La DGRN, a la deriva. (O sobre cómo el Director de la DGRN se pronunció sobre la posibilidad de poner a un niño el nombre propio de "Lobo")

Desde hace ya unos cuantos años el prestigio que para muchos tenía la Dirección General de Registros y del Notariado ha ido cayendo en picado. Tiempos atrás muchos funcionarios de los Registros Civiles esperábamos como agua de mayo la publicación de los Boletines de Información del Ministerio de Justicia, con las resoluciones de los recursos interpuestos contra resoluciones de los Registros Civiles, las instrucciones y las consultas elevadas a la DGRN, de donde extraíamos la doctrina a aplicar en nuestro día a día en los Registros Civiles, desde los nombres de los recién nacidos hasta las declaraciones de nacionalidad española con valor de simple presunción; con las mismas se fue formando un cuerpo doctrinal que nos ha servido para completar la magnífica obra legislativa de los años 50, nacida bajo los auspicios de Pere Raluy, y realizar con eficacia nuestro trabajo en los Registros Civiles, seguros de que la DGRN nos cubría las espaldas en las decisiones que tomábamos día a día (pues al fin y al cabo quien da la cara ante el público y resuelven realmente suelen ser los funcionarios de los Registros Civil). 

Sin embargo, ya desde hace unos años, quizás sobrepasados por el elevado número de recursos y consultas a resolver, la calidad de las resoluciones y disposiciones normativas de la DGRN fue decayendo. Empezamos a observar cómo sobre cuestiones prácticamente idénticas, incluso publicadas en un mismo Boletín, las resoluciones de los recursos podían ser dispares y contradictorias. Al final ya no estaba claro si determinadas grafías incorrectas de nombre propios pasaban a admitirse, si cabía o no la inscripción de determinados matrimonios celebrados en el extranjero presumiblemente de conveniencia, o el régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles. Pero al menos había un intento desde la DGRN de resolver el atasco que se producía como consecuencia del elevado número de recursos elevados para resolución, incrementados con los matrimonios de conveniencia y las opciones de nacionalidad derivadas de la Ley de Memoria Histórica, y dar salida a los miles de expedientes de nacionalidad que llegaban para resolución. 

Pero en esto llegó el PP al Gobierno, finales del año 2011. Dicen las malas lenguas que Rajoy designó a determinado Registrador de la Propiedad y Mercantil como Director General de Registros y del Notariado antes de nombrar a Ruiz Gallardón como Ministro de Justicia, al que le impuso su nombramiento. Y así llegó a la DGRN el equipo de Registradores y sus asesores cuyo objetivo principal era (y es) privatizar el Registro Civil, asignando su llevanza a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, no defendiendo los intereses generales de los ciudadanos sino los corporativos propios.

Francia suprimió en 2013 a los Conservateurs des hypothèques, equivalente a los Registradores de la Propiedad de España, sustituyéndolos por Jefes del servicio de la publicidad inmobiliaria, sujetos a las reglas generales del estatuto de la función pública.

Se suprime su régimen privilegiado y son sustituidos por funcionarios sujetos al régimen general de la función pública

Su salario se convierte en tasa a ingresar directamente en el Tesoro

La Ley de finanzas para 2010 (la de Presupuestos en nuestro sistema) de 30 de diciembre de 2009 habilitó al Gobierno a adoptar en el plazo de seis meses por vía de ordenanza las disposiciones necesarias para la abrogación programada del régimen de los “conservateurs de hypothéques”. Se trata del venerable cuerpo de funcionarios a cuyo cargo estaba, desde su creación, la llevanza de las Contadurías de hipotecas y luego de los registros de publicidad inmobiliaria, en un régimen de privilegio cobrando de los particulares que usaban su registro una pequeña cantidad en concepto de salaire du conservateur, que se embolsaban, razón por la que en la Administración francesa con el tiempo estos oficios se concedían como gabelas a los funcionarios a punto de retiro a quienes se quería recompensar. El régimen de los conservateurs, es decir la explotación privada con responsabilidad a su cargo del oficio y la percepción directa de cantidades de los usuarios de los registros, se extendió por la mayoría de los países de corte romanista, aunque ya han desaparecido por obsoletos de todos ellos pasando la llevanza de estos libros a funcionarios estatales del régimen ordinario e ingresándose las tasas por registrar directamente en el tesoro Publico. 

La supresión fue recomendada por el Tribunal de Cuentas (Cour des compts) en aras de una mejor organización del personal administrativo. El Gobierno estimó además que el régimen específico de estos funcionarios no constituía un servicio eficiente y moderno. No había razones, añade la ley, para conservar un mandatario legal personalmente responsable de la buena ejecución del servicio de publicidad inmobiliaria.

La supresión será efectiva el 1 de enero de 2013, por lo que no se nombrarán más conservateurs a partir de 2012. El cargo u oficio del conservateur será sustituido por el de Jefe del servicio de la publicidad inmobiliaria, sujeto a las reglas generales del estatuto de la función pública. 

La ley prevé la creación, a partir del 1 de enero de 2013, de una tasa que percibirá directamente el Tesoro Público, a cargo de los usuarios de los servicios de publicidad inmobiliaria (Registro Público) suprimiéndose lo que, como salario, cobraban de los usuarios los conservateurs. 

El mandato legal fue ejecutado dentro del plazo concedido por la ley mediante la Ordenanza nº 2010-638 dictada el 11 de junio de 2010. Con estas parcas reglas se escribe la desaparición de este romántico y venerable cuerpo del que trajeron causa tantos otros encargados de la publicidad inmobiliaria de tantos países...!

La tramitación electrónica de las nacionalidades o cómo se busca justificar su presentación por medio de Gestores con falsedades e inexactitudes que parten del Ministerio de Justicia

La realización de trámites administrativos o registrales a través de profesionales no merece atajos. O el Ministro de Justicia no tiene ni idea, o desinforma a posta, o busca privilegiar la realización de trámites por medio de profesionales que cobran por sus servicios. La información que se ofrece sobre la tramitación electrónica de las solicitudes de nacionalidad por residencia da para pensar en todo ello. 

Sabido es que el Colegio de Gestores Administrativos de España ha firmado un Convenio con el Ministerio de Justicia que posibilita el establecimiento de una plataforma electrónica por medio de la cual este colectivo pueda presentar las solicitudes de nacionalidad española de los extranjeros que lo deseen, previo pago de sus servicios. Al efecto, aparece en El Derecho un artículo firmado por Marc Giménez, Doctor en Derecho y Gestor Administrativo, en el que informa someramente sobre la tramitación electrónica de la nacionalidad por residencia que van a realizar los Gestores Administrativos. 

Al efecto, no supone nada nuevo que la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia se haga por medio de Gestores Administrativos o Abogados, pues así se ha venido realizando desde hace ya mucho tiempo. Ello, en realidad, no solía suponer acelerar la tramitación de los expedientes de nacionalidad, pues al fin y al cabo siempre había que pasar por el filtro de la instrucción en el Registro Civil correspondiente (más o menos ágil, en función de la localidad) y sobre todo por el de los trámites a realizar en la DGRN, donde todos los expedientes acababan durmiendo invariablemente el sueño de los justos. 

