Alerta roja: el Ministerio quiere que desaparezca el partido judicial como demarcación de las Oficinas Generales, y que la misma pase a ser la Comunidad Autónoma

En el día de ayer se celebró una esperada Conferencia Sectorial de Justicia con la asistencia del Ministro de Justicia y los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en la materia, esperada porque se suponía que en la misma el Ministerio iba a avanzar a dichas Comunidades autónomas, entre otros temas y con más detalle que lo hecho anteriormente en las reuniones con las organizaciones sindicales y profesionales, el futuro del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, tras el anuncio realizado por el Ministro Catalá en el mes de diciembre invitando a un consenso en esta materia y su propuesta de que debe seguir dentro de la Administración de Justicia, servido por Letrados de la Administración de Justicia como Encargados del mismo y servidos íntegramente por personal de la Administración de Justicia. 

Expectación motivada, además, porque el Ministerio de Justicia no siempre ha mantenido el mismo discurso en materia de despliegue de oficinas de Registro Civil: mientras que en un primer momento apostó por mantener la misma planta de Registros Civiles que en la actualidad, es decir, una Oficina General por partido judicial con competencias delegadas en los Juzgados de paz (mantenida luego en las reuniones con las organizaciones sindicales), en las reuniones mantenidas con los representantes de los Letrados de la Administración de Justicia el Ministerio de Justicia afirmó que el mantenimiento de dicho despliegue era "transitorio", hasta la implantación del folio único registral, momento a partir del cual se procedería a la revisión de la planta de Oficinas Generales de Registros Civiles. Asunto sobre el cual informamos en este blog (ver enlace).

Pues bien: según resulta de la nota informativa difundida por el propio Ministerio de Justicia tras la reunión con los Consejeros de Justicia de las Comunidades autónomas con competencias en la materia, el Ministerio pretende dar una nueva vuelta de tuerca al despliegue de Oficinas Generales de Registro Civil, y defiende ahora "un modelo organizativo asentado sobre una Oficina Central y unas Oficinas Generales en cada comunidad autónoma". Nada que ver con lo manifestado inicialmente y lo propuesto en la reunión con las organizaciones sindicales. 

Se ve que en el Ministerio de Justicia ha hecho mella que alguna organización profesional de Letrados de Administración de Justicia calificara de "puro maquillaje" la propuesta inicial del Ministerio de Justicia en materia de despliegue de Oficinas Generales de Registro Civil "por dejar intacta la adscripción de todo el sistema a juzgados e incluso a juzgados de paz.. manteniendo una estructura judicial y organización anticuada, ineficaz, fracasada y en crisis constante, desnaturaliza por completo las previsiones y el objeto de la Ley 20/2011, aprobada en su día por unanimidad en las Cortes Generales, y deja pendiente la implantación de un Registro Civil moderno, telemático, de calidad, y plenamente desjudicializado que responda a las necesidades de la sociedad actual." Bonitas palabras para no decir absolutamente nada cierto ni relevante. 

El propósito de estas organizaciones profesionales de Letrados de la Administración de Justicia es, única y exclusivamente, que los Letrados que sean Encargados de las Oficinas Generales de Registro Civil queden liberados de cualquier otro cometido procesal, civil o penal, es decir, que se dediquen en exclusividad al Registro Civil. Y como ello no es posible con Oficinas de Registro Civil pequeñas, encuadradas en partidos judiciales de población no inferior a 500.000 habitantes (siguiendo los parámetros establecidos en el art. 27 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial), su solución pasa por hacer agrupar los Registros Civiles en una Oficina Provincial o incluso de tamaño superior, aunque ello pueda suponer una pérdida irreparable del servicio público para los millones de ciudadanos que no viven en capitales de provincia. 

Si la estructura actual de Registros Civiles fuese "anticuada, ineficaz, fracasada y en crisis constante", no habría la satisfacción que día tras día nos manifiestan los usuarios de los Registros Civiles que pueden realizar sus trámites en las Oficinas principales y delegadas no ubicadas en capitales de provincia, en cuyas Oficinas, normalmente por carencia de medios pero también en algunos casos por deficiente gestión de sus responsables (y no vamos a hablar de cuánto trabajan algunos de ellos) la atención al público suele presentar carencias. Porque el Registro Civil es, ante todo, un servicio público, dirigido a los ciudadanos, y su gestión debe ir encaminada a prestar el mejor servicio público a todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, promoviendo la igualdad de todos los ciudadanos cualquiera que sea su residencia.  

La demarcación registral establecida en la Ley 20/2011 es un error, y que fuese aprobada por consenso no salva el error. Si además se reduce a "unas Oficinas Generales por cada Comunidad Autónoma", tal y como resulta de la nota de prensa del Ministerio de Justicia tras la reunión de ayer, el error es mayúsculo. La demarcación registral de la Ley 20/2011 no fue pensada en dar la mejor atención a los ciudadanos, sino en dotar de exclusividad en su función a los Encargados de los Registros Civiles. Con todos los respectos, en esta materia los legisladores de 2011 no tuvieron en cuenta a todos los ciudadanos y a sus derechos en el centro de la acción pública, tal y como proclama el preámbulo de dicha Ley, y la previsión establecida en la Disposición adicional quinta de dicha Ley para permitir la presentación de solicitud y documentación ante los Juzgados de Paz no salva el perjuicio tremendo que supondría para los ciudadanos que no vivan en capitales de provincia la supresión de las Oficinas Generales de Registro Civil de las sedes de partidos judiciales que no sean capitales de provincia.  El Registro Civil moderno, telemático, de calidad, y plenamente desjudicializado que responda a las necesidades de la sociedad actual, que queremos todo, no tiene nada que ver con la concentración de oficinas registrales en capitales de provincia, es una cosa completamente distinta. 

Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla Leon, Asturias, Galicia, Cataluña, etc, son Comunidades Autónomas que no pueden tener Oficinas Generales de Registro Civil únicamente en su capital, o en las capitales de sus provincias, pues se obliga a largos o complejos desplazamientos a muchísimos de sus ciudadanos para hacer cualquier trámite registral que exija su presencia (expedientes de matrimonios civiles, juras de nacionalidad, cambios de nombres, reconocimientos de filiación, etc, por no hablar de una fe de vida u obtención de certificados).  Es el ciudadano el que debe ser el centro de atención del Registro Civil, y no los intereses corporativistas de algunos, que una vez que se confirme que los Letrados de la Administración de Justicia serán los responsables de las Oficinas Generales de Registro Civil, quieren un destino dorado, con personal a su servicio que les saque las castañas del fuego sin tener que dedicarse a otros cometidos profesionales.  

