La Comisión de Justicia acuerda prorrogar la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil hasta el 30 de junio de 2020

La Comisión de Justicia acordó, el jueves, prorrogar 2 años la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020, tras un acuerdo al que llegaron PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat, con la abstención del Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea.

Según ha explicado a Confilegal María Jesús Moro, portavoz del PP en dicha Comisión, dicha “vacatio legis” (la quinta desde la aprobación de la ley en 2011) tomará la forma legal de enmienda adicional a la proposición de Ley para delimitar normativamente la situación de vivienda desocupada y para que los ayuntamientos puedan regular bonificaciones potestativas, conocida familiarmente como “la ley de los ocupas”.

“Fue incorporada ayer a la ponencia y el próximo martes, 24 de abril, será aprobada en la Comisión de Justicia, que, ese día, tendrá competencia legislativa plena, por lo que, después, será enviada al Senado”, añadió.

El objetivo es que, de acuerdo con los calendarios, entre en vigor el 27 de junio. Con tiempo.

“Nos hemos comprometido todos a trabajar sobre un texto nuevo en este periodo de tiempo, con objetivo de hacer un Registro Civil público, gratuito, accesible electrónicamente y que mantenga la cohesión territorial. Y a que sea aprobado con el máximo consenso”, concluyó.

La portavoz en la Comisión de Justicia del Partido Popular afirma en twiter haberse llegado a un acuerdo para la prórroga da la vacatio legis de la Ley 20/2011 hasta el 30 de junio de 2020

La portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, María Jesús Moro, publicó ayer en su cuenta de twitter el siguiente mensaje: "Hoy en Justicia hemos alcanzado acuerdo para prorrogar hasta 30 de junio de 2020 la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil. Seguiremos trabajando por un Registro Civil público, gratuito, accesible económicamente, que mantenga cohesión territorial y con máximo consenso".

Tal y como hemos ido informando en este blog, la prórroga de vacatio legis es la consecuencia inevitable del rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/201, presentada por el Partido Popular,  y la imposibilidad de la toma en consideración en este periodo de sesiones de la Propuesta de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por Podemos. La Let 20/2011 no puede entrar en vigor el 30 de junio de 2018 porque falta su desarrollo tecnológico, su desarrollo reglamentario, y cubrir todas las lagunas e indefiniciones que en materia de organización y adscripción funcional y orgánica presenta. 

Una vez tengamos más información sobre este acuerdo informaremos al respecto. 

Sábado 14 de abril, por un Registro Civil público, gratuito, próximo a los ciudadanos y servido por personal de la Administración de Justicia


CCOO insta al PSOE a dejar de defender el cierre de las oficinas del Registro Civil

El Sector de la Administración de Justicia de CCOO se ha dirigido a las organizaciones territoriales del PSOE solicitándoles que insten a su Grupo Parlamentario para que se una al resto de grupos que defienden el mantenimiento de la actual estructura territorial de este servicio público. 

Con el argumento de la informatización del Registro Civil, la representación del PSOE en el Congreso de los Diputados sigue defendiendo, prácticamente en solitario, la aplicación literal de la Ley 20/2011 del Registro Civil (que tras sucesivas prórrogas entraría en vigor el próximo 1 de Julio) que dispone que solo habrá una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, Ceuta, Melilla e islas mayores y, de modo excepcional, un máximo de tres más por Comunidad Autónoma, frente a la situación actual en la que todos los municipios disponen de una oficina principal o delegada. 

En el último trimestre del pasado año 2017, tanto el Grupo Popular como el de Unidos Podemos presentaron en el Congreso sendas proposiciones de Ley de modificación de la Ley 20/2011 y ambas proposiciones coincidían en modificar dicha ley, entre otros aspectos, para mantener la misma estructura territorial actual del Registro Civil, es decir, una oficina en cada una de las localidades que son cabeza de Partido Judicial y una en cada uno de los Juzgados de Paz. 

El sindicato pone en duda que la posición que defiende el PSOE en el Congreso sea compartida por sus organizaciones territoriales, más próximas a los municipios, ni desde luego, que sus representantes municipales apoyen el cierre del Registro Civil de su localidad. CCOO se ha dirigido por escrito a estos cargos intermedios del PSOE solicitándoles que “en la medida que Vd., su equipo y los y las ediles de su partido de los pequeños y medianos municipios comparta nuestras posiciones, se dirija a la organización Federal del PSOE y al Grupo Parlamentario Socialista para que modifiquen esta tajante posición y logren llegar a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios que consiga evitar el cierre de los Registros Civiles de las poblaciones de su ámbito territorial, junto a las del resto del Estado”. 

La plataforma SOS Registro Civil convoca una manifestación en Madrid para el día 14 de abril

La plataforma SOS Registro Civil, constituida por funcionarios y funcionarias de Registros Civiles, han convocado para el próximo día 14 de abril concentraciones ante las sedes de los principales partidos políticos una manifestación en Madrid. 

Bajo el lema "No al cierre del Registro Civil" y en defensa de un "Registro Civil público, gratuito, próximo al ciudadano y servido por funcionarios de la Administración de Justicia", los lugares de concentración son los siguientes:

9.30. Concentración ante la sede de Ciudadanos., c/Alcalá 253, en la acera de enfrente.
10.15. Concentración ante la sede de Partido Popular, en c/Génova 13, en la acera de enfrente.
11.15. Concentración ante la sede del Partido Socialista Obrero Español, en c/Ferraz 70, en la acera de enfrente.
12.15. Concentración ante la sede de Podemos, en c/Zurita 23, en la acera de enfrente. 

La manifestación, entre las 12.30 y las 14.30, se iniciará con una concentración en la Glorieta de Ruiz Jiménez y discurrirá por la calle San Bernardo hasta el nº 45, sede del Ministerio de Justicia. 

Podemos no presentará para su toma en consideración en el actual periodo de sesiones la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011

Según pudimos conocer en la tarde del martes, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no puede presentar para su toma en consideración durante el actual periodo de sesiones la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, por haber agotado el cupo de las Proposiciones que puede presentar. 

Esta Proposición de Ley se había convertido en la última alternativa para la reforma de la Ley 20/2011 antes de su entrada en vigor, prevista para el 30 de junio. De hecho, tras el rechazo por el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular para la reforma de la Ley 20/2011, mucho menos ambiciosa y claramente confeccionada por el Ministerio de Justicia, los responsables del Ministerio iniciaron contactos con Podemos para un posible apoyo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, enviando al efecto la pasada semana el documento sobre comentarios a dicha Proposición de Ley y que debería haber abierto un trabajo conjunto sobre dicha Proposición. 

En esta situación, dado que no hay tiempo para que otros grupos parlamentarios presenten una nueva Proposición de Ley, ni tampoco para que el Gobierno presente un Proyecto de Ley al respecto ante los trámites previos que tendría que superar, sólo cabe la prórroga de la vacatio legis de Ley 20/2011, porque tal y como está redactada no puede entrar en vigor: no está realizado el desarrollo tecnológico que permitiría la implantación del Registro Civil Único, no está completa la digitalización del Registro Civil a partir de 1950, no se especifica quiénes pueden ser los "Funcionarios del Grupo A licenciados en Derecho" que pueden ser además de los LAJ los encargados del Registro civil, no se especifica a qué administración deben pertenecer los funcionarios que presten servicios en las futuras oficinas de Registro Civil, no se detalla de qué administración dependen funcionalmente el Encargado y demás personal del Registro Civil, no están elaboradas las rpts de las Oficinas de Registro civil, etc. Es decir, todas las lagunas e incertidumbres creadas por la Ley 20/2011 se mantienen, culpa principalmente de una ley que en estos aspectos es deficiente (la unanimidad en su aprobación no es garantía de su acierto) y de un Ministerio de Justicia que en los tres años que casi median desde que acordó derogar la privatización impulsada por Gallardón ha sido incapaz de articular una propuesta seria y convincente al respecto.

