La reforma del Registro Civil necesita luz y taquígrafos

La noticia, de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, relativa a la redacción por el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de algunas de las enmiendas a la última reforma del Registro Civil, fundamentalmente con la finalidad de apuntalar sus vías de financiación, no viene más que a confirmar los peores augurios: la estrategia política diseñada para garantizar la subsistencia de un cuerpo de funcionarios va a ser sufragada por los usuarios del tráfico civil y mercantil, por la vía de incrementar su burocracia y trámites.

Justo es reconocer que la mayoría de esos funcionarios tienen muy poco interés en esa estrategia. Es una apuesta llena de incertidumbres que si sale mal puede terminar suponiendo el fin de la manera de desempeñar la función registral, tal como la conocemos hoy en España. Por eso, la insistencia en esa vía solo se explica por la presión de ciertos elementos iluminados de ese cuerpo, con gran capacidad de influencia en el actual poder político.

"La privatización de los elementos esenciales del Estado moderno no es un alegato retórico. Esta cesión demuestra hasta dónde puede llegar"

Resumamos una vez más los fines y medios perseguidos: con el fin de colocar a los registradores como controladores absolutos del tráfico jurídico, con un poder sin paragón en cualquier Estado de Derecho moderno (dada la práctica imposibilidad de revisión de sus decisiones a la vista de los costes y tiempos de nuestro sistema judicial), se va a exigir la inscripción y consulta telemática de todos los elementos negociales y personales conectados con ese tráfico, desde los poderes civiles a todas las circunstancias del estado civil. Para otorgar una venta, por ejemplo, habrá que comprobar la inscripción del poder específico dado para ella, los estados civiles de los participantes, su régimen matrimonial, su domicilio, etc. No importan que en la actualidad el tráfico funcione perfectamente sin esa información sin apenas producir siniestro alguno. No nos equivoquemos: la inscripción y consulta no se exige para evitar esos hipotéticos riesgos, sino para financiar el Registro Civil.

El que una reforma como esta pueda introducirse por vía de enmiendas a una Ley ajena, sin debate social, sin análisis económico, si estudio alguno sobre los efectos de encarecimiento y entorpecimiento que va a producir en el tráfico jurídico, demuestra cómo se legisla hoy en España. En cualquier país serio una reforma de este tipo hubiera venido precedida de un análisis desapasionado de las necesidades a satisfacer (la mejora del Registro Civil) y de la mejor manera de sufragarlas. Pero aquí se inventan ciertas “necesidades” (la inscripción de los poderes y otros actos jurídicos) con la finalidad de financiar un Registro Civil específicamente diseñado para incrementar las atribuciones y las posibilidades de control del cuerpo de registradores, verdadero fin de la reforma.

Los registradores de la propiedad y mercantiles de Castilla y León advierten que no todos poseen suficientes medios humanos y materiales para asumir la labor de los registros civiles a partir del próximo 15 julio.

Lejos de esperar hacer el negocio de su vida, los registradores de la propiedad y mercantiles de Castilla y León advierten que no todos poseen suficientes medios humanos y materiales para asumir la labor de los registros civiles a partir del próximo 15 julio.

«Somos empleados públicos y obedeceremos a lo que dicte la ley, pero lo cierto es que la preocupación es enorme», señala a este periódico Adoración Reyes Gómez de Liaño Polo, decana del Colegio de Registradores en Castilla y León que integra 91 registros, 15 de ellos en la provincia de Valladolid. Ella misma es registradora en Medina del Campo. La decana señala que, en no pocos casos, «hace falta más tiempo y que se contemplen medidas de ayuda financiera para invertir en medio materiales y medios humanos».

Gómez de Liaño Polo pone de manifiesto, además, el disgusto de los registradores por las críticas de quienes se oponen a este traslado de competencias y señalan que el cambio se debe intereses corporativos promovidos desde el Gobierno. Argumentan que el presidente, Mariano Rajoy, es él mismo registrador mercantil y mantendría vínculos familiares que le llevarían a favorecer este cambio y asegurar ese sector en un tiempo en que la actividad mercantil e inmobiliaria ha bajado sustancialmente.

Para ello, sostienen quienes se opone al cambio, se obligaría la ciudadano a pagar una serie de tasas de un servicio hasta ahora gratuito, aumentado, además, la obligatoriedad de algunos trámites hasta ahora de carácter voluntario. La decana de los registradores de Castilla y León recuerda, por el contrario, que «en ningún sitio está escrito» que el ciudadano deba pagar y remite a que la regulación que parte de la real Decreto-Ley del 8/2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad, establece una disposición adicional por la que «la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo».

La decana también sale al paso de otra objeción que tendría un peso específico en una Comunidad tan dispersa como Castilla y León: la necesidad de los habitantes de los núcleos rurales de desplazarse hasta la capital para obtener una serie de documentos que ahora pueden obtener en cualquier Ayuntamiento por secretarios y los jueces de paz. «En ese sentido cabe precisar que 91 registros, no nueve». Si se toma como ejemplo la provincia de Valladolid además de en la capital, existen registros de la propiedad en Medina del Campo, Medina de Rioseco, Nava del rey, Olmedo, Peñafiel, Tordesillas, Valoria la Buena y Villalón de Campos.

Privatización del Registro Civil

En el manual de gestión de todo buen empresario que se precie debe estar escrito que, cuando la empresa se está yendo al carajo por falta de ingresos, hay que buscar nuevos nichos de negocio por el bien del mismo; esto debió pensar nuestro presidente Rajoy –registrador de la Propiedad en excedencia, por cierto– al comentarle sus colegas de profesión que con la crisis se registran menos actos mercantiles y el negocio está yendo mas bien proa al marisco.

Viene esto a cuento de que, si alguien no lo remedia, en el próximo mes de julio quedarán privatizados los servicios del Registro Civil, no el de la Propiedad o el Mercantil que prácticamente están privatizados y no afecta su servicio a un gran número de la población, sino del Registro Civil, ese organismo de la Administración de Justicia que necesita utilizar un gran número de personas para actos tan dispares como inscribir un nacimiento, obtener un certificado de nacimiento –la famosa partida–, casarse o divorciarse y un largo etcétera. Y que, he aquí la clave, hasta ahora son servicios gratuitos. Y se pretende que en el futuro sean de pago y además con tarifas bastante onerosas para una población ya bastante esquilmada con muchos impuestos e ingresos cada vez más reducidos.

Pero el hecho de sacar más perritas a una ciudadanía, ya de por si ahíta de tasas e impuestos, no es el efecto más grave que podría acarrear la ley hecha para y al parecer por notarios y registradores y aprobada por la mayoría mecánica del PP; lo que es bastante peor es la deslocalización de oficinas locales del Registro Civil, obligando a los ciudadanos de la zonas rurales a desplazarse a la capital para realizar cualquier trámite, con la consiguiente incomodidad y gasto añadido.

La Xunta deja caer que la reforma del Registro Civil podría retrasarse otro año

La entrada en vigor de la reforma legal del Registro Civil prevista para el próximo 15 de julio podría retrasarse un año. Así lo dejó entrever ayer el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, al señalar que, dada la complejidad de la reforma, inicialmente hubo «una vacatio legis, primero, de tres años y luego de otro más de prórroga, y ahora se está volviendo a comentar una posible prórroga, pero eso lo tendrá que decir el Ministerio de Justicia, obviamente, claro».

Añadió que el motivo principal que podría determinar que se aplazase otro año la entrada en vigor de la normativa es que no existe una uniformidad administrativa en todas las comunidades. En este sentido, puso como ejemplo el proyecto de que fueran los hospitales los que tramiten directamente los certificados de nacimiento, algo que sería posible en Galicia porque los médicos tienen firma electrónica, mientras que otros puntos del territorio nacional no ocurre lo mismo.

En cualquier caso, Juan José Martín incidió en que la semana que viene se podrían despejar algunas dudas en el transcurso de una conferencia sectorial en la que acudirán las doce comunidades autónomas que, como Galicia, «tenemos transferencias». En este punto, precisó que «toda actuación del Registro Civil seguirá siendo gratuita, sin excepción alguna», al tiempo que resto credibilidad a determinados mensajes que circulan por redes sociales o aplicaciones de mensajería que aluden a posibles aranceles por actuaciones.

En relación con esta cuestión, a título personal, el director xeral de Xustiza de Galicia confesó que «echo en falta una política de comunicación por parte del ministerio sobre este tema». Asimismo, dejó claro que la decisión de transferir los Registros Civiles a los registradores mercantiles es algo que se escapa de las competencias de la Xunta: «Todas las cuestiones registrales son competencia estatal».

El Encargado del Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife rechaza que las quejas sobre los Registros civiles se utilicen como coartada para justificar su privatización

El magistrado juez Juan Luis Lorenzo Bragado está al frente del Registro Civil exclusivo de Santa Cruz de Tenerife, que funciona así desde 2009, cuando dejó de tener compartidas sus funciones con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de este partido judicial. En España solo hay 26 registros exclusivos, de los que dos de ellos están en las dos capitales de provincia del Archipiélago.