El artículo 103 de la Constitución Española establece, entre los principios conforme deben actuar la Administración Pública, los de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. Difícilmente la concentración de oficinas de Registro Civil que establece la Ley 20/2011, y que con desacierto parece agravar la nota informativa del Ministerio, responde a dichos principios. 

Desde este blog hacemos un llamamiento al Ministro Catalá para que afronte una solución definitiva para el futuro del Registro Civil, buscando el mayor consenso entre todos los operadores jurídicos, y siempre teniendo por horizonte el mejor servicio público a los ciudadanos y no los intereses corporativistas de algunos. Ya es hora de que en España los Gobiernos de todos los colores sitúen de verdad a los ciudadanos como centro de su atención en la prestación de los servicios públicos.

Y también hacemos un llamamiento a las organizaciones sindicales, para que defiendan en la mesa sectorial que la reforma de la Ley 20/2011 debe establecer de forma inequívoca que habrá una Oficina General de Registro Civil en cada partido judicial, y que los Juzgados de Paz tendrán funciones delegadas. No puede ser, como hemos dicho muchas veces, que en aras de un Registro Civil moderno, telemático, de calidad, que responda a las necesidades de la sociedad actual, se haga una reforma que implique dar un peor servicio que el que se da en la actualidad. Sería imperdonable.

CCOO se reúne con el Director General de la Administración de Justicia para reiterarle sus propuestas sobre Registro Civil


CCOO informa que siguen trabajando para que el Registro Civil sea un servicio totalmente público, universal, gratuito, cercano al ciudadano y atendido exclusivamente por personal al servicio de la Administración de Justicia con todos sus derechos laborales, profesionales y retributivos.

CCOO ha remitido al Gobierno, a los grupos parlamentarios del Congreso y a las Consejerías de los Gobiernos Autonómicos con competencias transferidas su propuesta y sigue manteniendo reuniones con todos ellos para hacer valer las mismas.

Ya el Ministerio de Justicia, en la reunión de la mesa sectorial de negociación del 7 de febrero aceptó parte de las propuestas de CCOO y anunció verbalmente las modificaciones de la Ley 20/2011 del Registro Civil que pretendía remitir al Congreso de los Diputados, como son:


Texto de la Ley 20/2011
Modificaciones propuestas por el Ministerio
En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes.
Quitar el tope del número de oficinas del registro civil.
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia fijarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, el emplazamiento de las Oficinas Generales del Registro Civil y determinarán, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario.
Que los puestos de trabajo sean solo ocupados por personal de la Administración de Justicia.
En la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen, las plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya y entre secretarios judiciales.
Los Encargados de los Registros Civiles serán solo los Letrados de la Administración de Justicia.
Los funcionarios que no obtengan destino en las Oficinas Generales del Registro Civil, mediante un proceso de reordenación de efectivos serán destinados a las vacantes de los órganos judiciales o en su caso fiscales, dentro de la misma localidad. En el caso de no haber suficientes plazas vacantes se procederá a la modificación de las plantillas o en su caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
El personal funcionario permanecerá en sus actuales puestos de trabajo en todos los casos.


Informa CCOO no dará por finalizada la lucha hasta que en la propuesta por escrito del Ministerio de Justicia no se garantice, al menos, el mantenimiento de las actuales oficinas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz y no se recupere para el servicio público las funciones del Registro Civil que han sido privatizadas en favor de Notarios, Registradores y otros colectivos.

Representantes de CCOO se han reunido nuevamente con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, al que han vuelto a exigirle nuevas modificaciones legislativas para garantizar:

o Que se mantendrán oficinas principales de registro civil en cada partido judicial y oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz.

o Que los expedientes de nacionalidad se puedan presentar y digitalizar en los Registros Civiles.

o Que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los Registros Civiles.

o Que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil.

En Marea pide recuperar la gestión pública de los registros civiles y de los expedientes de nacionalidad

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha considerado necesario recuperar la gestión pública de los registros civiles así como de los expedientes de nacionalidad tras reunirse con representantes de la Plataforma por la defensa de un registro civil público.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, el exmagistrado lucense, además de defender un registro civil público "gestionado 100% por funcionarios públicos", ha asegurado que los juzgados de paz deben prestar también "un servicio de cercanías a la ciudadanía gallega". Para ello, se ha mostrado partidario de derogar la normativa aprobada por exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, al argumentar que varios de sus desarrollos normativos "tenían como finalidad la privatización del registro". Al respecto, ha criticado que permitiese la "utilización de unos datos y un patrimonio que era público para beneficio de registradores y de notarios". "Es inaceptable y va en contra de las directrices y tendencias en el ámbito de la Unión Europea", ha manifestado.

Asimismo, en relación a los expedientes de nacionalidad, ha urgido recuperar "su gestión para lo público" ya que, según ha indicado, "se trata de un sector muy sensible en el que están comprometidos derechos de carácter fundamental", como el "derecho a la nacionalidad para quien cumple los requisitos". "No podemos deferirlo ni a la situación de capacidad económica ni a una situación de tramitación diferida en el tiempo, porque puede afectar a los derechos", ha manifestado. Por último, en relación a los juzgados de paz, ha asegurado que "deben continuar prestando el servicio público" que ofrecen hasta el momento "mejorando su formación" para "poder realizar funciones de conciliación de mediación" entre los vecinos. Además, ha recordado que prestan un servicio de "ciudadanía" a una población que "en muchos casos es dispersa y avejentada" por lo que ha recordado que "su función es esencial" para que los vecinos puedan realizar trámites sin tener que desplazarse de sus municipios.

20minutos, 09.02.2017

Luces y sombras en la propuesta del Ministerio sobre el futuro del Registro Civil

Sin duda alguna, la propuesta sobre el Registro Civil hecha ayer por los responsables del Ministerio de Justicia ante las organizaciones sindicales responde al núcleo de las reivindicaciones hechas desde este blog, que son que el Registro Civil sea público, gratuito, integrado en las Administración de Justicia, con los Letrados como Encargados del Registro Civil y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia. Sin duda un logro que está en el haber de todos los que han luchado sin descanso desde 2010 para que fuera así, y que no desfallecieron incluso durante los aciagos comienzos del año 2015 en que todo parecía perdido, alguna organización sindical abandonó la lucha y ésta se mantuvo principalmente gracias al empuje de compañeros y compañeras de Registros Civiles de toda España, cuyo punto culminante fue la manifestación celebrada el 11 de abril de 2015 en Madrid.