En conclusión, estamos en las mismas que hace casi un año. La prórroga de la vacatio legis se torna inevitable, y sigue haciendo falta una modificación de la Ley 20/2011 que garantice lo que los trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles y las organizaciones sindicales venimos demandando: que la Ley sea garantía de que el Registro Civil sea un servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos, servido por personal de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados, con Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y con oficinas delegadas en los Juzgados de Paz. Cuestiones que eran recogidas de forma satisfactoria, a nuestro juicio, por la Proposición de Ley de Podemos y que ahora, por cuestiones de orden interno parlamentario, no puede ser debatidas antes del 30 de junio.  

Por último, y en contraste con los palos que se les va a dar desde otros foros, desde este blog agradecemos al Grupo Podemos la presentación de la Proposición de Ley, por recoger las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles. Ante la inactividad del Ministerio de Justicia, que dejó pasar los meses sin promover iniciativa alguna, su Proposición de Ley presentada en octubre de 2017 reactivó el debate sobre el futuro del Registro Civil, sobre sus competencias, sobre el rechazo a la privatización de cualquiera de los servicios que éste presta y sobre la necesidad de que el Registro Civil sea cercano a los ciudadanos (alejándose de los corporativismos que en defensa de sus intereses propios olvidan  que el Registro Civil es un servicio público, no un mero puesto de trabajo). Lamentamos que no se vaya a poder tomar en consideración su Proposición en este periodo de sesiones, porque siempre será mejor trabajar sobre un Proyecto que recoge nuestras aspiraciones que sobre otro que es claramente insuficiente (como era la Proposición del PP), o sobre una mera vacatio legis.  

Seguiremos trabajando. 

El PSOE sigue sin enterarse: denuncia la posible desaparición del Registro Civil de Cartagena cuando es por una ley instada por su partido, que además se niega a modificar

Lo del PSOE cada vez es peor. El fin de semana pasado ha aparecido publicado en diversos medios de comunicación la denuncia que hace la Ejecutiva local del PSOE en Cartagena sobre la posible desaparición del Registro Civil de dicha localidad. Adjuntamos enlace a su página web

Según dicha información "el PSOE de Cartagena ha denunciado que el Ministerio de Justicia continúa con su plan de eliminar los Registros Civiles en los municipios en junio de este año, sin haber dotado previamente a las administraciones locales de los medios materiales y humanos necesarios para que sea éstas las que suplan sus funciones... “Si los planes del Ministerio se confirman, a partir del 30 de junio de este año, el Registro Civil de Cartagena cerrará sin que los ayuntamientos estén preparados para asumir sus competencias”, ha indicado. "Desconocemos dónde se va a ubicar la Oficina administrativa del Registro Civil de la Comunidad Autónoma, aunque previsiblemente estará en la ciudad de Murcia; no se ha informado adecuadamente a los ayuntamientos de las competencias que van a tener que asumir y tampoco se ha formado a personal cualificado o dotado de presupuesto.“La intención del Gobierno central es trasladar la responsabilidad de este servicio a la administración local que tendrá que explicar a los ciudadanos que todas las gestiones que antes eran gratuitas ahora estarán sujetas al pago de tasas”, ha señalado la viceportavoz. 

Señores y señoras del PSOE: la Ley 20/2011 de Registro Civil, que permitiría la desaparición del Registro Civil de Cartagena, fue auspiciada por el PSOE y defendida por su actual portavoz en la Comisión de Justicia, Juan Campo. Esta persona rechaza modificar la Ley 20/2011, y promueve la desaparición de las Oficinas de Registro Civil no ubicadas en capitales de provincia e incluso de la mayoría de éstas. Esta ley es la que saca a los Registros Civiles fuera de la Administración de Justicia, pero no dice en qué Administración queda encuadrada (desde luego, en la administración local no). Si quieren protestar, vayan a su Ejecutiva federal. 

CCOO entiende insuficiente la propuesta del Ministerio de Justicia a la proposición de Unidos Podemos sobre Registro Civil, pues se limita a reiterar la Proposición del PP rechazada por el Congreso de los Diputados

El Ministerio de Justicia remitió el pasado 27 de marzo a las organizaciones sindicales un documento denominado “Concordancias y discrepancias con la Proposición del Grupo Parlamentario Podemos sobre la reforma de la Ley de Registro Civil”, conforme se había comprometido a hacerlo en la reunión mantenida con las organizaciones sindicales el pasado 28 de febrero. Por medio de dicho documento, el Ministerio de Justicia pone de manifiesto sus principales desacuerdos con la Proposición de Ley de Podemos, y debería implicar el inicio de una negociación con el Ministerio de Justicia para que el Grupo Parlamentario Popular apoye la toma en consideración de la Proposición de Podemos, sin perjuicio de las enmiendas que puedan presentarse en sede parlamentaria.

Analizado el documento, el Ministerio de Justicia se limita a proponer una modificación en la Proposición de Podemos para introducir de nuevo el mismo articulado que la Proposición de Ley del Partido Popular sobre Registro Civil, y cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso de los Diputados en sesión plenaria de fecha 13 de febrero, rechazando todas las propuestas que vayan más allá de dicho articulado, y todo ello en base a un supuesto “Proyecto” cuyos pormenores desconocemos, más allá de las meras declaraciones de intenciones manifestadas por el Ministro de Justicia en la reunión del 28 de febrero. 

Es decir, mediante la modificación de las Disposiciones Adicionales y Transitorias de la Ley 20/2011, el Ministerio acepta que el Registro Civil siga siendo un servicio público, con los LAJ como Encargados de las Oficinas de Registro Civil, servido por personal de la Administración de Justicia, y manteniendo las Oficinas del Registro Civil su ubicación en las mismas localidades en que se encuentran las sedes de los actuales Registros Civiles Municipales y de Paz. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Justicia sigue presentando los inconvenientes ya denunciados, de una propuesta que fue tachada de insuficiente por el Congreso de los Diputados, entre los que cabe resaltar:

§ No establece qué competencias tendrán los Registros Civiles hoy ubicados en los Juzgados de Paz. De nada sirve decir que mantendrán su ubicación en sus actuales sedes si no se concretan sus competencias. 

§ Mantiene la desaparición de criterios de competencia en la calificación y práctica de las inscripciones, lo que dificulta la adecuada planificación y despliegue de las actuales oficinas de Registro civil, y mucho nos tememos que pueda servir en el futuro para el cierre de Oficinas hoy ubicadas en sedes de partidos judiciales. 

§ Rechaza la recuperación de competencias en materia de nacionalidad, sea para recibir las solicitudes tal y como se hacía hasta junio de 2017, sea para instruir los expedientes de nacionalidad. 

§ Insiste en mantener la competencia compartida de los Notarios en la tramitación de los expedientes previos al matrimonio civil. 

§ Centraliza la función registral en su Encargado, ignorando la labor que realiza el personal de la Administración de Justicia en los Registros Civiles. 

§ Rechaza la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en materia de aprobación de reconocimientos de filiación efectuado por menores de edad, sin ser consciente del problema que surgirá para su constancia una vez se complete la desjudicialización del Registro Civil.

