El Gobierno privatiza los trámites para que los sefardíes puedan adquirir la nacionalidad española

Dicho de forma rápida y de rondón, la Vicepresidenta del Gobierno Saez de Santamaría ha anunciado la aprobación del Real Decreto para la concesión de la nacionalidad española para los ciudadanos sefardíes por carta de naturaleza. En dicho Real Decreto se va a establecer que la acreditación de la condición de sefardita se hará por medio de los Notarios, quienes elevarán propuesta motivada al Ministerio de Justicia; la tramitación se hará a través de una plataforma electrónica, y habrá que pagar una tasa de 75 € que según la vicepresidenta es menor que lo que se paga en otros países como Alemania. 

Esta forma de tramitación supone una forma excepcional dentro de nuestra administración, ya que hasta ahora para iniciar cualquier trámite de procedimiento registral o relativo a la nacionalidad española bastaba con la mera presentación de la solicitud, y ello sin perjuicio de la posibilidad de que quien quisiera pudiera valerse del servicio profesional de un abogado o gestoría. Ahora se va a obligar a un colectivo a presentar su solicitud a través de una plataforma electrónica de pago, y será un colectivo ajeno al Ministerio de Justicia y a la Administración como son los Notarios (son funcionarios públicos, pero no pertenecen a la Administración propiamente dicha) quien debe realizar una tramitación administrativa y una valoración de si se cumplen o no los requisitos para tener por acreditada la condición de sefardita. Parte de la tasa será para sufragar sus servicios, que sin duda considerarán los Notarios insuficiente. 

Resulta claro y meridiano que la tramitación de estos expedientes a través de los Notarios, y que los particulares no puedan presentar sus solicitudes a través de los órganos registrales tal y como establece la Ley y el Reglamento del Registro Civil respecto de los expedientes de adquisición de nacionalidad española por carta de naturaleza, abre la puerta a que próximamente todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia se hayan de tramitar a través de los Notarios, previo pago de una tasa, privatizando la tramitación de dichos expedientes. Hoy, la parte que les corresponda de los 75 € les parecerá insuficiente, pero Gallardón les abre las puertas a cobrar por los miles de expedientes de nacionalidad que se tramitan cada año. 

La Ley 20/2011, aprobada con el consenso del PP, establece que "las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia se iniciarán y tramitarán por los órganos de la Administración General del Estado que determine el Gobierno mediante Real Decreto", y los Notarios no lo son. Esto es una privatización de un procedimiento administrativo en toda regla.