Pero no es oro todo lo que reluce, y frente las buenas noticias ya conocidas existen ciertas cuestiones que deben ser tratadas y solucionadas. Según informan las organizaciones sindicales (enlaces a la información ofrecida por CCOO, CSIF, UGT y STAJ) el Ministerio de Justicia pretende implementar su proyecto de Registro Civil en dos fases: 

. una primera, que se realizaría a ser posible antes de julio de este año (momento de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil), para el cual se harían unas mínimas modificaciones en la Ley 20/2011, preferentemente consensuadas con organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y partidos políticos, que permitan la entrada en vigor de dicha Ley salvo lo relativo al registro individual de cada persona (dado que para ello es preciso un programa informático que sustituya a Inforeg), lo que a su vez conllevará que tampoco entren en vigor las reglas de competencia (o mejor la desaparición de las reglas de competencia) para la práctica de asientos. Es esta primera fase todo se mantendría como hasta la fecha, si bien los Encargados de los Registros Civiles pasarían a ser ya los Letrados de la Administración de Justicia, con Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y Juzgados de Paz como Oficinas delegadas. 

- y una segunda fase, una vez que se implantase el programa que permita el nuevo registro personal. 

Es esta segunda fase donde aparecen las primeras sombras. Aunque nada se dijo en la reunión con las organizaciones sindicales, en la reunión que mantuvieron el mismo día 7 de febrero los representantes de las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia (según informan CNLAJ y SISEJ) el Ministerio les afirmó que en la primera fase "se mantendrá el despliegue territorial de los Registros de manera transitoria como está ahora, hasta que se desarrollen los estudios oportunos que lleven a hacer otra distribución territorial más conforme a la prevista en la Ley del 2011, y la herramienta informática (INFOREG) lo permita." Sisej critica en su página web que el Registro Civil se mantenga incardinado en los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz, habiendo emitido una nota informativa al efecto.

El Ministerio asume gran parte de las propuestas y defenderá en las Cortes un Registro Civil público, gratuito, atendido sólo por personal de la Administración de Justicia, con Letrados como Encargados y con las mismas oficinas que en la actualidad.

Según informa CCOO, en la reunión de la Mesa Sectorial celebrada ayer el Ministerio de Justicia hizo cuyas una gran parte de las propuestas del documento presentado por CCOO la semana pasada. Los responsables del Ministerio de Justicia informaron de forma verbal sobre los ejes de la reforma de la Ley 20/2011, se comprometieron a presentar por escrito su propuesta en la siguiente reunión, así como a estudiar el resto de las propuestas del citado documento. 

El nuevo Registro Civil que propone el Gobierno, se pondrá en marcha el 1 de julio de 2017 en base a los siguientes ejes:

1. Carácter totalmente público del Registro Civil abandonándose cualquier opción de privatización. 

2. Registro Civil totalmente gratuito. 

3. Será un registro civil único para todo el Estado. 

4. Estará integrado en la Administración de Justicia, sin ningún menoscabo de los derechos profesionales del personal funcionario. Se introducirá en una disposición adicional que contenga que “los puestos de trabajo del Registro Central y de las Oficinas Generales solo podrán ser cubiertos por personal de la Administración de Justicia”. Y cada oficina será centro de destino conforme al artículo 521 de la LOPJ. 

5. Desjudicializado, sin ninguna intervención de Jueces y Magistrados. 

6. Los/as Encargados/as del Registro Civil pertenecerán al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y continuarán en servicio activo. 

7. Se dará una salida profesional adecuada (pendiente de determinar) de los actuales jueces encargados del Registro Civil Central y de los Registros Civiles Exclusivos. 

8. La demarcación territorial será la misma que la actual, con 431 oficinas abiertas, por lo que no se alterará el lugar de trabajo del personal funcionario afectado. 

9. Se mantienen las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz. 

10. El nuevo folio único personal se implantará mediante una nueva aplicación tecnológica abandonándose Inforeg. 

11. Hasta que esté operativa la nueva aplicación informática se seguirá aplicando la legislación actual. 

12. Los y las Letradas de la AJU, Encargados/as de los Registros Civiles dependerán funcionalmente de la Dirección General de los Registros y el Notariado. 

Deberán abordarse las modificaciones de la Ley 20/2011 para garantizar estos 12 ejes fundamentales, para establecer la reserva de función solo para los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, para ordenar la actividad profesional a través de una RPT, para determinar las funciones de las oficinas principales y delegadas y de su personal, para establecer el régimen de sustituciones de Encargados y Encargadas, etc. El Ministerio de Justicia pretende que la modificación de la Ley 20/2011 sea la mínima posible, a fin de posibilitar el máximo consenso posible en dicha modificación y su entrada en vigor en julio de este año.

En la reunión CCOO ha reiterado las propuestas contenidas en su documento que han quedado pendientes de ser contestadas por el Ministerio de Justicia en reuniones posteriores, entre las que cabe resaltar: 

- La recuperación para el Registro Civil de los expedientes de nacionalidad y de matrimonio actualmente encomendados a Registros de la Propiedad y Notarías. 

- El restablecimiento de los principios de competencia territorial.

- El establecimiento como centro de destino para el personal funcionario de las Embajadas y Consulados con funciones registrales.

- El incremento de las plantillas donde la carga de trabajo así lo justifique. 

- La implantación del nuevo sistema informático de forma pausada, con experiencias piloto, con participación de los usuarios y las usuarias y con formación exhaustiva para su utilización. 

- La asignación de funciones concretas y propias para el Cuerpo de Gestión, debidamente retribuidas y la sustitución desde este cuerpo a los/as Letrados/as Encargados/as con el 100% de sus retribuciones y derechos del cuerpo que se sustituye.  

- La asignación de puestos singularizados en la RPT a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial. 

CCOO, 08.02.2017

Catalá defiende ante los letrados de la Administración de Justicia un Registro Civil público, gratuito y digital, y apuesta porque el letrado asuma la dirección del registro en sustitución del juez

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido esta mañana con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia CNLAJ, UPSJ, SISEJ y AINSEJU ante quienes se ha comprometido a poner en marcha la desjudicialización del Registro Civil para impulsar un modelo de servicio público, gratuito, electrónico y cercano al ciudadano. El ministro ha apostado porque sean los letrados de la Administración de Justicia quienes se encarguen de su dirección para lo que será necesario reformar la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y analizar las cargas de trabajo de cada registro para lograr una organización más eficiente.

La negociación sobre el Registro Civil, pospueta hasta la celebración de Mesa Sectorial

La reunión que celebraron ayer Ministerio de Justicia y organizaciones sindicales más representativas no sirvió para que el Ministro de Justicia presentase su propuesta sobre Registro Civil, y ello pese a que figuraba como primer punto del orden del día.

Según informa CCOO la falta de concreción de las propuestas del ministerio volvió a ser la tónica general, exigiendo las organizaciones sindicales la garantía para el personal de la administración de justicia de que las reformas organizativas no afectarán en ningún caso a las retribuciones actuales en cada puesto de trabajo, que en ningún caso hubiera disminución de empleo público y que no se permitirá que haya ningún supuesto de movilidad geográfica forzosa.

