El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (y IV)

Mantenimiento de los Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas del Registro Civil.

Los Juzgados de Paz han desarrollado y desarrollan en la actualidad una función esencial en la llevanza del Registro Civil, llevando a cabo tareas registrales sencillas bajo la supervisión del Encargado del Registro civil.

Hoy los Juzgados de Paz son competentes para inscribir cuantos hechos acaecen en su término municipal (matrimonios, defunciones), para inscribir los nacimientos ocurridos en hospitales si los padres tienen su domicilio en dicho municipio (pues casi nunca en el municipio de los Juzgados de Paz existe hospital) y para inscribir asientos marginales en las inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunción practicados en el Juzgado de Paz. Además pueden tramitar los expedientes de matrimonio civil y fes de vida,  recibir cualquier tipo de solicitud para remitir al Registro competente, y expedir los certificados de los hechos inscritos en el municipio.

Conforme el vigente art. 46 del Reglamento del Registro Civil, “en los Registros Municipales, el Juez de Paz actúa por delegación del Encargado y con iguales facultades, salvo en los expedientes. En su virtud, extenderá las inscripciones dentro del plazo de nacimiento de hijos habidos en matrimonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio en forma religiosa mediante la certificación respectiva, las de matrimonio en forma civil cuyo previo expediente haya instruido, y las notas marginales que no sean de rectificación o cancelación. No deberá, sin embargo, extender ningún otro asiento, salvo en casos de urgente necesidad, sin recibir instrucción particular y por escrito del Encargado, solicitada y despachada inmediatamente, la cual será archivada con los demás antecedentes relativos al asiento, reservándose minuta el Encargado. En todo caso, cumplirá cuantos cometidos reciba del Encargado del Registro.”. Además el Juez de Paz es competente, bajo la dirección del Encargado y por delegación de éste, para instruir el expediente previo al matrimonio y para autorizar o denegar su celebración (art. 239 RRC), para tramitar los expedientes de fes de vida y estado (art. 364 RRC), así como para recibir peticiones cuando la oficina competente de Registro civil, a la que se dará inmediato traslado, radique en otro término o demarcación (art. 2 RRC). Todo ello ha supuesto y supone una descarga de trabajo en los Registros Civiles principales enorme y desgraciadamente nunca suficientemente valorada.

La entrada en vigor de un Registro Civil enteramente electrónico supone un cambio sustancial de las funciones de los Juzgados de Paz respecto de las inscripciones informatizadas (las posteriores a 1950):

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (III)

Oficinas Generales de Registro Civil en cada partido judicial

Una vez justificado por qué entendemos que, salvo en ciertas poblaciones como hasta ahora en los Registros Civiles exclusivos, el Letrado Encargado puede compartir la llevanza del Registro Civil con otros cometidos procesales, toca determinar cuál ha de ser, a nuestro juicio, la planta de las Oficinas Generales de Registro Civil. 

Tal y como se ha dicho en el post anterior, la Ley 20/2011 modifica la organización territorial actual de los Registros Civiles (una por cada partido judicial), estableciendo en su artículo 22 la existencia de una Oficina General del Registro Civil por Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, permitiendo al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia crear en cada Comunidad Autónoma , además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes y excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, otras tres Oficinas Generales. La Disposición Adicional quinta de dicha Ley establece la previsión de que ciudadanos puedan presentar la solicitud y la documentación necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil en los Juzgados de Paz. 

La realidad de la sociedad española dista mucho de la posibilidad de realizar la mayoría de trámites por Internet, tal y como invita la Ley 20/2011. La mejora de las comunicaciones y la posibilidad de presentar por medios tecnológicos las solicitudes no justifica un cambio de la índole que establece la Ley 20/2011, pasando de existir en la actualidad en España 8116 oficinas de Registro Civil, una por municipio, a apenas 160 Oficinas en toda España. Quien defienda la drástica reducción de Oficinas de Registro Civil prima la gestión ad intra de dicha oficina sobre el servicio público que se da a los ciudadanos. 

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (II)

¿Encargado del Registro Civil con dedicación exclusiva o compartiendo su labor con otras tareas procesales?

Una de las cuestiones más delicadas, y que con gran probabilidad tendrá su reflejo en la extensión de la planta de los Registros Civiles, es si sus Encargados-Letrados deben tener dedicación exclusiva a las tareas registrales o pueden compartir éstas con otras de carácter procesal. En función de la respuesta que se dé a este interrogante podrá o no mantenerse un modelo de Registro Civil similar al actual, con Oficinas Generales en cada uno de los 431 partidos judiciales de España. Si el Encargado debe tener exclusividad en su función, o se amplía extraordinariamente el número de funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, o se reducen drásticamente el número de oficinas generales del Registro Civil, lo que implicará la pérdida de servicios en la mayor parte de las poblaciones que no sean capital de provincias. A todos nos gustaría que se pudiesen mantener las 432 Oficinas de Registro Civil con Encargados dedicados en exclusividad pero ello económicamente no parece sostenible porque supondría crear más de 400 nuevas plazas de Letrados, mucho de los cuales se cruzarían de brazos durante gran parte de su jornada laboral.

