El Ministerio de Justicia sigue sin prorrogar la vacatio legis de la Ley 20/2011, sin presentar su borrador de propuesta de modificación de la Ley, y sin revocar las medidas que entrarán en vigor el 30 de junio, que comprometen el futuro del Registro Civil

El tiempo apremia, y el Ministerio de Justicia sigue sin actuar, pese a los requerimientos que se les han hecho desde las organizaciones sindicales y los compromisos que asumió el propio Catalá en la reunión del 29 de marzo con dichas organizaciones. Quedan menos de 45 días:

1.- Para la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil, sin que conste que desde el Ministerio de Justicia se haya realizado iniciativa legislativa alguna para prorrogar la vacatio legis de dicha Ley, conforme lo manifestado públicamente por el Sr. Ministro de Justicia, y sin que por el Ministerio de Justicia se haya presentado el documento de reforma de la Ley 20/2011 que garantice el mantenimiento futuro de las Oficinas de Registro Civil en todos los partidos judiciales y el mantenimiento de competencias en esta materia en los Juzgados de Paz. 

2.- Para la entrada en vigor de las disposiciones establecidas en la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria en materia de expedientes previos al matrimonio civil, que implicará la competencia concurrente en esta materia de los Notarios junto con los Registros Civiles, perdiendo los Encargados la competencia para celebrar matrimonios y así como los Juzgados de Paz su competencia para tramitar los expedientes de matrimonio civil, salvo que se entienda que el Secretario del Juzgado de Paz puede instruir dichos expedientes. La atribución de competencias en materia de expedientes previos al matrimonio civil a los Notarios constituye un claro ejemplo de privatización de un procedimiento que, en todo caso, debería ser realizado por una Administración Pública, y abre las puertas a futuras privatizaciones de expedientes hoy tramitados en el Registro Civil, como ya pasó con otros expedientes de jurisdicción voluntaria.

3.- Para que conforme las previsiones del Real Decreto 1004/2015 ya no se puedan presentar solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia a través de los Registros Civiles. Ello implicará la pérdida de un servicio público esencial que se presta a los ciudadanos extranjeros desde 1871, sin que exista ninguna otra oficina pública de referencia para información sobre la materia o presentación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española con revisión de documentación y posible remisión por vía electrónica. Se promueve desde el Ministerio de Justicia la presentación telemática de solicitudes a través de operadores privados (abogados, procuradores, gestores administrativos), con el evidente coste que ello supondrá para los ciudadanos extranjeros que, además, tienen que pagar las correspondientes tasas por la solicitud y la realización de las pruebas CCSE y DELE A2 para acreditar su integración en la sociedad española. 

Nos consta que desde CCOO se están realizando negociaciones con los partidos políticos para revertir la entrada en vigor de estas dos normas. Pero esto, probablemente, no va a bastar. Va a ser necesario que en este mes y medio todos los que creemos en el Registro Civil como servicio público gratuito y cercano a los ciudadanos, y que estamos en contra de las pretensiones privatizadoras de este Gobierno, nos movilicemos y hagamos todo lo que esté en nuestra mano para revertir esta situación. Es el momento de protestar, de salir a calle, de notas de prensa, de denunciar lo que va a pasar. Es el momento de actuar. 

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