El PSOE asegura que privatizar el registro civil responde al programa oculto del PP

La secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, María Victoria de Pablo, ha señalado hoy que "la privatización de los registros civiles responde al programa oculto del PP" y ha pedido al consejero de Justicia, Emilio del Río, que explique su "silencio" y "sumisión" ante esta medida.

De Pablo, en una nota, se ha referido a que el Senado, el pasado día uno, aprobó la privatización de los registros civiles, medida que ha rechazado al considerarla "innecesaria" y "clandestina", al efectuarse dentro de un proyecto de Ley de medidas urgentes para el pleno crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Ha añadido que al tramitar esta iniciativa de forma urgente "hurta" el debate parlamentario e "impide" el debate y la confrontación de las ideas y argumentos.

"El Gobierno del PP impone al colectivo de los registradores un servicio que no quieren y se lo quita a quien sí quiere seguirlo llevando", ha asegurado De Pablo, para quien esta situación es un "despropósito".

Ha recordado que el Colegio de Registradores ha manifestado su discrepancia a esta cesión del servicio público y cree que la "imposición" de este servicio "tan esencial" con "todos los afectados en contra" es garantía de un "fracaso" anunciado.

Para ella, cuando el proyecto de Lley dice que garantiza la gratuidad del servicio, "no está diciendo la verdad", ya que establece la creación de una empresa pública, llamada Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, que se "nutrirá de los presupuestos públicos".

"Es decir, que los registradores que cobran por aranceles, seguirán cobrando por cada actuación, pero ahora lo pagaremos todos los ciudadanos vía impuestos", ha señalado.

Sus datos indican que "el PP ya le ha regalando a los registradores 128 millones de euros que costó la informatización de los registros civiles judiciales, que se hizo hace tres años con cargo el dinero de todos los ciudadanos".

Se ha preguntado si la "privatización" no será efectiva hasta el 15 de julio de 2015, después de las elecciones autonómicas, "¿dónde estaba la urgencia del Gobierno?".

También ha pedido al consejero de Justicia riojano, Emilio del Río, que explique su "silencio" y "sumisión" ante una medida que afecta a 300.000 riojanos.

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