El Ministerio de Justicia cuelga en su página web dónde se pueden presentar las solicitudes de nacionalidad a partir del 1 de julio, pero ¿quién informa a los ciudadanos extranjeros sobre los trámites y documentación necesaria, y revisa sus documentos?

El Ministerio de Justicia ha colgado de su página web una "Información importante sobre la presentación de solicitudes de nacionalidad" en que no informa de que a partir del 1 de julio no se pueden presentar ya a través de los Registros Civiles, y cuelga enlaces para conocer en qué "entidades" a que se refiere el art. 16 de la Ley 39/2015 pueden presentarse las solicitudes de nacionalidad, además de a través de su plataforma electrónica. 

El Ministerio omite que a partir del 1 de julio de 2017 ya no existirá ninguna oficina presencial donde informarse sobre los trámites para adquirir la nacionalidad española; que ninguna de las citadas "entidades" va a avisar al ciudadano extranjero si la documentación que presenta es correcta, falta algún documento, o alguno debe ser actualizado; tampoco que ninguna de estas "entidades" le va a digitalizar y metadatar su solicitud, sino que simplemente la mandarán por correo a donde proceda. En definitiva, que estas oficinas se limitarán a recoger su valiosa solicitud y documentación, incluido el justificante de la tasa de 100 €, y remitirla a donde proceda, de la misma forma que cualquier solicitud o instancia administrativa. Por cierto, ¿a qué se ha destinado todo el dinero obtenido con las tasas de nacionalidad desde octubre de 2015?

Tampoco le informa del enorme tiempo de retraso que llevan en resolver las solicitudes de nacionalidad, que ante la incapacidad de la Dirección General de Registros y del Notariado, brillante órgano administrativo a cuya cabeza está un Registrador de la Propiedad han tenido que suscribir una cuarta encomienda de gestión para que los Registradores de la Propiedad, previo cobro de 2 millones de euros que salen de los bolsillos de todos los ciudadanos, agilicen y tramiten las solicitudes recibidas en dicha Dirección General hasta junio de 2015. Registradores que ya recibieron 4 millones de euros por la tercera encomienda de gestión. 

Da la impresión de que tras todo esto hay algo más que la mera ineptitud de los gestores del Ministerio en materia de nacionalidad.