CCOO acusa al Director General de los Registros y del Notariado de amenazas inaceptables

Para CCOO la amenaza expresa que ha hecho el director general de los Registros y del Notariado a los trabajadores, entiende que con el apoyo del ministro de Justicia, pues de otra forma este oficio no podía haber sido emitido, es un acto de una gravedad extrema contra los derechos de los trabajadores/as del Registro Civil.

CCOO acusa al director general y al ministro de Justicia de ocultar con estas amenazas su interés en que sean operadores privados los que tengan la competencia sobre los expedientes de nacionalidad y dejen de serlo del Registro Civil.

Que los Registros Civiles dejen de tener competencia para recibir solicitudes de nacionalidad por residencia a partir del 1 de julio de 2017, no solo es un despropósito de consecuencias imprevisibles para la ciudadanía y para el Registro Civil, sino también es una decisión de enorme irresponsabilidad del Ministerio de Justicia que parece que lo único que le importa es favorecer intereses privados. 

Esta decisión va a suponer un grave quebranto en su derecho a acceder a la nacionalidad española a los más de 5 millones de ciudadanos extranjeros que viven en España a partir del 30 de junio de 2017. Porque: 

1.- Los ciudadanos extranjeros ya no tendrán un organismo cercano en donde informarse sobre los requisitos para la adquisición de la nacionalidad española, documentación a presentar y trámites a realizar.

2.- Los ciudadanos extranjeros ya no tendrán un organismo ante el que cerciorarse de que la documentación que acompañan a su solicitud de nacionalidad española es la correcta y adecuada, comprobación que únicamente realizan los Registros Civiles.

3.- Los ciudadanos extranjeros ya no tendrán una oficina administrativa cercana ante la que poder presentar su solicitud de adquisición de la nacionalidad.

A juicio de CCOO supone vulneración de los derechos que los ciudadanos extranjeros tienen para realizar este trámite y limitación al derecho al acceso a la nacionalidad española. Se fomenta con esta medida que los ciudadanos extranjeros contraten los servicios profesionales de abogados y gestores administrativos para su presentación por vía electrónica

Por eso, CCOO ha hecho de la recuperación de la competencia del Registro Civil de los expedientes de nacionalidad una cuestión fundamental en la reforma de la Ley 20/2011, y no va a aceptar amenazas ni del director general de los Registros ni de nadie si esas actuaciones atentan contra los derechos de los trabajadores.

El Ministerio de Justicia amenaza a los funcionarios del Registro Civil que recojan solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia a partir del 30 de junio de 2017

El Ministerio de Justicia, por medio del Director General de los Registros y del Notariado, ha colgado en Inforeg un oficio con el siguiente contenido:

"La disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, estableció la puesta en marcha desde el 15 de octubre de 2015 de un nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia, destacando como novedad el carácter electrónico de su tramitación.

No obstante, la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, permitía que durante el periodo transitorio que mediaba desde la entrada en vigor del real decreto hasta el 30 de junio de 2017, los interesados pudieran seguir presentando sus solicitudes ante el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado.

Habida cuenta de la próxima finalización del periodo transitorio a que se refiere dicha disposición, el 1 de julio de 2017, las solicitudes solo podrán presentarse a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien conforme a las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas, modalidades que ya eran posibles durante el periodo transitorio referido. 

En este sentido, se solicita que se informe debidamente a los interesados que acudan a partir de dicha fecha al Registro Civil para presentar su solicitud de nacionalidad por residencia, que deberán hacerlo por otras vías, según lo que a continuación se indicará; no siendo posible su recepción por las Oficinas del Registro Civil. El personal del Registro Civil habrá de abstenerse de recoger cualquier solicitud o documentación referida a esta materia, pues en caso contrario, podría incurrir en responsabilidad."

Sr. Gómez Gálligo, Director General de Registros y del Notariado, y Registrador de la Propiedad: usted no es quien para amenazar a los funcionarios con expedientes disciplinarios, ni para recordarnos que podemos incurrir en responsabilidades civiles, penales o disciplinarias, por nuestra actuación como funcionarios públicos si no es conforme la legalidad. Sus funciones se acaban en dar las instrucciones y directrices precisas para el buen funcionamiento de los Registros Civiles, y velar por el cumplimiento de la Ley, pero no es quien para advertirnos o amenazarnos con responsabilidades. 

Si no se cambia la normativa vigente, todos los funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles sabemos perfectamente que a partir del 30 de junio de 2017 no podemos recibir las solicitudes de adquisición de nacionalidad española, únicamente acabar las que tengamos ya presentadas, y ello aunque suponga un grave quebranto a los derechos de los 5 millones de ciudadanos extranjeros que viven en España. Somos funcionarios y funcionarias, Sr. Gómez Gálligo, a nosotros nadie nos ha regalado el puesto de trabajo, y conocemos nuestros deberes y obligaciones. Nosotros cumplimos la norma, aunque nos duela ver cómo se cargan el servicio público y cómo no les importan los derechos de los ciudadanos extranjeros que viven en España.

Usted, Sr. Gómez Gálligo y gente que le rodea, están más preocupados de ir quitando competencias al Registro Civil y promover la privatización de trámites y servicios públicos que de dar un adecuado servicio a los ciudadanos. En vez de regular las condiciones para que desde octubre de 2015 se hubieran podido remitir electrónicamente las solicitudes de nacionalidad desde los Registros Civiles, en vez de regular los procedimientos de dispensa de pruebas CCSE o DELE A2 establecidos en la Orden Ministerial de 2016, en vez de agilizar las nacionalidades que han estado paralizadas más de dos años, usted quitan competencias y además amenazan. Son de lo peor.

CCOO exige al Ministerio de Justicia las reformas legales para que después del 30.06.2017 se puedan seguir presentado solicitudes de nacionalidad ante los Registros Civiles

CCOO ha denunciado que, a pesar de que llevan meses exigiéndola, el Ministerio de Justicia haya esperado a convocar la reunión de mesa sectorial sobre el Registro Civil solo nueve días antes de que entre en vigor la norma que el propio Catalá impulsó que impide seguir presentando solicitudes de nacionalidad ante el Registro Civil (30.06.2017)

CCOO exige que un eventual acuerdo con el Ministerio de Justicia sobre el Registro Civil debe incluir también la recuperación de competencia para instruir los expedientes de nacionalidad y la competencia exclusiva de los expedientes de matrimonio civil para el Registro Civil.

CCOO ha presentado en la reunión, y también por escrito, numerosas alegaciones al documento denominado "Propuesta de acuerdo sobre el Registro Civil", elaborado por el Ministerio de Justicia, para garantizar la exclusividad del personal de Justicia en los Registros Civiles y el mantenimiento de las Oficinas de Registro Civil en todos los Juzgados de 1ª Instancia así como los Registros Delegados en los Juzgados de Paz. 

En el día de hoy ha tenido lugar en el Ministerio de Justicia una reunión de urgencia convocada por el Ministerio de Justicia, ante los numerosos requerimientos hechos desde CCOO y otras organizaciones sindicales desde que la reunión habida a finales de marzo, y ante la falta de un proyecto concreto de reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil y la entrada en vigor de las disposiciones del Real Decreto 1004/2015 y Orden JUS/1625/2016 el próximo 30 de junio, que supondrán la pérdida de la competencia de los Registros Civiles para recibir solicitudes de nacionalidad, lo que implicará una pérdida gravísima del servicio público y un fomento en la privatización de este trámite. 

Con carácter previo a la intervención sobre el contenido del documento entregado por el Ministerio de Justicia sobre el Registro Civil y la presentación de nuestras alegaciones, CCOO ha hecho en la reunión dos denuncias: 

1. El Ministerio de Justicia no puede alegar que sólo quedan 9 días para modificar un RD, que le llevamos exigiendo que lo haga desde 2015, que hace efectiva la inaceptable norma establecida en el RD 1004/2015 y en la orden JUS/1625/2016 por las que se determina un plazo hasta el 30 de junio de 2017 para seguir presentando las solicitudes de nacionalidad ante el Registro Civil. Y que consideramos una actitud hipócrita del Ministerio de Justicia alegar que no hay ya tiempo para derogar dichas normas. 