Ante la insuficiencia de la propuesta del Ministerio de Justicia, que se limita a querer que aceptemos por esta vía la Proposición de Ley del Partido Popular cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso de los Diputados, CCOO va a remitir un documento al Ministerio de Justicia, Partido Popular y Unidos Podemos, en el que expondrá su punto de vista a la propuesta del Ministerio de Justicia, y que en esencia viene a defender el articulado propuesto por Podemos por ser el que realmente garantizaría que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, servido en exclusiva por personal de la Administración de Justicia, con el mantenimiento de la actual estructura territorial, incluidos los Juzgados de Paz dotados de competencias, y de todos los puestos de trabajo. Es decir:

Ø      Que se establezca de forma clara que habrá Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial, así como Oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz, estableciendo sus funciones y normas de competencia.

Ø      Que se reconozca la exclusividad de las Oficinas de Registro civil para la tramitación de todos los expedientes de Registro Civil, incluidos los previos al matrimonio civil.

Ø      Que se recuperen las competencias en materia de nacionalidad, poniendo fin al caos creado por el Ministerio de Justicia y del que se hace eco el Defensor del Pueblo en su Informe 2017.

Ø      Que se reconozca en la Ley la labor que a diario presta el personal de la Administración de Justicia en los Registros Civiles, abandonando la concepción decimonónica que quiere mantener el Ministerio de Justicia.

Ø      Que se solucionen los problemas que se derivarán de la desjudicialización del Registro civil (aprobación de reconocimientos de filiación, recepción de declaraciones de emancipación, expedientes de cambio de sexo, etc).

A juicio de CCOO, si el Ministerio de Justicia entiende que la Proposición de Podemos coincide en muchos elementos esenciales con la proposición que en su día planteó el Grupo Parlamentario Popular, lo que no puede hacer es  tratar de imponer una reforma ya rechazada, sino posibilitar que el PP apoye la toma en consideración de la Proposición de Podemos y presente en la tramitación parlamentaria las enmiendas que considere oportunas, para su debate.

CCOO va a instar a la celebración urgente de una reunión con el mismo, en que éste concrete su Proyecto sobre registro civil a que hace mención constante en su documento. También entendemos necesario que Ministerio de Justicia y Podemos inicien ya conversaciones para la toma en consideración de la Proposición de Podemos sobre Registro Civil, sin que el Ministerio de Justicia pueda imponer un punto de vista ya rechazado por el Congreso.

CCOO, 02.04.2018

Por qué es viable que el PP apoye la Proposición de Ley de Podemos y se pueda llegar a un punto de encuentro en la reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil

Aun cuando pasan los días sin que el Ministerio de Justicia remita a las organizaciones sindicales y a Podemos, tal y como afirmó que iba a hacer hace casi 4 semanas, sus enmiendas a la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil, presentada por el Grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados, para nosotros sigue siendo la mejor opción para la reforma de la citada Ley, y ello aun cuando sea muy probable que dicha reforma no esté lista antes del 30 de junio de 2018.

Consta que el Ministro de Justicia no quiere más vacatio legis; consta que el Ministerio de Justicia quiere acabar con la interinidad de los Registros Civiles desde la aprobación de la Ley 20/2011; consta que las organizaciones sindicales y los trabajadores de los Registros Civiles quieren llegar ya a una solución que ponga fin a tanta incertidumbre.  

Más allá de las dificultades que desde el punto de vista político-partidista suponga que el PP pueda apoyar la toma en consideración de una proposición de Podemos, y más cuando Podemos votó en contra de la toma en consideración de la proposición del PP de reforma de la citada Ley (por ser insuficiente, tal y como manifestó la Diputada de Podemos en el debate ), lo cierto es que ambas proposiciones de Ley defienden que el Registro Civil sea público, gratuito, cercano a los ciudadanos, integrado en la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados del mismo, con el mantenimiento de los Registros Civiles principales en cada partido judicial y de los Juzgados de Paz como Registros Civiles delegados, todos ellos servidos por personal de la Administración de Justicia. Es decir, ambas proposiciones coinciden en sus lineas maestras

En este momento podríamos decir que hay tres bloques en el debate sobre el Registro Civil:

- Quienes quieren mantener el Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, con la misma planta que en la actualidad (si bien discrepan sobre las competencias que deben asumir las Oficinas principales y delegadas de Registro Civil). Son el PP y Podemos.

- Quienes quieren sacar el Registro Civil fuera de la Administración de Justicia y de su personal, con el diseño original establecido en la Ley 20/2011. Es el Psoe. 

- Quienes quieren mantener el Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, servido por su personal y con los LAJ como Encargados, pero con supresión de las funciones registrales de los Juzgados de Paz y con el establecimiento de Registros Civiles Exclusivos, desvinculados de los partidos judiciales y sin otras competencias procesales, en la línea establecida por la Ley 20/2011. Son las Asociaciones de Secretarios Judiciales (hoy LAJ), y al parecer Ciudadanos. 

El personal de la Administración de Justicia, las organizaciones sindicales, y numerosos gobiernos municipales y de comunidades autónomas han optado reiteradamente por la primera de las tres opciones. El Psoe se queda solo en defensa de su propuesta, que desgraciadamente hoy es el texto de la Ley 20/2011. Las Asociaciones de Secretarios Judiciales esencialmente quieren el beneficio propio de sus afiliados (supuesto prestigio y por supuesto mayores retribuciones), aunque sea a costa de deteriorar el servicio público (modernizar no es dificultar el acceso de los ciudadanos a dicho servicios). 

Llegados a este punto, la Secretaria de Estado de Justicia debe cumplir con lo prometido, e iniciar el debate que pueda permitir encontrar puntos de encuentro entre el Ministerio de Justicia, el Grupo PP y Podemos, para que se pueda aprobar la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, remitiendo para ello las enmiendas a dicha proposición de Ley de forma inmediata. No hay excusa posible para que después de 4 semanas no las haya remitido. Como es lógico, y visto lo sucedido en el Congreso con la toma en consideración de la propuesta del PP, Podemos no va a arriesgarse al rechazo en la toma en consideración de su Proposición de Ley, y está pendiente de que el Ministerio de Justicia dé el paso que lleva anunciando desde hace casi un mes. 

En este blog estamos convencidos de que se puede encontrar un punto de encuentro en la reforma de la Ley 20/2011 entre casi todos los partidos políticos, excepto el Psoe de Campo que va a su aire y camino del desastre. El primer paso lo tiene que dar, en firme, el Ministerio de Justicia, por mediación de Rafael Catalá y la Secretaria de Estado de Justicia. Basta de declaraciones, pongámonos a trabajar. 

La prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 es una opción, pero antes debería intentarse la aprobación de la Proposición de Ley de Reforma de dicha Ley presentada por Podemos o al menos dotar de contenido la prórroga de la vacatio legis


Según pasan las semanas, parece bastante improbable que antes del 30 de junio de 2018, fecha oficial de entrada en vigor de la Ley 20/2011 de Registro civil, se complete una reforma de esta ley en los términos que defendemos desde este blog y las organizaciones sindicales, que permita mantener el Registro Civil como servicio público y gratuito dentro de la Administración de Justicia, con su demarcación actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, servido enteramente exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados. El rechazo a la proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que hubiera permitido entrar en el debate de las enmiendas a dicha ley, así como las lógicas reticencias de Podemos a solicitar la toma en consideración de su Proposición de Ley sin garantías de éxito a la vista de la postura defendida por el PSOE y Ciudadanos en el debate de la Proposición del PP, complica mucho el debate y modificación de la mencionada Ley antes del 30 de junio de 2018, cuando debería entrar en vigor. Y de ahí que algunos opten, sin más, por apostar por la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, para ganar tiempo para el debate de su reforma.