La función del Registro Civil está asumida por los Juzgados de Paz, de los que hay seis en Canarias (664 en España), más la que asumen los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de cada uno de los 431 partidos judiciales de España.

Lorenzo Bragado explica que el problema que pueden tener los registros civiles, como el resto de los órganos judiciales, es una cuestión de "falta de medios". Así recuerda que cuando este Registro Civil estaba asumido por aquel Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, "era el órgano judicial que más quejas ciudadanas acumulaba de toda España porque la plantilla era insuficiente y los medios, escasos". "Hoy en día la situación ha dado un giro de 180 grados, y en lugar de recibir quejas ciudadanas, nos transmiten sus felicitaciones: el ciudadano recibe atención inmediata y en general salen de la oficina con el trámite hecho y, en caso contrario, se van con la información precisa y con un día de cita señalado".

El juez señala que esto no se debe a que ahora sean "mejores", sino que el personal que compone este Registro Civil –17 personas en total– "es el necesario para garantizar un servicio de calidad al ciudadano".

En opinión de Sánchez Bragado, toda esta legislación de reforma del Registro Civil, que surge con la Ley de 2011, "parte de una premisa incierta: en el sofisma de que las cosas dentro del Poder Judicial no funcionan" y "yo digo que esto no es así; me resisto a ello y lo digo en voz alta y con energía", sentencia.

Los localistas, en contra de la privatización del Registro Civil

La decisión de privatizar el Registro Civil, que hasta ahora solo había provocado la crítica de CCOO, ha terminado por llegar al ámbito político después de que el sindicato haya anunciado su pretensión de que la Ciudad se posicione al respecto.

Así, en una nota de prensa, Caballas se ha opuesto a esa pretensión de que el Registro pase a depender de los Registradores de la Propiedad y Mercantil. "Esta decisión", argumentan los localistas, "supone la destrucción de un servicio público fundamental, que todas las personas estamos obligadas a utilizar a lo largo de nuestra vida (desde el nacimiento hasta la defunción), y que ha venido siendo prestado con profesionalidad, objetividad, sigilo e imparcialidad, por los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia", expone.

El Registro Civil dejará de ser un servicio público y por tanto gratuito, lo que a juicio del principal partido en la oposición, provocará que se convierta "en un negocio privado más, en manos de los registradores de la Propiedad y Mercantiles. Cobrarán un arancel por cada una de las operaciones en las que intervengan, que irá directamente a sus bolsillos. Se trata de una Ley que sólo suma privilegios a la ya privilegiada posición de los registradores", expone. Caballas ha decidido apoyar las iniciativas tendentes a recuperar el carácter de servicio público del Registro Civil, entre ellas, la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los propios empleados públicos.

El SISEJ reitera la disposición de los Secretarios Judiciales para dirigir el Registro Civil y exige explicaciones al Ministro de Justicia

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado en sede parlamentaria el pasado 24 de marzo con ocasión de una interpelación ante el Pleno del Senado, que “los secretarios judiciales no quieren llevar el Registro Civil”. También ha afirmado que se está “trabajando” con los secretarios judiciales sobre cuál es “la mejor manera de organizar ese servicio”.

Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales queremos desmentir ambas afirmaciones y manifestar públicamente que lo declarado por el Ministro ante el pleno del Senado no es verdad, al menos en lo que se refiere a nuestra organización.

Al igual que la opinión pública y todo el sector justicia, el Ministerio conoce perfectamente la postura del SISEJ en defensa de un Registro Civil público y gratuito, respecto al que hemos manifestado reiteradamente la plena disposición y capacidad del Cuerpo de Secretarios Judiciales para asumir su dirección.

Además, en este período el Ministerio de Justicia sólo ha mantenido dos reuniones, puramente institucionales, con el SISEJ: una con el Ministro el 7 de noviembre de 2014, y otra el 3 de diciembre con el Secretario General de la Administración de Justicia. En ninguna de ellas se trabajó con nosotros respecto al Registro Civil, ni se ha mantenido posteriormente a ellas ningún otro contacto o proporcionado la menor información sobre esta materia, cuya opacidad consideramos escandalosa.

Ante la gravedad de esas declaraciones efectuadas en las Cortes, desde el SISEJ creemos que el Ministro Rafael Catalá debe aclarar a la ciudadanía en qué se basa para usar ese argumento o a qué secretarios judiciales se refiere. Sería muy grave que el Ministro faltase a la verdad en sede parlamentaria y por eso pedimos explicaciones.

Lo cierto es que el Ministerio de Justicia prepara para julio un duro golpe al sistema diseñado por la Ley 20/2011 del Registro Civil, expulsando de la administración pública la gestión del mismo, y atribuyéndosela a oficinas privadas dirigidas por registradores mercantiles.

Desde el SISEJ nos oponemos frontalmente a esta grave iniciativa privatizadora y contraria al servicio público, y anunciamos nuestra plena participación en las movilizaciones que muy pronto el propio Ministro va a conocer de primera mano en defensa de un Registro Civil público y gratuito.

La Asociación de Registradores ARBO, a la que siguen Rajoy y familia, pretenden engañar a la ciudadanía diciendo que la privatización del Registro Civil es una cuestión de interés público

La Asociación de Registradores Bienvenido Oliver, cuyos postulados son asumidos íntegramente por la familia Rajoy, nos viene deleitando periódicamente con artículos favorables a la privatización del Registro Civil, vendiéndonos las excelencias de que los Registradores asuman el Registro Civil y criticando duramente a todo aquel que se oponga a la misma, empezando por gran parte de sus compañeros de profesión. Esta asociación tacha de "populistas" a todos aquellos que nos negamos a aceptar la privatización del Registro Civil y luchamos contra ello. A esta asociación están estrechamente vinculados Rajoy y familia, el anterior Director General de Registros y del Notariado, y aquellos que perdieron las últimas elecciones al Colegio de Registradores. Todo esto, simplemente para situarnos sobre quiénes estamos hablando. 

Publican en su blog con fecha 26 de marzo un interesante artículo titulado "El Registro Civil: una cuestión de interés público", en que manifiesta su incomprensión a la oposición a la privatización del Registro Civil, intenta justificar que la asunción del Registro Civil es poco menos que el desarrollo lógico de la Ley 20/2011 (qué casualidad, lo mismo que dice Catalá), para acabar diciendo que "en realidad lo que existe es una necesidad del Estado, también de cara a Europa, de que un servicio público funcione correctamente; y la posibilidad de los Registradores, si bien con su esfuerzo, lo desempeñen. Y todo esto por una y única razón: el mejor servicio a los ciudadanos".

No es intención de este blog entrar en discusión con las opiniones que sobre este tema se reflejan en los diversos blogs y páginas webs, pues cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero dado que este blog es faro y guía de quienes defienden desde el principio la privatización del Registro Civil, que constituye el oráculo que ilumina a Catalá y demás miembros del Gobierno en su trabajo de privatizar el Registro y en su artículo venden como verdades cosas que no lo son, vamos a dedicar unos minutos a darles cumplida respuesta, por si les da por leer este post.

Clamor en contra de la privatización de los registros civiles

Desde su creación en 1871, el Registro Civil de cada partido judicial es gratuito.

Lo seguirá siendo hasta el 15 de julio, fecha en la que se harán cargo del servicio los registradores mercantiles. Los funcionarios rechazan este cambio y, dicen, no lo hacen por su propio interés, pues ellos pasarán a otros departamentos de la Administración de Justicia.

Desde hace meses, cuando se conoció la intención de privatizar la concesión por parte del Gobierno, los sindicatos primero y los trabajadores del Registro Civil, a continuación, pusieron el grito en el cielo, advirtieron de las consecuencias, pero ante la nula variación de las pretensiones políticas, llevan semanas reivindicando en la calle el mantenimiento de un servicio público que trata datos confidenciales.

Y lo harán todos los jueves hasta que el Ministerio de Justicia ceda en sus pretensiones. Además, a nivel nacional ya está programada una primera manifestación en Madrid para el sábado 11 de abril, en la que participarán representantes de todos los registros civiles que hay en España.

UPyD pide que las bodas y divorcios no se tramiten ante Notario

UPyD ha presentado una enmienda a la reforma de la ley de jurisdicción voluntaria por la cual propone eliminar los artículos que abren las puertas a que los notarios puedan, por 95 euros, casar o divorciar.

En las enmiendas, a las que ha tenido acceso Efe, el partido que lidera Rosa Díez considera que "no tiene justificación" la atribución a los notarios de la celebración de matrimonios y sus expedientes así como de los divorcios de mutuo acuerdo.

Respecto a las bodas, UPyD explica que no se trata sólo de algo relativo a la constancia de un acto, sino que el acto del matrimonio conlleva una modificación del estado civil, por lo que "parece conveniente que se mantenga en el ámbito del encargado del Registro Civil o, a lo sumo, de los alcaldes".