Hace falta tener caradura: el Ministerio de Justicia dice que no puede ahora reformar el RD 1004/2015 para suprimir la fecha límite de presentación de las solicitudes de nacionalidad española por residencia "porque no tiene tiempo"

Lo del Ministerio de Justicia, Catalá y compañía, no deja de asombrarnos. Esta gente debería ser reprobado día sí y día también, pues no dan pie con bolo, y todo lo que hacen pervierte y estropea cada vez más el servicio público de la Administración de Justicia y del Registro Civil. 

En la reunión celebrada en el día de hoy, convocada de urgencia por el Ministerio de Justicia ante la reclamación de las organizaciones sindicales, y frente a la reclamación unánime de que se suprima el límite del 30 de junio de 2017 como fecha a partir de la cual no se podrán presentar las solicitudes de nacionalidad española a través de los Registros Civiles, alega ahora el Ministerio que no tiene tiempo para cambiar el Real Decreto, dado los trámites legales que ello conlleva. 

El Ministerio de Justicia, lisa y llanamente, miente. Cuando a este Gobierno ha querido ha publicado Reales Decretos Leyes, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales por procedimientos de urgencia, que no precisan del trámite laborioso de su tramitación normal. Pero es que además desde el año 2015 se viene advirtiendo al Ministerio de Justicia de lo que iba a pasar cuando llegase el 30 de junio de este año, y desde febrero de este año CCOO en primer lugar y luego las demás organizaciones sindicales hay reclamado insistentemente la modificación del Real Decreto 1004/2015, y al Ministerio de Justicia, simplemente, no le ha dado la gana modificarlo. Por eso, alegar ahora que no les da tiempo es vergonzoso, y demuestra la caradura de los responsables del Ministerio de Justicia, a los que el servicio público que se presta a los ciudadanos les da igual. 

Además el Ministerio de Justicia se escuda en que la tramitación de las nacionalidades es un trámite administrativo, no judicial. ¿Pero no habíamos quedado que se desjudicializaba el Registro Civil, que pasaba a ser un órgano administrativo, cuya llevanza corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia, pero dentro de la Administración de Justicia?. 

Claramente pierde el servicio público, pierden los ciudadanos extranjeros que ya no tendrán las 431 Oficinas principales de Registro Civil y las miles de delegadas para presentar sus solicitudes de nacionalidad, teniendo que buscarse la vida o contratar los servicios de profesionales. Pierden los principios que debería regir toda actuación administrativa: cercanía, inmediación, información de trámites, gratuidad, etc. 

Escandaloso, Sr. Catalá: si no es capaz de cambiar la norma cuando le hemos advertido reiteradamente de su necesidad, usted está apostando claramente por la privatización de trámites públicos, y le invitamos que se vaya a casa o a una empresa privada que bien le pagará por sus servicios. Pero deje lo público, por favor.

La nefasta gestión de los trámites para adquirir la nacionalidad española que ha hecho el Ministerio de Justicia en los últimos años se verá agravada con la pérdida de la competencia de los Registros Civiles para recibir las solicitudes de nacionalidad a partir del próximo 30 de junio, fomentando la privatización de dicho trámite y con grave perjuicio a la ciudadanía

La nefasta gestión del Ministerio de Justicia desde el año 2012 en todo lo relativo a los expedientes para adquirir la nacionalidad española por residencia —hoy se tarda más en resolver la solicitudes, es mucho más caro, y se deniegan de forma injustificada más solicitudes que antes— se verá agravada a partir del 30 de junio de este año si, tal y como prevé el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, los ciudadanos extranjeros ya no pueden presentar a partir de dicha fecha las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles principales y delegados. 

CCOO solicitó al Ministerio de Justicia por carta en el mes de abril que se siga permitiendo a la ciudadanía extranjera presentar sus solicitudes de nacionalidad española a través de los Registros Civiles sin límite de fecha alguno, tal y como se ha hecho desde 1871, reiterando su propuesta en todas las reuniones habidas con el ministerio desde febrero de este año. El Ministerio de Justicia está dando la callada por respuesta, y la entrada en vigor de esta medida originará un grave perjuicio a toda la ciudadanía extranjera. 

El Real Decreto 1004/2015 modificó la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia a partir del 15 de octubre de 2015. Entre otras medidas este Real Decreto suprimió la competencia de los Registros Civiles para instruir los expedientes de nacionalidad pero permitió que los ciudadanos extranjeros pudiesen presentar sus solicitudes a través de los Registros Civiles, al igual que a través de cualquier otro registro administrativo o a través de profesionales (abogados, procuradores, gestores administrativos), si bien estableció que a partir del 30 de junio de 2017 ya no se podrían presentar las solicitudes a través de los Registros Civiles 

La efectividad de esta medida supondrá que a partir del 30 de junio de 2017: 

• Los Registros Civiles no podrán recoger solicitudes de nacionalidad española por residencia ni revisar la corrección de la solicitud y documentación que se presenta, lo que hasta la fecha ha evitado posteriores reclamaciones de más documentación que dilatan el procedimiento. 

• Los ciudadanos extranjeros que quieran conocer los trámites para adquirir la nacionalidad española no tendrán más opción que hacerlo a través de la página web del Ministerio de Justicia o contratar los servicios profesionales de abogados, procuradores o gestores administrativos. Ello supondrá el incumplimiento del Ministerio de Justicia de sus obligaciones relativas a los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo establecidos en el art. 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

• Los ciudadanos extranjeros deberán presentar la solicitud por sí mismos, adjuntando la documentación que consideren oportuna sin control o revisión alguna, a través de registros administrativos desconocedores de la materia, o contratar los servicios profesionales de abogados, procuradores o gestores administrativos para que la presenten en su nombre. A partir del 1 de julio los ciudadanos extranjeros ya no tendrán una administración cercana de referencia a la que dirigirse en materia de nacionalidad. 

CCOO considera que esta medida es un completo desatino del Ministerio de Justicia, que busca promover que los ciudadanos extranjeros contraten los servicios de abogados, procuradores o gestores administrativos para presentar sus solicitudes de nacionalidad española, privatizando con ello trámites y gestiones públicas. Esto supondrá encarecer un trámite que desde el Real Decreto 1004/2015 no es gratuito, pues todo solicitante de nacionalidad, sea mayor o menor de edad, pertenezca o no a una familia numerosa o monoparental, sean cuales sean sus ingresos, tenga o no discapacidad, etc., tiene que pagar una tasa de 100 € por su solicitud (ignoramos cuál ha sido el destino de lo recaudado desde octubre de 2015) , a lo que hay que añadir los cerca de 200 € que cuesta realizar las pruebas de conocimiento del idioma castellano y de conocimiento de la cultura española en el Instituto Cervantes. 

En el caso de que el Gobierno y el Ministerio de Justicia mantengan que a partir del 30 de junio de 2017 los Registros Civiles dejen de ser competentes para recibir las solicitudes de nacionalidad española y por tanto no existiera una oficina pública concreta, dependiente del Ministerio de Justicia, en que los solicitantes puedan tanto informarse acerca de los trámites para adquirir la nacionalidad española como para poder presentar sus solicitudes, con la confianza de que van a ser revisadas y tramitadas por funcionarios y funcionarias públicos con experiencia, y que las mismas se puedan remitir de forma electrónica para agilizar su tramitación, en condiciones de igualdad que el resto de solicitudes presentadas de forma electrónica, se estaría fomentando la privatización encubierta de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española, para que las mismas fuesen presentadas, previo pago, por profesionales del ámbito privado, lo que supondría vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos en perjuicio de aquellos que tienen menos recursos económicos. 

Por todo ello CCOO reclama que la urgente modificación del Real Decreto 1004/2015, debiendo permitir a los ciudadanos extranjeros seguir siendo informados y poder presentar sus solicitudes de nacionalidad a través de los Registros Civiles a partir del 30 de junio de 2017, sin límite de fecha alguna, como mejor garantía de sus derechos.

