A partir del próximo 15 de julio, el Gobierno central entregará al Registro Mercantil los servicios que presta en la actualidad el Registro Civil, una decisión que “equipara a las personas con las empresas y que está generando muchas dudas sobre la futura gratuidad de gestiones que hoy en día no tienen coste”. Es una advertencia que lanza Martín Corera, su secretario judicial en Navarra desde 1990 hasta 2014.
Este proceso arrancó el pasado jueves, cuando se creó una comisión mixta entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles para estudiar la futura implantación del nuevo modelo.
Esta “privatización”, en palabras de Corera, supondrá un cambio total de modelo, en el cual “excepto los certificados de nacimiento y defunción, podrían cobrarse el resto de servicios”. Así, gestiones como la inscripción de un matrimonio empezarían a tener un coste a partir del verano, según Corera.
Por ello, prevé un aumento de usuarios antes de julio para realizar aquellos trámites que pueden adelantarse en el tiempo, como un cambio de nombre o la solicitud de certificados de fe de vida y estado. Habitualmente, éstos últimos se piden para tramitar el cobro de las pensiones, celebrar matrimonios en el extranjero o iniciar los expedientes de nacionalidad.
No obstante, desde el departamento de Justicia del Gobierno de Navarra, del que depende ahora el servicio, señalan que por el momento éste funciona con normalidad, aunque en noviembre dejó de dar citas por el traslado de seis de los once funcionarios a otras plazas de la Administración, unos puestos que ya están cubiertos con personal interino.
El exsecretario judicial también alerta de dudas sobre la garantía que pueden ofrecer los registros mercantiles a la hora de manejar “los datos más íntimos y sensibles de las personas, que ya no estarán gestionados por funcionarios públicos especializados en el tema”.
CÓMO SE GESTIONA EL REGISTRO MERCANTIL
Corera detalla que, hasta el momento, el ámbito de actuación del Registro Mercantil son las empresas, no las personas, y que se rige por un sistema retributivo de aranceles en régimen de monopolio. Si bien sus titulares son funcionarios, el resto de los trabajadores no lo son, sino que están contratados como en una empresa privada.
Otro de los aspectos que critica es el hecho de que “la inversión pública de 140 millones en informatizar el Registro Civil y dotarle de los últimos medios tecnológicos será aprovechada ahora por el sector privado”. Todo ello le lleva a concluir que estamos ante “un error histórico del Gobierno central” y que “nada de lo que hemos conocido hasta ahora volverá a verse”.
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