En cuanto a los divorcios, sostiene que "no parece ser sino un intento de asignarles competencias carentes de tradición alguna en nuestro sistema y ajenas a la verdadera dimensión que tiene un divorcio, en el sentido de ruptura de un vínculo con muchos matices de orden público y cambio de estado civil de las personas".

El PP de Ourense rechaza la privatización del Registro Civil que impulsa el Gobierno Rajoy

El PP de Ourense rechaza la privatización del Registro Civil que impulsa el Gobierno Rajoy. 

La Diputación "presionará" para impedir una reforma que conllevaría la supresión de las oficinas del rural. Funcionarios de Ourense saludan con aplausos el frente político común.

CCOO exige la retirada inmediata de la privatización del Registro Civil, llama a participar masivamente en la manifestación del 11 de abril en Madrid y a trabajar para lograr las 500.000 firmas que necesita la ILP para llegar al Congreso

El ministro de Justicia, ha iniciado OTRA RONDA de contactos con todos los operadores jurídicos, comenzando por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Asociación de Fiscales y el sindicato CSIF, de cuyas reuniones ha colgado en su página web las correspondientes notas de prensa. Y anuncia que seguirá reuniéndose bilateralmente, con todos y cada uno de los colectivos que operan en esta Administración de Justicia.

Para CCOO esta nueva ronda de reuniones bilaterales solo sirve para dilatar lo que para el ministro es su obligación y el cumplimiento de un compromiso, que es convocar inmediatamente una mesa sectorial como único mecanismo legal de negociación con las organizaciones sindicales. 

Sr. ministro, sabe que con los sindicatos aún no se ha sentado a negociar nada, ni LOPJ ni mucho menos ninguna de las cuestiones que afectan al Registro Civil. Para CCOO la única cuestión que debe anunciar públicamente acerca del Registro Civil es la RETIRADA INMEDIATA DE SU PRIVATIZACIÓN y, si no lo hace, la ILP que ha promovido CCOO, y cuya recogida de firmas ya ha comenzado de forma masiva, llegará al Congreso con las 500.000 firmas necesarias para ser debatida y aprobada, y de esa forma la privatización del Registro Civil será detenida y el Gobierno verá rechazado su proyecto de privatizar el Registro Civil a manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 

Porque no existe consenso alguno ni entre los grupos parlamentarios ni entre los colectivos jurídicos ni entre la ciudadanía, para que el Registro Civil deje de ser un servicio público y gratuito, y servido por personal funcionario de la Administración de Justicia como hasta ahora, y así lo demostraremos en la manifestación convocada para el próximo 11 de abril, para la que CCOO hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, jurídicos y trabajadores/as de la Administración de Justicia, para que formemos una inmensa multitud ese día. Pero, anunciamos ya que la lucha continuará al día siguiente hasta lograr que Rajoy abandone su intención de privatizar el Registro Civil y deje de defender sus intereses corporativos de Registrador y demuestre de una vez que sus intereses personales no están por encima de los de millones de españoles. 

¡¡¡DEFENDAMOS EL REGISTRO CIVIL COMO SERVICIO PÚBLICO, SERVIDO POR EL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!! 

¡¡¡TODOS A LA MANIFESTACIÓN DEL 11 DE ABRIL EN MADRID, A LAS 12 HORAS, DE CIBELES AL MINISTERIO DE JUSTICIA!!!

Las dudas sobre el nuevo Registro Civil

La desjudialización de los registros civiles que está promoviendo el Gobierno de Mariano Rajoy, mediante la cual los registradores mercantiles tendrán que asumir este servicio, no está resultando nada fácil. A cuatro meses de que este trasvase de competencias se haga efectivo, la iniciativa plantea numerosas dudas entre los registradores, así como entre los sindicatos, que trasladan las preocupaciones de los funcionarios que trabajan en el registro civil y el resto de la ciudadanía.

A pesar de esta situación de desconcierto, lo que sí parece estar claro hasta el momento es que el servicio relativo a los registros civiles que prestarán a partir del próximo día 15 de julio los registradores mercantiles será completamente gratuito. Lo viene repitiendo una y otra vez el ministro de Justicia, Rafael Catalá, así como los propios registradores que no han escuchado que se les vaya a retribuir el hecho de asumir las nuevas labores.

Sin embargo, esto está siendo desmentido por los sindicatos. Ayer mismo, el secretario general de Comisiones Obreras de Málaga, Antonio Herrera, aseguró que los ciudadanos tendrán que pagar entre veinte y cuarenta euros para que se expida un parte de nacimiento o uno de defunción. «Casarse por lo civil o un duplicado del libro de familia podría costar unos 100 euros si se acomete esta privatización de los servicios», apuntó Antonio Herrera....

A pesar de las protestas, lo cierto es que la cuenta atrás continúa y los registradores muestran sus preocupaciones. Una de ellas es la económica, ya que ven cómo se les vienen encima unas competencias que tendrán que asumir y que por ahora parece que nadie se las va a pagar.

Remuneración

Precisamente, Juan Pablo Yusto forma parte de este colectivo de profesionales. En su caso, explicó su oposición a que un trabajo se realice sin ningún tipo de remuneración, algo que hoy en día resulta impensable. «Ahora tendré que ampliar mi oficina y contratar a más personal», añadió en relación a lo que van a suponer las nuevas atenciones.

Pero el aspecto económico no es el único que preocupa a los registradores. En este sentido, Juan Pablo Yusto aseveró que el colectivo es un ejemplo de modernidad y eficacia, algo que no quieren perder al tener que asumir las competencias de los registros civiles, por lo que insistió en que el Gobierno debería dotar a estos profesionales de los medios necesarios para poder realizarlas.

El delegado de los registradores en Málaga, Pedro Morilla, informó de que actualmente una comisión mixta está trabajando en la elaboración del reglamento de los nuevos registros civiles y en la implantación del modelo. Un reto para el que cada vez queda menos tiempo, pese a que las dudas aún no se han disipado.

Las funerarias se suman a las protestas contra la "privatización" del Registro Civil

Empresas funerarias de Pontevedra se sumaron ayer a las movilizaciones que están llevando a cabo los funcionarios de la administración de Justicia en la ciudad como consecuencia de la próxima entrada en vigor de la ley que, según ellos, "privatiza" el Registro Civil, un servicio que pasaría a manos de los registradores mercantiles.

Las funerarias se sumaron a las protestas ante el temor de que la "privatización" del Registro Civil "complique" y "encarezca" los trámites burocráticos que son necesarios para realizar un enterramiento tras una defunción. Las empresas mostraron así su "descontento" por la desaparición de un servicio del que destacan su buen funcionamiento. Además, los participantes en la concentración manifestaron sus dudas acerca del funcionamiento del servicio una vez que se encuentre en manos privadas. Se preguntan si se va a mantener disponible los fines de semana para actuaciones urgentes como pueden ser, precisamente, las defunciones. Lamentan que gestiones que hasta ahora se realizaban de manera "sencilla" en un servicio público puedan complicarse. Los funerarios, al igual que los trabajadores de Justicia, llaman la atención a los ciudadanos de los perjuicios que tendría la privatización del Registro Civil e insisten en que aunque algunos trámites y documentos seguirán realizándose de forma gratuita, se prevé que se incrementen los aranceles que cobran los registradores por la inscripción de determinados actos, así como que el Gobierno aumente el número de supuestos en los que es necesario acudir a los registradores de la propiedad.

Además, llaman la atención sobre el hecho de que datos privados de los ciudadanos estén gestionados por personas que no son funcionarios con obligación de respetar la confidencialidad de los mismos. Advierten que los ciudadanos deberán también acudir a realizar sus trámites a aquellos municipios en los que hay registradores mercantiles.

Los empleados del Registro Civil se unen "para salvar el servicio público"

Unas 50 personas se concentraron ayer a las puertas de la Ciudad de la Justicia para protestar contra los planes del Gobierno en relación con los registros civiles, unos servicios que en el mes de julio serán encomendados a los registros mercantiles y de la propiedad. Los más 20 trabajadores públicos del Registro Civil de la capital llevan tiempo alarmados ante la entrada en vigor la Ley 18/2014 de 15 de octubre, por lo que consideran una "privatización" del registro por parte del Ejecutivo de Rajoy. Comisiones Obreras (CCOO) estima que sólo en la provincia supondría el cierre de 21 oficinas. Y la preocupación recae no sólo en el empleo, pues las "gestiones que hasta ahora son gratuitas, empezarán a tener un coste de 100 euros de media", concretaron ayer miembros del sindicato durante la concentración. 

Todos los trámites que se realizan en el Registro Civil, como partida de nacimiento, certificado de defunción, de matrimonio, adopción, divorcios o tutelas, entre otros tantos, "pasarán a manos de los registradores mercantiles y notarios, es decir a manos de la iniciativa privada", explicaron. Por lo que, según sus estimaciones, serían 21 los centros que desaparecerían, ya que los 10 Juzgados de Primera Instancia y los 11 Juzgados de Paz que asumen este tipo gestiones dejarán de hacerlo a partir del próximo mes de julio. 