Sin embargo el artículo, en aras de justificar y vender la tramitación por medio de Gestores Administrativos que, como es lógico y como profesionales que son, cobrarán por sus servicios, contiene ciertas afirmaciones incorrectas, incompletas o inexactas, posiblemente por información incorrecta facilitada por el Ministerio de Justicia. A continuación, en cursiva, damos cuenta de lo que dice el artículo y lo que sucede en la realidad:

¡¡¡Lo que faltaba!!! Ahora los Notarios quieren registrar ellos mismos en el Registro Civil los actos que autoricen ellos.

La almoneda que el Ministerio de Justicia de Mariano Rajoy y Catalá ha convertido la llevanza del Registro Civil, con grave desprecio a quienes hasta la fecha han sido sus servidores, está sirviendo para que todo el que pueda se autopostule para llevarse un trozo de nuestro servicio público. El último el Vicepresidente del Consejo General del Notariado, que reclama para su colectivo la potestad de acceder directamente al Registro Civil y registrar por sí solos todos los actos que los Notarios autoricen. 

Según informe Elderecho.com se está celebrando la Universidad Internacional Menendez Pelayo un seminario en el que, un año después de su entrada en vigor, el Consejo General del Notariado analiza el alcance y utilidad de la nueva normativa de Jurisdicción Voluntaria, aprobada por Ley 15/2015 y que dedica la mitad de su articulado a cuestiones ajenas a dicha Jurisdicción. En virtud de esta Ley competencias que hasta entonces eran propias de la Administración de Justicia fueron asumidas por los Notarios, unas de forma exclusiva (declaraciones de herederos ab intestato de colaterales, pues ya tenían los de línea recta y cónyuge) y otras de forma compartida con la propia Administración de Justicia (separaciones y divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores de edad, monitorios, subastas, expedientes de matrimonio a partir de junio de 2017, etc), siendo los grandes beneficiados de esta ley, que con la excusa de " descarga de trabajo para los tribunales y una agilización del trámite" (se ve que los divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores colapsaban el funcionamiento de los juzgados) encontraron una nueva y sustancial fuente de ingresos que quieren consolidar. Ya hemos comentado en este blog lo que nos parece la Ley 15/2015, y a ello nos remitimos. 

Salvador Torres Ruiz, vicepresidente del Consejo General del Notariado, en la inauguración del seminario "Jurisdicción Voluntaria: expedientes notariales", reclamó que la adecuada aplicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria precisa llevar a cabo algunas iniciativas, como "el incremento de la colaboración de los órganos colegiales o la creación de un órgano de coordinación entre el CGN y el Consejo General del Poder Judicial". "Esta colaboración es especialmente urgente en todas aquellas materias relacionadas con el Registro Civil. Matrimonios, separaciones, divorcios, constancia del régimen económico-matrimonial, cuya inscripción telemática prevé la ley, deberían poderse inscribir ya de este modo. Los notarios deberíamos contar con un acceso telemático al Registro Civil, no sólo para inscribir estos casos, sino para inscribir otros, como el nombramiento de tutores o los poderes preventivos; así como para obtener telemáticamente certificaciones cuando lo requiera nuestra función", apuntó el vicepresidente del Notariado.

Es decir, el Vicepresidente del Consejo General del Notariado defiende que ellos mismos inscriban en el Registro Civil las capitulaciones que otorguen, los matrimonios que celebren, los apoderamientos preventivos, los nombramientos de tutor en caso de devenir incapaz, los patrimonios protegidos, y por qué no, el reconocimiento de filiación no matrimonial otorgado ante Notario, o las juras de nacionalidad previa encomienda. 

Ya de paso, los sacerdotes deberían poder acceder directamente al Registro Civil e inscribir los matrimonios que ellos autoricen, los Jueces las sentencias de separación, divorcio, incapacidad y resoluciones sobre tutelas; los padres los nacimientos de sus hijos, las funerarias las defunciones y cada uno las inversiones de sus propios apellidos. ¿Por qué no?

Pues por una razón muy sencilla: La inscripción en el Registro Civil constituye prueba plena de los hechos inscritos, de forma que se presume que los hechos inscritos existen y los actos son válidos y exactos mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por la ley. Para acceder un hecho o un acto al Registro Civil alguien imparcial, que es el Encargado del Registro Civil, debe calificar, debe comprobar de oficio la realidad y legalidad de los hechos y actos cuya inscripción se pretende, según resulte de los documentos que los acrediten y certifiquen, examinando en todo caso la legalidad y exactitud de dichos documentos. Es esta calificación objetiva e independiente sobre los hechos y actos inscribibles lo que configura a las inscripciones del Registro Civil como la prueba plena de los hechos inscritos. 

Por esto los Notarios no pueden registrar a su vez los actos en los que intervienen. Porque alguien distinto al Notario otorgante tiene que calificar si el hecho es inscribible (no lo son los simples apoderamientos, las liquidaciones del régimen económico matrimonial ni los nombramientos de tutores para hijos no incapacitados, que más de una vez hemos recibido en los Registros), si el documento cumple con las formalidades extrínsecas para ello (apoderamientos preventivos comunicados en un folio simple, no en copia autorizada o testimonio en relación), o en el futuro la posible existencia de un matrimonio de conveniencia. Sólo desde la independencia del Registrador es admisible el valor probatorio pleno que se otorgan a las inscripciones del Registro Civil. 

Por tanto, Sr. Vicepresidente del Consejo General del Notariado, se equivoca al reclamar para su colectivo la posibilidad de registrar por sí mismos los hechos en que intervienen. No me lo imagino reclamando a sus "hermanastros" registradores de la propiedad y mercantiles el registro de las compraventas en que intervienen o las sociedades que constituyen. Sólo en la provisionalidad y desprecio que Rajoy y Catalá han dejado al Registro Civil se pueden atrever a hacer postulados como éstos. Estamos de acuerdo en que accedan telemáticamente a las inscripciones de Registro Civil como el resto de Administraciones públicas y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, para comprobar on line las inscripciones que tengan relación con los actos que ustedes autoricen, pero de ahí a que ustedes registren directamente dichos actos va un trecho. Al final hasta los curas van a pedir lo mismo.

El ministro de Justicia en funciones favorece en la concesión de la nacionalidad a los extranjeros que puedan pagar los servicios de Gestores Administrativos que las presenten en su nombre

CCOO denuncia que el Ministerio sigue en su plan de desmantelar el servicio público del Registro Civil, y que incumple lo dispuesto en el Real Decreto 1004/2015 al no querer regular la tramitación electrónica desde los Registros civiles pero sí desde otros operadores privados.

La firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y los Gestores Administrativos para presentar las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia anunciada en la página web del Ministerio de Justicia con fecha 14 de julio, sin haber desarrollado previamente la tramitación electrónica desde los Registros Civiles tal y como establece la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, supone a juicio de CCOO un paso más en la labor del Ministerio de Justicia de desvirtuar el servicio público que se presta desde los Registros Civiles, de desmantelar las funciones que en tramitación de expedientes han tenido desde su creación y de atribuir a operadores privados competencias hasta ahora de administraciones públicas objetivas e independientes. 

CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia del Partido Popular sigue en su programa de quitar competencias a los Registros Civiles, favoreciendo a colectivos profesionales que cobran sus honorarios por sus servicios y desvirtuando el servicio público y gratuito que se presta desde los Registros Civiles. El hecho de estar en funciones no les impide avanzar en sus objetivos de desmantelar el servicio público que se ha venido prestado desde los Registros Civiles mediante la atribución de parte de sus competencias a operadores privados que de esta forma ven ampliadas sus posibilidades de hacer negocio. 

El Ministerio de Justicia firma un convenio con los Gestores Administrativos para presentar las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia sin regular previamente la tramitación telemática desde los Registros Civiles

El Ministerio de Justicia sigue erre con erre en su plan de privatización. Lo negarán, pues dirán que lo que se está regulando es la posibilidad de presentación electrónica de unas solicitudes que ya se hacían en formato papel, pero lo cierto es que el Ministerio de Justicia abre dos vías para la tramitación de los expedientes de nacionalidad: una rápida, de pago, que es la presentada a través de Colegios Profesionales y sus plataformas electrónicas que se conectarán con la propia del Ministerio de Justicia (la presentación telemática con Dni digital por los propios interesados apenas funciona, pues son enormes sus dificultades técnicas) y otra lenta, pero gratuita, que serán las que recibamos hasta octubre de 2017 en los Registros Civiles. Ciudadano extranjero: si quieres que tu solicitud de nacionalidad española vaya ágil y se tramite en el tiempo más corto posible, ya sabes, además de pagar la tasa de 100 euros, y las tasas de los exámenes CCSE y DELE A2, hay que pagar a un Gestor Colegiado para que te tramite la solicitud electrónica de adquisición de la nacionalidad española por residencia. 

Así es. Aparece publicada en la web del Ministerio de Justicia una noticia titulada "El Ministerio de Justicia firma un convenio con los Gestores Administrativos para presentar las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia". Según la citada noticia, y en virtud de este convenio, el Consejo General de Gestores Administrativos de España pondrá a disposición de los colegios profesionales y de sus colegiados la infraestructura informática necesaria para que estos últimos puedan presentar por vía telemática las solicitudes de nacionalidad por residencia. El Consejo, a través de sus colegios profesionales, comprobará la adecuación entre los archivos electrónicos presentados y los documentos originales, así como la validez de la colegiación del gestor que presenta los expedientes. El Ministerio de Justicia no regula los honorarios que los gestores administrativos perciban de quienes decidan recurrir a sus servicios ya que queda fuera de su ámbito de competencia.

Desde este blog, tal y como ya manifestamos en otras ocasiones, no tendríamos nada que objetar a la presentación telemática de solicitudes de nacionalidad a través de Colegios Profesionales siempre y cuando también fuese posible la tramitación telemática desde los Registros Civiles, y tal y como establece la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, que regula la presentación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles hasta el 30 de junio de 2017 , estableciendo que “la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la Dirección General de los Registros y del Notariado se llevará a cabo, siempre que sea posible, de modo telemático, previa digitalización de los documentos, en las condiciones que determine la referida Dirección General". 

Pero el Ministerio de Justicia ha hecho hasta la fecha caso omiso de lo dispuesto en la citada Disposición Transitoria, y a fecha de hoy no es posible la tramitación telemática de los expedientes de nacionalidad desde los Registros Civiles. De esta forma se perjudica el servicio público en beneficio de unos operadores privados: la vía del servicio público que se presta desde los Registros civiles va a venir lastrada por la falta de digitalización de los expedientes, lo que supondrá el retraso en su resolución frente a los presentados telemáticamente y previo pago a través de profesionales. Resulta escandaloso, y demuestra que el interés que subyace en todo esto es meramente la privatización del inicio del procedimiento administrativo para adquirir la nacionalidad española por residencia, que los interesados puedan, previo el correspondiente pago al profesional, presentar de forma electrónica su solicitud de nacionalidad antes de que puedan hacerlo gratuitamente (sin contar con las tasas que ya han pagado) a través de los Registros Civiles.

Esto es lisa y llanamente un escándalo. 

Registro Civil año cero: el lobby de registradores proprivatización mueve ficha

Queda menos de un año para la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil, según resulta de la Disposición Final Décima en la redacción dada por la Ley 15/2015, que felizmente derogó la privatización del Registro Civil pretendida por Rajoy y auspiciada por un colectivo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles que se reúnen bajo los auspicios de la Asociación Arbo. 

Desde la derogación de la privatización del Registro Civil, el supuesto proceso de negociación que anunció el Ministro Catalá con todas las partes implicadas, "en busca de alternativas y soluciones compartidas para el Registro Civil, con el objetivo de alcanzar el mayor grado de consenso en la elaboración de la reforma legislativa que cumpla con el mandato parlamentario de la norma aprobada en 2011 que obliga a la desjudicialización de los registros", no se ha producido hasta la fecha. Pasa el tiempo, se celebran las elecciones generales por dos ocasiones y una vez que el lobby proprivatización del Registro Civil ve la luz al final del túnel tras los buenos resultados del compañero Rajoy, se lanzan de nuevo a por el Registro Civil. 

¿ Y cómo lo hacen? A través de su página web. En un primer post publicado con fecha 27 de junio, el lobby resalta las excelencias del Registro de la Propiedad, poniendo especial incapié en que tan bien realizan su función que "el Registro de la Propiedad desempeña otras muchas funciones que iniciándose como colaboraciones han quedado enmarcadas como auténticas funciones en el ámbito registral, por la extensión de los principios de eficiencia, rapidez y calidad de gestión en los mismos, que preside el sistema Registral Español". Es decir, que mientras al Registro Civil (y a otras administraciones) les quitan competencias que siempre han tenido (por ejemplo, expedientes de nacionalidad) los operadores privados (Registradores en este caso) asumen, previo pago, funciones públicas que inicialmente no eran propias de la función registral. De esta forma venden su gestión y se ofrecen al mejor postor, es decir, al compañero registrador Rajoy, para lo que haga falta. Previo pago, no se olvide. 

Y así enumeran estas funciones añadidas, a la que sólo desde el descaro cabe calificar como " funciones en el ámbito registral", entre las que están: 

Representantes sindicales de CCOO y empleados públicos destinados en el Registro Civil de Madrid defienden el Registro Civil como Servicio Público de Justicia

Ayer día 23 de junio se celebró el Día Internacional de la Administración Pública. CCOO no podía dejar pasar la ocasión de conmemorar este día en el lugar más emblemático de la Administración de Justicia si de defensa del Servicio Público hablamos, esto es, en el Registro Civil.

CCOO, firme defensor de las Administraciones y de los Servicios Públicos como garantes de la igualdad, la solidaridad y la justicia social, demanda de los poderes públicos y partidos políticos, una apuesta decidida por una Administración Pública clara y transparente, la defensa de los servicios públicos y su cercanía a la ciudadanía, el posicionamiento claro y contrario a cualquier tipo de privatización de servicios en la Administración de Justicia y la reversión de lo ya privatizado, así como la recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos perdidos durante la crisis (retribuciones, oferta de empleo público, promoción interna, negociación colectiva…)

En el ámbito de la Administración de Justicia, CCOO viene denunciando una constante intención privatizadora de determinados servicios que se han puesto en manos de profesionales privados a cambio de un sobrecoste a la ciudadanía, como son las notificaciones realizadas por los procuradores, las tasas judiciales, la atención a personas usuarias de nuevas tecnologías, la atención a las víctimas, numerosos asuntos de jurisdicción voluntaria, …y como no en el Registro Civil.