CCOO solicita al Ministerio de Justicia una respuesta urgente sobre su petición para que las nacionalidades puedan seguir presentándose en los Registros Civiles a partir del 30 de junio

CCOO ha solicitado al Ministerio de Justicia una respuesta expresa y urgente a su escrito de 17 de abril, por el que solicitó que se modificase en el RD 1004/2015, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, a fin de suprimir el límite temporal de 30 de junio de 2017 como fecha hasta la cual se podrán presentar las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles

Según CCOO, "tanto en el escrito remitido con fecha 17 de Abril al Ministro de Justicia como en el correo electrónico que figura abajo y en otras reuniones mantenidas con representantes del Ministerio de Justicia, CCOO hemos propuesto que, con objeto de coordinar la entrada en vigor de la Ley 20/2011 (actualmente prevista para el 30 de julio de 2018, según la enmienda aprobada a propuesta del PP en el Senado) y la de otras disposiciones normativas que afectan a materias del Registro Civil, se procediera a la prórroga también de la entrada en vigor de estas últimas.

Una de ellas, referente a la competencia para la tramitación de los expedientes previos al matrimonio civil que se regulaba en los puntos 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, ha sido aceptada también vía enmienda en el Senado en la tramitación de otras modificaciones referidas a dicha Ley.

Sin embargo, también habíamos solicitado desde CCOO la modificación de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, suprimiéndose el límite temporal de 30 de junio de 2017 como fecha hasta la cual se podrán presentar las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles.

Reiteramos nuestras argumentaciones al respecto:

En la reunión del pasado 29 de marzo, CCOO reiteró al Sr. Ministro la necesidad de que los expedientes de adquisición de la nacionalidad española se instruyan por los Registros Civiles y no por la Dirección General de Registros y del Notariado, tal y como estableció la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. El Sr. Ministro de Justicia es consciente de la grave problemática suscitada con motivo de la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, que ha dado lugar a numerosas quejas y recomendaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo, que dio lugar a una pregunta que tuvo que responder ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 6 de abril y que incluso ha motivado una proposición no de Ley presentada por el Partido Popular, partido que sustenta el Gobierno de la Nación. Proposición que nada sustancial añade, pues el problema no estriba en cómo o dónde presentar las solicitudes de nacionalidad, sino en la instrucción administrativa de dicha solicitud.

En la reunión de 29 de marzo, el Sr. Ministro de Justicia manifestó ante las organizaciones sindicales su disposición a negociar la recuperación de la competencia de los Registros Civiles en materia de nacionalidad.

CCOO se reitera en los fundamentos de su solicitud contenidos en el escrito presentado al Ministerio de Justicia el pasado mes de febrero. Si el gran atasco, unánimemente admitido, de los expedientes de nacionalidad española por residencia estaba y está en la Dirección General de Registros y del Notariado, no resulta adecuado atribuir a dicho organismo la instrucción de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia.

A juicio de CCOO deben ser los Registros Civiles los competentes para la instrucción de las solicitudes de nacionalidad, y finalizada elevar propuesta de resolución a la DGRN. Ello tanto por cercanía al ciudadano, como por experiencia y operatividad. Sólo ello evitará los cuellos de botella que hoy existen en la DGRN para la digitalización e instrucción de los expedientes de nacionalidad, y evitará futuras encomiendas de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles que, dicho sea con todos los respetos, sus competencias no tienen nada que ver con las solicitudes de nacionalidad. Por todo ello, y para evitar los problemas que había en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, y el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, CCOO entiende que deberían modificarse dichas normas en el siguiente modo:

1º Los Registros Civiles deben ser los competentes para la instrucción de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, elevando propuesta de resolución al Ministerio de Justicia una vez finalizada la tramitación del expediente. Su tramitación debe ser, en todo caso, electrónica. El Registro Civil correspondiente recabaría los informes a que hace referencia el artículo 7 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.

2º Los ciudadanos extranjeros deben poder presentar sus solicitudes de adquisición de la nacionalidad española de forma presencial tanto en las Oficinas principales de Registro Civil como en las Delegadas, o de forma electrónica, por medio de profesional colegiado o por procedimiento administrativo (evitando con ello las demoras en las citas para tramitar las nacionalidades). Las solicitudes presentadas de forma electrónica se remitirían de forma automática a la Oficina de Registro Civil correspondiente al domicilio del solicitante, para su instrucción. Las presentadas en papel serían digitalizadas y metadatadas por la Oficina de Registro Civil en que se hubiese presentado.

3º Finalizada la fase de instrucción, el Encargado de la Oficina General elevaría propuesta electrónica de resolución al Director General de Registros y del Notariado. Una vez resuelta la solicitud, las demás actuaciones relativas a la solicitud (notificación, jura e inscripción) se practicarían en la Oficina de Registro Civil correspondiente al último del solicitante.

En tanto en cuanto se lleva a cabo esta reforma, que a nuestro juicio es urgente, CCOO estima que debe procederse a la modificación inmediata de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, suprimiendo el límite temporal del 30 de junio de 2017 como fecha hasta la cual los interesados puedan seguir presentando sus solicitudes de adquisición de la nacionalidad española ante el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado, de forma que dichos interesados puedan presentar sus solicitudes ante los Registros Civiles sin límite temporal alguno. Al mismo tiempo, CCOO solicita que de forma urgente se desarrolle lo dispuesto en el apartado 2 de dicha Disposición Transitoria, de forma que sea posible la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la Dirección General de los Registros y del Notariado de modo telemático.

Son miles las solicitudes que se siguen presentando a través de los Registros Civiles, quienes además cumplen con una función de información y asesoramiento en la materia que no tiene ninguna otra administración. Los Registros Civiles realizan, además, una función de revisión de las solicitudes, realizando al interesado los requerimientos necesarios para completar las solicitudes incompletas tal y como establece el Real Decreto 1004/2015, tarea que no realiza ninguna otra administración o Colegio Profesional, y que permite reducir el número de solicitudes incompletas que se remiten a la Dirección General de los Registros y del Notariado, evitando con ello nuevos trámites administrativos previos a la resolución de la solicitud. Suprimir esta competencia y este filtro a partir del 30 de junio de 2017 supondría un gran perjuicio para los ciudadanos extranjeros, pues no tendrían una oficina pública en la que informarse y a la que dirigirse para resolver sus dudas; promovería la contratación de los servicios profesionales para su presentación, incrementando el coste que ya supone la presentación de las solicitudes por el pago de las tasas y derechos de examen; y se incrementarían sustancialmente las solicitudes incompletas o defectuosas, incrementando los trámites administrativos previos para su resolución. Todo ello justifica de sobra el mantenimiento de los Registros Civiles como Administración competente para la recogida de solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia, debiendo de una vez permitir su remisión electrónica tal y como prevé el Real Decreto 1004/2015, para así agilizar y facilitar su instrucción."

El Senado acuerda la prórroga de la Ley de Registro Civil hasta el 30.junio.2018, así como de los artículos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que establece la competencia compartida de los expedientes de matrimonio civil con los notarios

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado ha aprobado con fecha 30 de mayo el informe de la Ponencia relativo a la proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, por el que se establece que la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro Civil, será hasta el 30 de junio de 2018 (un año, en vez de los dos inicialmente propuestos por el PP), y lo que es más importante en estos momentos, prorroga la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley de Jurisdicción voluntaria que establecían la competencia compartida de los Notarios para tramitar los expedientes previos al matrimonio civil.

CCOO había solicitado por carta al Ministerio de Justicia en el pasado mes de abril que se pospusiera la entrada en vigor de dichas disposiciones, por entender que la entrada en vigor de las mismas debía ir unida, en todo caso, a la entrada en vigor de la Ley 20/2011 , de Registro Civil. De igual forma se solicitó a los grupos parlamentarios en el Senado la presentación de enmiendas al articulado de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, para que en dicha Proposición de Ley se pospusiera todo lo relativo a la tramitación de expedientes de matrimonio civil por los Notarios, y se permitiese que los Juzgados de Paz siguiesen tramitando dichos expedientes. El Grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó las enmiendas con el mismo contenido de las elaboradas por CCOO. Finalmente, de común acuerdo con las demás organizaciones sindicales, los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia han estado remitiendo faxes y correos electrónicos al Ministerio de Justicia solicitando, entre otras cuestiones, el aplazamiento de la modificación en materia de expedientes de matrimonio civil mencionada.