En la media hora que duró la concentración, en la que estuvieron los 24 trabajadores del Registro Civil de la capital, el sindicato recogió firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve contra la medida. Para que llegue a debatirse necesitan llegar a los 500.000 apoyos. 

La concentración de ayer forma parte del paquete de medidas que el sindicato promueve desde que se empezó a avanzar en la modificación de los registros civiles en el año 2011. El conjunto de los trabajadores del servicio han convocado una manifestación para el 11 de abril en Madrid.

La Judicatura aboga por que el Registro Civil continúe siendo público

El nuevo edificio judicial acogió ayer una multitudinaria asamblea en la que se trató la inminente privatización del Registro Civil, una medida aprobada por el Gobierno en el marco del "Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil". Representantes de todos los partidos políticos de la oposición, así como los ocho trabajadores afectados y miembros de sindicatos con representación en la junta de personal y de la Plataforma en defensa de los partidos judiciales expresaron el unánime rechazo a la "desjudicialización" del servicio, que a partir del 15 de julio de 2015 está previsto que sea efectuado por registradores mercantiles o incluso notarios, desplazando así a los funcionarios que desempeñan hoy en día esas funciones.

La principal protesta de la asamblea se estableció en torno al consecuente pago de la ciudadanía por los servicios que hasta ahora son gratuitos, como el registro de poderes, la declaración de últimas voluntades o los certificados de nacimiento o defunción. Los afectados criticaron también que otra de las consecuencias de la privatización es que los datos que afectan a la intimidad personal del ciudadano "serán tratados por personal no funcionario, con lo que no ser reserva la salvaguarda de la misma".

La Fegamp reclama al Ministerio de Justicia que no se supriman los registros civiles

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha reclamado al Ministerio de Justicia que no suprima los registros civiles por las consecuencias que esta decisión tendría para una comunidad como la gallega con una población dispersa y envejecida. El cierre de estas dependencias está fijado para el 15 de julio próximo y las gestiones, a partir de entonces, se tendrán que realizar en los registros mercantiles o en la futuras oficinas generales del Registro Civil, que probablemente se ubicarán en las capitales provinciales.

En una carta firmada por su secretario general, la Fegamp se ha dirigido a la Dirección General de los Registros y del Notariado para prevenir de las consecuencias para Galicia ante la supresión de los juzgados de paz. "Galicia cuenta con una población notablemente envejecida y dispersa en más de 30.000 núcleos de población, la mitad de todos los existentes en España, sin que muchos de ellos cuenten actualmente con la tecnología necesaria para implantar la prevista plataforma electrónica", se queja la Fegamp, por lo que considera "necesario mantener los servicios y funciones registrales en el ámbito municipal más próximo, encomendándose los mismos a los juzgados de paz".


Decenas de trabajadores se concentran en los juzgados de Santiago contra la privatización del Registro Civil. Arranca una recogida de firmas en Galicia y España para presentar una ILP en el Congreso

Una asamblea reivindicativa con decenas de personas se ha celebrado este miércoles en la sala de bodas de los juzgados de Santiago con la presencia de diversos sindicatos como UGT, CC.OO., CIG. CSI-F y USO, así como varios profesionales como abogados o procuradores en defensa de los registros civiles públicos. De tal forman, han llamado a apoyar una campaña por toda Galicia y España que buscará conseguir un total de 500.000 rúbricas para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso de los Diputados en contra de la privatización de los registros civiles, ante la pretensión del Gobierno de que este servicio lo asuman los registradores mercantiles.

Bajo el nombre de «É público, é teu, sálvao», se ha iniciado esta campaña en Galicia, impulsada por el sindicato CC.OO., que tiene su réplica por todo el Estado con el fin de alcanzar las 500.000 firmas para lograr que el Registro Civil continúe siendo un servicio público gratuito y servido íntegramente por funcionarios públicos. Asimismo, está previsto que este jueves se celebren protestas en Ferrol y A Coruña.

En declaraciones, Chelo Rodríguez, de la CIG, ha explicado que el Registro Civil garantiza la privacidad de los ciudadanos, cuestión que no se producirá con su privatización, ya que son datos que pueden tener gran valor para diversas campañas comerciales. Por ello, considera «una barbaridad que pase a manos de los registradores mercantiles». «Con la privatización, los registradores van a cobrar por arancel y todas aquellas cosas que se están haciendo ahora de forma gratuita pasarían a ser pagadas», según denuncia Chelo Rodríguez, como puede ser «cualquier cosa» que haya que hacer en el registro civil y ha puesto como ejemplo un matrimonio.

Y es que según recuerda, «hay casos muy sensibles» como cambios de sexo, divorcios o adopciones que deben estar en manos de funcionarios públicos y a los que no pueden tener acceso las empresas.

El Colegio Nacional del Secretarios Judiciales reitera su disposición a asumir el Registro. Catalá miente o no se entera

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha reiterado hoy, en una nota colgada de su página web, su disposición a asumir el Registro Civil, tal y como concluyó en las Jornadas de Fe Pública Judicial celebradas en Salamanca en el año 2014. 

Tras las notas colgadas por las dos principales asociaciones de Secretarios Judiciales, queda completamente en entredicho la afirmación de Catalá ante el Senado y en su reunión con el CSI.F el pasado martes de que "los secretarios no quieren asumir el Registro Civil". Si miente e intenta engañar a la opinión pública, fatal; si no se entera o está engañado, mucho peor, y más cuando en su gabinete está quien ha sido durante muchos años Presidente de Coseju. Un ministro que basa la privatización de un servicio público en tamaña falsedad o ignorancia no está capacitado para seguir siendo Ministro, salvo que rectifique y empiece a decir la verdad, aunque ello suponga la caida de su jefe. 

IU denuncia corrupción en Justicia por engordar el negocio de los registradores

- La entrega del Registro Civil a los registradores es, según Gaspar Llamazares, un "expolio" y un "pelotazo sin precedentes" y los ciudadanos además van a recibir un peor servicio.

- Los datos personales de los españoles van pasar de estar en manos de funcionarios "con deber de secreto" a personas que van a poder utilizarlos sin haber recibido autorización de la Agencia de Protección de Datos.

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, denunció este miércoles la "corrupción" y la "prevaricación" en la que, a su juicio, está incurriendo el Ministerio de Justicia con las distintas reformas que ha emprendido paradejar en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles el Registro Civil y la gestión de las nacionalidades de los últimos años.

En una rueda de prensa en la Cámara baja, Llamazares ha anunciado una serie de iniciativas parlamentarias para pedir cuentas al Gobierno por esta situación que van desde la petición de comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, hasta la presentación de preguntas sobre la situación del director general de Registros y Notariado,Francisco Javier Gómez Gálligo.

En concreto, IU-ICV reclama explicaciones a Catalá por la encomienda de gestión del registro civil y los expedientes de adquisición de la nacionalidad concedida al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles el pasado mes de febrero para la tramitación de los expedientes de nacionalización por residencia del año 2014.

Llamazares recordó que ya se aprobó una anterior encomienda de gestión a este colectivo para que desatascara la tramitación de expedientes que había pendientes en 2012 y 2013, pero que aquella fue "gratuita". En este sentido, quiere saber por qué ahora va a costar 4 millones de euros, "con carácter retroactivo", cuando los registradores van a utilizar la misma aplicación informática y sospecha que ese dinero es en realidad un intento de "financiar el Registro Civil".

La Union Progresista de Secretarios Judiciales defiende al Secretario Judicial como encargado del Registro Civil

Adjuntamos comunicado de la UPSJ, desmintiendo las afirmaciones del Ministro de Justicia Sr. Catalá hechas en el Senado el pasado martes y posteriormente en una reunión con representantes del Csif, diciendo que los Secretarios Judiciales no quieren ser los Encargados de los Registros Civiles.

Frente a las declaraciones aparecidas en los boletines de información del sindicato CSIF, en que se hace referencia a las manifestaciones del Ministro de Justicia, en las cuales se indicaba que los Secretarios Judiciales ahora no quieren el Registro Civil, desde UPSJ queremos aclarar que esa manifestación no es cierta, que los Secretarios judiciales nos oponemos a los planes del Ministerio de privatización el Registro Civil y que apostamos por los integrantes de nuestro cuerpo como encargados del mismo. 

Ignoramos quien puede haber informado en dicho sentido al Sr Ministro, pero desde UPSJ, ya hace dos años, en la nota publicada en nuestra página web el 19 de Abril de 2013, manifestábamos que los Secretarios Judiciales si queríamos el Registro Civil y justificábamos las razones por las que consideramos que debemos ser encargados del mismo. Nada ha cambiado en nuestras intenciones y rogaríamos que en el futuro no se intente crear confusión en un tema que defendemos de una manera tan clara. 