La lucha mantenida por CCOO contra la privatización del Registro Civil, junto a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y otros colectivos ha sido y es una constante desde hace algunos años y ha conseguido paralizar, pero solo temporalmente, el proceso de privatización que hasta el pasado año pretendía asignar los registros civiles a los registradores mercantiles.

CCOO denuncia que el Gobierno del PP ha transferido sutilmente algunos servicios del Registro Civil a manos de otros colectivos privados que cobran a la ciudadanía servicios públicos que eran gratuitos, como los matrimonios civiles —que pueden celebrarse ante notario al módico precio de entre 150 y 200€—, los divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos menores celebrados ante notario por entre 200 a 300€ (importe que no incluye los honorarios de abogado o la liquidación de gananciales si las hubiere) o la nacionalidad por residencia que con lleva diversos gastos (185 a 300€ al profesional, 100€ de tasa al Ministerio de Justicia, 85€ de tasa por el examen de cultura y124€ de tasa por examen de castellano).

Escandalosa actuación de Mariano Rajoy en el Senado como lider del lobby registral

Ocurrió en junio de 2011, pero podría pasar el próximo lunes, si Rajoy vuelve a gobernar. 

Mariano Rajoy pretende entregar a sus compañeros registradores de la propiedad la llevanza del registro civil

El lobby registral de los hermanos Rajoy había reclamado al Gobierno de Zapatero la entrega de la llevanza del Registro Civil de forma que ese servicio público pasara a ser otra negocio privado de explotación comercial de los registradores de la propiedad como hoy lo son los registros de la propiedad y mercantiles.

El Ministro de Justicia Francisco Caamaño no cedió a la presión del lobby registral y denegó tal pretensión en el proyecto Ley de reforma del registro civil aprobado por el Congreso hace unos días.

Ahora, Mariano Rajoy, por medio de su Grupo parlamentario en el Senado, ha presentado una enmienda que deja la puerta abierta a un futuro Ministerio de Justicia para que pueda encomendar la explotación del Registro Civil a los Registradores de la propiedad, entre ellos el mismísimo Mariano Rajoy (titular actual del registro de la propiedad de Santa Pola y sus dos hermanos registradores).

La idea de Mariano Rajoy es que cuando él, presuntamente, resulte elegido presidente del Gobierno, su Ministerio de Justicia suscribirá, si se aprueba ahora en el Senado la enmienda por él redactada, un convenio con el Colegio de Registradores para que sean los registradores los encargados del Registro Civil.

¿Cuál es la razón de esta nueva vergonzosa jugada lobística de Mariano Rajoy?

Aumentar el poder de los registradores de la propiedad, y sobretodo, sus ganancias.

El beneficio industrial de los registradores en cada uno de sus registros es el 60%. Con la asunción del registro Civil, las ganancias estimadas a repartir entre 700 registradores de la propiedad se acercarían a los 180 millones de euros más al año.

¿Quién los pagaría? El ciudadano en forma de arancel registral.

Resulta lamentable que las únicas medidas concretas de gobierno de Mariano Rajoy anunciadas hasta la fecha, tengan por finalidad aumentar las ganancias de los registradores de la propiedad.

Esta es la enmienda presentada por el Partido Popular en el Senado:

ENMIENDA NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición adicional al proyecto, que tendrá la siguiente redacción.

«Disposición adicional.

Se podrán celebrar los oportunos convenios entre el Ministerio de Justicia y otras entidades o corporaciones de derecho público a efectos de delegar y concretar el desarrollo por éstos de las funciones de encargados del registro civil, con excepción en cualquier caso de aquellas funciones asociadas al registro civil de naturaleza jurisdiccional, que se mantendrán en organismos judiciales, en las formas y condiciones que determine el Ministerio de Justicia.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

La justificación alegada es cierta, la enmienda, técnicamente, mejora el bolsillo de Mariano Rajoy, sus dos hermanos y sus compañeros registradores.

Seguiremos informando…

23 de junio, Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública: CCOO convoca una concentración frente al Registro Civil de Madrid

Mañana jueves, 23 de junio, representantes sindicales del Sector de Justicia de FSC-CCOO de toda España se concentrarán a partir de las 13:00 horas junto con las y los empleados públicos del Registro Civil de Madrid, en la calle Pradillo nº 66, en un acto enmarcado dentro de los que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO tiene convocados en conmemoración del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.

El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 57/277, designó el 23 de junio como Día del Servicio Público que “tiene la intención de celebrar el valor y la virtud del servicio público a la comunidad, destacar la contribución de los servicios públicos en el proceso de desarrollo, reconocer el trabajo de los funcionarios públicos y estimular a los jóvenes a seguir carreras en el sector público”. 

Para CCOO, este hecho contrasta con los acuerdos económicos que, a nivel internacional, están negociando en secreto medio centenar de países, entre ellos los pertenecientes a la Unión Europea y Estados Unidos, y que pueden poner en tela de juicio precisamente la defensa de los servicios públicos, como es el TTIP y más concretamente el TISA (el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios), negociación que lleva a cabo la Comisión Europea con los votos a favor, entre otros, de los grupos parlamentarios europeos en los que están encuadrados el PP, el PSOE y Ciudadanos. Este acuerdo pretende fijar una serie de normas que regulen los servicios a escala global, blindando las privatizaciones, las liberalizaciones y la presencia de grandes corporaciones multinacionales en sectores como telecomunicaciones, transporte, banca, sanidad, etc., y creando tribunales de arbitraje “ad hoc” al margen de la Justicia ordinaria de los países firmantes. 

CCOO, como sindicato de clase y sociopolítico, es firme defensor de las Administraciones y de los servicios públicos como garantes de la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Y ahora más que nunca, su defensa y el reconocimiento a la labor de los empleados y empleadas de la Administración Pública se hace más necesaria tras los continuos ataques y recortes que, en nombre de la crisis económica, los diferentes gobiernos han adoptado en servicios públicos tan sensibles como la educación, la sanidad, la dependencia y, cómo no, la Administración de Justicia. Recortes en retribuciones, en derechos, en oferta de empleo público, en promoción interna o en negociación colectiva, que conllevan un empeoramiento de las condiciones laborales a la vez que un empeoramiento de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Y es también en el ámbito de la Justicia donde CCOO viene denunciando una constante intención privatizadora de determinados servicios que se han puesto en manos de profesionales privados a cambio de un sobrecoste a la ciudadanía, como las notificaciones realizadas por los procuradores, las tasas judiciales, la atención a personas usuarias de nuevas tecnologías, la atención a las víctimas, numerosos asuntos de jurisdicción voluntaria, etc

CCOO no podía dejar pasar la ocasión de conmemorar este día en el lugar más emblemático de la Administración de Justicia, si de defensa del servicio público hablamos, que es el Registro Civil.

La lucha mantenida por CCOO contra la privatización del Registro Civil, junto a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, otros colectivos relacionados con la Administración de Justicia y asociaciones de ciudadanos y ciudadanas, la Plataforma Justicia para Todos, etc. ha sido y es una constante desde hace algunos años y ha conseguido paralizar, pero solo temporalmente, el proceso de privatización que hasta el pasado año pretendía asignar los registros civiles a los registradores mercantiles.