A raíz de estas iniciativas, finalmente el Senado ha aceptado nuestro planteamiento y la Comisión del Senado encargada de aprobar la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, acepta también, con modificaciones técnicas, las enmiendas números 10, 11 y 12, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, “sustituyendo la referencia al 30 de junio de 2017 por otra a la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Esta sustitución se opera en el párrafo primero del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 15/2015, relativa a los expedientes matrimoniales y en los puntos 3, 4 y 5 de la disposición final vigésima primera de la Ley 15/2015. Finalmente en la disposición final única de la presente Proposición de Ley, para anticipar su vigencia todo lo posible respecto del 30 de junio de 2017, fecha ya irrelevante para la vigencia de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil”.

Los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Vasco y Mixto, también han acordado posponer la entrada en vigor de la Ley 20/2011.

En definitiva, el texto modificado de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, establece lo siguiente:

· La Ley 20/2011, de Registro Civil, entrará en vigor el 30 de junio de 2018.

· Los expedientes matrimoniales que se inicien antes de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil se seguirán tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme a las disposiciones del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.

· Todas las modificaciones del Código Civil, así como de las Leyes 24, 25 y 26/1992 relativas a matrimonios por los ritos evangélico, israelí o islámico, y de la Ley del Notariado relativas a la posibilidad de que los Notarios tengan competencia concurrente con los Registros Civiles para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio civil, o de matrimonios por otras religiones distintas de la católica, entrarán en vigor cuando lo haga de forma completa la Ley 20/2011, de Registro Civil.

Estas modificaciones deberán ser aprobadas ahora por el Congreso de los Diputados, para que la Proposición se convierta definitivamente en Ley, pero dado que ha habido un gran consenso en el Senado sobre estas enmiendas la Proposición de Ley será aprobada con seguridad.

Todo ello constituye un gran logro, pues tal y como reclamó CCOO, con argumentos sólidos, no cabía que entrase en vigor una reforma en materia de expedientes de matrimonio civil, que implicaba la privatización de un trámite registral, la pérdida de competencias de los Juzgados de Paz para tramitar expedientes previos al matrimonio civil y la imposibilidad de que los Encargados de los Registros Civiles siguieran casando, sin que entrase en vigor al mismo tiempo la Ley 20/2011 de Registro Civil, a la que estaba indudablemente unida.

No obstante queda mucho por hacer: el Ministerio de Justicia tiene ahora que proponer la reforma de la Ley 20/2011 que recoja todos los puntos a los que se ha comprometido reiteradas veces ante las organizaciones sindicales, esto es, que el Registro Civil seguirá dentro de la Administración de Justicia, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados de los mismos, servidos por personal de la Administración de Justicia, y con mantenimiento de las actuales oficinas principales y delegadas de Registro Civil en los Juzgados de 1ª Instancia o mixtos, y en los Juzgados de Paz, respectivamente. Será en el debate sobre dicha reforma en la que CCOO reiterará sus propuestas incluidas en el documento que hizo llegar al Ministerio de Justicia en el mes de febrero.

Asimismo, queda otra cuestión esencial, y es que se modifique el Real Decreto 1004/2015, que aprobó el Reglamento sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia, a fin de que las solicitudes de nacionalidad se puedan seguir presentando a través de los Registros Civiles a partir del 30 de junio de 2017. En ello centraremos nuestro trabajo en los próximos días.


CCOO acaba su nota de urgencia agradeciendo al grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, su inestimable apoyo a estas propuestas y su defensa.

CCOO, 05.06.2017

Podemos presenta en el Congreso una proposición no de Ley para que las nacionalidades puedan seguir presentándose en los Registros Civiles después del 30 de junio de 2017

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, relativa a la modificación del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, y de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Disposición final séptima de la  Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil modificó el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española, hasta entonces regulado en la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 y desarrollado en el Reglamento de la Ley de Registro Civil de 14 de noviembre de 1958. El apartado 2 de dicha Disposición Final  atribuyó la instrucción de los nuevos Procedimientos para la obtención de la nacionalidad española por residencia a la Dirección General de los Registros y el Notariado a partir del 15 de octubre de 2015, habiendo correspondido su instrucción a los Registros Civiles hasta dicha fecha conforme lo dispuesto en el artículo 365 del Reglamento de la Ley de Registro civil de 14 de noviembre de 1958.

El Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, desarrolla dicho procedimiento, establecido en la Disposición Final Séptima de la referida Ley 19/2015, configurándolo como un procedimiento de carácter netamente administrativo, basado en la tramitación electrónica en todas sus fases, que permita acortar sensiblemente los plazos de resolución.
  
El artículo 4.1 de este Reglamento que regula el procedimiento para adquisición de la nacionalidad española por residencia establece que el procedimiento se iniciará por el interesado mediante la presentación de la correspondiente solicitud en modelo normalizado, bien a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien, si se trata de solicitudes presentadas en fecha igual o anterior al 30 de junio de 2017, mediante presentación de la solicitud ante el Registro Civil correspondiente al domicilio de interesado, sin perjuicio en todo caso de las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas”.

La Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015 limita por tanto la posibilidad de presentar las solicitudes en papel a través de los Registros civiles hasta el 30 de junio de 2017. El apartado 2 de la Disposición Transitoria Única de Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia, reitera que hasta el 30 de junio de 2017 pueden  seguir presentándose las solicitudes en papel ante el Registro Civil principal o delegado correspondiente al domicilio del interesado.

Los Registros Civiles han sido los competentes para la instrucción de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española desde la Ley Provisional de Registro civil de 17 de junio de 1870, tal y como se estipulaba en su art. 109. 

Desde entonces, han sido miles las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia que se han tramitado a través de los Registros Civiles, sin que el retraso en la resolución de los mismos acumulada en los últimos años se haya debido a su instrucción en dichos Registros Civiles sino a la tramitación que hasta el 15 de octubre de 2015 debía realizarse en la Dirección General de Registros y del Notariado conforme el art. 222 del Reglamento de la Ley de Registro Civil de 14 de noviembre de 1958, y posterior resolución de la solicitud, retraso excesivo que ha dado lugar desde el año 2012 a la firma de cuatro encomiendas de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, para la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia desde que se reciben, procedentes de los Registros Civiles que los han instruido, hasta el momento inmediatamente anterior a aquel en que la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil eleve el preceptivo informe-propuesta de resolución al órgano competente, conforme al artículo 367 de dicho Reglamento del Registro Civil.

Más que antes: sigamos mandando faxes y correos al Ministerio de Justicia

Esta mañana a última hora, se ha conocido la información sobre la presentación por el grupo popular en el Senado de una enmienda (a la modificación de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria) para ampliar la vacatio legis de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil hasta el 30 de junio de 2019. Esta información no cambia en absoluto la iniciativa de llenar de fax y de correos electrónicos el Ministerio de Justicia con la protesta de miles de trabajadores/as.

Y no cambia la iniciativa porque las cartas tienen entre sus objetivos, también, presionar al ministro de Justicia para que tanto los expedientes de nacionalidad por residencia como los de matrimonio civil sigan siendo competencia del Registro Civil. Porque aunque lográramos parte de nuestras importantes reclamaciones, como el mantenimiento inicial de todos los actuales Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y de todos los Juzgados de Paz y la competencia de la Administración de Justicia, si se eliminaran las competencias del Registro Civil en esas materias, la situación para el futuro sería muy complicada para el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y para la esencia del Registro Civil, tal y como lo defendemos. A medio plazo muchos de los partidos judiciales que no son capitales de provincia, así como los Juzgados de Paz, acabarían perdiendo sus competencias sobre Registro Civil, se perdería de forma inevitable la cercanía al ciudadano, y se concentrarían los Registros Civiles en algunas capitales de provincia, desnaturalizando el servicio público que hoy se presta.