Sin embargo, desde este blog entendemos que se puede conseguir algo más que la mera prórroga de la vacatio legis. Prórroga por otro lado obligada, porque ni están desarrollados los programas que permitirán en su día la implantación del Registro Civil único, ni se ha aprobado desarrollo reglamentario que determine en qué administración queda circunscrito el Registro Civil o quiénes pueden ser sus encargados además de los LAJ (que chapuza, Campo), ni de aquí a junio se van a aprobar las rpts de las Oficinas Generales, etc. No hay opción posible: no puede entrar en vigor la Ley 20/2011 el 30 de junio de 2018 con su actual redacción.

La prórroga de la vacatio legis es inevitable si no se modifica la Ley 20/2011; prórroga que debe estar incluida en una Ley o en un Real Decreto-Ley que debe ser posteriormente ratificado en el Congreso. Es decir, que se quiera o no se quiera, va a haber modificación de la Ley 20/2011 antes del 30 de junio, aunque sólo sea para prorrogar su entrada en vigor. Y aquí viene la cuestión: ¿por qué limitar la reforma de la Ley 20/2011 a la prórroga de su vacatio legis? ¿Por qué no intentar su modificación en aquellos aspectos en que existe cierto consenso (aunque hablar de esto con Campo, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia en el Congreso, es una pérdida de tiempo) y garantizar ya, antes de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, aquellos aspectos que son fundamentales para nosotros, como es el mantenimiento de los Registros Civiles como servicio público dentro de la Administración de Justicia, servidos por personal de dicha Administración?

Y es que no debemos olvidar de dónde venimos y dónde estamos. Venimos de una Ley que saca a los Registros Civiles fuera de la Administración de Justicia (se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial incluso para excluirlos como centros de destino), donde simplemente se recoge una preferencia para poder seguir trabajando en las futuras Oficinas a quienes trabajen en los Registros Civiles a la entrada en vigor de la Ley, que deja en la indefinición quiénes son sus responsables, que suprime la gran mayoría de Registros Civiles principales existentes en la actualidad, que deja sin competencias a los Juzgados de Paz, y que ante las dificultades para su entrada en vigor permitió a un grupo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con el apoyo de Rajoy y Gallardón, hacerse con el Registro Civil en lo que constituía un claro intento de privatización de un servicio público.

¿Dónde estamos? Pues estamos con un Ministro de Justicia que defiende en la actualidad los mismos principios básicos que las organizaciones sindicales, más allá de las discrepancias sobre cuestiones técnicas o competencia en materia de expedientes. Con un grupo parlamentario Popular, hoy mayoritario en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado, que defiende el Registro civil como servicio público, gratuito, con mantenimiento de las oficinas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz, integrado dentro de la Administración de Justicia. Es decir, por primera vez en mucho tiempo, el partido en el Gobierno defiende los mismos postulados básicos que organizaciones sindicales y personal destinados en los Registros civiles. Es el PSOE, con su portavoz de Justicia en el Congreso, quien quiere dejar todo tal y como establece la Ley 20/2011, sacando a los Registros Civiles de la Administración de Justicia y suprimiendo la gran mayoría de las actuales oficinas de Registro Civil y todos los Juzgados de Paz (luego se les llena la boca cuando hablan de luchar contra la despoblación en el medio rural), la principal oposición al proyecto de Registro Civil que hoy, Ministerio, sindicatos y personal de justicia, defendemos.

De ahí que apoyemos desde este blog la postura que las organizaciones sindicales han defendido ante el Ministro de Justicia y el Grupo parlamentario popular en las últimas reuniones: hay que trabajar por una mayoría que permita la toma en consideración de la proposición de Ley de Podemos ( a quien sinceramente agradecemos su trabajo en esta materia), que recoge a nuestro juicio todas las aspiraciones de la inmensa mayoría de organizaciones sindicales y funcionarios en materia de Registro Civil, e incluye los postulados que en materia organizativa y funcional defiende el Ministro de Justicia y el PP en el Congreso. Es muy probable que no dé tiempo, antes del 30 de junio, a finalizar la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Podemos, pero al menos comenzar los trabajos para su reforma permitiría acabar de una vez por todas con la incertidumbre que pesa sobre los casi 5.000 funcionarios que tienen funciones de Registro Civil y cuyos puestos de trabajo desaparecerían con el nuevo modelo de Oficinas Generales fuera de Justicia.

¿Y si Podemos no quiere someter a la toma en consideración del Congreso su proposición, ante la dificultad de que tenga la mayoría necesaria para abrir el trámite de enmiendas? Porque visto lo visto en el debate de la proposición del PP, tanto el PSOE como Ciudadanos no están de acuerdo con un modelo de Registro Civil contenido en la proposición de Podemos que estructuralmente ya rechazaron al no votar la proposición del PP. En tal caso, no quedaría otro remedio que bien por la vía de enmiendas a una Ley en tramitación parlamentaria que vaya a ser aprobada, bien por la vía de un Real Decreto-Ley a convalidar posteriormente en el Congreso, se modifique la Ley 20/2011 para prorrogar la vacatio legis.

Pero esa modificación, a nuestro juicio, debería ser “sustantiva”. Es decir, que ya que hay que modificar necesariamente la Ley 20/2011, ¿por qué no ampliar su modificación para cambiar las disposiciones adicionales primera y segunda, estableciendo en las mismas de forma clara que los LAJ serán los Encargados del Registro Civil, y que su personal serán los funcionarios de la Administración de Justicia? Porque en esto, salvo el PSOE de Campo, hay consenso. Y de esta forma ganaríamos algo esencial y fundamental, que hoy, texto en mano, no tenemos.

Y en tal caso, luego el Ministerio de Justicia debería presentar un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 20/2011, para su debate parlamentario, que entre en los demás aspectos conflictivos de la Ley y para el que será necesario que trabajemos desde todos los ámbitos para buscar mayorías , para permitir su entrada en vigor de forma plena tan pronto sea posible, de forma satisfactoria para los ciudadanos que es a quien va dirigido el servicio público del Registro Civil. Proyecto de Ley sobre el cual, visto lo visto, difícilmente habrá consenso, pero en cualquier caso se ya se enmarcaría dentro de lo primero y primordial: que el Registro Civil sea un servicio público gratuito servido por funcionarios públicos de la Administración de Justicia, porque así ya lo diría la Ley 20/2011.

Trabajemos ahora, por tanto, por algo más que la mera prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011. No sabemos cuánto más durará esta legislatura, a la vista de las dificultades del Gobierno en conseguir apoyos de otras fuerzas parlamentarias, ni cuánto más durará Rafael Catalá como Ministro de Justicia, a la vista de los numerosos frentes que tiene abiertos. Hoy tenemos una coyuntura parlamentaria y un Ministro de Justicia que nos es favorable, y dudamos mucho, a la vista de las encuestas, que tras unas nuevas elecciones se mantengan ambos (el liberalismo de que hace gala Ciudadanos es el que ha permitido la privatización de los servicios públicos en muchos países). No nos conformemos por quedarnos como estamos un año más, porque ya lo hicimos tras la vacatio legis inicial de 3 años y ya sabemos cómo estuvo a punto de acabar todo.


El Grupo Popular muestra disposición al diálogo con otras fuerzas políticas para dar solución definitiva al Registro Civil, con mantenimiento de estructura y demarcación actuales, dentro de la Administración de Justicia

En la tarde de ayer 13 de marzo los sindicatos representativos de Justicia CSIF, STAJ, CCOO y UGT han mantenido reunión con la Portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, en la que han expresado su  preocupación ante la situación generada tras el rechazo a la toma en consideración por el resto de Grupos parlamentarios de la propuesta del Grupo Popular para reformar la Ley 20/2011. En estos momentos los únicos funcionarios que pueden dar continuidad al Registro civil más allá del 1 de julio de este año son los funcionarios de Justicia. Por este motivo, deben producirse ya los cambios necesarios en la ley y/o no aprobarse una nueva “vacatio legis” 

En este sentido, los cuatro sindicatos han vuelto a defender sin fisuras el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito dentro de la Administración de Justicia, con su demarcación actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, servido enteramente exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados. Asimismo, han trasladado a la portavoz popular la opinión del Ministro de Justicia que coincide básicamente con este planteamiento. 