CCOO denuncia que el Gobierno del PP ha transferido sutilmente algunos servicios del Registro Civil a manos de otros colectivos privados que cobran a la ciudadanía servicios públicos que eran gratuitos, como los matrimonios civiles —que pueden celebrarse ante notario al módico precio de entre 150 y 200€—, los divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos menores celebrados ante notario por entre 200 a 300€ (importe que no incluye los honorarios de abogado o la liquidación de gananciales si las hubiere) o la nacionalidad por residencia que con lleva diversos gastos (185 a 300€ al profesional, 100€ de tasa al Ministerio de Justicia, 85€ de tasa por el examen de cultura y124€ de tasa por examen de castellano).

En el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, el Sector de Administración de Justicia de CCOO demanda de los poderes públicos y, en puertas de una nueva convocatoria electoral, también de los partidos políticos, una apuesta decidida por una Administración Pública clara y transparente, la defensa de los servicios públicos y su cercanía a la ciudadanía, el posicionamiento claro y contrario a cualquier tipo de privatización de servicios en la Administración de Justicia y la reversión de lo ya privatizado así como la recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos perdidos durante la crisis.

Debate sobre Propuestas electorales en materia de Justicia, organizado por el Consejo General de la Abogacía: todos los partidos salvo el PP rechazan las privatizaciones de la Adminsitración de Justicia, incluido el Registro Civil

Representantes del sector de Justicia de CCOO han participado hoy en el debate organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y han conseguido que los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 26J “se mojen” sobre los principales temas que afectan a las condiciones de trabajo del personal de justicia.

PRIVATIZACIONES Y FUTURO DEL REGISTRO CIVIL

Todos los partidos políticos, con excepción del PP, se han mostrado contrarios a los procesos de privatización que afectan a la Administración de Justicia. 

La portavoz popular negó que la encomienda de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles que intentó el gobierno en la anterior legislatura fuese una privatización, al igual que la asignación de los actos de comunicación a los Procuradores. No obstante admitió que están buscando otros cauces para la desjudicialización de los registros civiles, entre la que no descartan que pudieran ser los Letrados de la Administración de Justicia los futuros Encargados.

El PSOE, mientras tanto, insiste en su propuesta de que los encargados y resto del personal del registro civil sean funcionarios de la Administración General del Estado, del grupo A1 en el caso de los encargados.

El representante de Podemos denunció que el gobierno del PP se había obsesionado con poner trabas económicas a la ciudadanía para solucionar la saturación de los juzgados utilizando privatizaciones y las tasas judiciales para dificultar el acceso a la justicia.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos apostó por un nuevo modelo sin concretar, se mostró contraria a la privatización y también contraria a que Registradores y Notarios intervinieran en el nuevo modelo del Registro Civil.

CCOO seguirá luchando contra las privatizaciones y recuerda que el próximo 23 de Junio, con motivo del Día Mundial de las Administraciones públicas de la ONU, ha convocado una concentración en defensa del Servicio Público de la Administración de Justicia ante el Registro Civil de Madrid.

Justicia mantiene paralizados los expedientes para obtener la nacionalidad española presentados desde enero de 2015

La falta de medios impide al ministerio digitalizar y asignar número de registro a más de 200.000 solicitudes, denuncia CCOO.

Catalá negocia con los colegios profesionales que abogados, procuradores, graduados sociales y gestores presenten solicitudes telemáticas, mientras los registros civiles se quedan con los documentos de papel.

Infolibre, 10.06.2016 (artículo para suscriptores)

Propuesta a los partidos políticos: que los Registradores de la Propiedad dejen de cobrar por arancel y cobren un sueldo con criterios homogéneos al personal laboral al servicio de las administraciones públicas

Ahora que las formaciones políticas están de precampaña electoral, y ante la ocultación por el Partido Popular de su propósito para privatizar el Registro Civil y asignarlo a los Registradores de la Propiedad, este blog considera oportuno rescatar la Proposición no de Ley sobre gestión de los Registros de la Propiedad y Mercantiles y retribución de sus titulares que presentó el Grupo Parlamentario de IU en el año 2004, y que es todo lo contrario: que los Registros de la Propiedad se sufraguen con tasas públicas, y que los Registradores perciban su sueldo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no se enriquezcan con cargo a los aranceles que pagamos los ciudadanos, e invitamos a las fuerzas políticas que se presentan a estas elecciones a incluir esta propuesta en su programa. Porque ya vale de privilegios

La propuesta de IU, que fue enmendada y desnaturalizada por el PSOE y acabó en nada tras su aprobación con enmiendas, decía lo siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 
1. Revisar, actualizar y ajustar los Aranceles que perciben los Registros de la Propiedad y Mercantiles, a fin de dar cumplimiento al mandato legal contenido en los apartados 2 y 7 de la disposición adicional tercera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, que impone el principio de no lucratividad de los aranceles de los funcionarios públicos de suerte que exista una exacta equivalencia entre los ingresos percibidos por tales aranceles y los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, los costes de personal y la retribución del titular Registrador. 
2. Crear una Comisión Interministerial formada por representantes de los Ministerios de Economía y Hacienda, Justicia y Administraciones Públicas, para que en el plazo de seis meses elabore y remita al Gobierno un informe en el que, con relación a los tres ejercicios económicos precedentes, se detalle con la debida acreditación con todos los Registros de la Propiedad y Mercantiles: La cifra o volumen de ingresos brutos percibidos (sin IVA) por arancel, los gastos y costes debidamente acreditados por mantenimiento y conservación de las oficinas, los costes de personal empleado distinguiendo retribuciones de todo tipo y cotizaciones a seguridad social, así como la retribución de los Registradores. 
3. Que en el referido informe se proceda a fijar la retribución a percibir por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, acorde a la de otros Funcionarios Públicos de altos cuerpos del Estado y en razón del destino o plaza que se ocupe, así como las percepciones salariales del personal empleado, en razón de su categoría: Titulación y destino, con criterios homogéneos al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. 
4. Que en el referido informe se elabore un estudio jurídico y económico sobre la posibilidad de implantar el sistema de tasas en la gestión de los Registros, así como la participación de las Comunidades Autónomas en la propia gestión y administración de los mismos. 
5. Establecer aranceles especialmente bonificados hasta un 95 por 100 para todos los actos y contratos relativos a la adquisición y subrogación hipotecara de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y establecerá asimismo exenciones y/o bonificaciones de hasta un 90 por 100 para todos los actos y contratos, que de trascendencia real o registral, lleven a cabo el Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas.»

CCOO no tolerará nuevos intentos de privatizar la Administración de Justicia y el Registro Civil

CCOO está convencida de que el Ministro Catalá y el Gobierno están pactando la privatización del Registro Civil y de otros servicios de la Administración de Justicia a espaldas de los trabajadores.

CCOO se va a poner en contacto con todos los grupos políticos para que expongan de forma clara sus programas respecto de nuestra Administración, trasladándoles la necesidad de enfrentarse al intento del gobierno en funciones de privatizar la Administración de Justicia.