Por tanto, las cartas deben seguir mandándose en forma de miles de envíos, llenando el Ministerio de Justicia, y si se colapsan los fax, los mandaremos a otros del Ministerio de Justicia.

El PP presenta en el Senado una enmienda proponiendo la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 de Registro Civil dos años más, mientras permite entrar en vigor los expedientes de matrimonio por notarios. Podemos pide el aplazamiento de dichos expedientes hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2011.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda (nº 9) a la Proposición de Ley de reforma de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, por la que propone un aumento de la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2019. 

En su enmienda de la Ley 20/2011, el PP nada dice sobre la prórroga de las disposiciones contenidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria que permitirán a los Notarios tramitar expedientes previos de matrimonio civil a partir del 30 de junio de 2017, que en la redacción original iba unida a la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil y ahora el PP va a desvincular, lo que supone la entrada en vigor de la privatización de un expediente registral en beneficio de los Notarios. 

El PP explica en su enmienda que las disposiciones de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que afectan al Registro Civil deberían entrar en vigor al mismo tiempo que ésta, dada su innegable relación. Y pese a sostener que siendo el 30 de junio de 2017 "fecha de referencia para ambas normas, tanto para la Ley del Registro Civil como para la Ley de Jurisdicción Voluntaria", sólo retrasa la entrada en vigor de aquélla, pero no de los artículos de la Ley de Registro Civil, del Código Civil, de las Leyes 24/1992, 25/1992 y 25/1992 que regulan el matrimonio por los ritos evangelista, judío e islámico, y de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, en lo relativo al las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio. Es decir, que el PP propone una nueva prórroga de la Ley 20/2011, porque "desde un punto de vista tecnológico y organizativo resulta más eficiente ... para la consecución de los objetivos previstos en la misma", pero omite prorrogar los preceptos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que justifican a su juicio introducir en la modificación de dicha Ley la ampliación de la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, permitiendo así que antes de la entrada en vigor de dicha Ley se consolide de hecho que los Notarios puedan tramitar expedientes previos al matrimonio civil. Hace falta tener caradura, Sr. Catalá.

Entre tanta sombra, algo de luz y sensatez: el Grupo Parlamentario de Podemos en el Senado ha presentado al mismo tiempo tres enmiendas (nº 10, 11 y 12) , una de ellas técnica. Podemos propone:

1º.- Que los expedientes matrimoniales que se inicien antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2011de 22 de julio, del Registro Civil se sigan tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme a las disposiciones del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, habida cuenta de la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011.

2º.- Que todas las modificaciones del Código Civil , de la Ley 20/2011 y de las Leyes 24, 25 y 29/1992, en materia de matrimonios civiles, introducidas por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, entren en vigor al mismo tiempo que la Ley 20/2011.

La justificación no puede ser más clara: "La citada Disposición Final Vigésima estableció, en sus apartados 3, 4 y 5, que toda la reforma en materia de expedientes previos al matrimonio civil incluidos en la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria entrasen en vigor el 30 de junio de 2017, la misma fecha en que iba a entrar en vigor la citada Ley 20/2011 de Registro Civil, conforme establece su Disposición Final Décima en la redacción dada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. La vinculación entre la entrada en vigor de los preceptos relativos al Expediente y Actas previas al matrimonio civil y la de la Ley 20/2011, de Registro Civil, es obvia, pues de otra forma los artículos a que hacen referencia los apartados 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria habrían entrado en vigor al tiempo que el resto de dicha Ley, como ya hicieron la gran mayoría de artículos del Código Civil modificados por la misma, entre ellos algunos tan significativos como los que permiten que los Letrados de la Administración de Justicia y los Notarios puedan en determinadas circunstancias decretar la separación o el divorcio de matrimonios."

De esta forma Podemos hace suyas las enmiendas que CCOO remitió a todos los grupos políticos, en lo que parece una posición más que razonable. Desgraciadamente PSOE y C'S no han presentado enmienda alguna al respecto, con un silencio cómplice con la postura del PP.

La propuesta del Grupo del PP supone un nuevo incumplimiento del Ministro de Justicia que se había comprometido con los sindicatos a informarles por escrito y a negociar todos los aspectos relativos a la Ley del Registro Civil. Esta actuación se ha llevado a cabo sin ningún tipo de información ni, mucho menos, negociación con las organizaciones sindicales lo que supone una nueva maniobra inaceptable del Ministro de Justicia ya que se les ha hurtado la posibilidad de negociar una prórroga en la que ya hubiera quedado garantizado, por ejemplo, el mantenimiento de todas las oficinas del registro civil en todos los partidos judiciales y juzgados de paz y agrupaciones y la asignación en exclusiva de todas las actuaciones del registro civil al personal de la Administración de Justicia sin ningún tipo de privatización en favor de Notarios, Registradores ni ningún otro colectivo.

Esta forma de actuación del ministro que sigue ofreciendo buenas palabras e intenciones de negociación y acuerdo mientras cuela "por la puerta de atrás" medidas unilaterales y que solo atienen a sus propios intereses o de los lobbies privatizadores, olvidando los de la ciudadanía y los de los trabajadores y las trabajadoras afectadas, resulta lamentable.

Queda trecho y trabajo en el Senado, pese a la mayoría absoluta del PP en el mismo, y luego cuando la proposición de Ley vuelva al Congreso, donde ya no tiene mayoría absoluta. Esperamos que la nueva dirección socialista se oponga a todo lo que huela a privatización de expedientes públicos, en contra de la postura de quien hasta hoy sigue siendo el responsable de Justicia del Grupo parlamentario socialista en el Congreso. 

CCOO denuncia graves fallos informáticos en los Registros Civiles y exige el cese de sus responsables

Durante el día de ayer y la mañana de hoy ha permanecido inoperativa o bajo mínimos la aplicación informática Inforeg que se utiliza en los Registros Civiles de toda España para expedir, por ejemplo, las certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunción, necesarias y obligatorias para que la ciudadanía acredite ante los organismos correspondientes su estado civil en trámites tan cotidianos como la obtención del DNI o pasaporte, matrimonios, tramitación de separaciones y divorcios, herencias, cobro de pensiones, matrículas en colegios, etc., etc.

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, dependiente directamente de la Secretaría General de la Administración de Justicia, no ha dado ningún tipo de explicación sobre los motivos de esta nueva caída informática, que no es la primera, sino la enésima según ha venido denunciado CCOO y el colectivo de trabajadores y trabajadoras de los juzgados, tribunales, fiscalías y otros servicios judiciales en los últimos meses.

Desde que se empezaron a implantar las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia, con el Ministro Catalá a la cabeza, secundado por su número dos, la Secretaria de Estado Dª Carmen Cortés y el Secretario General D. Antonio Dorado se empeñan en ocultar a la opinión pública a través de una desmesurada propaganda institucional el desastre y la chapuza que está caracterizando esta implantación tecnológica.

Todas las semanas de todos los meses de los últimos dos años se están produciendo con carácter generalizado paralizaciones de unos sistemas informáticos absolutamente inadecuados, mal diseñados, con insuficiente capacidad, sin la formación adecuada ni la atención necesaria a las personas usuarias,... y el Ministerio de Justicia sigue negando la realidad mientras que los trabajadores y las trabajadoras de la justicia siguen soportando unas condiciones de trabajo inaceptables que les impiden, de hecho, trabajar y despachar los asuntos que tienen encomendados sin poder ofrecer a la ciudadanía un servicio público de la Administración de Justicia mínimamente aceptable.

Por esta desastrosa situación CCOO vuelve a solicitar responsabilidades políticas y la dimisión o el cese inmediato de quien haya dado lugar a la misma, contratando programas y equipos absolutamente inadecuados e insuficientes y rechazando las reclamaciones sindicales de más y mejor formación y de medios personales suficientes para atender estos nuevos sistemas de trabajo.

La implantación de las nuevas tecnologías ha de hacerse de forma programada, pausada, negociada, con medios suficientes, escuchando a quienes utilizamos los recursos y no a golpe de decretazos y leyes con plazos imposibles de cumplir e ignorando cualquier criterio de eficacia y responsabilidad por encima de la propaganda política a que tan acostumbrados nos tiene este gobierno.