En el post anterior ya adelantábamos que para nosotros el Encargado del Registro Civil (Letrados de la Administración de Justicia) debería poder asumir otras funciones jurisdiccionales (de  jurisdicción civil), y que sólo en el caso de las ciudades más grandes el Letrado - Encargado del Registro Civil se dedicaría  con exclusividad a dicha función. Ahora vamos a intentar explicar por qué.

El vigente artículo 27.1 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Planta y Demarcación Judicial (cuya derogación prevé la Disposición Derogatoria de la Ley 20/2011, de Registro Civil, cuando ésta entre en vigor), establece que “las plazas de Jueces o Magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil serán las del Registro Civil Central de Madrid y las demás previstas en el Anexo VI. En las poblaciones que cuenten con más de 500.000 habitantes y en aquellas otras en que se juzgue conveniente en atención al volumen de población y al alto número de actuaciones de esta naturaleza, podrán establecerse mediante Orden ministerial otras plazas de Jueces o Magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil.

En la actualidad existen 431 Registros Civiles principales, uno por partido judicial, al que hay que añadir el Registro Civil Central. Como desarrollo del art. 27 de de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, de los 432 Registros Civiles principales sólo en 16 sus Jueces Encargados se dedican con carácter exclusivo al Registro Civil. Todos los demás se encuentran a cargo de un Juez de 1ª Instancia asistido por un Letrado de la Administración de Justicia que realizan actividades registrales de forma parcial, compartiendo dicha función con otras de carácter civil e incluso penal, sin que por ello su funcionamiento desmerezca respecto de los Registros Civiles exclusivos. Por lo tanto la exclusividad en las tareas registrales en España es la excepción, no la norma.

El PSOE tiene reticencias a que se mantengan los Registros Civiles en los Juzgados mixtos

Según informa CCOO, en el marco de las reuniones que el Sector de Justicia de CCOO viene manteniendo con los distintos grupos parlamentarios una delegación de CCOO se reunió ayer 29 de diciembre con una delegación del grupo socialista del Congreso de los Diputados encabezada por su portavoz en la Comisión de Justicia, el diputado Juan Carlos Campo. 

CCOO ha solicitado al portavoz socialista su apoyo para defender en los trámites legislativos sus propuestas, basadas en el empleo público estable y de calidad, en la defensa del servicio público y en la recuperación de los derechos recortados durante la crisis económica y entre las que ha señalado como de máxima urgencia el mantenimiento de los Registros Civiles en el ámbito de la Administración de Justicia, manteniéndose también todas las oficinas actuales en los registros civiles exclusivos, juzgados de primera instancia o mixtos con competencias y juzgados de paz.

La representación del PSOE se ha mostrado en general favorable a las propuestas de CCOO, si bien ha sido el único partido que ha presentado reticencias al mantenimiento de todas las oficinas de los Registros Civiles en los partidos judiciales y juzgados de paz, argumentando que la informatización de este servicio y su centralización en un registro único no hacen necesario la existencia de todas estas oficinas, opinión que CCOO ha rebatido afirmando que se debe seguir apostando por un servicio público gratuito, universal, cercano a la ciudadanía y atendido por personal especializado como solo es, en este caso, el de los cuerpos de la Administración de Justicia.

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (I)

En la reunión que tuvieron las organizaciones sindicales con los responsables del Ministerio de Justicia el pasado 21 de diciembre, la Secretaria de Estado de Justicia confirmó el planteamiento hecho por el Sr. Ministro de Justicia ante el Congreso de los Diputados el 5 de diciembre, y es que el proyecto del Ministerio de Justicia sobre el Registro Civil pasa por su llevanza 100 % pública, integrados en la Administración de Justicia, con Letrados de la Administración de Justicia como Encargados de las Oficinas Generales de Registro Civil y servidos íntegramente por personal de la Administración de Justicia. 

En dicha reunión, según fuentes sindicales, la Secretaria de Estado aceptó que hay que “retocar” la Ley 20/2011 del Registro Civil que entrará sí o sí en vigor en julio de 2017 (no habrá, por tanto, más prórrogas ni vacatio legis) y que hay que mejorar los programas y medios informáticos. También que, a través de la urgente negociación colectiva con los representantes sindicales, el Ministerio asume su predisposición a que sea el personal de la administración de justicia quien siga asumiendo la llevanza de este servicio público que deberá constituir una oficina específica con personal allí destinado y con una relación de puestos de trabajo propia y diferenciada del resto de la oficina judicial y fiscal, tanto en los registros civiles exclusivos como en los radicados actualmente en los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Mixtos o Juzgados de Paz.

Sin embargo, en dicha reunión la Secretaria de Estado de Justicia mostró ciertas dudas del Ministerio sobre cuál debe ser el despliegue de las Oficinas Generales de Registro Civil, y en concreto qué sucede con los Registros Civiles hoy adscritos a los Juzgados de Primera Instancia o mixtos una vez se consume la desjudicialización. 

El Registro Civil debe ser un servicio cercano a los ciudadanos como ha sido siempre. Nadie entendería que siendo hoy posible obtener un certificado de nacimiento, una fe de vida, o iniciar un expediente en cualquier municipio de España, por mor de la modernidad en el día de mañana ya no fuera posible. La modernización del Registro Civil, el Registro Civil electrónico, la registro individual de cada ciudadano, no debe implicar la pérdida de servicios que hoy se prestan, sino que deben ser compatibles. Los Juzgados de Primera Instancia, Mixtos o Juzgados de Paz no deben servir únicamente como registro de escritos y documentos, como prevé la Disposición Adicional Quinta de la Ley 20/2011 respecto de los Juzgados de Paz, sino para mucho más. 