Por si cabe alguna duda, adjuntamos los enlaces a todas las notas publicadas en esta página Web en el último año defendiendo al Secretario Judicial como encargado del Registro Civil, la última de 23/02/2015: 

LOS CIUDADANOS Y EL NUEVO REGISTRO CIVIL

El Gobierno viene negociando con los registradores mercantiles nuevos aranceles y nuevas gestiones para compensarles la asunción de la gestión del Registro Civil. Estos funcionarios sin salario público, cuyos ingresos dependen de sus gestiones, los aumentarán a costa del ciudadano. A tal fin se trata de establecer por ley gestiones onerosas, hasta ahora inexistentes, referentes a libros de familia, o a inscripciones, como la de los registros de seguros o el cese de los poderes notariales (el año pasado se firmaron casi un millón en toda España); a devengar honorarios por servicios hasta ahora gratuitos: fes de vida y estado, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, celebración de bodas, expedientes de matrimonio, de parejas de hecho, nacionalidad, registrar poderes, últimas voluntades, cambios de domicilio, cambio de nombre y apellidos….; y, finalmente, cual “cajón de sastre”, se propone, incluso, añadir en la futura ley “Cualesquiera otros hechos o actos relativos a las personas físicas previstos en las leyes”…

La privatización de este servicio público provocará, además, la supresión de las oficinas locales del Registro Civil, obligando a los ciudadanos de la zona rural a desplazarse a la capital para realizar cualquier trámite, con la consiguiente incomodidad y gasto añadido. Y, naturalmente, que los actuales funcionarios públicos del registro sean reasignados en otros órganos, con los peyorativos efectos materiales de toda índole que ello les originará.

Pero, aparte de la privatización de la plataforma técnica y de gestión de los registros civiles, se privatiza también su explotación a través de la reforma del Reglamento del Registro Mercantil, que incrementa las tarifas de numerosas operaciones -entre un 800% y un 6.000%- y triplica sus funciones retributivas o “actos minutables”, medidas poco congruentes en un país donde el salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios están congelados, y que dejará 10.000.000 € extras de facturación anual a cada registrador; renta más que suficiente para afrontar unos costes del Registro Civil que se estiman inferiores a 500.000 euros por oficina. Una renta de monopolio de 9,5 millones de euros al año.

Por si a alguien se le había olvidado, el presidente del Gobierno es registrador. Ustedes mismos.

Ignacio Santaló, en el Ideal Gallego.com, 25.03.2015

Primera prueba de que el Registro Civil de los Registradores no será gratuito: hoy se aprobará por el Congreso el proyecto de Ley de Sefardíes que consagra el pago de aranceles en todos los expedientes de nacionalidad

Según informa el periódico El Pais el Congreso de los Diputados aprobará hoy la ley de nacionalidad para los sefardíes. Este proyecto, como hemos ido informando desde este blog, no se limita a regular un acceso privilegiado de los sefardíes a la nacionalidad española, sino que por vía de enmiendas, introduciendo una nueva Disposición Adicional Cuarta y evitando de esta forma los informes del Consejo de Estado y demás órganos por los que han de pasar los proyectos de ley, introduce una nueva regulación del procedimiento de adquisición de nacionalidad española con carácter general. Fraude de procedimiento legislativo, podríamos denominar esta práctica habitual del PP, sobre la que debería pronunciarse el Tribunal Constitucional.

El proyecto inicial establecía el pago de una tasa de 75 euros por la tramitación electrónica del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por los sefardíes, que ampliaba a todos los expedientes de nacionalidad. Dado que los Registradores no pueden cobrar tasas porque no son administración pública, el borrador final suprime esta tasa pero "se sustituye por los costes arancelarios de notarios, registradores y el Instituto Cervantes”, según informa el propio Director General de Registros y del Notariado. Por lo tanto todos los ciudadanos extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad española tendrán que romper la hucha para pagar a los Registradores por tramitarles la nacionalidad y al Instituto Cervantes por hacer un examen de integración y otro de español salvo que sean de origen iberoamericano o nacido en España. Esta es la prueba de la gratuidad del registro civil de la que habla y se le llena la boca con ello el Ministro Catalá. Un cálculo sencillo: a 100 € por expediente de nacionalidad para los registradores, con unos 130.000 expedientes al año, la ganancia es de 13 millones de euros. 

El proyecto de Ley impone el uso de una plataforma electrónica que, "conforme a lo previsto en la Ley del Registro Civil, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España deberá poner a disposición de los registradores y encargados de las Oficinas Consulares, y que será aprobada por la Dirección General de los Registros y del Notariado". Como lo más seguro es que esta plataforma electrónica será la utilizada en el Plan Intensivo de Nacionalidad, pagada millonariamente a la empresa Futurver, cuyo consejero delegado era asesor del anterior Director General de Registros y del Notariado, cuadran el círculo y le dan al Colegio de Registradores la posibilidad de rentabilizar los millones gastados. Así ganan todos, Colegio de Registradores y Futurver, y pierden los ciudadanos, que son los que acaban pagando.

Además este proyecto de Ley mete en la tramitación de los expedientes de nacionalidad de los sefardíes a los Notarios, que ojo también son funcionarios públicos porque así lo dispone el Reglamento Notarial, y a los que habrá que pagar el arancel correspondiente como afirma el Director General de Registros y del Notariado. Estos van a hacer las veces de "oficina de presentación" de los escritos de los sefardíes y ante ellos tendrán que comparecer éstos para acreditar su condición de sefardíes, para que luego los Notarios emitan su juicio sobre si se entienden o no acreditada la condición de sefardíes y eleven la propuesta de resolución al Ministerio de Justicia. Ello implica una privatización inasumible de una parte del procedimiento de nacionalidad pues las solicitudes se deberían tener que presentar todas ante los Consulados, y no obligar a los sefardíes que quieran adquirir la nacionalidad española a desplazarse a España dos veces, ante el Notario de su elección, una para presentar la documentación que le acredite como sefardí y otra para jurar la nacionalidad. Si hubiera que realizarse alguna tramitación en España deberían realizarla los propios Registros Civiles y no los notarios, tal y como llegó a proponer el propio Grupo Parlamentario del PP en sus enmiendas al articulado que dejaba a los Notarios como oficina de presentación de documentos (vease la enmienda 57, del PP) y que ahora, oh sorpresa, ha desaparecido del texto final, para mantener una fase de instrucción completamente privatizada, en manos de los Notarios, para así callar sus voces discrepantes relativas a la privatización del Registro y poderse repartir entre Notarios y Registradores el pastel del Registro Civil. 

Catalá, ¿esto no es privatización? ¿ esto es lo que entiendes por gratuito? ¡¡ Qué mentiroso que eres !!!!

Catalá acusa al PSOE de "contaminar y hacer ruido" con la reforma del Registro Civil

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reprochado hoy al PSOE en el Pleno del Senado su empeño por "contaminar y hacer ruido" con la reforma del Registro Civil y sus denuncias de "privatización", pese a garantizar que este servicio será "gratuito" y no conllevará la perdida de ningún empleo.

Catalá ha respondido así a una pregunta del senador socialista Antonio Julián Rodríguez Izquierdo sobre qué quiso decir el Gobierno cuando afirmó en sede parlamentaria que "nosotros sí sabemos qué hacer con los registros civiles".

"Si se siguen empeñando en hablar de privatización, estarán haciendo simplemente un ruido, una contaminación y una falta de capacidad de análisis para encontrar una solución a un servicio publico", ha señalado el titular de Justicia, que ha subrayado que la reforma no supondrá el desmantelamiento de ningún servicio. "Los sindicatos saben que vamos a mantener el empleo", ha agregado.

Al respecto, ha defendido que el futuro Registro Civil será "gratuito, de calidad y telemático", gestionado por los registradores pero tutelado por el Ministerio de Justicia. En este sentido, ha reconocido que Justicia trabaja con el Colegio de Registradores, que es "la corporación que representa a este colectivo" de "funcionarios públicos".

Por su parte, el senador socialista ha acusado al ministro de "subcontratar las enmiendas para hacerlas a medida" del Colegio al asegurar que los 103 folios de enmiendas a la reforma están hechas por el propio colegio. "Es una auténtica desfachatez", ha dicho.

Rodríguez Izquierdo ha agregado que aparecen enmiendas bajo un membrete del Ministerio de Justicia "en las que se leen cosas" como "el colegio admite nueva redacción" o "el colegio propone suprimir" o "esto hay que meterlo así".

"Van a convertir este servicio público en un negocio que será ineficiente, opaco e inmoral", ha denunciado.

CCOO presenta en Cuenca la ILP para defender el mantenimiento del Registro Civil como servicio público

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Cuenca va a desarrollar en el ámbito provincial la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)que ha elaborado e impulsa este Sindicato y que tiene como objeto detener la privatización de los Registros Civiles y que supone un paso más para el desmantelamiento de la Administración de Justicia como servicio público y asigna las funciones de este servicio gratuito y cercano a la ciudadanía a los registradores mercantiles y de la propiedad.