Tras meses de ocultar sus intenciones, la entrevista que aparece en la web, notariosyregistradores.com realizada al ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá, con fecha 11 de mayo, no deja lugar a dudas: sigue apostando claramente por la privatización del Registro Civil y de otros servicios que hoy presta la Administración de Justicia, y por sacar del ámbito de su competencia la tramitación de más expedientes de jurisdicción voluntaria y de registro civil. 

Este es el programa político para las elecciones generales del Partido Popular para la Administración de Justicia: privatizar parte de los servicios públicos que hoy presta la Administración de Justicia por medio de jueces, letrados y personal de la Administración de Justicia, atribuyendo su llevanza a "profesionales" (ya ni habla de funcionarios) que, de una u otra forma, cobrarán a los ciudadanos por la realización de trámites hoy gratuitos, sacando del ámbito de las Administraciones públicas servicios públicos esenciales y que deben ser en todo caso imparciales. Y todo ello venderlo como "racionalización de medios", "agilización de la Administración de Justicia", y "reducción de gasto público". Ello supondrá la privatización de servicios públicos, entre ellos el Registro Civil, en beneficio de unos pocos, que son de los suyos, y en perjuicio de toda la ciudadanía. 

En dicha entrevista, Catalá apuesta por la desjudicialización y redistribución del conocimiento de determinadas materias de procedimientos civiles a otros operadores iniciada con la Ley de Jurisdicción Voluntaria y que quiere continuar con los expedientes de Registro Civil, de forma que notarios y registradores de la propiedad y mercantiles asuman con carácter general la competencia para el conocimiento de determinadas materias. Y ello con la excusa la optimización de los recursos públicos disponibles, tanto personales como materiales, en la descarga de trabajo a los órganos judiciales y en el abaratamiento de costes, trasladando al ciudadano el coste que hay que pagar a dichos profesionales. 

En materia de Registro Civil, el Ministro dice estar abierto el planteamiento de cualquier tipo de alternativas en cuanto a los profesionales que deberán llevar el Registro Civil". Profesionales, no funcionarios, es decir, sacando fuera del ámbito de la Administración de Justicia la llevanza del Registro Civil. 

CCOO se va a dirigir a todos los partidos políticos a fin de que expongan de forma clara y concreta cuáles son sus planes para la Administración de Justicia, incluido el Registro Civil, para el caso de que gobiernen, y exigirles un planteamiento terminante en contra de la privatización de los servicios públicos que hoy presta nuestra administración. CCOO comunicará que no vamos a tolerar un nuevo intento de privatizar la Administración de Justicia, y, si se pretende llevar a cabo, actuaremos con la máxima contundencia para impedirlo.

Catalá y el PP siguen erre que erre con la privatización del Registro: quieren atribuirlo a "profesionales" y excluir de su ámbito más expedientes

Oculta en la web notariosyregistradores.com, el Ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá sigue apostando claramente por la privatización del Registro Civil y por sacar de su competencia la tramitación de más expedientes. Este es el programa político del Partido Popular para el Registro Civil: privatizar el servicio público atribuyendo su llevanza a "profesionales" (ya ni habla de funcionarios) que, como es lógico, de una u otra forma cobrarán a los ciudadanos por la realización de trámites hoy gratuitos, sacando del ámbito de las Administraciones públicas un servicio público esencial. 

La entrevista está fechada el 11 de mayo, y se puede acceder a la misma a través del siguiente enlace entrevista a Catalá. En ella deja "perlas" como las siguientes:

"Con la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria se introduce la desjudicialización y redistribución del conocimiento de determinadas materias de procedimientos civiles a otros operadores: letrados de la Administración de Justicia, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento con Jueces y Magistrados. Todo ello redunda en una optimización de los recursos públicos disponibles, tanto personales como materiales y en la descarga de trabajo a los órganos judiciales. Además al haberse acudido al criterio de alternatividad entre los diversos operadores jurídicos, no puede sino redundar en una mayor agilidad en la resolución de los problemas con abaratamiento de costes. No descartamos que se vayan incrementando los nuevos expedientes atribuidos a los operadores jurídicos como consecuencia de la desjudicialización, por ejemplo en el ámbito del Registro civil."

"La intención del Ministerio de Justicia es continuar con el proceso de reformas iniciado, que incide en la desjudicialización de los registros prevista en la Ley, así como la informatización y digitalización integral del Registro Civil, horizontal (entre Administraciones) y vertical (Registro/ciudadano). En el momento actual está abierto el planteamiento de cualquier tipo de alternativas en cuanto a los profesionales que deberán llevar el Registro Civil, pero en todo caso a través del diálogo, el consenso y la participación de todos los profesionales afectados."

El PP apesta a privatización de servicios públicos, entre ellos el Registro Civil, en beneficio de unos pocos, que son de los suyos, y perjuicio de toda la ciudadanía. No les votes. 

Para CCOO sería un escándalo y una clara privatización de un trámite administrativo que los Registros Civiles no pudieran remitir las solicitudes de forma electrónica y gratuita, pero sí previo pago los abogados, procuradores, graduados sociales y demás, tras la Orden Ministerial publicada ayer

Aparece publicada en el BOE de ayer la Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de Convenios de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los interesados.

Esta Orden es desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que permite la presentación electrónica de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, en representación de los interesados,  por abogados, Gestores, Procuradores, Graduados Sociales y otros profesionales colegiados previa suscripción de un convenio entre el Ministerio de Justicia y los pertinentes Colegios.

CCOO no tendría nada que objetar al desarrollo del artículo 7 del Reglamento de Nacionalidad, si no fuera porque la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, que regula la presentación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles hasta el 30 de junio de 2017 , establece que “la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la Dirección General de los Registros y del Notariado se llevará a cabo, siempre que sea posible, de modo telemático, previa digitalización de los documentos, en las condiciones que determine la referida Dirección General”, y la Dirección General hasta la fecha no ha determinado dichas condiciones pero sí que ha tenido tiempo para desarrollar cómo se podrá presentar la nacionalidad española a través de profesionales que, como es lógico, cobrarán por sus servicios. Además, teniendo en cuenta que la presentación telemática, debidamente indexada y metadatada,  de las solicitudes de nacionalidades facilitará la resolución de los expedientes, si el Ministerio de Justicia no desarrolla previamente la posibilidad de remisión telemática de dichas solicitudes desde los Registros Civiles, estaría abriendo dos vías: una, la de pago, que será la rápida, a través de los profesionales cuyos Colegios suscriban el Convenio; y otra, la gratuita pero lenta, que será la que se realice a través de los Registros Civiles.

De esta forma, una vez más, se perjudicaría un servicio público en beneficio de unos operadores privados: la vía del servicio público que se presta desde los Registros civiles vendría lastrada por la falta de digitalización de los expedientes, lo que supondría el retraso en su resolución frente a los presentados telemáticamente y previo pago a través de profesionales. Y todo ello mientras que los ciudadanos, tras casi nueve meses desde la aprobación del Real Decreto 1004/2015, no pueden presentar por sí sus solicitudes de forma telemática, simplemente porque el enlace colgado en la página web del Ministerio de Justicia da error.