Vamos a exponer en este post, que irá dividido en varias partes, cuál debería ser a nuestro juicio el despliegue del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia. Nuestra propuesta es que la planta de las Oficinas Generales de Registro Civil coincida con la de los partidos judiciales, como oficinas singularizadas, y el mantenimiento de los Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas de Registro Civil, por ser la mejor forma de mantener el Registro Civil como un servicio público cercano a los ciudadanos y con un coste perfectamente asumible. 

La Secretaria de Estado de Justicia confirma la predisposición del Ministerio a que el Registro Civil permanezca dentro de la Administración de Justicia, servido por personal de la Administración de la Justicia

En el día de ayer 21 de diciembre hubo una reunión entre los representantes de las organizaciones sindicales con la Secretaria de Estado de Justicia, con objeto de presentar al nuevo Director General de la Administración de Justicia. En dicha reunión, que no tuvo el carácter de mesa sectorial, el Ministerio por boca de su número dos, la Secretaria de Estado, ofreció a los sindicatos diálogo y negociación para abordar las reivindicaciones que todas las organizaciones sindicales han venido planteando.

En una primera intervención, la Secretaria de Estado señaló que los temas más urgentes para el Ministerio son: el cumplimiento del Acuerdo con los sindicatos de diciembre de 2015 (entre cuyos puntos quedan pendientes la recuperación de la totalidad de los 9 días de permiso por asuntos particulares, la convocatoria de Oferta de Empleo Público, la consolidación en plantilla de las plazas de refuerzo, la solución a la falta de cotización a la Seguridad Social de periodos no cotizados por el personal interino), el Registro Civil, la Oficina Judicial y Fiscal y la implantación de las nuevas tecnologías. 

En materia de Registro Civil la Secretaria de Estado aceptó que hay que “retocar” la Ley20/2011 del Registro Civil que entrará sí o sí en vigor en julio de 2017 (no habrá, por tanto, más prórrogas ni vacatio legis) y que hay que mejorar los programas y medios informáticos. También que, a través de la urgente negociación colectiva con los representantes sindicales, el Ministerio asume su predisposición a que sea el personal de la administración de justicia quien siga asumiendo la llevanza de este servicio público que deberá constituir una oficina específica con personal allí destinado y con una relación de puestos de trabajo propia y diferenciada del resto de la oficina judicial y fiscal, tanto en los registros civiles exclusivos como en los radicados actualmente en los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Mixtos o Juzgados de Paz.

Catalá insiste en un Registro Civil 100 % público, tanto en su llevanza como en su gestión, pero no desvela cómo lo quiere hacer

El Ministro de Justicia Rafael Catalá ha comparecido hoy en la Comisión de Justicia del Senado para exponer las lineas generales de la política del Ministerio de Justicia durante la presente legislatura, tal y como hizo en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de diciembre. 

En su comparecencia, según el texto de la intervención que aparece en la página web del Ministerio de Justicia, Catalá ha subrayado "la necesidad de culminar la reforma de la Ley del Registro Civil impulsada en 2011 con el consenso de todos los grupos políticos; un REGISTRO CIVIL que deberá ser y será gratuito, electrónico y 100% público, tanto en su llevanza como en su gestión", insistiendo en que debe ser 100% público, tanto en su llevanza como en su gestión.

Sin embargo, Catalá sigue sin desvelar cuál es su proyecto de Registro Civil (al parecer dentro de la Administración de Justicia), que según la nota de prensa que también aparece en la página web del Ministerio de Justicia "previa negociación en la mesa sectorial... será presentado en la próxima Conferencia que el Ministerio celebre con las comunidades autónomas", y que entrará en marcha el próximo mes de julio. Sí que parece claro que el Registro Civil no estará a cargo de los jueces, según se deduce de las palabras del Ministro en su intervención (minutos 31.24 a 32.42), pero sigue sin decir de forma clara si los "profesionales" que estarán a su cargo serán o no los Letrados de la Administración de Justicia. 

En aras del consenso que reclama el Ministro de Justicia debería desvelar cuanto antes cuál es el proyecto de Registro Civil que quiere defender desde el Ministerio de Justicia, a fin de que se puedan iniciar las negociaciones en la mesa sectorial y con los partidos políticos, de cara a que realmente el nuevo Registro Civil pueda empezar a funcionar en el mes de julio. Para nosotros es claro que debe ser un registro civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos, integrado en la Administración de Justicia y servido íntegramente por funcionarios de dicha Administración, pero no sabemos si Catalá comparte esta opinión.

El Ministro de Justicia propone que el Registro Civil sea 100 % público, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados, y servido por funcionarios de la Administración de Justicia

El Ministro de Justicia Rafael Catalá compareció ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer las que pretenden ser las lineas maestras de su Ministerio durante esta Legislatura. 

En su intervención, que puede descargarse en el siguiente link Comparecencia del Ministerio de Justucia, Catalá abordó el tema del Registro Civil (página 14). 