Los sindicatos, de forma unánime han traslado a la portavoz popular su malestar por la actitud del resto de Grupos parlamentarios en su negativa a tramitar una ley a la que podrían haber presentado cuantas enmiendas hubieran considerado oportunas. 

En segundo lugar, le han pedido que su grupo no obstaculice la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Unidos Podemos. Una propuesta que coincide con el modelo defendido por las cuatro organizaciones sindicales recuperando funciones que se han ido perdiendo por el camino y que comparte el modelo organizativo que ha defendido el Ministro de Justicia en la reunión del pasado 28 de febrero y que se contemplaba en la proposición de ley que promovió el propio Grupo parlamentario popular. 

La Portavoz parlamentaria popular les ha mostrado su plena disposición a encontrar puntos de encuentro de manera que se facilite la toma en consideración de la propuesta del Grupo Unidos Podemos, -cuyo trámite está a la espera, únicamente, de que dicho Grupo lo solicite a la Mesa del Congreso-. Así mismo, ha tomado nota de sus peticiones, señalando no obstante el escaso plazo que resta hasta la entrada en vigor el 30 de junio de la Ley 20/2011, por lo que es posible que sea precisa la solución propuesta por algunos de una nueva vacatio legis, pero sin dejar de tramitar la reforma de la Ley, algo que las organizaciones sindicales consideran prioritario para acabar de una vez por todas con la incertidumbre que pesa sobre los casi 5.000 funcionarios que tienen funciones de Registro Civil y cuyos puestos de trabajo desaparecerían con el nuevo modelo de Oficinas Generales fuera de Justicia.

Hoja conjunta de las cuatro organizaciones sindicales, 13.03.2018

Catalá defiende ante las organizaciones sindicales un Registro Civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos, dentro de la Administración de Justicia, gestionado por funcionarios de la Administración de Justicia y con la estructura territorial actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz

Nota informativa conjunta de CCOO, CSIF, STAJ y UGT en relación con la reunión celebrada ayer con el Ministro de Justicia Rafael Catalá. 

El Ministro afirma que está dispuesto a utilizar la proposición de ley de Unidos Podemos como punto de partida para modificar la Ley 20/2011 del Registro Civil en los términos que ha anunciado, pero que antes de apoyar dicha proposición en el Congreso, quiere negociar con los representantes de las y los trabajadores para llegar a un acuerdo definitivo

Todos los sindicatos hemos manifestado que apoyamos la proposición de Ley de Unidos Podemos como vehículo normativo para dar una solución definitiva al modelo de Registro Civil y hemos reclamado al ministro Catalá que el Grupo Popular la apoye en el Parlamento español.

Si bien, todos los sindicatos representativos hemos manifestado nuestro acuerdo con las palabras del Ministro Catalá, porque representan un avance sustancial del Ministerio de Justicia sobre sus posiciones iniciales, las intervenciones al final de la reunión del Ministro y de la Secretaria de Estado de Justicia ponen un borrón preocupante sobre sus intenciones finales.

Ambos, pero especialmente la Secretaria de Estado, han manifestado claramente, que, para apoyar la proposición de Ley de Unidos Podemos en la toma de consideración en el Congreso (que para los sindicatos es la única opción posible para que, antes del 30 de junio de 2018 y si no se quiere una nueva prórroga, pueda debatirse en el Congreso y aprobarse la reforma de la Ley 20/2011 en el camino de defender el Registro Civil como lo ha sido durante 140 años), ponen una condición: van a trasladar a los sindicatos representativos sus desacuerdos con la misma y nos emplazan a negociar.

Los sindicatos representativos les hemos trasladado que se apoye desde el Grupo Popular la toma en consideración de la proposición de Ley de Unidos Podemos, ya que contiene todo lo que contenía la proposición de Ley del Grupo Popular que no fue aprobada, y que presenten las enmiendas que consideren, tanto desde dicho grupo como desde el resto. De esa manera, se empezaría a tramitar en el Congreso esta proposición de reforma de la Ley 20/2011, que contiene la inmensa mayoría de las reclamaciones de las y los trabajadores en defensa del Registro Civil, y se abriría el camino definitivo para solucionar de una vez esta situación, que ya dura 6 años, y sin perjudicar el derecho de los grupos parlamentarios a defender sus enmiendas para mejorar el proyecto desde la perspectiva de cada grupo. Las organizaciones sindicales hemos interesado al Ministro que, si fuese necesario, mientras se tramita la modificación de la Ley 20/2011, se prorrogase la vacatio legis de la citada Ley, introduciendo en la norma que prevea la vacatio todos los puntos aceptados por el Ministro en su intervención. 

Pero parece que lo que pretende el Ministro y la Secretaria de Estado es que los sindicatos avalemos enmiendas del Gobierno a la proposición de Ley de Unidos Podemos, porque son líneas rojas para el Gobierno y el Grupo Popular, para de esa forma poder justificar su voto favorable a un proyecto ante la ciudadanía, que ha sido elaborado por otro Grupo.

La próxima semana el Ministerio de Justicia nos remitirá los contenidos que rechazan sobre la proposición de Ley de Unidos Podemos, y que quieren presentar para negociación con los sindicatos, antes de tomar la decisión de apoyar o no la toma en consideración de dicha proposición de Ley. 

Los sindicatos hemos trasladado al ministro de Justicia, a la secretaria de Estado de Justicia y a todo el equipo (ha asistido también, entre otros, el director de los Registros y del Notariado), que estamos dispuestos a negociar, pero que debe ser el Ministerio el que traslade su propuesta inicial.

Un ejemplo de dignidad: El personal de los juzgados gallegos se echa a la calle tras dos semanas en huelga y advierte a la Xunta de que "resistirá"

Resistencia". Ha sido una de las palabras más repetidas este sábado por las calles del centro de Santiago en la manifestación con la que el personal de la Administración de Justicia, que acumula ya más de dos semanas en huelga indefinida, ha querido advertir a la Xunta de que no está dispuesto a dar "ni un paso atrás" en sus reivindicaciones de "equiparación" de sus condiciones laborales con las del funcionariado que ejerce funciones semejantes en otros puntos del Estado. Después de días de protestas en diferentes puntos de Galicia el esfuerzo mobilizador se ha trasladado a la capital gallega con una marcha que ha sido secundada de manera masiva por el personal llamado a acudir.

Alrededor de dos mil personas -el total del colectivo alcanzado no llega a las 3.000-, avaladadas por todos los sindicatos del sector y también por todas las fuerzas de la oposición gallega, han marchado por el centro santiagués con el color negro como predominante. Las peticiones de dimisión del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del director general de la Función Pública, José María Barreiro, han sido constantes en una manifestación en la que la ruptura de las negociaciones ha estado más que presente. Los responsables gubernamentales, aseguran los representantes del comité de huelga, los han invitado a irse a otras comunidades autónomas si no están de acuerdo con la oferta que plantea la Xunta. "¡Que emigren ellos!", exclaman.

Después de que, en los últimos días, el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya dudado del carácter democrático de la protesta y otros cargos del PPdeG incluso hayan atribuído las movilizaciones a motivos diferentes de los laborales, el personal advierte de que no está dispuesto a pasar por un conjunto de "vagos y maleantes", toda vez que solo están exigiendo "dignidad" en ámbitos como el salarial, pero también en lo referido a los descuentos por bajas laborales, las incapacidades temporales o los recortes de personal de los últimos años. Feijóo, Rueda y Barreiro los acusan de pretender solo ganar más dinero y eso, aseguran, es tanto como "mentir".