CCOO, 24.05.2017

Unidos Podemos presenta dos proposiciones no de Ley para evitar la entrada en vigor de los expedientes de matrimonio por Notarios y para que las solicitudes de nacionalidad se puedan seguir presentando en los Registros Civiles después del 30 de junio de 2017

CCOO sigue reclamando al Ministro de Justicia (el reprobado Sr. Catalá) que facilite de una vez por escrito su propuesta de modificación de la Ley del Registro Civil en la que todo apunta a que habrá una nueva prórroga para su entrada en vigor, prevista en la actualidad para el 30 de junio de de 2017.

En CCOO está a favor de este aplazamiento con el objeto de que dé tiempo a preparar el soporte informático que permita sustituir las actuales secciones del Registro Civil por el folio personal que prevé la Ley 20/2011 y de que se garantice el mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia.

No obstante CCOO va a seguir trabajando para que el gobierno y el parlamento no acepten una prórroga sin más y para que además de la prórroga de la vacatio legis se presente un borrador de texto de ley que incluya ya las modificaciones precisas para que el Registro Civil siga siendo público, universal, gratuito, cercano al ciudadano y atendido exclusivamente por personal de la Administración de Justicia. Y seguirá exigiendo al Ministerio de Justicia y solicitando a los grupos políticos la modificación de la ley para que se garantice de forma definitiva la permanencia de todas las oficinas actuales en todos los partidos judiciales y juzgados de paz y agrupaciones sin que esta permanencia pueda quedar al arbitrio del propio ministerio o de las comunidades autónomas con competencias transferidas.

Pero además, es objetivo primordial de CCOO que el servicio del Registro Civil sea totalmente público recuperándose para el nuevo registro civil todas las actuaciones que han pasado a ser asignadas a Notarios o Registradores de la Propiedad y Mercantiles e impidiendo que se eliminen ninguna de las actuales competencias.

En este sentido, CCOO ha advertido al Gobierno y a los grupos políticos que el próximo 30 de junio está también prevista la entrada en vigor de:

1. La Disposición Adicional Vigésima de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria que podría producir la pérdida de competencias de los Juzgados de Paz para tramitar los expedientes de matrimonio civil y de matrimonio por religiones distintas a la católica y que los Notarios también tendrían competencia para tramitar los expedientes de matrimonio civil, lo que supone a juicio de CCOO una intolerable privatización de un trámite que debe ser realizado en exclusiva por los Registros Civiles.

2. La Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, en la que se establece que no podrán seguir presentándose las solicitudes de nacionalidad por residencia en los Registros Civiles, siendo obligatoria su presentación a través de aplicaciones informáticas u otros medios permitidos por las leyes de procedimiento administrativo, abocando a la mayoría de la ciudadanía a buscar asesoramiento e información en gestorías o asesorías privadas indudablemente más costosas, más alejadas de los y las ciudadanas y con menor grado de conocimiento y profesionalidad que los Registros Civiles.

Pues bien, el grupo parlamentario del Congreso de Unidos Podemos ha sido sensible a las reclamaciones de CCOO y les ha hecho saber que presentará proposiciones no de ley para que el Parlamento inste al Gobierno a la paralización de la entrada en vigor de estas dos disposiciones cuyo contenido debería negociarse acompasadamente a la negociación de la Ley del Registro Civil antes de su entrada en vigor. 

CCOO, 23.05.2017

Ante el silencio del Ministerio, las organizaciones sindicales hacen un llamamiento al personal de la Administración de Justicia para que con su presión el Ministerio presente su propuesta de reforma de la Ley de Registro Civil y se reviertan las reformas que deben entrar en vigor el 30 de junio

El 30 de junio de 2017, fecha crítica para el presente y futuro del Registro Civil se acerca, y el Ministerio de Justicia sigue dando la callada por respuesta a las solicitudes sindicales para garantizar el futuro del Registro Civil, del empleo de quienes trabajan en el mismo, y el mantenimiento de las Oficinas de Registro Civil en todos los partidos judiciales y los Juzgados de Paz y Agrupaciones, pues la pérdida de competencias en esta materia afectará de forma definitiva a la demarcación futura del Registro Civil y al empleo en nuestra Administración.

Los sindicatos han presentado innumerables propuestas para la reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, a fin de garantizar su carácter de servicio público integrado en la Administración de Justicia, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido en exclusiva por personal de la Administración de Justicia, con mantenimiento de Oficinas Generales de Registro Civil en todos los partidos judiciales y con los Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas del Registro Civil. Tras las contradictorias manifestaciones del Ministerio de Justicia respecto de la planta del Registro Civil, asegurando ante las organizaciones sindicales el mantenimiento de la actual planta de oficinas de Registro Civil pero presentando ante las Comunidades Autónomas con transferencias una propuesta de modificación de la Ley 20/2011 que sólo garantiza el mantenimiento de los Registros Civiles exclusivos, uno por Comunidad Autónoma y uno por isla, y que confirmaba la desaparición de las competencias sobre Registro Civil en los Juzgados de Paz, desde las organizaciones sindicales se solicitó una reunión con el Ministro de Justicia. Dicha reunión tuvo lugar el 29 de marzo, y en ella el Ministro informó sobre su intención de prorrogar la vacatio legis de la Ley 20/2011 uno o dos años más, y volvió a asegurar que mantendrán todos los Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y las competencias en esta materia de los Juzgados de Paz. Las organizaciones sindicales solicitamos al Sr. Ministro compromisos por escrito en esta materia, sin que el Ministerio haya presentado hasta la fecha borrador alguno de modificación de la Ley 20/2011 que contenga esos compromisos. 

Por otro lado, la Ley de Jurisdicción Voluntaria dispone que, a partir del 30 de junio de 2017, se permitirá a los Notarios tramitar los expedientes previos a los matrimonios civiles o en forma religiosa no católica, y el Real Decreto 1004/2015, por el que se aprobó el Reglamento de adquisición de la nacionalidad española por residencia, establece el 30 de junio de 2017 como fecha límite en que los ciudadanos extranjeros pueden presentar las solicitudes de nacionalidad a través de los Registros Civiles, además de a través de otros organismos públicos o mediante operadores privados (abogados, procuradores, graduados sociales). El Ministerio sigue dando la callada por respuesta también en estos temas.

La aplicación de estas dos normas, sin modificación alguna, a partir del 30 de junio de 2017, tendría unas consecuencias nefastas para el Registro Civil. Si los Juzgados de Paz pierden su competencias para instruir expedientes previos de matrimonio civil (lo que es muy probable dada la redacción de la norma que va a entrar en vigor) o para recibir solicitudes de nacionalidad española y si los Registros Civiles no exclusivos no pueden recibir dichas solicitudes de nacionalidad y tienen que compartir con los Notarios su competencia para tramitar expedientes de matrimonio civil, la pérdida de competencias podría justificar en un futuro cercano la desaparición de dichas Oficinas principales y delegadas de Registro Civil. Si en los Registros Civiles hoy exclusivos no son competentes para recibir solicitudes de nacionalidad y tienen que compartir competencia con los Notarios en materia de expedientes de matrimonio civil, siendo ambos expedientes los que más recursos humanos precisan en dichos Registros, a corto plazo se podría producir una reducción significativa de su personal. Se acabaría la proximidad del Registro Civil a los ciudadanos, que también dice defender el Ministro Catalá, y además de todo ello, se abriría definitivamente la puerta a la privatización de otros expedientes de registro civil, incluida dentro de los anhelos privatizadores de colectivos poderosos privados, que hoy amenazan a la Administración de Justicia.

Por todo ello CSIF, STAJ, CCOO y UGT hacen un llamamiento a todo el personal de la Administración de Justicia para conseguir revocar estas reformas. 

Para empezar, invitan a todo el personal de la Administración de Justicia a enviar un fax al Sr. Ministro de Justicia la carta que se adjunta, para paralizar estas reformas y conseguir que el Ministerio se comprometa por escrito por el futuro del Registro Civil. 

Asimismo seguirán estudiando y consensuando cuantas propuestas de acción sean precisas llevar a cabo en este mes y medio para garantizar el futuro del Registro Civil, y que irán anunciando.


