CCOO pide a los 104 alcaldes de la provincia de Sevilla un pronunciamiento contra la "privatización" de los registros civiles

El sindicato CCOO ha remitido una carta a los 104 alcaldes de los municipios de la provincia de Sevilla para que se pronuncien "clara" y "rotundamente" contra la "privatización" de los registros civiles planteada por el Gobierno central.

En la carta, el sindicato recuerda a los regidores municipales que el proyecto del Ministerio de Justicia "supondría el desmantelamiento de un servicio público, gratuito y de cercanía al ciudadano atendido desde hace casi 150 años" por personal de la Administración de justicia o de los ayuntamientos.

Según ha indicado en una nota CCOO, la materialización de este proyecto "supondrá la privatización de este servicio público, siendo ésta una cuestión inaceptable para los derechos de la ciudadanía, pues personal del ámbito privado manejará datos personales, particularmente sensibles algunos de ellos, de millones de ciudadanos".

Estos datos "están especialmente protegidos" por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en referencia a estado civil, incapacidades, adopciones, cambio de sexo, separaciones y divorcios.

La consecuencia de la entrega de la llevanza del Registro Civil a los registradores de la propiedad se traduciría "en el traslado de dichos registros a las capitales de provincia o localidades de tamaño superior, obligando con ello a la población de las localidades más pequeñas a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho y su obligación o acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales".

"No está garantizado, ni tan siquiera, que los vecinos de cada pueblo puedan seguir inscribiendo a sus hijos como nacidos en esa localidad cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en las pequeñas y medianas poblaciones con las consecuencias inherentes", señala CCOO.

CCOO ha indicado a los alcaldes sevillanos que el Registro Civil "es un servicio público profundamente arraigado en los ayuntamientos y juzgados de paz, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa y donde los vecinos han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, lo que ahora, con su desaparición y privatización, no podrán seguir haciendo".

Para CCOO, los dirigentes municipales "deben valorar que, lamentablemente, esta reforma viene acompañada de la aprobación por parte del ejecutivo del anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyo texto se profundiza en el alejamiento de la Administración de justicia de los ciudadanos, con la desaparición de órganos judiciales y la supresión de miles de puestos de trabajo del sector público y privado".

De este modo, "se procederá al cierre de todos los juzgados de Paz y de Primera Instancia e Instrucción, que se centralizarían en los tribunales de instancia en las capitales de provincia".

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