"Mienten, mienten y mienten", clamaron en el final de la manifestación, en la Praza da Quintana, en el que el personal también ha subrayado que su voluntad no es otra que "negociar", pero sin "sicarios políticos", dicen en referencia al director general. "No queremos que nos envíen a la emigración; queremos transparencia, mediación del Consello Galego de Relacións Laborais y que se cumpla el mandato parlamentario" de poner fin a la "discriminación de la Justicia gallega".

Catalá convoca a los cuatro sindicatos el día 28 de febrero para hablar sobre el Registro Civil

En la tarde de ayer el Ministerio de Justicia remitió a las organizaciones sindicales un correo electrónico con el siguiente texto " en atención a las solicitudes expresadas en estos días de febrero por las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, para tratar la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, antes del vencimiento de la vacatio legis vigente, se les convoca a una reunión para el próximo miércoles 28 de febrero de 2018 a las 17,00 en la Biblioteca 1 (C/San Bernardo 45), que será presidida por el Ministro de Justicia".

La convocatoria de esta reunión es el resultado de la reclamación realizada por CCOO, CSIF, STAJ y UGT, de forma unitaria, hace días, con el objetivo de trasladar al ministro Catalá que es imprescindible que el grupo parlamentario, que apoya al Gobierno, adopte una posición favorable para que se apruebe en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de Ley de Unidos Podemos sobre la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, que los cuatro sindicatos compartimos plenamente su contenido, y que garantizaría totalmente las reclamaciones de las y los trabajadores de la Administración de Justicia.

CCOO, CSIF, STAJ y UGT reclaman a los grupos parlamentarios la toma en consideración de la proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por Podemos, sin perjuicio de las enmiendas que se quieran presentar, para desbloquear de una vez el futuro del Registro Civil

CCOO, CSIF, STAJ y UGT han remitido hoy a todos los grupos parlamentarios una carta solicitando el desbloqueo de la situación generada tras el rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por el Grupo Popular, desbloqueo para el que solicitan que se acepte la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo parlamentario de Podemos, sin perjuicio de las enmiendas que luego se puedan formular en el trámite parlamentario. 

En su carta las 4 organizaciones sindicales manifiestan que "consideramos prioritario que por los Grupos Parlamentarios se busquen fórmulas de consenso que contribuyan a desbloquear la situación generada, y permitan la modificación de la Ley 20/2011, para que, modernizándolo, se respeten los cinco ejes fundamentales que entendemos debe mantener el nuevo modelo de Registro Civil:

· Un Registro Civil desjudicializado
· Un Registro Civil dentro de la Administración de Justicia
· Un Registro Civil plenamente informatizado que mantenga su actual estructura territorial, cercano al ciudadano
· Un Registro Civil servido con exclusividad por funcionarios de la Administración de Justicia.
· Un Registro Civil totalmente público que recuperará para sí todas las competencias"

Tal y como pone de manifiesto la carta, recientemente, el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se modificaba la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Dicha proposición contemplaba la desjudialización del mismo excluyendo a los Jueces de la llevanza del Registro civil, mantenía la actual estructura territorial de éste y daba la gestión del Registro civil al personal de Justicia experto, formado y con el potencial suficiente para llevar a cabo el proceso de mejora que precisa este servicio público esencial. Esa propuesta, aunque mejorable, ha sido rechazada sin la oportunidad de haber debatido enmiendas al texto inicial. 

El plazo de la vacatio expira el próximo 30 de junio de 2018 por lo que entrará en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio. Ello supondrá un cambio profundo en el actual modelo de Registro Civil ya que elimina su actual estructura territorial, suprimiendo miles de Agrupaciones y Juzgados de Paz, causando con ello un grave impacto económico negativo en las localidades afectadas, alejando un servicio público más de la ciudadanía lo que, sin duda, contribuye a la progresiva despoblación del entorno rural y al agravamiento de los problemas de equilibrio y sostenibilidad territorial en nuestro país. 

Según sigue diciendo la carta, "actualmente, se encuentra registrada en el Congreso otra proposición de Ley, en este caso presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Ponemos-En Comú Podem-En Marea, cuyo trámite está pendiente de su toma en consideración. Los cuatro sindicatos compartimos plenamente el contenido de esta proposición de Ley por lo que queremos solicitarle su apoyo a la misma o, al menos, su apoyo para su toma en consideración por el Pleno del Congreso, sin perjuicio de las enmiendas que luego se puedan formular en el trámite parlamentario".

Por todo lo anterior, las cuatro organizaciones firmantes solicitan mantener de manera urgente una reunión con cada Grupo Parlamentario con el fin de articular las fórmulas en busca de un consenso que logre mantener la actual estructura de este servicio público dentro de la Administración de Justicia que, aunque mejorable, funciona razonablemente bien a pesar de la falta de medios y se encuentra como uno de los mejor valorados por los ciudadanos conforme a los estudios de calidad elaborados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 

En iguales términos se han dirigido las cuatro organizaciones a la Federación Española de Municipios y Provincias, a fin de poner en su conocimiento esta situación y su repercusión en los municipios, muy especialmente en el mundo rural, así como "exponerles nuestras propuestas sobre el Registro civil, conocer su punto de vista y, en su caso, coordinar acciones frente a lo que consideramos un nuevo ataque al servicio público del Registro Civil".

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia en el Congreso ratifica su oposición a que se mantengan las oficinas de Registro civil en los partidos judiciales y Juzgados de Paz

Dentro de la ronda de contactos que CCOO está manteniendo con todos los grupos políticos para trasladarles sus propuestas en los asuntos de la Administración de Justicia que están analizándose en el Congreso de los Diputados, en el día de ayer se reunió con una delegación del Grupo Socialista, encabezada por su portavoz en la Comisión de Justicia Juan Carlos Campo, que fue Secretario de Estado de Justicia cuando fue ministro Caamaño.

En la reunión,el portavoz del Grupo Socialista ha seguido defendiendo el contenido íntegro de la Ley 20/2011 en su redacción original, lo que supondría que el Registro Civil saldría de la Administración de Justicia y dejaría de estar atendido por personal de justicia, por lo que se ha producido un profundo desacuerdo entre CCOO y el representante del PSOE.

Le hemos solicitado su apoyo a la Proposición de Ley que está presentada por el grupo de Unidos Podemos (que contiene todas las reivindicaciones de CCOO y del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras) y, muy al contrario, ha apostado por una nueva vacatio legis ya que, culpando directamente al Gobierno de no tener preparados los medios informáticos, personales y materiales, considera imposible que el 1 de julio de este año se esté en disposición de poner en marcha la Ley 20/2011 que él defiende y que entraría en vigor en dicha fecha.

El portavoz socialista se ha mostrado, sin embargo, más receptivo al resto de propuestas de CCOO en relación con el Registro Civil como son la recuperación en exclusiva de las solicitudes de nacionalidad por residencia y de la tramitación de los expedientes previos al matrimonio civil y también nos ha asegurado que su partido defenderá que no se pierda un solo puesto de trabajo. CCOO le hemos advertido que la ley 20/2011 que ellos defienden no garantiza en absoluto ni uno ni otro aspecto, motivo por lo que debe ser profundamente modificada.

También se trataron en la reunión otras cuestiones relativas a la Administración de Justicia, como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la creación de nuevos juzgados y plazas de personal funcionario, la necesidad de un plan de choque para el “desatasco” de los órganos más saturados, la necesaria mejora de la formación profesional, el establecimiento de una verdadera carrera profesional y potenciación de la promoción interna y la cobertura de todas las plazas por personal de carrera;o la necesidad de hacer un parón en los modelos organizativos (NOJ, nuevas tecnologías) hasta que no se haga una evaluación del resultado de su implantación donde ya se ha producido, entre otros asuntos. 