Por boca de la Secretaria de Estado, el Ministerio de Justicia informó en materia de Registro Civil que su acuerdo final tiene que extenderse también a las CCAA con competencias transferidas. El Ministro de Justicia descató, según nota de prensa colgada en su página web, dos de las reformas estructurales que deberán acometerse en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia. Por un lado, la reforma del proceso penal y, con ella, la creación de una Oficina Fiscal que desde un modelo de organización más racional y eficiente posibilite la agilización de la gestión procesal. Por otro, la reforma del Registro Civil, que se llevará a la mesa sectorial con el compromiso de proteger los derechos laborales de sus profesionales. El ministro ha defendido la actual organización del Registro Civil, público, gratuito y electrónico, y que esté llevado por funcionarios de la Administración de Justicia.

CCOO presentó en la reunión la propuesta a que hacemos referencia en el post anterior, que garantiza su mantenimiento en la Administración de Justicia, con todas las oficinas actuales y todos los puestos de trabajo. La próxima semana comenzarán las negociaciones sobre Registro Civil en el marco de la mesa sectorial.

CCOO presenta al Ministerio de Justicia su propuesta de Registro Civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia

CCOO propone la reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, para que pueda entrar en vigor dentro del plazo previsto, basado en los siguientes ejes, que se desarrollan de forma pormenorizada y detallada en la propuesta remitida al Ministro.
 
CCOO reclama al ministro de Justicia un acuerdo urgente para la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil que garantice además todos los puestos de trabajo existentes en la actualidad
 
CCOO ha presentado en el día de hoy al Ministerio de Justicia su propuesta de reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil, para que éste siga siendo un servicio público integrado dentro de la Administración de Justicia, cercano, gratuito, accesible electrónicamente por las demás Administraciones y funcionarios públicos, y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia, y que debería entrar en vigor el 30 de junio de 2017, finalizando con ello la interinidad provocada desde la aprobación de dicha Ley.

Tras casi año y medio de interinidad, el Ministro Catalá anunció ante el Congreso de los Diputados el pasado 5 de diciembre la propuesta del Ministerio de Justicia, que es que la llevanza del Registro Civil sea 100 % pública, confiando que su atribución a los Letrados de la Administración de Justicia , con la idea además de crear las Oficinas Generales de Registro Civil singularizadas, dentro de los juzgados que atienden esta función, con plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia; y que su gestión sea 100 % pública, con un sistema electrónico de gestión del Registro Civil de titularidad estatal, que permita la transición de las cuatro secciones actuales al folio personal.

Partiendo de dicha declaración, y en coherencia con las propuestas defendidas estos últimos 5 años, CCOO propone la reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, para que pueda entrar en vigor dentro del plazo previsto, basado en los siguientes ejes:

1.- Registro Civil integrado en la Administración de Justicia. Mantenimiento de todos los puestos de trabajo existentes en la actualidad. 

 
2.- Registro civil servido por personal de la Administración de Justicia: 
  • Con Letrados como Encargados de los mismos 
  • Con Gestores con asunción de funciones en materia de calificación y sustitución de los Encargados 
  • Con la posibilidad de que Tramitadores y Auxilios puedan ostentar jefaturas de servicio en Oficinas de gran tamaño.
  • Apertura de los puestos de trabajo de los Registros Civiles Consulares al personal de la Administración de Justicia. 
3.Mantenimiento de la actual estructura de Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial: 
  • Establecimiento de oficinas singularizadas de Registro Civil en cada partido judicial, excepto en partidos judiciales con un único Juzgado y Juzgados de Paz, en las que sus funcionarios compartirían la función registral con otras funciones procesales.
  • Potenciación de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz y Juzgados de Paz servidos por personal de la Administración de Justicia como Oficinas Delegadas de Registro Civil.
  • Restablecimiento de los principios de competencia territorial, excepto para la expedición de certificados de inscripciones informatizas o digitalizadas que podrían ser expedidos por cualquier Registro Civil. 
4.- Registro Civil electrónico, accesible por todas las Administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
  • Implantación del folio único para cada persona. Incorporación al proceso de digitalización de todas las inscripciones de nacimiento practicadas desde 1935, así como los pueblos que restan.
  • Desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas comunes a todos los Registros Civiles para la tramitación de todo tipo de procedimiento registral.
  • Incorporación de todos los Registros Civiles Consulares a la base de datos de Registro Civil. Digitalización completa del Registro Civil Central.
  • Establecimiento de plataforma común de intercambio de información y comunicación entre registros. Incorporación de las Oficinas del Registro Civil a las previsiones de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de Justicia. 
  • Acceso electrónico y gratuito al Registro Civil por parte de Administraciones Públicas y funcionarios públicos. 
5.- Exclusividad del Registro Civil en la tramitación de procedimientos relativos al estado civil.
  • Atribución a los Registros Civiles de la instrucción de los expedientes de nacionalidad, hoy atribuida a la DGRN.
  • Atribución de los expedientes previos al matrimonio civil a los Registros Civiles en exclusiva. 
  • Atribución a los Encargados de Registro Civil la resolución de los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al reconocimiento de filiación efectuados por menores de edad. 
CCOO considera que esta propuesta garantiza el mantenimiento del Registro Civil como servicio público, gratuito y cercano a los ciudadanos; que pone en valor el trabajo que se desarrolla en los mismos por los funcionarios de la Administración de Justicia; que supone la modernización del Registro Civil, y que garantiza la continuidad del servicio prestado y su accesibilidad a todos los ciudadanos.
 

Aun se están digitalizando los expedientes de nacionalidad de finales del 2014 y primeros del 2015. ¿Para cuándo la instrucción completa de los expedientes para los Registros Civiles?

Según información suministrada por el Ministerio de Justicia ante las llamadas de cientos de solicitantes de nacionalidad española que presentaron su solicitud desde finales de 2014, el Ministerio de Justicia está todavía digitalizando dichos expedientes, junto con los de inicios del 2015; en la actualidad llevan digitalizados unos 60.000 expedientes, y dicen que dentro de poco se volcarán al sistema para iniciar la fase de instrucción que conforme la normativa previa al RD 1004/2015 corresponde a la DGRN, momento a partir del cual se podrá consultar su estado a través de la página web del Ministerio de Justicia. De las presentadas a partir de octubre de 2015, en formato papel o eletrónicamente, a través de los Registros Civiles u otros registros públicos, ni se sabe cuándo se empezará su tramitación. 