Catalá propuso culminar en esta legislatura la reforma del Registro Civil prevista en la Ley 20/2011, aprobada por consenso. En primer lugar plantea una reforma desde el diálogo político y profesional con un compromiso inquebrantable: impulsar un modelo de Registro Civil público, gratuito, electrónico y seguro, más eficaz y operativo. 

En segundo lugar, "para superar viejos debates y despejar todo tipo de dudas", hace una propuesta que pueda servir de principio sobre el que trabajar, basado en dos ejes:

1º. Que la llevanza del Registro Civil sea 100 % pública, confiando que su atribución a determinados empleados públicos pueda surgir de las negociaciones con las organizaciones sindicales, con la idea además de crear las Oficinas Generales de Registro Civil singularizadas con plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia. 

2º. Que su gestión sea 100  % pública, con un sistema electrónico de gestión del Registro Civil de titularidad estatal, que permita la transición de las cuatro secciones actuales al folio personal. 

Posteriormente, en la página 15, el Ministro propone que los Letrados de la Administración de Justicia "tengan un papel reforzado con las nuevas funciones que desempeñarían con la llevanza del Registro Civil". 

Últimas novedades de la tramitación de solicitudes de nacionalidad Española: algo se avanza

Informamos a continuación sobre las últimas novedades conocidas sobre la tramitación de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia, ante las numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que acuden a nuestras oficinas por el retraso en resolver sus solicitudes. 

La información que ofrecemos tiene su procedencia en la referencia que dos páginas web (Legalteam.es y Parainmigrantes.info) ofrecen sobre la conferencia dada por Jesús Santa-Bárbara, Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, en el I Congreso de Nacionalidad Española y Estado Civil celebrado en Leganés los días 16 y 17 de noviembre. Esta información la complementamos con lo que día a día vivimos en los Registros Civiles. 

Según resulta de dicha conferencia, la Dirección General de Registros y del Notariado ha estado prácticamente bloqueada resolviendo los más de 40.000 recurso interpuestos contra denegaciones de nacionalidad española tramitadas por los Registradores de la Propiedad. En este blog ya hemos advertido muchas veces que la resolución de los expedientes de nacionalidad mediante la tres encomiendas de gestión firmadas con el Colegio de Registradores de la Propiedad, por muchos expedientes que se hayan resuelto, no ha sido una bicoca: el número de requerimientos para presentar documentación adicional, mucha de ella ya en poder de la propia Administración, se ha disparado, así como las denegaciones de nacionalidad, muchas de ellas absurdas. Así se ha llegado a la increíble cifra de 40.000 recursos interpuestos (y los que no se han interpuesto por falta de información, ignorancia o desidia de los solicitantes), de los que se han resuelto ya el 75 %. El trabajo que ha tenido que dar la resolución de estos recursos ha sido y es ingente; va a resultar que al resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad los registradores han creado un nuevo atasco con los recursos interpuestos contra denegaciones mal fundamentadas o con defectos fácilmente subsanables. 

Dice el Sr. Subdirector General que el número de expedientes de nacionalidad presentados a lo largo del 2016 es similar al de otros años, lo que no nos creemos porque vemos en nuestros registros el volumen de solicitudes presentadas, y aun cuando podamos dar por buena la cifra de que un 10 % de solicitudes se presentan ya de forma telemática (¿para cuándo se va a permitir que desde los Registros Civiles también lo podamos remitir de forma telemática?) el descenso de trabajo es superior al 10 %. 

En palabras del Sr. Subdirector General, a día de hoy en espera de resolución hay más de 40.000 expedientes correspondientes a los años 2010-2013; constan además unos 300.000 expedientes correspondientes a los años 2014 y 2015: 150.661 solicitudes del año 2014 (nosotros creemos que gran parte de éstos ya están resueltos), y 151.314 presentadas en 2015. En lo que va de 2016 se han presentado unas 100 mil nuevas solicitudes de nacionalidad. 108.140 extranjeros han obtenido la Nacionalidad Española en lo que va de año 2016.

Expedientes anteriores al año 2015

El por qué el Registro Civil está adscrito a la Administración de Justicia desde 1870 (y la de problemas que ello ha evitado)

Extractos de los preámbulos a las Leyes provisionales Matrimonio y de Registro Civil de 1870, elaborado por D. Eugenio Montero Ríos, Ministro de Gracia y Justicia, con motivo de la presentación a las Cortes Constituyentes del Proyecto de dichas Leyes. 

El conocimiento perfecto del estado civil de las personas es de tan grave interés, que todo sacrificio debe parecer escaso ante la ventaja de poseer los medios de adquirirlo a toda hora. Sin embargo, en tan importante materia, los actos más trascendentales, y de los cuales surgen alteraciones más profundas en los derechos privados, no tienen hoy deparada en ninguna parte una comprobación plena y satisfactoria… Sustituir, pues, a los registros eclesiásticos, en cuanto sea concerniente al estado civil de los españoles, un registro también de carácter esencialmente civil, inexcusable para todos, más comprensivo, mejor ordenado y más perfecto, constituye el objeto de este proyecto de ley, el cual depurado de los defectos que contenga por la sabiduría de las Cortes, llenará un vacío importantísimo en nuestra actual legislación….

