El Tribunal Constitucional, en una sentencia del 24 de septiembre, ha declarado la nulidad de las disposiciones vigésima a vigésimo cuarta del Real Decreto Ley Ómnibus, de 4 de julio de 2014, relativas a la privatización del Registro Civil a favor de los registradores mercantiles. El Gobierno justificó la regulación mediante decreto ley para dar una respuesta normativa inmediata a una cuestión inaplazable. Los parlamentarios que presentaron el recurso (más de 50, pertenecientes a IU, PSOE, UPyD, IP, IU, ICV-EUAIA y CHA) aducieron dos motivos diferenciados.
Artículo de opinión de Javier Martínez del Moral publicado en el periódico semanal "Ahora", de acceso sólo para suscriptores de dicha publicación.
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