Es decir, que mientras el Ministerio de Justicia ha criticado duramente la parte de la tramitación de los expedientes de nacionalidad competencia de los Registros Civiles hasta octubre de 2015, justificando con ello la atribución a la DGRN de toda la instrucción de los expedientes de nacionalidad desde octubre de 2015, así como la pérdida de competencias de los Registros Civiles para la recepción de solicitudes desde julio de este año, los hechos demuestran una vez más que el culpable del colapso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad es, principal y esencialmente, la DGRN. 

Todo esto viene a cuento de la reunión de la mesa sectorial que va a tener el Ministerio de Justicia con las organizaciones sindicales el próximo 2 de febrero, con la asistencia del Ministro Catalá, en que el Ministerio va a exponer su propuesta para el Registro Civil, que según sus manifestaciones quedará dentro de la Administración de Justicia. Conseguido lo primero y fundamental, lo segundo es dotar de competencias al Registro Civil, por el bien y el buen servicio a los ciudadanos a los que nos debemos. 

La función de los Registros civiles en España no ha sido hasta la fecha únicamente la constatación y publicidad de los actos y hechos relativos al estado civil, sino que también coadyuvan a la formación de actos de estado civil (reconocimiento de paternidad no matrimonial, emancipación, adquisición o conservación de la vecindad civil, adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española, autorización para contraer matrimonio civil, cambios de nombre y apellidos, etc), lo que supone simplificación de los trámites para los ciudadanos y los profesionales, gratuidad de los mismos y evitar discrepancias de doble calificación (notarios/jueces/profesionales y registradores de la propiedad/mercantiles) sobre la legalidad de los actos en cuya formación se interviene. 

Sin embargo, durante la legislatura 21011-2015 el PP, en su afán de atribuir la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad, fue quitando algunas de estas competencias a los Registros Civiles, a fin dejar a los Registros Civiles únicamente con competencias en materia de inscripción de hechos y actos de estado civil y su publicidad. Los Registradores no querían el modelo de Registro Civil existente sino uno más cómodo para ellos, sin afluencia de público a sus oficinas, dedicado casi exclusivamente a registrar y certificar previo paso por caja. Y ello llevó a que los dos expedientes de Registro Civil más demandados y que mayores recursos humanos precisan, como son los expedientes previos al matrimonio civil y los de adquisición de la nacionalidad española por residencia, pueden quedar fuera de la competencia del Registro Civil (los primeros, con competencia compartida con los Notarios a partir de julio de este año, los segundos de forma definitiva desde octubre de 2015).

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (y IV)

Mantenimiento de los Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas del Registro Civil.

Los Juzgados de Paz han desarrollado y desarrollan en la actualidad una función esencial en la llevanza del Registro Civil, llevando a cabo tareas registrales sencillas bajo la supervisión del Encargado del Registro civil.

Hoy los Juzgados de Paz son competentes para inscribir cuantos hechos acaecen en su término municipal (matrimonios, defunciones), para inscribir los nacimientos ocurridos en hospitales si los padres tienen su domicilio en dicho municipio (pues casi nunca en el municipio de los Juzgados de Paz existe hospital) y para inscribir asientos marginales en las inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunción practicados en el Juzgado de Paz. Además pueden tramitar los expedientes de matrimonio civil y fes de vida,  recibir cualquier tipo de solicitud para remitir al Registro competente, y expedir los certificados de los hechos inscritos en el municipio.

Conforme el vigente art. 46 del Reglamento del Registro Civil, “en los Registros Municipales, el Juez de Paz actúa por delegación del Encargado y con iguales facultades, salvo en los expedientes. En su virtud, extenderá las inscripciones dentro del plazo de nacimiento de hijos habidos en matrimonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio en forma religiosa mediante la certificación respectiva, las de matrimonio en forma civil cuyo previo expediente haya instruido, y las notas marginales que no sean de rectificación o cancelación. No deberá, sin embargo, extender ningún otro asiento, salvo en casos de urgente necesidad, sin recibir instrucción particular y por escrito del Encargado, solicitada y despachada inmediatamente, la cual será archivada con los demás antecedentes relativos al asiento, reservándose minuta el Encargado. En todo caso, cumplirá cuantos cometidos reciba del Encargado del Registro.”. Además el Juez de Paz es competente, bajo la dirección del Encargado y por delegación de éste, para instruir el expediente previo al matrimonio y para autorizar o denegar su celebración (art. 239 RRC), para tramitar los expedientes de fes de vida y estado (art. 364 RRC), así como para recibir peticiones cuando la oficina competente de Registro civil, a la que se dará inmediato traslado, radique en otro término o demarcación (art. 2 RRC). Todo ello ha supuesto y supone una descarga de trabajo en los Registros Civiles principales enorme y desgraciadamente nunca suficientemente valorada.

La entrada en vigor de un Registro Civil enteramente electrónico supone un cambio sustancial de las funciones de los Juzgados de Paz respecto de las inscripciones informatizadas (las posteriores a 1950):

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (III)

Oficinas Generales de Registro Civil en cada partido judicial

Una vez justificado por qué entendemos que, salvo en ciertas poblaciones como hasta ahora en los Registros Civiles exclusivos, el Letrado Encargado puede compartir la llevanza del Registro Civil con otros cometidos procesales, toca determinar cuál ha de ser, a nuestro juicio, la planta de las Oficinas Generales de Registro Civil. 

Tal y como se ha dicho en el post anterior, la Ley 20/2011 modifica la organización territorial actual de los Registros Civiles (una por cada partido judicial), estableciendo en su artículo 22 la existencia de una Oficina General del Registro Civil por Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, permitiendo al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia crear en cada Comunidad Autónoma , además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes y excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, otras tres Oficinas Generales. La Disposición Adicional quinta de dicha Ley establece la previsión de que ciudadanos puedan presentar la solicitud y la documentación necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil en los Juzgados de Paz. 

La realidad de la sociedad española dista mucho de la posibilidad de realizar la mayoría de trámites por Internet, tal y como invita la Ley 20/2011. La mejora de las comunicaciones y la posibilidad de presentar por medios tecnológicos las solicitudes no justifica un cambio de la índole que establece la Ley 20/2011, pasando de existir en la actualidad en España 8116 oficinas de Registro Civil, una por municipio, a apenas 160 Oficinas en toda España. Quien defienda la drástica reducción de Oficinas de Registro Civil prima la gestión ad intra de dicha oficina sobre el servicio público que se da a los ciudadanos. 

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (II)

¿Encargado del Registro Civil con dedicación exclusiva o compartiendo su labor con otras tareas procesales?