La ILP que elabora e impulsa CCOO se suma a la oposición de organizaciones sociales, políticas, Ayuntamientos, asociaciones profesionales, de la Plataforma “Justicia para Tod@s”, etc., a esta medida impuesta por el gobierno del PP. SE tienen que alcanzar 500.000 firmas, en un máximo de nueve meses, para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso de los Diputados.

“Hay que detener esta decisión porque supone una privatización de un servicio público fundamental, ya que los registradores no son funcionarios públicos. Porque supone una pérdida de más de 8000 oficinas de Registro Civil, una por cada Ayuntamiento pues entre las competencias de los juzgados de paz se encuentra la llevanza de un registro civil.”, señaló el representante del Sector de la Administración de Justicia de la FSC CCOO-Cuenca, Lucas Sánchez.

Afapna pide al Gobierno "paralizar la privatización del Registro Civil

Afapna, sindicato de funcionarios de Navarra, ha registrado una petición ante el Ministerio de Justicia para pedir "parar la privatización del Registro Civil" que, según el sindicato, el Gobierno central pretende realizar a través del proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

El sindicato ha afirmado, a través de una nota, que ve con "preocupación" cómo el Ministerio de Justicia "va a proceder a la privatización del Registro Civil al iniciar el trámite en el Congreso de los Diputados". Con esta medida, ha opinado Afapna, "se aumentarán los hechos registrales obligatorios y los aranceles que cobran los registradores en el Registro de la Propiedad".

Además, según ha señalado, "aparecerán más aranceles por trámites, de modo que, por ejemplo, si antes el registrar el nacimiento de un hijo era gratis ahora costará 20 euros aproximadamente; una defunción, 40 euros; casarse por lo civil, 150 euros; o registrar una comunidad vecinal, unos 300 euros aproximadamente".

"Este nuevo caso de privatización por parte del Partido Popular es un una clara ironía, ya que un Ministerio como el afectado va a crear una injusticia que afectará gravemente al ciudadano", ha criticado el sindicato.

CCOO lamenta que el Gobierno asturiano no actúe ante la reforma que plantea el PP sobre el Registro Civil

El sindicato CCOO de Asturias ha mostrado este martes su malestar por la falta de acción del Gobierno del Principado de Asturias ante la reforma del Registro Civil que plantea el Ejecutivo central. 

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del sindicato, han criticado que nadie del Principado se haya puesto en contacto con los trabajadores que estarían afectados por una reforma que podría incluso entrar en vigor en el mes de julio. 

El coordinador del Sector de Justicia de la Federación de Servicio a la Ciudadanía de CCOO de Asturias, Juan José Azcano, ha dicho que la reforma planteada supone una "privatización" y que va a tener un impacto directo sobre los trabajadores que ven su futuro con incertidumbre. 

El sindicato CCOO comenzará a recoger firmas para una iniciativa legislativa popular en defensa del mantenimiento del Registro Civil "como servicio público y gratuito", servido por personal funcionario de la Administración de Justicia. 

"Un registro civil no se puede gestionar como una empresa privada", ha dicho Azcano, que ha añadido que sólo el PP apoya una reforma que no ha dudado en calificar de "pelotazo" y de "puerta giratoria". 

En la rueda de prensa también han participado el secretario general de FSC-CCOO Asturias, José Antonio Fernández, además de Ana Hevia y Gloria Losada, trabajadoras del Servicio Civil. Han advertido de las consecuencias que tendrá también en la ciudadanía la mencionada 'privatización', porque encarecerá las gestiones.

El Gobierno quiere convertir 381 registros civiles de Extremadura en negocios privados

Otra privatización más, y esta escandalosa porque beneficiaría al gremio al que pertenece el mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los registradores de la propiedad. Partidos, sindicatos, ayuntamientos, algunas comunidades autónomas, organizaciones sociales, piden la marcha atrás en la asignación de los registros civiles a registradores de la propiedad y mercantiles, que viene acompañada en la región por la reducción del número de los registros públicos, de 383 que hay en la actualidad a sólo dos.

En aras a la “competitividad” y “reforma administrativa” funciones como el registro de un nacimiento, expedir una partida de nacimiento o defunción, hasta ahora gratis, pasarán a costar dinero en forma de aranceles a pagar a los registradores; inscribir a un recién nacido, u obtener una partida de nacimiento, pasarían a costar 20 euros, y una partida de defunción 40.

Casarse por lo civil, o sacar un duplicado del libro de familia podría costar entre 100 y 150 euros, o inscribir una comunidad vecinal 300, en esas oficinas privatizadas.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha empezado a escala nacional una carrera de recogida de firmas contrarreloj para intentar impedir que a partir de mediados de julio próximo sea efectiva esa asignación de las funciones de los registros civiles a los registradores privados.

Se trata de reunir 500.000 firmas para apoyar la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada en el Congreso con el objetivo de derogar los decretos leyes y leyes que consagran esa privatización de los registros civiles, ahora dependientes de un juez o asimilados.

La privatización conlleva el cierre en Extremadura como tales de 381 registros públicos (8.122 en España), ahora gestionados por jueces, jueces de paz, u otras personas reclutadas por el Ministerio de Justicia y que cobran por ello una gratificación; algunos seguirían funcionando pero privatizados y de pago.

Alejados del ciudadano

Rajoy retrasa la nacionalidad española a 200.000 inmigrantes mientras privatiza el Registro Civil

Los registros civiles, en proceso de transformación por una ley atribuida al hermano del Presidente, Enrique Rajoy, denuncian que los expedientes han quedado paralizados desde finales de 2013 en espera de la entrega del negocio a los registradores mercantiles y de la propiedad.

Desde diciembre de 2013 los inmigrantes que cumplen los requisitos legales sufren la paralización colectiva de los trámites para obtener la nacionalidad española. Son unos 200.000, según denuncian los trabajadores y sindicatos del Registro Civil sometidos a una reforma que prevé un cambio profundo en las oficinas públicas que tramitan las nacionalidades, nacimientos, bodas y defunciones, entre otra información civil relevante.

Sólo la ciudad de Barcelona tiene 15.000 expedientes en la sede del registro central de Madrid, donde los expedientes se apilan en espera de la digitalización, según los datos aportados por trabajadores del Registro Civil a este diario. El registro de ese municipio catalán está asignando citas para nacionalidad para 2017. Sevilla ciudad acumula casi 4.000, una cifra similar a la de Gran Canaria. Albacete cuenta con 2.300, Málaga con 2.150, Córdoba 3.000 y León, 900, según los datos obtenidos por este diario de cada una de las oficinas del registro. 

El hermano registrador

El Gobierno de Mariano Rajoy prepara una reforma del Registro Civil que fue dibujada durante la gestión de Alberto Ruiz Gallardón frente al ministerio de Justicia. Pero la autoría de la reforma se la atribuyen al hermano del propio presidente de Gobierno, Enrique Rajoy, titular del Registro de la Propiedad de Cáceres y asesor de la Dirección General de Registros y Notariado, según coinciden conocedores del sector.

La reforma impulsada por el Gobierno tiene previsto retirar a partir de julio a todos los funcionarios de justicia del Registro Civil. Los sustituirán los registradores mercantiles y de la propiedad, un gremio al que pertenece el propio presidente del Gobierno. Los registradores, trabajadores que han ganado plazas por oposiciones pero que cobran en función de aranceles, se quedarán con el negocio del registro de nacimientos, matrimonios, fallecimientos y tramitación de nacionalidad, entre otros.

El PSOE llevará al pleno el conflicto del Registro Civil. La oposición tacha de «política depredadora de lo público» la decisión del PP de privatizarlo

El Partido Socialista presentará en el pleno del 1 de abril una moción para dar marcha atrás a la privatización del Registro Civil, mostrando así su apoyo a los funcionarios de este servicio y en general de todos los de la administración de justicia en una lucha «que corresponde sostener a toda la sociedad contra una nueva política desmanteladora y depredadora de lo público que está ejecutando el gobierno del PP, para favorecer a unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría de la ciudadanía».«Es éste un gobierno que sólo desea convertir lo público en un negocio particular», señaló José Manuel Dapena, número cuatro de la candidatura socialista.

A juicio de los socialistas, «Mariano Rajoy, registrador de la Propiedad, quiere regalar la gestión del Registro Civil a sus compañeros de gremio, los Registradores Mercantiles», después de que España invirtiese «más de 128 millones de euros en modernizarlo y digitalizarlo». Advierte además que «todos esos datos privados y confidenciales serán trasvasados, de prosperar el proyecto del gobierno del PP, a una nueva base de datos que explotarán los Registradores Mercantiles», mermando las garantías. «La gestión de los datos más sensibles de todos los ciudadanos se deja en manos de personas que no están sujetas a la jerarquía, responsabilidad y sujeción al estatuto funcionarial», añade el PSOE, y subraya que «se entrega a manos privadas parte de la historia de cada municipio», además de advertir que en muchos pueblos se alejarán las dependencias de los vecinos, encareciendo sus gestiones.