CCOO no comparte en absoluto la tramitación de las adquisiciones de nacionalidad española por residencia establecida en la Disposición Final Séptima de la Ley  19/2015, de 13 de julio, y desarrollada en el Real Decreto 1004/2015, empezando por asignar la instrucción de los expedientes a la Dirección General de Registros y del Notariado, culpable directo y fundamental del retraso en la resolución de los Expedientes, cuando su instrucción debería corresponder a los Registros Civiles y ello sin perjuicio de que los ciudadanos puedan presentar sus solicitudes en papel o de forma electrónica, personalmente o por medio de profesional; siguiendo por la acreditación de la integración en la sociedad española mediante un examen absurdo de cultura general que no acredita nada, y acabando por el establecimiento de tasas para la superación de las pruebas y presentación de las nacionalidades, de forma que el coste de las nacionalidades está entre 100 y algo más de 300 €, lo que está suponiendo que haya ciudadanos extranjeros que cumplen los requisitos para acceder a la nacionalidad española no lo hagan por no poder afrontar su coste. Pero dado que el actual Gobierno está en funciones, y que a nuestro juicio es precisa la derogación, o cuanto menos modificación, de la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015 y del Real Decreto 1004/2015, CCOO está a la espera de que constituya un Gobierno al que dirigirse y que pueda adoptar las decisiones legislativas y reglamentarias necesarias para poner coto a tanto despropósito que ha provocado una caída en el número de solicitudes presentadas y que tanto perjuicio está causando a los ciudadanos que quieren adquirir la nacionalidad española.

Pero si el Ministerio, pese a estar en funciones, quiere desarrollar lo dispuesto en el Real Decreto 1005/2015, por donde debe empezar es, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda ya citada, en regular las condiciones en que desde los Registros Civiles se puedan remitir las solicitudes de nacionalidad y documentos  a la Dirección General de los Registros y del Notariado de modo telemático, previa digitalización de los documentos. Y ello ya no sólo porque así lo establece el Real Decreto 1005/2015, sino también la propia Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos que utiliza el Ministerio de Justicia para amparar la firma de convenios para la presentación de las nacionalidades por parte de operadores privados, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que entrará en vigor el 2 de octubre, que establece en su artículo 70.2 que los expedientes administrativos serán electrónicos.

A juicio de CCOO sería escandaloso, y demostraría que el interés que subyace en todo esto es meramente la privatización del inicio del procedimiento administrativo para adquirir la nacionalidad española por residencia, que los interesados pudieran, previo el correspondiente pago al profesional, presentar de forma electrónica su solicitud de nacionalidad antes de que puedan hacerlo gratuitamente (sin contar con las tasas que ya han pagado) a través de los Registros Civiles. A tal efecto CCOO va a dirigir una carta al Ministro de Justicia  y al Director General de Registros y del Notariado para que, tras casi 9 meses en que no se ha hecho nada al respecto, se regulen de una vez las condiciones en que desde los Registros Civiles se puedan remitir metadatadas e indexadas las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, y que en tanto en cuanto no sea posible la remisión telemática a través de los Registros Civiles no se pueda realizar tampoco a través de profesionales de Colegios que hayan suscrito los oportunos convenios de habilitación.

CCOO volverá a presentar a los partidos políticos sus reivindicaciones respecto al Registro Civil, ante la convocatoria de las nuevas elecciones

Ante la próxima convocatoria de elecciones generales para el 26 de junio, CCOO se volverá a dirigir a todos los partidos políticos para reclamar el mantenimiento del Registro Civil como servicio público, gratuito y dentro de la Administración de Justicia.

La Ley 19/2015 de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, estableció, gracias a la presión de las y los trabajadores, de la plataforma de los trabajadores del Registro Civil, y de CCOO, la derogación de la privatización del Registro Civil que había pretendido el Gobierno del PP durante toda la legislatura anterior, y la prórroga del plazo de entrada en vigor la ley 20/2011 del Registro Civil hasta el mes de junio de 2017.

CCOO ha defendido, defiende y defenderá, como hemos venido haciendo desde hace más de cinco años, que el Registro Civil siga siendo un servicio público, universal y gratuito, y servido por el personal de la Administración de Justicia, como ha venido siendo desde hace más de 145 años.

En este sentido, CCOO sigue trabajando para impedir la privatización del Registro Civil. Y por eso, se volverá a dirigir de nuevo a todos los grupos políticos para que, una vez constituido el nuevo Parlamento tras la repetición de las elecciones que se van a volver a celebrar el próximo 26 de junio, apoye la lucha contra la privatización del Registro Civil y su mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia.

CCOO ya remitió, haciéndolo público, entre otros, al Grupo Parlamentario Socialista, un documento completo de propuestas para la mejora de la Administración de Justicia, para incluir en sus programas electorales para las elecciones del pasado 20 de diciembre, que incluía, entre otras muchas, la lucha contra la privatización del Registro Civil y que siga estando servido por el personal de la Administración de Justicia. 

Ahora, se obtiene el primer resultado tangible, gracias en buena medida por el trabajo de los compañeros/as que forman la plataforma del Registro Civil, que han estado en contacto permanente con el Grupo Socialista, entre otros, para lograr esta moción.

Si bien, dada la situación de repetición de elecciones generales esta moción no tiene resultado efectivo aún, es un gran avance pues por fin el PSOE acepta de manera formal dos cosas estrechamente unidas: que el Registro Civil además de seguir siendo público y gratuito esté integrado en la Administración de Justicia.

La fiscal general vincula corrupción con la privatización de los servicios públicos

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha advertido hoy de que la cesión de servicios públicos a manos privadas favorece lo que ha definido como "la privatización de la corrupción". Madrigal ha comparecido hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para hacer entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2015.

"La tendencia de la administración a ceder la prestación de servicios públicos a manos privadas favorece la privatización de la corrupción", ha señalado la fiscal general. Y ha apuntado que la diferencia entre lo público y lo privado "a veces se desvanece".

"La corrupción ha existido siempre y probablemente exista siempre, pero nos enfrentamos a un fenómeno con una notas específicas que condicionan su investigación y enjuiciamiento", ha explicado.

Al respecto, ha señalado la que corrupción no se produce sólo en el ámbito de la Administración, sino que incluye otros delitos como son los fraudes fiscales, contra la ordenación del territorio y el medioambiente, el mercado y los consumidores o delitos societarios. 

Igualmente, ha apuntado a que cada vez más grupos organizados a nivel internacional se sienten atraídos por la corrupción política y económica. Estos grupos, ha dicho, "han visto en la corrupción política y económica, un objeto de ganancias ilícitas poniendo en juego todo su potencial delictivo", lo que hace que "las tramas con las que hay que enfrentarse sean más peligrosas".

Por todo ello, la fiscal general ha abogado por reforzar los mecanismos en la lucha contra la corrupción como lo demandan los ciudadanos ya que, ha recordado, este fenómeno es ya el segundo problema más importante para los españoles por detrás del paro, según refleja el barómetro del CIS del pasado mes de marzo.

Se trata, ha dicho, de un "fenómeno gravísimo" que ataca el sistema económico en su conjunto, introduce factores de desestabilización y ataca al sistema político provocando un "clima de apatía y desafección".

Ya en clave interna, Madrigal ha dado cuenta de la elaboración de un Código Ético en materia de corrupción que será sometido a debate de toda la institución así como de sendos borradores del régimen interno y disciplinario del Ministerio Público.