…Huyendo de la movilidad inherente a la administración activa, y teniendo en cuenta que todo lo que afecta a los derechos civiles conviene que sea colocado bajo la salvaguardia de los Tribunales, y ya que el estado del Tesoro no permitía pensar en la creación de funcionarios especiales, se ha encomendado dicho registro civil a los judiciales del último grado, que comuniquen a la nueva institución su propia respetabilidad y la de los cargos que ejercen, sometiéndolos además a una inspección vigilante e incansable, que ha de partir de un centro directivo establecido en el Ministerio de Gracia y Justicia…”.

“…La autoridad que ha de intervenir en las diligencias preliminares al matrimonio, así como en su celebración, habrá de ser el Juez de paz, que en el proyecto de organización de Tribunales, que el Ministro tendrá pronto el honor de someter á la sabiduría de las Cortes, se denomina Juez municipal. Funciones tan graves y trascendentales como las que el proyecto de ley del matrimonio civil encomienda a estos funcionarios, seria altamente peligroso otorgarlas a los Alcaldes, que viven en la agitación de los intereses de localidad. El funcionario que haya de autorizar en nombre de la ley el matrimonio de los ciudadanos debe inspirar el respeto del sacerdocio, y para ello no ha de tomar por razón de su cargo parte activa en la lucha ardiente de la política. Estas cualidades se hallarán en más relevante grado reunidas en los encargados de administrar justicia, y por ellas bien puede prescindirse de la anomalía que resulta de encomendar a las autoridades de aquella clase funciones que no consistan estrictamente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ya que la situación económica del país no permite la creación de funcionarios especiales que hayan de representar al Estado en los actos más importantes de la vida civil del ciudadano y de tener a su cargo el registro en que habrán de hacerse constar convenientemente..”.

Dos ejemplos de la "buena" gestión de los Registradores en materia de tramitación de expedientes de nacionalidad

Como el Decano de Registradores no hace sino de presumir del buen trabajo realizado en la tramitación de la parte de la instrucción de los expedientes de nacionalidad por residencia de los años 2012 a 2014 que correspondía al Ministerio de Justicia, en virtud de las tres encomiendas de gestión, la tercera por 4 millones de euros, veamos dos ejemplos muy recientes de requerimientos que nos ha comentado desde un Registro Civil:

1.- Ciudadano rumano con residencia en España desde el año 2001, expediente del año 2013. El informe del Ministerio del Interior de mayo de 2014 informa de antecedentes policiales del año 2003, y de antecedentes penales del año 2006 ya cancelados. Dos años y 5 meses más tarde del Informe del Ministerio del Interior le requieren para que acredite cómo acabó el procedimiento que dio lugar a los antecedentes policiales y para que aporte resolución de los antecedentes penales, que ya tiene cancelados !!!.

2.- Ciudadano rumano con residencia en España desde el año 2001, expediente del año 2013. Quieren que aporte ahora copia de su tarjeta de residencia, cuando en la Administración, en concreto en el Ministerio del Interior, obran datos para saber si tiene o no tarjeta de residencia en vigor. 

Y como éstos ha habido desde las encomiendas de gestión requerimientos absurdos a mansalva. Gran gestión, Sr. Aguilera. 

Mientras tanto, no se resuelven apenas expedientes, y el Ministerio de Justicia lleva sin registrar, digitalizar ni metadatar los expedientes remitidos para su resolución desde enero de 2015, y el personal de los Registros se harta de decir a los ciudadanos extranjeros que acuden para saber qué pasa que tienen que tener paciencia. 

Sin comentarios. 

Confiegal:CCOO defiende que el Registro civil se mantenga como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos

Adjuntamos a continuación artículo publicado en Confilegal con fecha 14.11.2016.

Tras la constitución del nuevo Gobierno y la confirmación del nombramiento de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, muchos son los operadores jurídicos que estos días celebran jornadas o publican artículos haciendo saber al Ministro cuales son, a su juicio, las urgencias en esta legislatura que comienza.

Sin duda, una de estas materias que precisa de solución urgente es el Registro civil. La Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, debería entrar en vigor el 30 de junio de 2017, tras la prórroga por dos veces de su vacatio legis, y sigue sin estar definida a qué Administración deben quedar adscritas funcionalmente las futuras Oficinas de Registro Civil.

La legislatura pasada se caracterizó en esta materia por el intento de atribuir la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, privatizando con ello un servicio público hoy prestado por la Administración de Justicia. El proyecto decayó y el Ministro de Justicia prometió abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos para buscar una solución consensuada, diálogo que más de un año después todavía no ha comenzado.

Iniciada la legislatura, en un artículo publicado en Confilegal el Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes muebles vuelve a ofrecerse para la llevanza del Registro Civil que no pudieron concluir la legislatura pasada, poniendo en valor la aportación de su colectivo en la resolución de los expedientes de nacionalidad española por residencia mediante las encomiendas firmadas en los años 2012, 2013 y 2015 y el trabajo realizado por los servicios informáticos del Colegio de Registradores en el diseño de la plataforma electrónica para el futuro Registro Civil.

