CCOO no firmará ningún acuerdo que no garantice oficinas del Registro Civil en cada Partido Judicial y competencias delegadas en los Jugados de Paz, y solicita al Ministerio de Justicia la retirada de su propuesta

El Ministerio de Justicia, tras la reunión mantenida en el día 22 de febrero con los Consejeros de Justicia de la Comunidades Autónomas con transferencias y la publicación de la nota informativa de dicha reunión en su página web, remitió ayer a las organizaciones sindicales el borrador de la reforma de la Ley 20/2011, de Registro civil, que debería permitir llevar a cabo, al menos, todo aquello a lo que el Ministerio de Justicia se comprometió con las organizaciones sindicales el pasado 7 de febrero, y entre otras cosas que la demarcación territorial será la misma que la actual, con 431 oficinas abiertas, y que se mantendrían las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz.

Nada más lejos de la realidad: la propuesta del Ministerio sólo modifica el art. 22.1 de la Ley de Registro Civil para suprimir el límite de oficinas máximas (3 por comunidad autónoma, más una en cada isla donde ya hay registro civil)que puede crear el Ministerio de Justicia o las Comunidades autónomas con transferencias. Pero sigue estableciendo con carácter general que cada Comunidad autónoma sólo está obligada a tener una Oficina General de Registro civil, y le posibilita a crear otra más por cada 500.000 habitantes así como cuantas juzgue conveniente por razón de la distribución de la población o características del territorio. Los Juzgados de Paz carecerán de competencia alguna en materia registral, y sólo podrán recibir solicitudes para su remisión a la Oficina correspondiente. 

Según el proyecto, la demarcación territorial actual, incluidas las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz, únicamente se mantendrán hasta la completa implantación de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica. Desde ese momento desaparecerán por completo las funciones registrales de los Juzgados de Paz, y se posibilitará al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con transferencias en justicia que “determine la organización y ámbito territorial de competencia de cada oficina general del Registro Civil” que no fuera, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2011, Registro Civil exclusivo. 

En otras palabras, el proyecto del Ministerio deja a la responsabilidad de la Administración competente (Ministerio de Justicia, Comunidades autónomas con transferencias) la determinación de cuántas oficinas de registro civil va a haber en cada territorio, sin que en modo alguno esté garantizado el mantenimiento de las actuales 431 Oficinas principales de Registro Civil. Esto además puede dar lugar a configuración de Oficinas de Registro Civil completamente dispar en todo el Estado (podría haber una sola oficina en una Comunidad Autónoma y 20 en otra). No garantiza en modo alguno la proximidad del Registro Civil a los ciudadanos, pues va a quedar a criterio de Administración la configuración territorial de sus Registros Civiles. 

Además no se reconoce derecho alguno a trabajar en Oficinas Generales de Registros Civil a los funcionarios que hoy trabajan en Juzgados de Primera Instancia o Primera Instancia e Instrucción con funciones de Registro Civil y que en el futuro, tras la implantación de la nueva aplicación informática y la determinación de la organización territorial por cada Administración competente, desaparezca. 

Todo ello supone que el Ministerio de Justicia mintió a las organizaciones sindicales en la reunión mantenida el pasado 7 de febrero en la que nos garantizó que defendería la permanencia de las oficinas actuales y que ha seguido mintiendo en los contactos mantenidos con posterioridad. CCOO no va a firmar ningún acuerdo que posibilite que no haya Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y que deje sin competencia alguna a los Juzgados de Paz, abocando a los ciudadanos que vivan en dichos territorios a un servicio mucho peor que el que se presta en la actualidad.

En el día de hoy CCOO ha enviado una carta al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia que tiene el siguiente contenido:

"En CCOO hemos recibido con una profunda decepción la propuesta que se nos ha enviado en el día de ayer desde el Ministerio para la modificación de la Ley 20/2011. Y ello porque tanto por el propio Ministro como por el Director General en sus intervenciones en las distintas reuniones se nos había garantizado, por una parte, la permanencia de las actuales oficinas del registro civil ("las 431 oficinas" en palabras del Sr. Catalá) y, por otro lado, se djio, también por el Ministro, que quedarían garantizados expresamente los derechos laborales del personal afectado y que, en ningún caso, podría verse afectado el volumen de empleo público, las retribuciones o la movilidad geográfica, ni ninguna otra de las condiciones de trabajo.

Pues bien, el texto que se nos ha remitido solo garantiza la permanencia de las oficinas del Registro Civil Central, las de los actuales registros civiles exclusivos, las de los registros consulares, un oficina por cada Comunidad Autónoma, una más en Ceuta y Melilla y una en cada isla de las que ahora tienen registro civil. Ninguno de los otros centenares de oficinas actuales del registro civil de los juzgados de 1ª Instancia y Mixtos y ninguna de las oficinas delegadas de los Juzgados de Paz queda garantizada a medio plazo. 

El gravísimo perjuicio a la ciudadanía que el posible alejamiento del servicio público puede derivarse de prosperar su propuesta sería más que suficiente argumento para exigir desde este sindicato la retirada de la misma. Pero es que además, a las miles de personas, empleados y empleadas públicas, que trabajan actualmente en los registros civiles no exclusivos y en los juzgados de paz se les ha tratado, a nuestro entender, con total desprecio ya que mientras de palabra se garantizaban sus condiciones de trabajo y sus expectativas profesionales, por escrito se les aboca a un futuro profesional incierto, sin ningún tipo de garantías, lo que CCOO no estamos dispuestos a consentir. 

Esta nueva realidad que el Ministerio plantea y que permite el cierre de centenares de oficinas de servicio público, pone además en peligro directo la propia existencia de miles de puestos de trabajo que el Ministro nos garantizó de palabra y que, con este texto que se nos traslada, quedan en claro peligro de extinción.

Por último, el Ministerio ha vuelto a demostrar que no son reales sus intenciones de someter a una verdadera negociación colectiva sus decisiones. La prueba palpable para CCOO es que no se ha aceptado ni una sola de las propuestas que hemos planteado tras el anuncio del Ministro de que el Registro Civil seguiría siendo público y atendido por personal de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.

En CCOO nos sentimos profundamente defraudados por la propuesta que se nos ha trasladado por escrito y solicitamos expresamente su retirada y una nueva propuesta para su posterior negociación."

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