El resultado de la reunión ha sido altamente decepcionante para CCOO que ha echado en falta una mayor implicación de la representación del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en los gravísimos problemas que afectan al Servicio Público de la Administración de Justicia y al personal que aquí trabajamos soportando la inaceptables deficiencias que cada día vemos cómo se van agravando y sin ningún reconocimiento por nuestra labor.

CCOO, 22.02.2018

CCOO denuncia la incapacidad del Gobierno y del Parlamento para sacar adelante un Registro Civil totalmente público, gratuito, cercano a la ciudadanía y atendido por personal de la Administración de Justicia, como demanda toda la sociedad.

Nota de prensa de CCOO 

En la tarde de ayer ha tenido lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados el debate y votación para la toma en consideración de la proposición de ley del grupo Popular para modificar la Ley 20/2011 del Registro Civil.

Para el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, el debate ha servido “para desenmascarar las posiciones de los principales partidos políticos y para comprobar que este Ministerio de Justicia es incapaz de conseguir consensos para solucionar la más que preocupante situación de nuestra Administración de Justicia”.

El Partido Popular ha presentado esta proposición de ley al dictado del Ministerio de Justicia que, tras la fortísima presión ejercida desde CCOO, había aceptado dos de las principales reivindicaciones sindicales: el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia y el mantenimiento también de todas las oficinas actuales de los partidos judiciales y Juzgados de Paz.

El PSOE ha votado en contra manifestando abiertamente que no está de acuerdo en que se mantengan abiertas las oficinas de los partidos judiciales y Juzgados de Paz, tal y como contempla el texto original de la Ley 20/2011. Esta misma posición ha servido a Ciudadanos para argumentar su abstención.

Para CCOO, ni al PSOE ni a Ciudadanos les ha parecido preocupante la necesidad de prestar un servicio público cercano y accesible a toda la ciudadanía, ni el futuro de los más de 4.500 puestos de trabajo que actualmente hay en los registros civiles.

Unidos Podemos, que también ha votado en contra, ha trasladado al Pleno del Congreso la falta de credibilidad del Partido Popular y del Gobierno, que se niegan a concretar las competencias de los Juzgados de Paz y del resto de oficinas, lo que podría abocar de hecho a su cierre. Ha defendido el mantenimiento de todas las sedes actuales, incluidos los Juzgados de Paz y también han reclamado que deben recuperarse para el Registro Civil todas las competencias privatizadas, como la solicitud de nacionalidad por residencia y la tramitación en exclusiva de los expedientes previos al matrimonio civil, lo que permitiría asegurar el futuro de todas las sedes actuales del Registro Civil.

La propuesta de Ley del PP no va a ser tramitada, por tanto, en el Congreso y, en este estado de cosas, la situación actual, que es altamente preocupante para CCOO, puede resumirse así:

El Pleno del Congreso rechaza la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2011 de Registro Civil presentada por el PP y deja al Registro Civil ante un futuro incierto, sin garantía para sus actuales trabajadores y para el mantenimiento de la cercanía del Registro a los ciudadanos

Ayer el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/20111 de Registro Civil que había presentado el Grupo Parlamentario Popular, por 160 votos en contra, 47 abstenciones y 134 votos a favor. El rechazo a la toma en consideración de esta Proposición de Ley supone que la misma decae, por lo que no cabe seguir adelante con su tramitación parlamentaria. 

La situación en que quedan los Registros Civiles tras este rechazo a la Proposición de Ley del PP es incierta. Todos (salvo el PSOE, sobre cuya postura hablaremos en un post posterior) entienden necesaria la modificación de la Ley 20/2011, pues su redacción actual no satisface a nadie: dejó en la indefinición quiénes habían de ser sus Encargados, excluyó de la Administración de Justicia el servicio público del Registro Civil (todo ello llevó al intento de su privatización) y con ello a los miles de funcionarios públicos que hoy prestan servicios en los mismos, redujo a la mínima expresión el número de oficinas registrales desapareciendo la actual estructura de registros civiles por partidos judiciales, suprimió las competencias de los Juzgados de Paz en la materia, su puesta en funcionamiento requiere de cuantiosas inversiones informáticas que no se han podido afrontar durante la crisis, etc. Ayer era el momento propicio para empezar su reforma, si se quería que la Ley 20/2011 deje de tener vacatio legis y pudiese comenzar su andadura el 30 de junio de 2018. Parece ser que todos los presentes en el Congreso de los Diputados estaban de acuerdo con su mantenimiento dentro de la Administración de Justicia y que los Letrados de la Administración de Justicia sean sus Encargados. Casi todos, y en este blog lo hemos dicho reiteradamente, entendían que la Proposición de Ley del PP era insuficiente, pero para eso está el trámite de enmiendas. Lo importante, a nuestro juicio, es que bien la Proposición de Ley presentada por Podemos bien la del Partido Popular empezase a andar, y luego buscar el máximo consenso posible en la modificación de la Ley que permita su andadura. 

Pero no fue posible. Ayer primó el interés del PSOE de defender “su” Ley 20/2011 que tantas inseguridades ha traido al Registro Civil. Ayer ganaron las presiones que han ejercido determinadas asociaciones de Jueces y Letrados para arruinarle la legislatura al Ministro Catalá, que ayer se convirtió en el más firme defensor de los derechos de los casi 5.000 funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles, de los 16 millones de ciudadanos que viven en poblaciones con menos de 20.000 habitantes, de las numerosas declaraciones institucionales de ayuntamientos de todo color político por el mantenimiento de los Registros Civiles en sus municipios, de los miles de personas que no pueden acceder al mundo digital y de las posiciones defendidas por las organizaciones sindicales de Justicia. El Ministerio de Justicia tenía pactado con PSOE y Ciudadanos propiciar la toma en consideración de la Proposición de Ley , pero al final el PSOE presionó a Podemos y otros grupos parlamentarios para infringir una derrota al Ministro Catalá, por motivos que nada tienen que ver con los Registros Civiles, y lo consiguió. 

La consecuencia de lo acontecido ayer es clara: Ayer cerca de las 21.00 horas, desde el Ministerio de Justicia se remitió a las organizaciones sindicales un correo electrónico en que se decía que “siguiendo instrucciones del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, pongo en vuestro conocimiento que el voto contrario del Psoe y Podemos y la abstención de Ciudadanos impiden la tramitación de la Proposición de Ley del Registro Civil dirigida a garantizar los puestos de trabajo de los funcionarios en los Registros y las competencias de los Juzgados de Paz en esta materia”.

¿Cuál es el futuro a corto plazo de la Ley 20/2011?. A nuestro juicio hay tres posibilidades:

La primera, que se vote la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, que no contradice sino que desarrolla y amplía la proposición del Partido Popular. Sin embargo, tras el discurso de ayer del PSOE y de Ciudadanos, en que su principal motivo de rechazo a la Proposición del PP era porque no quieren el mantenimiento de la estructura actual de Registros Civiles en partidos judiciales y Juzgados de Paz que establecía tanto la propuesta del PP como la de Podemos, unido al previsible voto negativo del PP a la toma en consideración de la Proposición de Podemos en respuesta a la negativa de ayer, vemos poco viable esta posibilidad. Ojala nos equivoquemos, porque a nuestro juicio sería la mejor de las alternativas. 

La segunda, que se busque el consenso extraparlamentario sobre la modificación de la Ley 20/2011 y se presente su reforma dentro de alguna Proposición o Proyecto de Ley que esté debatiéndose o se vaya a debatir de aquí a junio, propiciando su aprobación antes del 30 de junio. Difícil, pero no imposible. 