El interés del Decano de los Registradores sobre el Registro Civil es meramente corporativista, no atiende a los intereses de los ciudadanos, es contrario a los principios organizativos que resultan de la Ley 20/2011 (registro civil dentro de las Administraciones públicas, servidos por funcionarios públicos, con competencias ejecutivas de las Comunidades autónomas) y busca únicamente la defensa de sus propios intereses económicos, esencialmente el arancel que cobran por los servicios que hoy prestan.

La reforma del Registro Civil y su atribución al cuerpo de Registradores suscitó un rechazo mayoritario de jueces, notarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios de los Registros Civiles e incluso de numerosos Registradores (baste recordar la Asamblea de Zaragoza de 2013) y, de manera relevante, de la sociedad civil y de los sindicatos que se manifestaron en contra de una privatización encubierta.

Sisej insiste a Catalá en que el Registro Civil, público, telemático, ágil y accesible, sea dirigido desde la Administración Pública por Letrados de la Administración de Justicia como Encargados del mismo

Tras el nombramiento de Rafael Catala como Ministro de Justicia el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia-SISEJ le ha trasladado su felicitación por su nombramiento al frente de la cartera de Justicia, tras más de 300 días en funciones.

En su comunicado, Sisej opina que "en esta legislatura se debe abordar, desde el consenso con todos los grupos parlamentarios y en la línea de la IX legislatura, la transformación urgente de la Administración de Justicia, más allá del pacto que el Grupo Parlamentario Popular suscribió con el grupo de Ciudadanos.

Para Sisej, El Registro Civil es otro de los asuntos pendientes que debe abordar sin demora el Ministro Catalá. El próximo 30 de junio de 2017 está prevista legalmente la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil , que, tras numerosas vicisitudes, movilizaciones sociales y múltiples contactos y reuniones ampliamente conocidas, debe poner en marcha una reforma necesitada por la sociedad española desde hace años. Desde el SISEJ insistimos en el cumplimiento de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 20/2011, y que este servicio público sea dirigido desde la Administración Pública por Letrados de la Administración de Justicia como Encargados de un Registro Civil público, telemático, ágil y accesible.

CCOO reclama al MInistro de Justicia una reunión urgente para tratar, entre otros temas, el futuro del Registro Civil, que debe quedar dentro de la Administración de Justicia

Tras el mantenimiento de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, CCOO le ha mandado con carácter urgente una carta para solicitarle una reunión y tratar todos los asuntos que están pendientes. El texto de la carta, en lo referente al Registro Civil, dice lo siguiente:

Tras su reciente toma de posesión como Ministro de Justicia (en su caso, confirmación en la responsabilidad que venía ejerciendo antes de los procesos electorales pasados) le solicitamos la convocatoria urgente de una reunión con Vd. en la que recordarle de primera mano los problemas laborales y profesionales que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras de la Administración de Justicia a quienes representamos, cuya solución no puede hacerse esperar más tras el parón que, en parte, se ha producido durante la vigencia del gobierno en funciones.

El resumen de los asuntos que pretendemos plantearle en dicha reunión es el siguiente:

2.- El próximo 30 de junio de 2017 debería entrar en vigor la nueva ley del Registro Civil, tras la vacatio legis de 2 años que se acordó por el Parlamento en la misma fecha de 2015. Queremos expresarle y argumentarle nuevamente nuestra posición y la de la totalidad del personal de Justicia para que el Registro Civil se mantenga como servicio público, universal y gratuito y servido por el personal de Justicia, dotándole de los medios suficientes y revirtiendo a la administración aquellas materias que han sido encomendadas a otros colectivos externos a las administraciones públicas.

En este sentido le reiteraremos nuestra oposición a cualquier tipo de privatización o externalización del servicio público de la Administración de Justicia, contra la que utilizaremos todas las medidas de acción sindical que sean necesarias.

Los Jueces Decanos de España abogan por la llevanza del Registro Civil por Jueces y Letrados de la Administración de Justicia

Los Jueces y Juezas Decanos de España han mantenido entre los días 24 y 26 de octubre en Málaga sus XXVI jornadas nacionales, en las que como siempre proceden a analizar la problemática actual de la Administración de Justicia. 

En dicha reunión se ha aprobado un documento de "conclusiones" en el que, "en nombre de los más de 2.000 jueces a los que representamos y que desempeñan su trabajo hasta el último Juzgado del partido más recóndito de España, demandamos con urgencia un Pacto de Estado con una hoja de ruta clara que indique claramente dónde queremos ir y certifique la voluntad política de apostar por la modernización judicial. No se trata sólo de aprobar leyes, ya muy numerosas; sino, sobre todo, de una nueva organización y de suficiente dotación presupuestaria, hoy muy escasa. A tal fin proponemos en el presente documento una serie de puntos a nuestro juicio esenciales:

f) Registro civil.- Si bien es adecuada la tendencia a la desjudicialización de ciertas materias que propugnamos desde hace años cuando no se trata del ejercicio de la función jurisdiccional, ante la inaceptable situación actual derivada de la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de 2011 durante cinco años, que no tiene precedente en España, así como los problemas y las reticencias para asumir el servicio por otras profesiones jurídicas, lo más adecuado es que la llevanza del Registro civil continúe en manos de quienes más cualificadamente pueden seguir asumiendo esta función, que desempeñan desde 1870, que son los propios Jueces y los Letrados de la Administración de Justicia, eso sí, con la oportuna inversión, adaptación, reorganización y modernización del actual Registro Civil, lo que resulta viable y económicamente asumible. En otro caso el Registro Civil continuará ocupando el primer lugar entre las quejas de los ciudadanos."