Más de 200 funcionarios secundan en Vigo la primera protesta contra la reforma del Registro Civil



Las protestas contra la reforma del Registro Civil arrancaron ayer con una concentración frente a los Juzgados en la que participaron 250 funcionarios. El próximo jueves seguirán con una manifestación y empezará la recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa a fin de parar la privatización del servicio y su entrega a los registros mercantiles.

Llamazares estima que la privatización del registro civil supondrá 1,2 millones de pelotazo en Asturias

El candidato de Izquierda Unida a la presidenta del Gobierno asturiano, Gaspar Llamazares, ha denunciado la privatización, "el pelotazo y el colapso para los ciudadanos que supondrá la sustitución del registro civil por una ventanilla única y privada del registro mercantil".

Llamazares ha mantenido este viernes un encuentro con los trabajadores del registro civil de Asturias, donde trabajan ocho funcionarios, además de los jueces de paz y los juzgados de primera instancia. En una nota de prensa posterior, ha denunciado este "escándalo" que quiere llevar a cabo el Gobierno del PP, y que significará que "la labor que ahora se desarrolla en Asturias en 90 puntos se realizará a través de un único punto y privatizado, dependiendo de un único registrador mercantil", explicó el diputado en rueda de prensa en la sede de IU de Asturias. 

"Pasaremos de 90 puntos a una ventanilla única y privatizada dependiente del registro mercantil", advierte Llamazares, quien a la vez apunta que el año pasado estos trabajadores realizaron 2.400 asientos, que de aprobarse la ley tendrán que hacerse en un único punto. Este "negocio para unos pocos amiguetes", como lo definió el candidato de IU a la presidencia de Asturias y diputado de IU en el Congreso, representa "un pelotazo de 1.200 millones de euros en toda España y en Asturias entre 10 y 15 millones de euros adicionales, para un solo con el registro a consecuencia del favoritismo del Gobierno a través de los aranceles, que los han ido incrementando". 

Llamazares advirtió que atendiendo a los antecedentes, la gestión del registro de nacionalidad por parte de los registradores de la propiedad, "que tampoco son un milagro de agilidad, ya que todavía no están registradas las peticiones de 2014, esta gestión privatizada significará el colapso para los ciudadanos. "Ese es el camino que nos espera, la privatización, el pelotazo y el colapso para los ciudadanos", concluyó Llamazares.

CC.OO. llevará al Congreso 500.000 firmas para "frenar" la privatización del registro civil y "defender lo público"

El sindicato Comisiones Obreras ha anunciado este jueves el inicio de su campaña de recogida de 500.000 firmas para una iniciativa legislativa popular (ILP) que, en el Congreso, "frene" la privatización de los registros civiles y defienda "lo público".

"Sin servicios públicos no habrá una salida social a la crisis", han proclamado, en rueda de prensa, el responsable del sector de Justicia de CC.OO. Galicia, Jorge Suárez, y el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. Galicia, Ramiro Otero.

Asimismo, han explicado que el objetivo de esta ILP es "recuperar el consenso" de la regulación del registro civil, según el cual "no se reformaría" este servicio y los encargados del mismo serían los secretarios judiciales.

Por tanto, la pretensión de esta iniciativa es devolver el registro civil "a la ciudadanía" y "mantenerlo" en el ámbito de la administración de Justicia. Así, Jorge Suárez ha advertido de que se trata de "un obstáculo más" en el "freno" que pretende imponer su sindicato a las "políticas de privatización del Gobierno".

GALICIA, PERJUDICADA

Ha dado por hecho que las 500.000 firmas necesarias serán recogidas antes de los nueve meses que exige la ley, porque "una vez que a la gente se le expliquen las consecuencias, se indignará".

Si bien ambos sindicalistas han explicado que la "fuerza movilizadora" de CC.OO. proviene de la ciudadanía, han dejado claro que el sindicato también pretende "implicar a las fuerzas políticas" y que "se den cuenta" de que en Galicia, debido a su orografía y a su dispersión poblacional, esta medida "tendrá una repercusión mayor" que en otras comunidades.

Por otra parte, Suárez ha denunciado que el Gobierno pretende reducir los registros civiles que actualmente poseen todos los municipios de Galicia a "sólo" cinco, lo que supondrá "un elevado coste", ocasionado por los aranceles y las tasas que "imponen" los registradores, y unos desplazamientos "latosos" para la ciudadanía.

Los funcionarios del Registro Civil alertan de que su "privatización afecta a datos sensibles"

El personal del Registro Civil de Pontevedra, al igual que el resto de oficinas de Galicia, prosigue sus movilizaciones contra la "privatización" de esta actividad, que implica, según sus advertencias, su desaparición como servicio público para pasar a manos de los registradores mercantiles, "que no son funcionarios".

Los afectados, que señalan que sus protestas no se refieren a demandas laborales o salariales de los trabajadores sino a "la defensa de un derecho ciudadano", se concentraron ante el edificio judicial de A Parda, al mismo tiempo que una representación sindical se entrevistaba con el alcalde, Miguel Fernández Lores, que expresó su apoyo a la reivindicación. Lores señaló que "Pontevedra no perdería el servicio, ya que quedaría aquí, pero los ciudadanos tendrán que pagar por algo que ahora es gratuito, y obligará al resto de vecinos de la provincia a acudir a la capital o a Vigo, algo que no es de recibo".

Por su parte, todos los sindicatos presentes en el encuentro dejaron claro que los Registros Civiles manejan "información sensible, delicada y restringida" de los ciudadanos, no solo en lo que se refiere a las bodas, nacimientos o defunciones, sino también a "adopciones, cambios de sexo o divorcios", información que estará "en manos privadas".

Señalan que en la actualidad cada concello o juzgado de paz ejerce estas funciones, pero con su desaparición se pasará de 315 puntos en Galicia a cinco", en las ciudades donde ahora hay Registros Mercantiles.

Insisten en que se trata del "trasvase de un servicio público a manos privadas sin justificación alguna, ya que el Registro Civil es el departamento mejor valorado de la administración de justicia, con un 85% de satisfacción de los usuarios". Además apuntan que "en su día el Estado invirtió 128 millones de euros en su total informatización, que ahora se quiere entregar a los privados, que además imponen las condición de que también se digitalicen los datos anteriores a 1950, es decir, más gastos públicos para su beneficio". También alertan de que los ciudadanos tendrán que pagar unas tasas "que podrían llegar a 400 euros". 

La defensa del Registro Civil toma la calle


Varias decenas de funcionarios se concentraron ayer a las puertas del edificio judicial de A Parda para defender el Registro Civil frente a la reforma que entrará en vigor el 15 de julio y que consideran que supondrá su privatización.

Casi simultáneamente, representantes sindicales se entrevistaron con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), quien se comprometió a llevar su reivindicación al pleno municipal.

El hospital «no está equipado» para notificar nacimientos y defunciones

Los funcionarios que trabajan en el Registro Civil de Burgos tienen claro que la entrega del servicio el próximo 15 de julio a los notarios y a los registradores de la propiedad y mercantiles «es una privatización encubierta». Advierten de que sus protestas no obedecen a un afán por conservar su puesto de trabajo, pues tienen la plaza y «solo implicaría un movimiento dentro del organigrama de la Administración de Justicia». Quienes más se juegan con este cambio son los ciudadanos, advierten, «pues todos los trámites que ahora son gratuitos llevarían aparejada una tasa». De hecho temen que por un matrimonio haya que pagar «125 euros y por una gestión para cambio de nacionalidad, algo más».

Más de 60 funcionarios de Justicia que trabajan en el edificio de Reyes Católicos se concentraron ayer a las 11 de la mañana frente a sus puertas para protestar contra «la privatización». Estudian convocar movilizaciones semanales y anuncian que el 11 de abril hay programada una gran manifestación en Madrid.

El gestor del Registro Civil de Burgos, Antonio Serna, aclaró que el Ministerio de Justicia todavía no ha decidido cómo va a pagar esa tasa a notarios y registradores. El Gobierno «baraja -según señaló- que se pueda cargar a los Presupuestos Generales del Estado -es decir, que el pago salga de los impuestos de todos los españoles y no solo de los usuarios del servicio-, bien aumentado los aranceles que cobran los profesionales por otras gestiones o bien en dinero en metálico de quienes lo utilizan».

Catalá ha anunciado también que a partir de julio de 2015 nacimientos y defunciones dejarán de notificarse en persona en el Registro Civil y será personal sanitario quien lo haga de forma telemática, bien médicos o la gerencia de los hospitales. Pero Serna no fue ayer demasiado optimista al respecto, pues en el Universitario no hay ninguna oficina, ni ningún programa informático en marcha ni ningún funcionario que esté explicando ya al personal cómo hacer ese trabajo. Al eliminar 850.000 trámites presenciales en toda España, prevé el ministro, se ahorrarán más de 64 millones de euros al año.