Y la tercera, prorrogar una vez más la vacatio legis de la Ley 20/2011. 

Porque lo está claro (el único que no se ha enterado es el Sr. Campo, del PSOE) es que dicha Ley no puede entrar en vigor con su redacción actual, dada la indefinición sobre su estructura orgánica y funcional, sobre su adscripción a una u otra administración, la ausencia en este momento de una plataforma electrónica que la haga viable, los miles de municipios cuyos libros no se han digitalizado todavía, etc. Los mismos motivos que año tras año han ido obligando a la prórroga de la vacatio legis subsisten en estos momentos. Quizás la prórroga de la vacatio legis debería abarcar únicamente aquellas cuestiones que bien por motivos organizativos bien por motivos técnicos no la hacen posible, y permitir la entrada en vigor del resto de su articulado. 

Lo cierto es que ayer vivimos un esperpento más al que, digámoslo claramente, nos ha llevado el PSOE del Sr. Campo en la defensa numantina de “su” Ley. Ayer el PP, el Ministro Catalá y Podemos se quedaron solos en su defensa de los Registros Civiles en todos los partidos judiciales y del mantenimiento de competencias registrales en los Juzgados de Paz, porque el Registro Civil ha de ser un servicio cercano a los ciudadanos, incluidos los más desfavorecidos y los que no viven en grandes ciudades. El problema del Registro Civil no es el PP, el problema, desde hace tiempo, es el PSOE.

Hoy se debate en el Congreso la Proposición de Ley del PP, de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, a 4 meses de su entrada en vigor

Hoy 13 de febrero, a poco más de 4 meses de la nueva entrada en vigor de la Ley 20/2011 de Registro Civil, de imposible aplicación con su redacción actual, el Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Tras su votación, si obtiene la mayoría de votos favorables sobre su toma en consideración, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas a dicha proposición de Ley, comenzando de verdad su tramitación parlamentaria. 

Las razones de por qué se tramita en primer lugar esta proposición de ley y no la presentada por el grupo parlamentario de Podemos es que cada grupo parlamentario tiene asignado en la legislatura un número determinado de proposiciones de ley que puede presentar, en función de su representación parlamentaria, y la parálisis del Gobierno y la falta de mayoría parlamentaria del PP ha hecho que apenas hayan presentado iniciativas legislativas, por lo que la suya es prioritaria. Probablemente tras la toma en consideración de la proposición de ley del PP Podemos presentará como enmiendas a dicha proposición el articulado de su Proposición de Ley, a nuestro juicio mucho más completa, concreta, defensora del servicio público que presta el Registro Civil, que incluye la recuperación de las competencias en materia de nacionalidad así como la exclusividad en materia de expedientes de matrimonio y que garantiza el mantenimiento de las oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y en cada juzgado de paz. La proposición de Ley del Partido Popular es un parche para que pueda entrar en vigor la Ley 20/2011, manteniendo el Registro Civil dentro de la Administración  de Justicia pero presentando, a nuestro juicio, múltiples carencias que deberían ser cubiertas en la fase de enmiendas. 

En este pleno se verán las posturas de todos los grupos parlamentarios. Especial atención merece, a nuestro juicio, la postura que va a tomar el PSOE en su tramitación. El PSOE ha sido el único valedor de la redacción original de la Ley 20/2011, que dio lugar al intento frustrado de privatización del Registro Civil y que supondría la desaparición de casi todos los Registros Civiles que no estén ubicados en capitales de provincia así como de las competencias de los Juzgados de Paz. Quien ostenta la representación de su grupo parlamentario ante la Comisión de Justicia en el Congreso es la misma persona que promovió y defendió la Ley 20/2011, para cuya redacción no se tuvo en cuenta la opinión de los Encargados de los Registros Civiles o su personal. Según fuente bien informadas, el PSOE ha pactado con el Gobierno su apoyo a esta proposición de Ley, mientras presiona a otros grupos parlamentarios de la oposición para que voten en contra, postura que nadie entiende. En este parlamento de tan difíciles mayorías parlamentarias es esencial que el PSOE abandone su postura inmovilista, reconozca de una vez las deficiencias de la Ley 20/2011 y apueste por un registro civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia. Nadie entendería que una fuerza política supuestamente progresista y de izquierdas no trabaje por la consecución de este objetivo. 

Puede seguirse la celebración de este pleno a través del siguiente enlace: pleno del Congreso.  

El Grupo Parlamentario Popular presenta en el Congreso su propia Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2011, de Registro Civil, prácticamente idéntico al borrador difundido hace unos días

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados su Proposición de Ley de Reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil. Esta proposición, a la que se puede acceder desde este enlace Propuesta del PP, responde a lo adelantado ya por este blog y que supuestamente se entregó a las organizaciones sindicales para su conocimiento, no para su difusión. 

El Ministerio de Justicia, con esta Propuesta, renuncia a presentar su propio Proyecto de Ley, salvando así los informes preceptivos que toda Proyecto de Ley presentado por el Gobierno debe aportar, así como cualquier tipo de negociación con las organizaciones profesionales o sindicales. 

La propuesta del PP incurre en las deficiencias que denunciamos en el anterior post: 
  • Si bien dice mantener las oficinas de Registro Civil en donde ahora existen, incluidos los Juzgados de Paz, no establece qué competencias puede ejercer el Juez de Paz por delegación del Encargado del Registro Civil. La ausencia de claridad en esta delegación de competencias puede llevar a la práctica desaparición de las funciones registrales de los Juzgados de Paz.
  • Remite a las normas reglamentarias la sustitución de los Letrados Encargados de los Registros Civiles; tal y como pasa hoy, la mayoría de las veces el sustituto no tendrá conocimientos ni experiencia para el ejercicio de dicha función,.
  • Sin embargo se pierde todo el conocimiento y experiencia de los actuales Jueces Encargados de los Registros Civiles, a los que se les manda a concursar para obtener nuevos destinos.
  • Mantiene la ausencia de normas de competencia territorial para conocer de las calificaciones y expedientes de Registro Civil, lo que colapsaría a las oficinas que mejor funcionen así como de nuevo al Registro Civil Central. 
  • No modifica la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por lo que los Notarios podrán tramitar expedientes de matrimonio civil a partir de la entrada de vigor de la Ley 20/2011. 
  • No se atribuye competencia alguna en materia de jurisdicción voluntaria a los nuevos Encargados de Registro Civil, por lo que hoy trámites sencillos como la aprobación de reconocimiento de filiación no matrimonial efectuado por un menor de edad pasará a tener un trámite dilatado, retrasando la constancia de la filiación del recién nacido.
  • No atribuye a los Registros Civiles competencia alguna en la tramitación o instrucción de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia. 
  • Mejora la redacción del borrador de la proposición en materia de firma de certificados (no será precisa la firma si el certificado cuenta con sello electrónico cualificado), pero sigue atribuyendo al Encargado la firma del resto de certificados e inscripciones, sin regular la posibilidad de que sean otros funcionarios del Registro Civil quienes lo realicen. 
  • Incluye un anexo cuya calificación de las Oficinas de Registro Civil entre "exclusivas" y "no exclusivas" no se entiende.
Ahora habrá que ver qué recorrido tienen esta Proposición y la presentada por Podemos, y si es posible desarrollar una Proposición común que salve las lagunas ahora denunciadas. El Proyecto de Podemos es, a nuestro juicio, mucho más completo y acorde a las propuestas que defendemos desde este blog. El Proyecto del PP se queda cojo y es insuficiente, sin que se pueda dejar al desarrollo reglamentario las lagunas que hoy presenta.