Una de las cuestiones más delicadas, y que con gran probabilidad tendrá su reflejo en la extensión de la planta de los Registros Civiles, es si sus Encargados-Letrados deben tener dedicación exclusiva a las tareas registrales o pueden compartir éstas con otras de carácter procesal. En función de la respuesta que se dé a este interrogante podrá o no mantenerse un modelo de Registro Civil similar al actual, con Oficinas Generales en cada uno de los 431 partidos judiciales de España. Si el Encargado debe tener exclusividad en su función, o se amplía extraordinariamente el número de funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, o se reducen drásticamente el número de oficinas generales del Registro Civil, lo que implicará la pérdida de servicios en la mayor parte de las poblaciones que no sean capital de provincias. A todos nos gustaría que se pudiesen mantener las 432 Oficinas de Registro Civil con Encargados dedicados en exclusividad pero ello económicamente no parece sostenible porque supondría crear más de 400 nuevas plazas de Letrados, mucho de los cuales se cruzarían de brazos durante gran parte de su jornada laboral.

En el post anterior ya adelantábamos que para nosotros el Encargado del Registro Civil (Letrados de la Administración de Justicia) debería poder asumir otras funciones jurisdiccionales (de  jurisdicción civil), y que sólo en el caso de las ciudades más grandes el Letrado - Encargado del Registro Civil se dedicaría  con exclusividad a dicha función. Ahora vamos a intentar explicar por qué.

El vigente artículo 27.1 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Planta y Demarcación Judicial (cuya derogación prevé la Disposición Derogatoria de la Ley 20/2011, de Registro Civil, cuando ésta entre en vigor), establece que “las plazas de Jueces o Magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil serán las del Registro Civil Central de Madrid y las demás previstas en el Anexo VI. En las poblaciones que cuenten con más de 500.000 habitantes y en aquellas otras en que se juzgue conveniente en atención al volumen de población y al alto número de actuaciones de esta naturaleza, podrán establecerse mediante Orden ministerial otras plazas de Jueces o Magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil.

En la actualidad existen 431 Registros Civiles principales, uno por partido judicial, al que hay que añadir el Registro Civil Central. Como desarrollo del art. 27 de de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, de los 432 Registros Civiles principales sólo en 16 sus Jueces Encargados se dedican con carácter exclusivo al Registro Civil. Todos los demás se encuentran a cargo de un Juez de 1ª Instancia asistido por un Letrado de la Administración de Justicia que realizan actividades registrales de forma parcial, compartiendo dicha función con otras de carácter civil e incluso penal, sin que por ello su funcionamiento desmerezca respecto de los Registros Civiles exclusivos. Por lo tanto la exclusividad en las tareas registrales en España es la excepción, no la norma.

El PSOE tiene reticencias a que se mantengan los Registros Civiles en los Juzgados mixtos

Según informa CCOO, en el marco de las reuniones que el Sector de Justicia de CCOO viene manteniendo con los distintos grupos parlamentarios una delegación de CCOO se reunió ayer 29 de diciembre con una delegación del grupo socialista del Congreso de los Diputados encabezada por su portavoz en la Comisión de Justicia, el diputado Juan Carlos Campo. 

CCOO ha solicitado al portavoz socialista su apoyo para defender en los trámites legislativos sus propuestas, basadas en el empleo público estable y de calidad, en la defensa del servicio público y en la recuperación de los derechos recortados durante la crisis económica y entre las que ha señalado como de máxima urgencia el mantenimiento de los Registros Civiles en el ámbito de la Administración de Justicia, manteniéndose también todas las oficinas actuales en los registros civiles exclusivos, juzgados de primera instancia o mixtos con competencias y juzgados de paz.

La representación del PSOE se ha mostrado en general favorable a las propuestas de CCOO, si bien ha sido el único partido que ha presentado reticencias al mantenimiento de todas las oficinas de los Registros Civiles en los partidos judiciales y juzgados de paz, argumentando que la informatización de este servicio y su centralización en un registro único no hacen necesario la existencia de todas estas oficinas, opinión que CCOO ha rebatido afirmando que se debe seguir apostando por un servicio público gratuito, universal, cercano a la ciudadanía y atendido por personal especializado como solo es, en este caso, el de los cuerpos de la Administración de Justicia.

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (I)

En la reunión que tuvieron las organizaciones sindicales con los responsables del Ministerio de Justicia el pasado 21 de diciembre, la Secretaria de Estado de Justicia confirmó el planteamiento hecho por el Sr. Ministro de Justicia ante el Congreso de los Diputados el 5 de diciembre, y es que el proyecto del Ministerio de Justicia sobre el Registro Civil pasa por su llevanza 100 % pública, integrados en la Administración de Justicia, con Letrados de la Administración de Justicia como Encargados de las Oficinas Generales de Registro Civil y servidos íntegramente por personal de la Administración de Justicia. 

En dicha reunión, según fuentes sindicales, la Secretaria de Estado aceptó que hay que “retocar” la Ley 20/2011 del Registro Civil que entrará sí o sí en vigor en julio de 2017 (no habrá, por tanto, más prórrogas ni vacatio legis) y que hay que mejorar los programas y medios informáticos. También que, a través de la urgente negociación colectiva con los representantes sindicales, el Ministerio asume su predisposición a que sea el personal de la administración de justicia quien siga asumiendo la llevanza de este servicio público que deberá constituir una oficina específica con personal allí destinado y con una relación de puestos de trabajo propia y diferenciada del resto de la oficina judicial y fiscal, tanto en los registros civiles exclusivos como en los radicados actualmente en los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Mixtos o Juzgados de Paz.

Sin embargo, en dicha reunión la Secretaria de Estado de Justicia mostró ciertas dudas del Ministerio sobre cuál debe ser el despliegue de las Oficinas Generales de Registro Civil, y en concreto qué sucede con los Registros Civiles hoy adscritos a los Juzgados de Primera Instancia o mixtos una vez se consume la desjudicialización. 

El Registro Civil debe ser un servicio cercano a los ciudadanos como ha sido siempre. Nadie entendería que siendo hoy posible obtener un certificado de nacimiento, una fe de vida, o iniciar un expediente en cualquier municipio de España, por mor de la modernidad en el día de mañana ya no fuera posible. La modernización del Registro Civil, el Registro Civil electrónico, la registro individual de cada ciudadano, no debe implicar la pérdida de servicios que hoy se prestan, sino que deben ser compatibles. Los Juzgados de Primera Instancia, Mixtos o Juzgados de Paz no deben servir únicamente como registro de escritos y documentos, como prevé la Disposición Adicional Quinta de la Ley 20/2011 respecto de los Juzgados de Paz, sino para mucho más. 

Vamos a exponer en este post, que irá dividido en varias partes, cuál debería ser a nuestro juicio el despliegue del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia. Nuestra propuesta es que la planta de las Oficinas Generales de Registro Civil coincida con la de los partidos judiciales, como oficinas singularizadas, y el mantenimiento de los Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas de Registro Civil, por ser la mejor forma de mantener el Registro Civil como un servicio público cercano a los ciudadanos y con un coste perfectamente asumible. 