El Sindicato de Letrados solicita la convocatoria de provisión de plazas de Encargados del Registro Civil

El SISEJ solicitará formalmente al Gobierno la convocatoria de los concursos necesarios para la provisión de plazas deEncargados del Registro Civil entre funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. El próximo 30 de junio de 2017 está prevista legalmente la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, que, tras numerosas vicisitudes, movilizaciones sociales y múltiples contactos y reuniones ampliamente conocidas, debe poner en marcha una reforma ampliamente necesitada por la sociedad española desde hace años. 

Se ofrece el texto íntegro del comunicado de SISEJ en Pensamiento Crítico y en este enlace, además de recomendar su difusión y lectura, recordando que ya ha tenido una importante difusión en medios como la agencia Europa Press y la publicación especializada Confilegal.

El Ministerio trata de corregir los grandes problemas derivados de la deficiente regulación de los procedimientos de adquisición de nacionalidad por residencia mediante una Orden Ministerial, pero se queda a medias

Casi un año después de la entrada en vigor de la Disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro, que esbozaba el nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, y del deficiente Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, el Ministerio de Justicia publicó en el BOE de 11 de octubre la  Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia, con la que sin hacer mención alguna en su exposición de motivos a la verdadera justificación de la norma  (para cuando un “mea culpa” por el desastre que han creado, no hay más que ver la gran caída del número de procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia iniciados desde el 16.10.2016) trata de paliar algunos de los graves inconvenientes surgidos durante este año de nuevo procedimiento de nacionalidad.

Aun cuando este blog no tiene por objeto el tratamiento específico de una de las materias clásicas, competencia de los Registros Civiles (si el nuevo Gobierno no lo remedia no tramitaremos más expedientes dentro de 9 meses), dado que desde este blog hemos denunciado las deficiencias observadas en la regulación del procedimiento de nacionalidad establecido en el Real decreto 1004/2015 justo es reseñar qué se ha corregido y qué falta por corregir.

Abogados de Madrid elevan una queja al Ministerio de Justicia ante la falta de tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia presentados a partir de enero de 2015

Abogados del Colegio de Madrid presentaron el 7 de octubre una queja dirigida al Ministerio de Justicia ante la falta de tramitación de todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia presentados desde enero de 2015. Conforme dicha queja "a la fecha de octubre de 2016 seguimos sin conocer el número de registro de la Subdirección (necesario para poder seguir telemáticamente el estado de tramitación del expediente) , o si existe ya la plataforma para la digitalización de tales expedientes, o la fecha probable de tramitación y resolución de tales expedientes, como establece la Disposición Transitoria Primera y Segunda del Real Decreto 1004/2015 de 6 de noviembre".

Los citados abogados se quejan de que "por ordenador o por vía digital no se puede acceder a información alguna al no estar registrados estos expedientes, y personalmente a las letradas (os) nos comunican que dichos expedientes están sin digitalizar, por tanto que no existe fecha probable de resolución, lo que preocupa seriamente a las firmantes dado que venimos presentando expedientes durante todo el año 2016 con la total incertidumbre de obtener una resolución sin dilaciones indebidas como viene ocurriendo con los expedientes del 2015."

El escrito de queja recuerda que "la Disposición Transitoria segunda del Reglamento referida establece que los expedientes de nacionalidad se tramitarán conforme a las normas de procedimiento vigentes en el momento de la solicitud, esto es, que asiste a esta parte el derecho a recurrir ante la vía jurisdiccional la denegación presunta de los expedientes de nacionalidad del 2015 paralizados en la fecha".

La situación que denuncian estos abogados es real: la Dirección General de Registros y del Notariado tiene sin registrar ni digitalizar todos los expedientes remitidos para su resolución desde enero de 2015. Los ciudadanos extranjeros acuden constantemente a los Registros Civiles quejándose de que no han recibido carta alguna en que se indique su número de expediente en dicha dirección; la aportación de documentación complementaria, como un cambio de domicilio, corre el riesgo de perderse en la maraña burocrática ante la falta de registro de los expedientes. Y lo que es lo peor: es imposible ni siquiera estimar cuándo dichos expedientes estarán resueltos. Por mucha Orden Ministerial y Resolución que se publique en el BOE de hoy, intentando dar una salida al problemón en que se ha metido el Ministerio de Justicia con los expedientes de nacionalidad presentados a partir de octubre de 2015, cuya instrucción corresponde enteramente a la DGRN, ¿qué solución va a dar el Ministerio de Justicia a todos los expedientes presentados antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Nacionalidad?

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia solicitan ser los Encargados del Registro Civil (por fin)

Dentro de la ronda de contactos que el Ministerio de Justicia está manteniendo con las diversas organizaciones sindicales y profesionales al comienzo de este curso judicial, cabe resaltar (por lo que importa a la redacción de este blog) la mantenida con fecha 20 de septiembre entre el Ministro de Justicia en funciones y el responsable del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara. 