ENVÍA TU ESCRITO POR FAX A LOS NÚMEROS 913902277 Ó 913904297 
O POR CORREO ELECTRÓNICO A secretaria.ministro@mjusticia.es o dirgabinete@mjusticia.es

El Ministerio de Justicia sigue sin prorrogar la vacatio legis de la Ley 20/2011, sin presentar su borrador de propuesta de modificación de la Ley, y sin revocar las medidas que entrarán en vigor el 30 de junio, que comprometen el futuro del Registro Civil

El tiempo apremia, y el Ministerio de Justicia sigue sin actuar, pese a los requerimientos que se les han hecho desde las organizaciones sindicales y los compromisos que asumió el propio Catalá en la reunión del 29 de marzo con dichas organizaciones. Quedan menos de 45 días:

1.- Para la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil, sin que conste que desde el Ministerio de Justicia se haya realizado iniciativa legislativa alguna para prorrogar la vacatio legis de dicha Ley, conforme lo manifestado públicamente por el Sr. Ministro de Justicia, y sin que por el Ministerio de Justicia se haya presentado el documento de reforma de la Ley 20/2011 que garantice el mantenimiento futuro de las Oficinas de Registro Civil en todos los partidos judiciales y el mantenimiento de competencias en esta materia en los Juzgados de Paz. 

2.- Para la entrada en vigor de las disposiciones establecidas en la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria en materia de expedientes previos al matrimonio civil, que implicará la competencia concurrente en esta materia de los Notarios junto con los Registros Civiles, perdiendo los Encargados la competencia para celebrar matrimonios y así como los Juzgados de Paz su competencia para tramitar los expedientes de matrimonio civil, salvo que se entienda que el Secretario del Juzgado de Paz puede instruir dichos expedientes. La atribución de competencias en materia de expedientes previos al matrimonio civil a los Notarios constituye un claro ejemplo de privatización de un procedimiento que, en todo caso, debería ser realizado por una Administración Pública, y abre las puertas a futuras privatizaciones de expedientes hoy tramitados en el Registro Civil, como ya pasó con otros expedientes de jurisdicción voluntaria.

3.- Para que conforme las previsiones del Real Decreto 1004/2015 ya no se puedan presentar solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia a través de los Registros Civiles. Ello implicará la pérdida de un servicio público esencial que se presta a los ciudadanos extranjeros desde 1871, sin que exista ninguna otra oficina pública de referencia para información sobre la materia o presentación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española con revisión de documentación y posible remisión por vía electrónica. Se promueve desde el Ministerio de Justicia la presentación telemática de solicitudes a través de operadores privados (abogados, procuradores, gestores administrativos), con el evidente coste que ello supondrá para los ciudadanos extranjeros que, además, tienen que pagar las correspondientes tasas por la solicitud y la realización de las pruebas CCSE y DELE A2 para acreditar su integración en la sociedad española. 

Nos consta que desde CCOO se están realizando negociaciones con los partidos políticos para revertir la entrada en vigor de estas dos normas. Pero esto, probablemente, no va a bastar. Va a ser necesario que en este mes y medio todos los que creemos en el Registro Civil como servicio público gratuito y cercano a los ciudadanos, y que estamos en contra de las pretensiones privatizadoras de este Gobierno, nos movilicemos y hagamos todo lo que esté en nuestra mano para revertir esta situación. Es el momento de protestar, de salir a calle, de notas de prensa, de denunciar lo que va a pasar. Es el momento de actuar. 

Trabajadores del Registro Civil piden que Euskadi asuma la competencia ejecutiva del registro civil para blindar su carácter público

Trabajadores del Registro Civil en Euskadi reclamaron ayer al Estado la competencia ejecutiva y de gestión de este servicio con el objetivo de “blindar” su carácter público ante los intentos de privatización. Dos trabajadores del Registro Civil de Barakaldo , que también son miembros de la plataforma estatal en defensa de este servicio, comparecieron ayer en el Parlamento Vasco para advertir de que el próximo 30 de junio finaliza la prórroga para la entrada en vigor de la ley que supondría la privatización de este servicio.

En este sentido, reclamaron al Parlamento Vasco que tome las medias necesarias para solicitar la ampliación esa prórroga y que haga lo mismo con la ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria que permite a los notarios gestionar los expedientes matrimoniales, que actualmente tramitan los registros civiles.

Además, pidieron que la Cámara vasca rechace el real decreto que regula la obtención de la nacionalidad para evitar que los registradores de la propiedad puedan tramitar este procedimiento. Ambos trabajadores indicadon que es muy probable que se vaya a prorrogar la reforma del Registro Civil (Ley 20/2011) ya que el Ejecutivo carece de mayoría en el Congreso y además ha habido una “falta de previsión” en materia informática, peroalertaron de que la amenaza de la privatización “sigue latente” y que además se está buscando quitar competencias a los registros. Asimismo, pidieron que todas las partes implicadas trabajen para evitar que se quiera hacer “negocio” con un servicio por el que todas las personas tienen que pasar alguna vez a lo largo de su vida.

CCOO solicita a los Grupos parlamentarios del Senado y al Ministerio de Justicia que presenen enmiendas a la Proposición de Ley de Modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, para retrasar la entrada en vigor de las modificaciones en materia de expedientes matrimoniales hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de Registro Civil

CCOO ha presentado en el día de hoy cartas dirigidas a los Grupos Parlamentarios en el Senado, así como al Ministerio de Justicia, para que en la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria que se va a iniciar en el Senado se presenten enmiendas para que la entrada en vigor de las disposiciones incluidas en dicha Ley relativas al expediente previo de matrimonio civil, que supondrían la pérdida de competencia de los Juzgados de Paz para su tramitación así como la competencia concurrente de los Notarios para su tramitación, se retrase hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil, cuya vacatio legis se pretende ampliar, según lo manifestado por el Ministro de Justicia el pasado mes de marzo ante las organizaciones sindicales. 

CCOO presentó el pasado 17 de abril una carta al Ministerio de Justicia en la que se solicitaba, entre otras medidas, la prórroga de la vacatio legis establecida en los puntos 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, en materia de competencia para la tramitación de actas y expedientes previos a matrimonio civil, sin que el Ministerio haya dado respuesta a dicha carta. 

Por ello, faltando menos de dos meses para la entrada en vigor de la reforma en materia de expedientes de matrimonio civil, y dado que existe ya en el Senado una Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, relativa a dos artículos del Código civil y de la Ley 20/2011 de Registro Civil sobre expedientes de matrimonio en caso de personas con discapacidad cuya entrada en vigor está prevista para el 30 de junio de 2017, CCOO ha solicitado formalmente a los Grupos Parlamentarios en el Senado la presentación de enmiendas a dicha Proposición de Ley para que se incluya la prórroga de la vacatio legis de los apartados 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima de la Ley 15/2015 hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil. 

La citada Disposición Final Vigésima estableció que toda la reforma en materia de expedientes previos al matrimonio civil incluidos en la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria entrase en vigor el 30 de junio de 2017, la misma fecha en que iba a entrar en vigor la citada Ley 20/2011 de Registro Civil. Para CCOO la vinculación entre la entrada en vigor de los preceptos relativos al Expediente y Actas previas al matrimonio civil y la de la Ley 20/2011, de Registro Civil, es obvia, pues de otra forma los artículos a que hacen referencia los apartados 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria habrían entrado en vigor al tiempo que el resto de dicha Ley, como ya hicieron la gran mayoría de artículos del Código Civil modificados por la misma, entre ellos algunos tan significativos como los que permiten que los Letrados de la Administración de Justicia y los Notarios puedan en determinadas circunstancias decretar la separación o el divorcio de matrimonios. 

El Ministerio de Justicia es incapaz de demostrar que no miente en materia de Registro Civil

Su respuesta a pregunta formulada en el Congreso de los Diputados, en relación con la denuncia de CCOO sobre las mentiras del Ministro sobre el mantenimiento de los Registros Civiles en todos los partidos judiciales y en los Juzgados de Paz cuando su borrador de reforma de la Ley 20/2011 posibilita todo lo contrario, demuestra que el Ministerio o miente a los representantes de los trabajadores, o miente al Congreso.

