Grupos de la oposición, como el PSOE, la Izquierda Plural o el PNV, han instado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a "aclarar de una vez el culebrón" sobre a qué colectivo entregará la gestión del Registro Civil y han censurado que haya encargado a El Corte Inglés un inventario sobre los libros que alberga.
Así lo han expuesto en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que ha rechazado dos proposiciones no de ley presentadas por el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pidiendo garantizar el carácter "universal, público y gratuito" del Registro Civil y no expropiar a los juzgados de paz de estas funciones.
Los 'populares' Francisco Molinero y Beatriz Escudero han justificado el rechazo del PP en que están hablando de "hipótesis" y en que la memoria de impacto presupuestario de la ley socialista, que desjudicializaba el Registro Civil, reflejaba una insuficiencia que dificultaba su desarrollo.
El PP ha recalcado que el propio Ministerio de Justicia ha garantizado la gratuidad de este servicio, que será encomendado a funcionarios públicos. En este sentido, han defendido que los registradores también lo son por mandato de la Ley Hipotecaria.
LOS REGISTRADORES NO DEPENDEN ORGÁNICAMENTE DEL MINISTERIO
Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria ha refutado este aspecto al indicar que los registradores no dependen orgánicamente del Ministerio y ha cuestionado que Gallardón sepa a quién encomendar el Registro Civil.
Algo sobre lo que también han dudado la socialista Laura Seara, que ha tildado de "esperpento" la situación en la que se encuentra la reforma del Registro Civil y ha llamado "frívolo y egocéntico" al ministro, a quien ha acusado de estar "obsesionado con todo lo que suene a público".
En este sentido, ha criticado duramente que Justicia haya encargado al servicio informático de El Corte Inglés un inventario sobre los libros del Registro Civil, con datos ofrecidos por los propios funcionarios. "La conclusión es muy fácil: El Corte Inglés cobra y el trabajo lo hace el fucionario", ha remachado.
El PSOE ha advertido de que esto da lugar a situaciones "kafkianas" como que los funcionarios tengan que medir con cintas métricas el grosor de todos los tomos y ha mostrado sus sospechas de que sea "otro paso previo a la privatización" del Registro Civil.
Por su parte, el portavoz en Justicia de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha instado al Ministerio a garantizar el mantenimiento de las competencias de los juzgados de paz en Registro Civil y ha denunciado que el Gobierno haya abierto "un periodo de saldos" sobre un servicio que maneja información delicada sobre la intimidad de los ciudadanos.
Los Registros Civiles guardan información sobre la identidad de personas transexuales, las adopciones, los divorcios o las incapacidades. "Pido que aclaren de una vez el culebrón en el que se ha convertido la aplicación de la Ley del Registro Civil de 2011", ha concluido Llamazares.
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