que asumir el Registro Civil podría suponer una desnaturalización del Registro de la Propiedad y Mercantil como institución y  podría afectar a la seguridad jurídica hipotecaria. No sucede así con un grupo cualificado de Registradores Mercantiles, sobre todo los de los grandes Registros, que sí que son favorables a asumir las competencias de Registro Civil, y el actual Director General de los Registros y del Notariado es uno de los dos Registradores Mercantiles de Zaragoza.

En el mes de octubre de 2013 se celebran elecciones a decano del Colegio de Registradores de España, y gana Gonzalo Aguilera, con una candidatura denominada Compromiso (489 votos frente a los 424 de su oponente), al hasta entonces decano Alfonso Candau, cabeza de la candidatura oficialista apoyada por el Ministerio de Justicia y la familia Rajoy. Aguilera representaba a las bases del colectivo, descontentas con las reformas que quiere introducir el Ministerio de Justicia en el sistema de fe pública. Desde entonces la guerra entre el Ministerio de Justicia y la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha sido una constante en su relación. Los nuevos regidores del Colegio de Registradores defendieron durante su campaña electoral su negativa a asumir el Registro Civil, y que sólo lo harían si así se lo imponía el Gobierno y se cumplían las condiciones aprobadas en la Asamblea de Zaragoza. 

Pero algo se mueve...

El Registro Civil, juguete y moneda de cambio de un lobby de registradores que nada tiene que ver con su consideración de servicio público. Parte I

Pasan los meses desde que el Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles anunciara por carta que iban a asumir el Registro Civil, el Ministerio afirmara que la decisión final no estaba tomada, el Colegio diera por rotas las negociaciones por no estar garantizada una fuente autónoma de financiación y que el Ministro de Justicia dijera que el Registro Civil sería delegado en funcionarios de "varios cuerpos en función de la división territorial de España". Pasan los meses y el Ministerio no avanza cuál va a ser su decisión final (que incluso algunos de sus máximos responsables dicen desconocer porque esto lo lleva personalmente Gallardón y su equipo de confianza) , si bien todos sospechamos que ya está tomada la decisión de que entre Registradores Mercantiles y Notarios se van a repartir el pastel del registro civil. 

En toda esta historia de atribución del Registro Civil a gente que no sean los secretarios judiciales y otros funcionarios del Grupo A1, tal y como dice la Ley 20/2011, aprobada con los votos del PP entre otros, hay algo que debemos destacar, y es que en el proyecto de Gallardón de atribuir el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no subyace mejorar, mantener y mejorar un servicio público esencial como es el Registro Civil, sino dar satisfacción a las pretensiones imperialistas de control omnímodo de todo el sistema registral español que tienen un grupo cerrado de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, organizados en torno a una famosa asociación dentro de su colectivo, en el que están la familia de Rajoy, de Gallardón, y que tiene por ariete a los actuales Director y Subdirector General de los Registros y del Notariado, el primero de los cuales es uno de los dos Registradores Mercantiles de Zaragoza. 

La historia da de sí para que se cree una comisión de investigación en el seno del Parlamento español, porque el lobby registradores-notarios, con el conocimiento y amparo del Ministro de Justicia Gallardón, han negociado y negocian normas atribuyéndose el papel del legislador, y porque cargos muy importantes del Ministerio de Justicia han trabajado y trabajan en el futuro del Registro Civil que redundará en beneficio propio y no de la colectividad a la que se deberían deber como miembros de un Gobierno. 

Unanimidad en la defensa del partido judicial de A Estrada y del registro civil

El consistorio estradense acogió en la noche del viernes sendas comisiones informativas. La de Organización abordó dos propuestas del PSOE: hubo unanimidad en la referida a la defensa del partido judicial de A Estrada, así como del registro civil y de los juzgados de paz de Forcarei y Cerdedo. Una cuestión sobre la que se pronunció ya con anterioridad la corporación, pero que está de plena actualidad con la tramitación de la discutida reforma judicial planteada por Ruiz Gallardón.

Rumore, rumore sobre los Registros civiles

El Registro civil corre el riesgo de marearse de tantas vueltas que le está dando Gallardón. Acabará abriendo la puerta del coche en marcha y echando hasta la primera papilla sobre el sufrido ciudadano. En materia de Registro civil, una vez más, se ha perdido una legislatura y el mismo cálculo electoral que hay detrás del último retraso de la decisión ¿final? da muestras de que lo único que le importa a Gallardón es la política, su estatus y el de su partido, el servicio público se la trae al pairo. 

En vez de impulsar una profunda renovación del Registro civil aprovechando y confiando en el personal a su servicio; en vez de gestionar correctamente el servicio público, este Gobierno ha dedicado la legislatura, lo que va de ella, a arruinar y asfixiar al Registro civil (también a la Administración de Justicia) negándole los medios que precisa para luego, justificar su venta y privatización sobre un presunto mal funcionamiento. Es decir, el Ministro ha desistido de su responsabilidad y funciones en materia de Registro civil que asumió a la hora de jurar o prometer el cargo. 