CCOO propone al PSOE que su programa para un gobierno progresista y reformista incluya el mantenimiento de los Registros Civiles públicos, gratuitos, cercanos a la ciudadanía y atendidos por personal de la Administración de Justicia

El Partido Socialista, con el objeto de encontrar apoyo para la formación del nuevo Gobierno que el Jefe de Estado ha encargado a Pedro Sánchez, ha elaborado el “PROGRAMA PARA UN GOBIERNO PROGRESISTA Y REFORMISTA – PROPUESTA DEL PSOE – 8 DE FEBRERO DE 2016” en cuyo apartado V.9 se refleja lo referente a la Reforma de la Justicia. Este documento es el que el PSOE ha remitido al resto de grupos políticos para las negociaciones tendentes a la formación del nuevo gobierno.

CCOO ha formulado alegaciones concretas a las propuestas del PSOE para la reforma de la justicia contenidas en dicho documento, a fin de que puedan ser tenidas en cuenta para el caso de que el PSOE gobierne, que incluye entre otros el siguiente apartado:

4.a) Una oposición frontal a cualquier tipo de privatización y la recuperación para el ámbito público de aquellos servicios que hayan sido privatizados, en concreto:

- El mantenimiento de los Registros Civiles públicos, gratuitos, cercanos a la ciudadanía y atendidos por personal de la Administración de Justicia, abandonándose definitivamente el proyecto de su asignación a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

- La derogación de todas las disposiciones vigentes que han venido asignando a los Notarios y Registradores de la Propiedad determinadas actuaciones del Registro Civil, como los expedientes de nacionalidad y de matrimonio civil.

CCOO, 22.02.2016

Los buenos momentos duran poco, o la esencia en frasco pequeño (sobre la nueva tramitación de las nacionalidades por residencia)

La pequeña victoria que “parece” logramos los trabajadores y las ciudadanas al paralizar la privatización del registro civil, cuando el Ministro de Justicia derogó en abril de este año el proyecto de ley que acordaba entregar la encomienda de su gestión a los registradores de la propiedad (por cierto declarado inconstitucional recientemente), pudiera parecer una cortina de humo diseñada por el mismo para continuar con sus planes. 

Efectivamente, y como “buen profesional de la política”, lo que el pueblo diga, y si el pueblo quiere su registro civil, no lo privatizo, actúo con discreción y externalizo sus funciones para conseguir el mismo objetivo.

La Ley 19/2015 de 13 de julio 2015 de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, contiene una disposición final séptima en la cual se determina que el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española tendrá carácter electrónico, y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Remite a un Real Decreto, por el que se aprueba el reglamento que regulará la tramitación de ese expediente. Las novedades principales son: para acreditar el grado de integración en la sociedad española se requiere la superación de dos pruebas que diseña el Instituto Cervantes (conocimiento básico de la lengua española y de la constitución española y de la realidad social y cultural españolas previo pago de 85 euros por la primera y 124 euros por la segunda); el procedimiento está sujeto al pago de una tasa de 100 euros.

A simple vista, para evidente que el Ministerio de Justicia trata de facilitar al ciudadano extranjero su camino hacia la obtención de la nacionalidad española, derecho legalmente reconocido, y al que muchas veces se ve advocado, por la incertidumbre que le genera las dificultades cada vez mayores para obtener o renovar su permiso de residencia.

Sin embargo, un examen más detallado de la nueva regulación permite extraer algunas ideas:

El derecho a la información al ciudadano.

El expediente de nacionalidad española tiene cierta complejidad, en cuanto a los requisitos que debe cumplir el solicitante, y los documentos que debe presentar. Así cualquier persona acude al registro civil, y la primera explicación de cómo debe actuar requiere un mínimo de 10 o 15 minutos, y una vez aporta la documentación, otro tanto para comprobar que todo está correcto. En el acto de ratificación de su solicitud, recibe de nuevo una explicación de cómo es el procedimiento. Todo ello, con el objetivo de que el expediente se mandé a la Dirección General de los Registros y Notariado cumplimentado correctamente, y evitar así costes económicos innecesarios para el solicitante, y requerimientos posteriores de documentos que dilaten aún más la ya larga resolución del expediente. 

Con la nueva propuesta del Ministerio, el expediente se presenta de forma telemática, pero el propio reglamento prevé suscribir convenios con el Consejo General de la Abogacía, Colegio de Gestores Administrativos, Consejo General de Procuradores, Colegio de Graduados Sociales…, que pretende subsanen el trabajo que se deja de hacer en los registros civiles, y a los que la persona puede acudir para informarse de cómo iniciar el expediente. Así planteado, no es fácil entender el porqué de una tasa para iniciar el expediente, cuando es el propio ciudadano el que lo debe hacer por su cuenta. 

Por lo tanto, el ciudadano extranjero que se plantee solicitar la nacionalidad española, debe tener recursos económicos para pagar la tasa inicial de 100 euros, para pagar al gestor por el trabajo que hasta ahora se hacía en el Registro Civil, para pagar los exámenes que debe realizar, y para pagar también la documentación que debe traer de su país. En resumidas cuentas, LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA PARA EL QUE SE LA PUEDA PAGAR.

Grado de integración en la sociedad española

Para acreditar este requisito que el Código Civil exige a los extranjeros, hasta la entrada en vigor de este reglamento se aportaba al expediente la vida laboral, cursos de formación, participación en asociaciones…, escolarización de los hijos…, es decir se valoraba, aparte de que contara con medios de vida, todo la trayectoria de la persona desde que llega a territorio español, su aportación a la sociedad, que le hacía merecedora de obtener la nacionalidad española. 

Con el nuevo sistema, da la sensación de que lo fundamental es que la persona apruebe unos exámenes, con independencia de lo que haya hecho hasta entonces. Además, no tiene en cuenta el reglamento el perfil distinto que tienen los extranjeros. Hay personas con nivel cultural medio, que no van a tener especiales dificultades para superar las pruebas, tanto de conocimientos como de idioma castellano. Sin embargo, otras pudieran ser incluso analfabetas o con escasos estudios, y aunque han estado trabajando y trabajan, están integradas en la sociedad, los hijos van al colegio, son voluntarias de una ONG, en la Iglesia..., el aprobar los exámenes pudiera ser un obstáculo para iniciar su expediente de nacionalidad. Otro grupo de personas es las que ya tienen hechos estudios en el estado español, y obtenido algún título (ESO, FORMACIÓN PROFESIONAL, estudios universitarios...), ¿no es suficiente para acreditar el nivel cultural que se evalúa en esas pruebas?

En definitiva, el nuevo procedimiento constituye otra VALLA DE MELILLA para los extranjeros, que ven como su derecho a obtener la nacionalidad española, reconocido por ley, en la práctica pudiera no llegar a materializarse.

¿Qué pretende el Ministerio de Justicia con todo ésto?

Con esta nueva regulación inicia el desmantelamiento de la estructura de los registros civiles, porque al dejar de ser competentes para la instrucción de los expedientes, se destruyen cientos de empleos públicos, y continúa el camino hasta llegar a la meta, que no es otra que su entrega definitiva a los registradores de la propiedad, con lo que culmina así su propósito de PRIVATIZAR un SERVICIO PUBLICO como es el registro civil. 

Josune, funcionaria  de Justicia con destino en un Registro Civil.