Basta ya de excusas y ambigüedades: el Ministerio debe dar una clara respuesta a las demandas de CCOO en la carta remitida hace 10 días.

CCOO denunció el pasado 23 de febrero que el Ministerio de Justicia había mentido públicamente a las organizaciones sindicales sobre la demarcación futura del Registro Civil, pues frente a las manifestaciones del Ministro de Justicia asegurando que se mantendrían todas las Oficinas de Registro Civil hoy existentes en cada partido judicial y las competencias delegadas en materia de Registro Civil en los Juzgados de Paz, en el borrador del texto de reforma de la Ley 20/2011 se posibilitaba al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas la desaparición de todas las oficinas de Registro Civil que no sean hoy Registro Civil exclusivo, y se establecía la desaparición de los Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas de Registro Civil. 

Ante la nota difundida por CCOO, dos diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GCUP-EC-EM) formularon a primeros de marzo una pregunta en el Congreso de los Diputados, en relación con la futura demarcación registral del Registro civil, dándole al Ministerio de Justicia la posibilidad de enmendar la contradicción entre lo manifestado ante los representantes de los trabajadores y ante las Comunidades autónomas con transferencias. 

La respuesta del Ministerio de Justicia, de fecha 30 de marzo, juega con la ambigüedad para no contestar a los requerimientos de la pregunta parlamentaria, pero la conclusión es clara: el Ministerio no garantiza el mantenimiento futuro de las Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial, sino que quiere dotar de “flexibilidad” a cada Administración competente (el propio Ministerio de Justicia y Comunidades autónomas con competencias) para adaptar la planta judicial a sus necesidades y requerimientos de población, distribución territorial. Además el Ministerio no va a hacer nada para mantener las competencias registrales en los Juzgados de Paz. Y a lo único a que se compromete el Ministerio de Justicia es que “a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 se mantendría la localización de las actuales oficinas”, pero no dice nada de después.

Ello entra de nuevo en abierta contradicción con lo manifestado por el propio Ministro de Justicia en su reunión con las organizaciones sindicales el 29 de marzo, en la que el propio Ministro manifestó que “se mantendrán todos los Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y las competencias en esta materia de los Juzgados de Paz.”. CCOO exigió en esa reunión al Sr. Ministro compromisos escritos sobre sus propuestas y dicho documento sea la base de las enmiendas que se presenten a los grupos parlamentarios sobre la Ley 20/2011 para garantizar el presente y futuro del Registro Civil.

Todo ello demuestra que o bien, el Ministro mintió de nuevo a los representantes de los trabajadores en la reunión de 29 de marzo, o que el Ministerio de Justicia está mintiendo al Congreso de los Diputados en su respuesta de 30 de marzo. Y ya son demasiadas mentiras.

CCOO presentó hace 10 días un escrito dirigido al Ministerio de Justicia exigiendo que antes del fin de ese mes presente su documento de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que desarrolle los ejes sobre los cuales el Ministro de Justicia afirmó que debe sustentarse el Registro Civil, incluido el mantenimiento de todos los Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y las competencias en esta materia de los Juzgados de Paz, y que sea base para su negociación con organizaciones sindicales y partidos políticos para la reforma y entrada en vigor de la Ley 20/2011. Requerimiento que CCOO reiteró en la reunión de ayer, en la Mesa Sectorial de Justicia, advirtiendo al Ministerio de Justicia que si no presenta de inmediato un proyecto de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil que garantice el mantenimiento de todas las oficinas en los partidos judiciales y juzgados y agrupaciones de Paz comenzaremos una dura campaña de movilizaciones con el resto de sindicatos (si así lo estiman conveniente). Basta ya de mentiras y engaños a las trabajadoras y trabajadores y a la ciudadanía.

Ante la falta de contestación del Ministerio de Justicia sobre el documento de reforma de la Ley 20/2011, y nuestras exigencias presentadas en dicho escrito sobre la prórroga de la vacatio legis establecida en los puntos 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, en materia de competencia para la tramitación de actas y expedientes previos a matrimonio civil, y la modificación de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, para suprimir el límite temporal de 30 de junio de 2017 como fecha hasta la cual se podrán presentar las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles, CCOO va a iniciar cuantas acciones estén en su mano para obtener la respuesta más pronta a nuestras exigencias. No es de recibo que a dos meses del 30 de junio de 2017 ni se haya prorrogado ya la vacatio legis de la Ley 20/2011, ni se haya presentado un proyecto serio y creíble sobre su reforma, ni se haya dado respuesta a las exigencias relativas a las solicitudes de nacionalidad y los expedientes de matrimonio.

SOS Xustiza critica al Gobierno central por continuar con la privatización del registro civil

SOS Xustiza denuncia que el Gobierno central continúa con la "privatización" del registro civil "con nocturnidad y alevosía" y que ha dado "otro hachazo a la Justicia" tras publicar el pasado sábado en el BOE una encomienda por la que pagará "otros 2 millones de euros a los registradores de la propiedad para tramitar los expedientes de nacionalidad" del primer semestre de 2015. 

Según la plataforma, la resolución argumenta que "persisten las causas excepcionales provocadas por la escasez de medios técnicos y humanos" del ministerio y recuerda que ya en su día se aprobó otra encomienda por valor de 4 millones. 

El colectivo señala la "falta de voluntad" mostrada por el Gobierno para dotar de infraestructuras y medios al registro y cree "injustificable" que "regale" 2 millones de euros". 

La presidenta de SOS Xustiza, Yolanda Aguiar, reitera que esta situación será "absolutamente gravosa para los bolsillos de los ciudadanos". Y también advierte del "riesgo" para la protección de datos de carácter personal que supone que los datos de los ciudadanos estén en manos de personal contratado y no de funcionarios públicos.

El Parlamento de Cantabria aprueba por unanimidad una Resolución en defensa del Registro Civil

El pleno del Parlamento de Cantabria, en la sesión de 17 de abril, aprobó por unanimidad la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista modificada por una enmienda de adición del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria y por una enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular.

En el marco de la acción sindical emprendida a nivel de todo el Estado en defensa del Registro Civil, acción obligada por las contradicciones y "bandazos" del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que un día dice una cosa a las organizaciones sindicales y otro día otra distinta en la Conferencia Sectorial y en los comunicados publicados en la propia página web del Ministerio de Justicia, CCOO lanzó una campaña en Cantabria, en la que hemos mantenido reuniones con representantes de partidos políticos y hemos solicitado a todos los ayuntamientos de la región la aprobación de mociones en defensa de un Registro Civil público, gratuito, servido por personal de la Administración de Justicia y con presencia en todos los municipios, como hasta ahora.

En la tarde del 17 de abril en el Pleno del Parlamento de Cantabria se debatió y votó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Regionalista de Cantabria, matizada con dos enmiendas: una, de adición, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, y otra, de modificación del Grupo Parlamentario Popular.

La enmienda de adición de Podemos Cantabria pretendía afinar la PNL presentada por Grupo Regionalista para que se mencionara expresamente que el Gobierno Regional insta al estatal a garantizar "el mantenimiento de todas las oficinas del Registro Civil existentes", lo que estaba claro en la exposición de motivos de la PNL del PRC pero se había plasmado de forma un tanto ambigua en la propuesta de resolución. Este extremo fue aceptado por los promotores de la PNL. Asimismo, llamaba a instar a "que retornen a las oficinas del registro civil de manera exclusiva las competencias externalizadas y concretamente que las solicitudes de adquisición de nacionalidad por residencia se tramiten por las oficinas del registro civil, que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los registros civiles y que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil". Este último apartado fue desestimado por los promotores de la PNL, no por desacuerdo, sino por considerar que la PNL tenía por objeto la defensa institucional del Registro Civil público, gratuito, servido por funcionarios de Justicia y con establecimiento en todos los municipios, y que la segunda parte de la enmienda de Podemos Cantabria pertenece a un debate distinto (de lo que, naturalmente, discrepamos).