Y ello porque según consta en la reseña de dicha reunión en la página web del citado Colegio, "el Registro Civil fue otra de las materias abordadas en la que insistimos que debe continuar en sede judicial y, dentro de las posibles opciones, se debe considerar seriamente la posibilidad de que sea el Letrado de la Administración de Justicia quien ostente la titularidad del mismo, como elemento vertebrador de este importante servicio público nacional.". Porque hasta la fecha la organización profesional de Letrados Judiciales más numerosa y cercana al Ministerio de Justicia no había hecho un pronunciamiento claro a favor de que el Registro Civil se mantuviera dentro de la Administración de Justicia, con los Letrados Judiciales como Encargados de los mismos.

Desde este blog nos alegramos de que, por fin, el Colegio de de Letrados de la Administración de Justicia se pronuncie a favor de los postulados que todas las organizaciones sindicales y la inmensa mayoría de organizaciones profesionales de los Cuerpos y Carreras de la Administración de Justicia defienden, y es que el Registro Civil siga dentro de la Administración de Justicia, con los Letrados de la Administración de Justicia (o los Jueces, tal y como defiende el artículo citado en el post anterior) como Encargados de los Registros Civiles y servido por personal de los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia. 

Este cambio de actitud también se refleja en el siguiente comentario expresado en la página web del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, en relación al artículo publicado en el Diario la Ley a que nos referimos en el post anterior, expresando dicho Colegio que "en todo momento ha mostrado al Ministerio de Justicia, así lo reiteró de nuevo en la última reunión ministerial de pasado día 20, que el Registro Civil debe seguir en sede judicial. Los Letrados de la Administración de Justicia están capacitados para la dirección y gestión de estos Registros tan importantes para lograr la vertebración del Estado. No obstante hemos siempre, al igual que lo hicimos con el resto de los expedientes de jurisdicción voluntaria, mostrado nuestra predisposición a buscar fórmulas que, satisfaciendo el interés público, puedan dar una mejor respuesta a esta cuestión. Entre las soluciones se encuentra la posiblidad de compatir este servicio con otros profesionales cualficados.". 

Para el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia el artículo publicado en el diario La Ley por los Magistrados Juan Luís Lorenzo Bragado y Carolina del Carmen Castillo Martínez bajo el título "Propuesta para un Registro Civil del siglo XXI en España" plantea una interesante propuesta de reparto competencial entre Jueces y Letrados de la Administración de Justicia que debe tomarse en consideración para su estudio.

Propuesta para un Registro Civil del siglo XXI en España, por Juan Luis Lorenzo Bragado y Carolina del Carmen Castillo Martínez

Adjuntamos por su interés enlace al artículo titulado "Propuesta para un Registro Civil del siglo XXI en España. Reflexiones para la reformulación de un sistema eficaz", realizado por  Juan Luis Lorenzo Bragado, Magistrado-Juez encargado del Registro Civil exclusivo de Santa Cruz de Tenerife, y Carolina del Carmen Castillo Martínez, Magistrado-Juez titular del Juzgado de instancia n.o 4 de Castellón, Ex encargada del Registro Civil de Denia, publicado en el Diario La Ley de 14 de septiembre de 2016, colgado en la página web del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. 

Según el resumen del citado artículo, después de cinco años de vacatio, una vez fracasados diversos intentos para poner en marcha la Ley del Registro Civil de 2011, ha quedado evidenciada la inviabilidad del modelo administrativo en que se funda. Los autores exponen los poderosos argumentos --históricos, legales, sistemáticos y prácticos--, que justifican la permanencia del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, a cargo de jueces y letrados, y esbozan una propuesta de reforma de la Ley para que resulte viable tanto desde el punto de vista organizativo como económico.

Se analizan en este trabajo las características esenciales en que se basan los dos modelos de Registro Civil concurrentes: Ley sobre el Registro Civil de 1957 y Ley del Registro Civil de 2011. Se expone la laberíntica evolución de esta última, los fracasados intentos para ponerla en marcha y la constatación de que se trata de la Ley que acumula la mayor vacatio de cuantas se tenga noticia en el ordenamiento jurídico español, sin que haya visos de que la situación cambie a partir del 30 de junio de 2017, última fecha prevista,  hasta el momento, para su entrada en vigor. 

Frente al modelo administrativo en que se basa la Ley de 2011, defienden los autores que el Registro Civil continúe dentro de la Administración de Justicia, a cargo de jueces y letrados, con competencias propias y diferenciadas entre unos y otros. 

Se analiza el fundamento histórico, constitucional y sistemático del Registro Civil judicial en España y se proponen las medidas necesarias para conseguir un Registro Civil del siglo XXI: 
1ª. Reformar la LRC 2011, con la finalidad de adaptarla a la conformación de la Administración de Justicia. 
2ª. Adaptar la planta judicial, determinando los órganos judiciales que deben prestar el servicio de Registro Civil sobre la base de su especialización, aprovechando en la medida de lo posible todos los recursos ya existentes. 
3ª. Delimitar competencias entre jueces y letrados de la administración de justicia, superando el modelo actual de delegación. 

Finaliza el trabajo con una conclusión principal y relevante: el nuevo Registro Civil ya existe. Únicamente hace falta adaptarlo y modernizarlo.