Si el Registro civil no funciona es porque nadie se ha preocupado de actualizar sus plantillas, porque nadie se ha preocupado de establecer una organización moderna aprovechando el potencial del capital humano que trabaja en él y que distribuya las funciones y responsabilidades y las reconozca laboral y retributivamente. Porque nadie se ha preocupado de la formación específica de este personal más cuando su trabajo depende de la interpretación que la Dirección General de Registros y Notariado da a la ley y Reglamento del Registro civil que datan de mediados del siglo pasado. Porque nadie se ha preocupado de reformar en profundidad su normativa (salvo la ley de zapatero de 2011 que tenía algunas virtudes y que hasta el PP votó favorablemente) ni tampoco nadie se ha preocupado de ordenar, actualizar y sistematizar la actividad normativa de la Dirección General de Registros y del Notariado a través de la resolución de consultas y recursos o de la emisión de circulares e instrucciones que interpretan la vieja ley de 1957 y la adaptan a nuestro tiempo o de las sentencias judiciales en esta materia. No digamos de comunicar periódicamente estos cambios a los Registros civiles que deben aplicarlas. Existe esta información, sí pero no es completa, no está actualizada y sobre todo no llega a quien tiene que llegar, a los funcionarios del Registro civil. Otro ejemplo, en ningún momento se han normalizado las preguntas cuestionarios o pruebas que se formulan a los peticionarios de nacionalidad lo que facilitaría mucho el trabajo de los Registros civiles y de los Fiscales. Otro tanto ocurre con los expedientes matrimoniales. Como se puede observar estas tres cosas son fáciles de aplicar... si hay voluntad. 

Los trabajadores y trabajadoras del sector de justicia continúan su lucha contra la privatización de los registros civiles



CCOO, CSI-F, STAJ, ELA, LAB Y UGT de Navarra se han concentrado esta mañana frente a los Palacios de Justicia de Pamplona, Estella y Tudela para denunciar la privatización de los registros civiles y la reforma de la LOPJ, que en Navarra cobra una especial importancia al atacar frontalmente el fuero navarro.

Concentración contra la privatización del registro civil en Pamplona

La reforma de la LOPJ, que aprobó el Gobierno el viernes 4 de abril en el Consejo de Ministros, constituye un ataque sin precedentes a la ciudadanía, al empleo, y al fuero.

El ministro de Justicia mintió a la sociedad en la rueda de prensa en la que manifestó que los juzgados de paz no desaparecían y que sólo desaparecían los jueces de paz.

Además, ahondando en su talante centralista, pretende suprimir la Disposición Adicional octava, que confiere un tratamiento peculiar y singularizado a Navarra en virtud del Fuero, en cuanto a las competencias de justicia. De llevarse a cabo esto, podría influir de manera decisiva en la sentencia pendiente del Tribunal Constitucional en cuanto a la Ley Foral 7/2011, que supuso una mejora en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de Justicia en Navarra, retrotrayendo su situación a la de la época de la transferencia.

Junto al intento de privatizar los registros civiles y la ley de tasas judiciales, ahora Gallardón pretende destruir el tejido judicial existente asestando un duro golpe a la justicia de proximidad.

Los votos de PSOE y CIVI sacan adelante una proposición en contra de la privatización del Registro Civil

La corporación del Ayuntamiento de Villarrobledo, durante el pleno del mes de abril, ha aprobado, con los votos de PSOE y CIVI, una proposición reclamando que no se privatice el Registro Civil, y que de este modo no pase a integrarse dentro del registro de la Propiedad.

En la proposición, presentada desde el grupo Socialista, se solicitaba rechazar la privatización del Registro Civil, dado que el pasado 12 de febrero, el decano del Colegio de registradores de la Propiedad y Mercantiles comunicó a sus colegiados la decisión firme del Ministerio de Justicia, en el sentido de asignar a los registros mercantiles y de la propiedad las funciones de los registros civiles, como prevé la Ley 20/2013.

Juan Luis Iñiguez, portavoz del grupo Socialista, argumentaba que se trata de una privatización encubierta de lo que hasta ahora es un servicio público esencial, “ya que los registros de la propiedad y mercantiles trabajan bajo un régimen de negocio privado, a diferencia de cómo lo hacen los actuales registros civiles”.

De igual modo rechazan la posible mercantilización de los datos personales de los ciudadanos, dado que en el Registro Civil constan los datos desde el momento del nacimiento, y exigen el mantenimiento de esas oficinas del Registro Civil, por tratarse de un servicio cercano, de calidad, gratuito, y próximo a la ciudadanía, así como el mantenimiento de la gratuidad de todos los trámites y certificaciones que se realizan desde el Registro Civil, tal y como sucede en la actualidad.