Gran frente común de Sindicatos, Sos Xustiza, Colegio de Abogados y Procuradores de Vigo en contra de la privatización del Registro Civil

Los sindicatos CCOO, CIG, UGT, SPJ-USO, STAJ, CSI-CSIF, la Plataforma SOS Xustiza y el Colegio de Abogados de Vigo se han constituido en un frente común para luchar en contra de la privatización del Registro Civil, que pretende convertir en negocio los derechos de los ciudadanos. 

Representantes sindicales de CCOO, SPJ- USO, UGT, CSI-CSIF, CIG, STAJ, de la Plataforma SOS Xustiza y del COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO se entrevistaron el día 13 de marzo con el ALCALDE DE VIGO, en una ronda de contactos que conjuntamente realizarán con instituciones, asociaciones, operadores jurídicos y partidos políticos, para parar la privatización del Registro Civil, cuya llevanza será entregada a los Registradores Mercantiles. 

Le pidieron al Alcalde de Vigo que lleve este tema al Pleno de la Corporación, para que muestre su rechazo y solicitaron intervenir en la sesión plenaria para frenar lo que a su juicio es “un nuevo atropello a los ciudadanos, que a partir de ahora tendrán que pagar por los trámites civiles que llevarán a cabo ante los registradores”. 

Asimismo, le solicitaron al Alcalde de Vigo y también Vicepresidente de la FEMP que traslade la privatización del Registro Civil al seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, ya que miles de pequeños ayuntamientos de toda España se verán afectados. 

Las principales centrales sindicales, la plataforma ciudadana SOS Xustiza, los Colegios de Abogados y Procuradores, sumarán esfuerzos para “con la unidad de acción de ciudadanos, trabajadores, instituciones y operadores jurídicos parar la privatización de un servicio público esencial”. 

"Privatizar el Registro Civil tendrá nefastas consecuencias"

Este miércoles los trabajadores del Registro Civil de León han mostrado una vez más su oposición a la privatización de este servicio público aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los registros civiles serán traspasados a los registradores, profesión del presidente del Gobierno, en una decisión que ha causado una honda polémica.

Un numeroso grupo de funcionarios de los juzgados de León acompañaron este miércoles a los trabajadores del Registro Civil de León, que han mostrado su rotunda oposición a la privatización, que consideran perjudicará la calidad del servicio que se presta, amén de suponer un coste para los ciudadanos ya que hasta el momento todos los trámites del Registro Civil son gratuitos.

La privatización del Registro Civil fue lanzada en 2013 por el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón y ahora ejecutada por su sucesor, Rafael Catalá. La privatización de este servicio público tiene además otro problema añadido, que suprimirá las oficinas locales del Registro Civil, obligando a los ciudadanos que viven en zonas rurales a desplazarse a la capital leonesa para realizar cualquier trámite. Un proceso que podría suponer además la pérdida de empleo de los encargados de estas unidades del Registro Civil.

CCOO inicia la recogida de firmas de la ILP para detener la privatización del Registro Civil

El sindicato espera recoger cuanto antes las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso de los Diputados 

El 11 de abril se celebrará una manifestación de carácter estatal en Madrid por la defensa de este servicio público 

CCOO ha anunciado en rueda de prensa que el 19 de marzo inicia la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó el pasado 16 de diciembre contra la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles. Una vez superadas las dificultades administrativas en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en la Junta Electoral Central, el sindicato se propone alcanzar lo antes posible las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso con el fin de paralizar la privatización de este servicio público, universal y gratuito.

La ILP que elabora e impulsa CCOO, nace con el objeto de:

- Detener la asignación del Registro Civil a los registradores mercantiles impuesta por el Gobierno, porque cuenta con la oposición de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de los partidos políticos excepto el PP, de decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas (muchos gobernados por el PP), de la Plataforma Justicia para Todos, de colectivos jurídicos, de asociaciones profesionales de jueces y secretarios judiciales, entre otros.

Catalá dice que el Registro Civil será "electrónico, público y gratuito", como si no lo fuera ahora

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que el próximo 15 de julio los registradores asumirán el Registro Civil (RC), que será "electrónico, público y gratuito", según anuncia El Economista, y que tendrá "unas bases de datos que son titularidad del Estado". 

Catalá: el Registro Civil ya es electrónico en lo que tu Ministerio nos deja, porque se nos sigue negando la posibilidad de imprimir certificados de otros Registros que podemos ver pero no certificar desde el Administrador de Inforeg. La Ley 20/2011 ya establece que el Registro Civil será electrónico y tu Ministerio no ha hecho nada para implementar lo que dice la Ley 20/2011 salvo cuando tu jefe, Rajoy, ha dicho que el Registro Civil se lo quedarían los registradores. 

Catalá: el Registro Civil es público desde su creación, en 1871. Y sus bases de datos son titularidad del Estado desde entonces. También los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles son públicos y sus bases de datos de titularidad estatal, pero cada vez que quieres registrar algo o pedir una nota simple o un certificado hay que llenar los bolsillos del registrador. 

Catalá: el Registro Civil es completamente gratuito desde 1986. Si va a ser gratuito, ¿cómo explicas que tu partido, el PP, presente enmiendas al proyecto de Ley de Nacionalidad de sefardíes para que los Registradores puedan cobrar aranceles en todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad por residencia? Y como esta, unas cuantas más. 

Sobre los trabajadores del Registro, Catalá explicó que se trabaja con sindicatos y comunidades autónomas para resituarlos y que no haya despidos. Miente como un bellaco, porque desde hace meses no se reúne con los sindicatos para hablar del Registro Civil, porque está esperando a que se presenten las enmiendas en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley para registrar nacimientos y defunciones desde los hospitales para avanzar en la privatización del Registro y llevarnos a una negociación imposible, porque no habrá nada que negociar. 

Catalá: si los registradores mercantiles son funcionarios públicos, hagamos de todos los ingresos derivados de la función pública que ejercen

El Ministro de Justicia Rafael Catalá tiene como único argumento para negar que la asunción del Registro Civil por los Registradores Mercantiles sea la privatización de un servicio público que dichos Registradores, según la Ley Hipotecaria, tienen la consideración de funcionarios públicos. También los Notarios la tienen, según el Reglamento Notarial. Por cierto, según la propia página web de los Registradores éstos son "juristas profesionales del derecho que ejercen una función pública". Es decir, ni ellos mismos se definen como funcionarios públicos, sólo el Ministro de Justicia y su equipo. 

Sin embargo, omite (debe ser que lo desconoce) que hacen suyos las ganancias derivadas del ejercicio de su función pública, una vez descontados los gastos de sus oficinas, equipamiento y personal contratado directamente por los Registradores, obteniendo así ganancias millonarias que ni de lejos tiene el mejor de los servidores públicos en España o el Rey mismo. Si una función pública se ejerce en régimen de hacer propias las ganancias derivadas de la misma, sin que éstas se ingresen en el Tesoro Público, estamos ante la privatización de un servicio público, sean Notarios, Registradores, u otras personas quienes lo gestionen, y ello con independencia de que una norma les otorgue la categoría de "funcionarios públicos". 

Cuando se habla de privatizar no es en función de quien gestiona un servicio público (una empresa puede gestionar un servicio público en régimen de concesión temporal, sin que por ello se privatice el servicio público), sino en función de quién hace suyas ad perpetuam las ganancias por gestionar dicho servicio: si las ganancias no se ingresan en el Tesoro Público sino que van directamente a los bolsillos de sus gestores estamos ante una privatización. 

Si del ejercicio de una función pública puede haber alguna ganancia ésta debería repercutir en todos los ciudadanos y ciudadanas, y no en los bolsillos de unos pocos. En Francia se suprimió desde el 1 de enero de 2013 el régimen de los "Conservateurs des Hypothèques", equivalente a los Registradores de la Propiedad en España, y se asumió dicha función por el Estado. El puesto de conservateur fue sustituido por el de “jefe del servicio de publicidad registral”, y se sometió a las normas generales que regulan los puestos de la administración pública, especialmente en lo que se refiere a la remuneración de este cuerpo que ejerce en Francia la labor de la publicidad inmobiliaria, como los registradores en España. Y aquí, ¿por qué no?

El Sr. Ministro de Justicia tiene una oportunidad de oro de demostrar que no estamos ante una privatización de un servicio público: Haga las modificaciones legales precisas a fin de:

1.- Que todos los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, como los demás funcionarios, pasen a percibir sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
2.- Que dichas retribuciones no puedan ser superiores a las de los Jueces de 1ª Instancia de las localidades en que presten sus servicios.
3.- Que todos los bienes inmuebles, equipamientos y demás bienes o derechos propiedad del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España se integren dentro del Patrimonio del Estado, y se afecten al funcionamiento de dichos Registros.
4.- Que el personal que trabaja en dichos Registros sea empleado público, que acceda al puesto conforme los procedimientos legalmente establecidos para los  empleados públicos.  
5.- Que cualquier pago de tasas o aranceles en los Registros de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles, o de cualquier otro Registro perteneciente a una Administración Pública, se ingrese directamente en el Tesoro Público. 

Y entonces le creeremos.