La Secretaria de Estado de Justicia confirma la predisposición del Ministerio a que el Registro Civil permanezca dentro de la Administración de Justicia, servido por personal de la Administración de la Justicia

En el día de ayer 21 de diciembre hubo una reunión entre los representantes de las organizaciones sindicales con la Secretaria de Estado de Justicia, con objeto de presentar al nuevo Director General de la Administración de Justicia. En dicha reunión, que no tuvo el carácter de mesa sectorial, el Ministerio por boca de su número dos, la Secretaria de Estado, ofreció a los sindicatos diálogo y negociación para abordar las reivindicaciones que todas las organizaciones sindicales han venido planteando.

En una primera intervención, la Secretaria de Estado señaló que los temas más urgentes para el Ministerio son: el cumplimiento del Acuerdo con los sindicatos de diciembre de 2015 (entre cuyos puntos quedan pendientes la recuperación de la totalidad de los 9 días de permiso por asuntos particulares, la convocatoria de Oferta de Empleo Público, la consolidación en plantilla de las plazas de refuerzo, la solución a la falta de cotización a la Seguridad Social de periodos no cotizados por el personal interino), el Registro Civil, la Oficina Judicial y Fiscal y la implantación de las nuevas tecnologías. 

En materia de Registro Civil la Secretaria de Estado aceptó que hay que “retocar” la Ley20/2011 del Registro Civil que entrará sí o sí en vigor en julio de 2017 (no habrá, por tanto, más prórrogas ni vacatio legis) y que hay que mejorar los programas y medios informáticos. También que, a través de la urgente negociación colectiva con los representantes sindicales, el Ministerio asume su predisposición a que sea el personal de la administración de justicia quien siga asumiendo la llevanza de este servicio público que deberá constituir una oficina específica con personal allí destinado y con una relación de puestos de trabajo propia y diferenciada del resto de la oficina judicial y fiscal, tanto en los registros civiles exclusivos como en los radicados actualmente en los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Mixtos o Juzgados de Paz.

Catalá insiste en un Registro Civil 100 % público, tanto en su llevanza como en su gestión, pero no desvela cómo lo quiere hacer

El Ministro de Justicia Rafael Catalá ha comparecido hoy en la Comisión de Justicia del Senado para exponer las lineas generales de la política del Ministerio de Justicia durante la presente legislatura, tal y como hizo en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de diciembre. 

En su comparecencia, según el texto de la intervención que aparece en la página web del Ministerio de Justicia, Catalá ha subrayado "la necesidad de culminar la reforma de la Ley del Registro Civil impulsada en 2011 con el consenso de todos los grupos políticos; un REGISTRO CIVIL que deberá ser y será gratuito, electrónico y 100% público, tanto en su llevanza como en su gestión", insistiendo en que debe ser 100% público, tanto en su llevanza como en su gestión.

Sin embargo, Catalá sigue sin desvelar cuál es su proyecto de Registro Civil (al parecer dentro de la Administración de Justicia), que según la nota de prensa que también aparece en la página web del Ministerio de Justicia "previa negociación en la mesa sectorial... será presentado en la próxima Conferencia que el Ministerio celebre con las comunidades autónomas", y que entrará en marcha el próximo mes de julio. Sí que parece claro que el Registro Civil no estará a cargo de los jueces, según se deduce de las palabras del Ministro en su intervención (minutos 31.24 a 32.42), pero sigue sin decir de forma clara si los "profesionales" que estarán a su cargo serán o no los Letrados de la Administración de Justicia. 

En aras del consenso que reclama el Ministro de Justicia debería desvelar cuanto antes cuál es el proyecto de Registro Civil que quiere defender desde el Ministerio de Justicia, a fin de que se puedan iniciar las negociaciones en la mesa sectorial y con los partidos políticos, de cara a que realmente el nuevo Registro Civil pueda empezar a funcionar en el mes de julio. Para nosotros es claro que debe ser un registro civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos, integrado en la Administración de Justicia y servido íntegramente por funcionarios de dicha Administración, pero no sabemos si Catalá comparte esta opinión.

El Ministro de Justicia propone que el Registro Civil sea 100 % público, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados, y servido por funcionarios de la Administración de Justicia

El Ministro de Justicia Rafael Catalá compareció ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer las que pretenden ser las lineas maestras de su Ministerio durante esta Legislatura. 

En su intervención, que puede descargarse en el siguiente link Comparecencia del Ministerio de Justucia, Catalá abordó el tema del Registro Civil (página 14). 

Catalá propuso culminar en esta legislatura la reforma del Registro Civil prevista en la Ley 20/2011, aprobada por consenso. En primer lugar plantea una reforma desde el diálogo político y profesional con un compromiso inquebrantable: impulsar un modelo de Registro Civil público, gratuito, electrónico y seguro, más eficaz y operativo. 

En segundo lugar, "para superar viejos debates y despejar todo tipo de dudas", hace una propuesta que pueda servir de principio sobre el que trabajar, basado en dos ejes:

1º. Que la llevanza del Registro Civil sea 100 % pública, confiando que su atribución a determinados empleados públicos pueda surgir de las negociaciones con las organizaciones sindicales, con la idea además de crear las Oficinas Generales de Registro Civil singularizadas con plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia. 

2º. Que su gestión sea 100  % pública, con un sistema electrónico de gestión del Registro Civil de titularidad estatal, que permita la transición de las cuatro secciones actuales al folio personal. 

Posteriormente, en la página 15, el Ministro propone que los Letrados de la Administración de Justicia "tengan un papel reforzado con las nuevas funciones que desempeñarían con la llevanza del Registro Civil". 

Últimas novedades de la tramitación de solicitudes de nacionalidad Española: algo se avanza

Informamos a continuación sobre las últimas novedades conocidas sobre la tramitación de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia, ante las numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que acuden a nuestras oficinas por el retraso en resolver sus solicitudes. 

La información que ofrecemos tiene su procedencia en la referencia que dos páginas web (Legalteam.es y Parainmigrantes.info) ofrecen sobre la conferencia dada por Jesús Santa-Bárbara, Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, en el I Congreso de Nacionalidad Española y Estado Civil celebrado en Leganés los días 16 y 17 de noviembre. Esta información la complementamos con lo que día a día vivimos en los Registros Civiles. 

