Ayer el ministro Gallardón anunciaba la adscripción de la llevanza del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, que pasarán a denominarse Registradores Civiles y Mercantiles. Se trata de una noticia más como Notario, que como jurista, que no me he podido resistir a comentar en este blog.
Los Notarios junto con los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, estamos encargados de velar por lo que técnicamente se llama seguridad jurídica preventiva. Nuestro sistema confía en estos dos profesionales para evitar litigiosidad, en el bien entendido fin de que de esta manera se abaratan costes.
Somos funcionarios públicos, pero tenemos un especial régimen de retribución. A diferencia de lo que sucede con el resto de funcionarios, respecto de los que, tanto el personal como los medios, se sufragan contra una partida de los presupuestos de la Administración correspondiente; tanto Notarios, como Registradores, nos financiamos con cargo a un arancel que se repercute al usuario de nuestros servicios. En esta vertiente tenemos un cierto matiz empresarial, pues debemos dotar la oficina de forma eficiente, los notarios, además, en régimen de competencia, y asumiendo los riesgos de la pertinente inversión. El personal de la oficina, es también a cargo nuestro, asumimos los riesgos de la correspondiente elección.
En los últimos días ya comenté sobre la absurda situación de una Ley sin medios, como es la del Registro Civil. El anuncio de Gallardón viene a disipar las dudas. Se trata de una decisión que había que tomar. Consiguientemente, necesaria. No se puede tener una Ley en el limbo.
Bien está que el Registro Civil siga siendo gratuito. La existencia del mismo interesa al Estado. Hacer a los ciudadanos cargar con el mantenimiento del mismo, probablemente, desincentivaría comunicar los datos al mismo. Se producirían efectos no deseados.
De ahí a obligar a los Registradores Mercantiles a la llevanza del mismo, de forma gratuita, existe un abismo.
- El trabajo no se hace solo, será necesario disponer de los medios materiales al efecto.
- Esos medios materiales serán sufragados con cargo a los beneficios del Registro -si los hay, cosa que no siempre sucede en época de crisis-; en el fondo supone una bajada de las percepciones económicas del Registrador a golpe de BOE.
- Hablar de su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital, como hace la nota del Consejo de Ministros, es un argumento falaz.
Recuerdo cuando, en el 2010, Zapatero, decidió bajar un 5 % el sueldo de los funcionarios, en general, la medida no era justa. Imponía el deber de aliviar la crisis a aquellos trabajadores que dependían del Presupuesto del Estado. En particular, además, a Notarios y Registradores, con el mismo pretexto, se aprovechó para rebajar los aranceles en un 5 %, lo cual, socialmente, puede estar bien, pero no tiene nada que ver con adelgazar el presupuesto de gastos. Como quedó dicho, ni Notarios ni Registradores cobramos del Presupuesto del Estado. En este caso, con los Registradores mercantiles se produce una situación similar.
Todo lo anterior me sugiere las siguientes reflexiones:
- Probablemente, la llevanza del Registro civil deba ser compensada con la atribución de alguna nueva competencia para los Registradores mercantiles, a fin de garantizar la sostenibilidad del Registro.
- Es necesario caminar hacia la existencia de un único cuerpo de Notarios y Registradores, eso sería lo que, realmente, abarataría los costes al ciudadano y haría, actualmente, más eficiente el sistema. Especialmente si se tiene en cuenta que muchas escrituras se quedan encalladas en el Registro, sin inscribir, cuando, por el contrario, los efectos económicos inter partes ya se han producido en el momento de la intervención del notario. Eso sí que es una disfunción.
- La oposición entre ambos cuerpos sólo genera situaciones como la que produce el anuncio de Gallardón. Siempre hay alguien que le toca bailar con la más fea. Esta vez ha sido a los Registradores mercantiles (que también, por cierto, son Registradores de la propiedad), como podía haber sido a los Notarios.
Es muy fácil jugar con el futuro de las personas que ponen encima de la mesa su patrimonio y vida, cambiando, de forma anodina Leyes sin la más mínima motivación que una huida hacia delante. La buena llevanza de las Notarías y Registros exigen estabilidad en el flujo de ingresos, que sólo debería verse afectada por la inestabilidad económica, no por la falta de previsión y capacidad de quien nos gobierna, con independencia del color al que pertenezca.
Por cierto, lo que es indudable es que la Ley del Registro Civil no entrará en vigor el 22 de julio de 2014, como debía haber sido, lo cual ni genera responsabilidad para nuestro políticos, ni, tan siquiera, al parecer, el más mínimo sonrojo, bastará con imputar el problema al anterior; eso sí ahora que los Reyes no lo son por la Gracia de Dios, los Registradores mercantiles serán Registradores civiles por la gracia de Gallardón.
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