Según resulta de dicha conferencia, la Dirección General de Registros y del Notariado ha estado prácticamente bloqueada resolviendo los más de 40.000 recurso interpuestos contra denegaciones de nacionalidad española tramitadas por los Registradores de la Propiedad. En este blog ya hemos advertido muchas veces que la resolución de los expedientes de nacionalidad mediante la tres encomiendas de gestión firmadas con el Colegio de Registradores de la Propiedad, por muchos expedientes que se hayan resuelto, no ha sido una bicoca: el número de requerimientos para presentar documentación adicional, mucha de ella ya en poder de la propia Administración, se ha disparado, así como las denegaciones de nacionalidad, muchas de ellas absurdas. Así se ha llegado a la increíble cifra de 40.000 recursos interpuestos (y los que no se han interpuesto por falta de información, ignorancia o desidia de los solicitantes), de los que se han resuelto ya el 75 %. El trabajo que ha tenido que dar la resolución de estos recursos ha sido y es ingente; va a resultar que al resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad los registradores han creado un nuevo atasco con los recursos interpuestos contra denegaciones mal fundamentadas o con defectos fácilmente subsanables. 

Dice el Sr. Subdirector General que el número de expedientes de nacionalidad presentados a lo largo del 2016 es similar al de otros años, lo que no nos creemos porque vemos en nuestros registros el volumen de solicitudes presentadas, y aun cuando podamos dar por buena la cifra de que un 10 % de solicitudes se presentan ya de forma telemática (¿para cuándo se va a permitir que desde los Registros Civiles también lo podamos remitir de forma telemática?) el descenso de trabajo es superior al 10 %. 

En palabras del Sr. Subdirector General, a día de hoy en espera de resolución hay más de 40.000 expedientes correspondientes a los años 2010-2013; constan además unos 300.000 expedientes correspondientes a los años 2014 y 2015: 150.661 solicitudes del año 2014 (nosotros creemos que gran parte de éstos ya están resueltos), y 151.314 presentadas en 2015. En lo que va de 2016 se han presentado unas 100 mil nuevas solicitudes de nacionalidad. 108.140 extranjeros han obtenido la Nacionalidad Española en lo que va de año 2016.

Expedientes anteriores al año 2015

El por qué el Registro Civil está adscrito a la Administración de Justicia desde 1870 (y la de problemas que ello ha evitado)

Extractos de los preámbulos a las Leyes provisionales Matrimonio y de Registro Civil de 1870, elaborado por D. Eugenio Montero Ríos, Ministro de Gracia y Justicia, con motivo de la presentación a las Cortes Constituyentes del Proyecto de dichas Leyes. 

El conocimiento perfecto del estado civil de las personas es de tan grave interés, que todo sacrificio debe parecer escaso ante la ventaja de poseer los medios de adquirirlo a toda hora. Sin embargo, en tan importante materia, los actos más trascendentales, y de los cuales surgen alteraciones más profundas en los derechos privados, no tienen hoy deparada en ninguna parte una comprobación plena y satisfactoria… Sustituir, pues, a los registros eclesiásticos, en cuanto sea concerniente al estado civil de los españoles, un registro también de carácter esencialmente civil, inexcusable para todos, más comprensivo, mejor ordenado y más perfecto, constituye el objeto de este proyecto de ley, el cual depurado de los defectos que contenga por la sabiduría de las Cortes, llenará un vacío importantísimo en nuestra actual legislación….

…Huyendo de la movilidad inherente a la administración activa, y teniendo en cuenta que todo lo que afecta a los derechos civiles conviene que sea colocado bajo la salvaguardia de los Tribunales, y ya que el estado del Tesoro no permitía pensar en la creación de funcionarios especiales, se ha encomendado dicho registro civil a los judiciales del último grado, que comuniquen a la nueva institución su propia respetabilidad y la de los cargos que ejercen, sometiéndolos además a una inspección vigilante e incansable, que ha de partir de un centro directivo establecido en el Ministerio de Gracia y Justicia…”.

“…La autoridad que ha de intervenir en las diligencias preliminares al matrimonio, así como en su celebración, habrá de ser el Juez de paz, que en el proyecto de organización de Tribunales, que el Ministro tendrá pronto el honor de someter á la sabiduría de las Cortes, se denomina Juez municipal. Funciones tan graves y trascendentales como las que el proyecto de ley del matrimonio civil encomienda a estos funcionarios, seria altamente peligroso otorgarlas a los Alcaldes, que viven en la agitación de los intereses de localidad. El funcionario que haya de autorizar en nombre de la ley el matrimonio de los ciudadanos debe inspirar el respeto del sacerdocio, y para ello no ha de tomar por razón de su cargo parte activa en la lucha ardiente de la política. Estas cualidades se hallarán en más relevante grado reunidas en los encargados de administrar justicia, y por ellas bien puede prescindirse de la anomalía que resulta de encomendar a las autoridades de aquella clase funciones que no consistan estrictamente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ya que la situación económica del país no permite la creación de funcionarios especiales que hayan de representar al Estado en los actos más importantes de la vida civil del ciudadano y de tener a su cargo el registro en que habrán de hacerse constar convenientemente..”.

Dos ejemplos de la "buena" gestión de los Registradores en materia de tramitación de expedientes de nacionalidad

Como el Decano de Registradores no hace sino de presumir del buen trabajo realizado en la tramitación de la parte de la instrucción de los expedientes de nacionalidad por residencia de los años 2012 a 2014 que correspondía al Ministerio de Justicia, en virtud de las tres encomiendas de gestión, la tercera por 4 millones de euros, veamos dos ejemplos muy recientes de requerimientos que nos ha comentado desde un Registro Civil:

1.- Ciudadano rumano con residencia en España desde el año 2001, expediente del año 2013. El informe del Ministerio del Interior de mayo de 2014 informa de antecedentes policiales del año 2003, y de antecedentes penales del año 2006 ya cancelados. Dos años y 5 meses más tarde del Informe del Ministerio del Interior le requieren para que acredite cómo acabó el procedimiento que dio lugar a los antecedentes policiales y para que aporte resolución de los antecedentes penales, que ya tiene cancelados !!!.

2.- Ciudadano rumano con residencia en España desde el año 2001, expediente del año 2013. Quieren que aporte ahora copia de su tarjeta de residencia, cuando en la Administración, en concreto en el Ministerio del Interior, obran datos para saber si tiene o no tarjeta de residencia en vigor. 

Y como éstos ha habido desde las encomiendas de gestión requerimientos absurdos a mansalva. Gran gestión, Sr. Aguilera. 

Mientras tanto, no se resuelven apenas expedientes, y el Ministerio de Justicia lleva sin registrar, digitalizar ni metadatar los expedientes remitidos para su resolución desde enero de 2015, y el personal de los Registros se harta de decir a los ciudadanos extranjeros que acuden para saber qué pasa que tienen que tener paciencia. 

Sin comentarios.