Cientos de funcionarios se concentraron ayer a las puertas de los registros civiles de toda España para oponerse a la "privatización" de este servicio público. La carta que el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, remitió recientemente a todos sus afiliados, en la que informaba de que el Ministerio de Justicia ha decidido dejar en manos de este colectivo la gestión de las oficinas donde se inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios y demás hechos de naturaleza privada, ha hecho saltar las alarmas en el gremio. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón asegura que no hay una decisión tomada, que la anotación de hechos registrales seguirá siendo gratuita y que se mantendrán todos los empleos, pero los trabajadores del Registro Civil no se fían y temen una reforma inminente.
Los sindicatos convocantes de la protesta denunciaron ayer que el acuerdo de "tapadillo" entre Justicia y el Colegio de Registradores (profesión a la que pertenece Mariano Rajoy) "pone en peligro" más de 3.500 puestos de trabajo y supondrá el pago por un servicio hasta ahora gratuito. Asimismo criticaron que el ministro "no se haya dignado a dar explicaciones" y le exigieron que les reciba con urgencia.
LA POLVAREDA Los antecedentes del posible traspaso de estas oficinas a un colectivo de empleados públicos pero que cobra arancel por sus anotaciones se remontan, no obstante, a hace más de un año. Justicia elaboró un borrador con los pormenores de cesión que levantó una polvareda. Jueces, notarios, consumidores y secretarios judiciales se levantaron en pie de guerra ante el temor de que traspaso conlleve la privatización del servicio.
El Gobierno popular de Mariano Rajoy aseguró reiteradamente que su intención era mejorar la prestación, el traslado on line de los datos y evitar el viacrucis de ir de Administración en Administración.
Garantizó, además, que los trámites obligatorios como el registro de nacimientos o defunciones seguirían siendo gratuitos, mientras que actos voluntarios como el cambio de nombre o la inscripción de la nacionalidad podrían pasar a ser de pago, con tasas de entre 20 y 40 euros. La asamblea de registradores, de hecho, rechazó asumir la nueva competencia con el argumento de que la gestión del Registro Civil les supondría más una carga que un beneficio. Esta circunstancia provocó que Justicia aparcara su propósito durante unos meses. Sin embargo, a tenor de la carta que el decano envió a sus afiliados a mediados de mes, Justicia baraja de nuevo esta idea, con la vista puesta en cumplir el mandato legal de desjudicializar el Registro Civil que entrará en vigor en julio y que se aprobó la pasada legislatura.
¿La asunción con los brazos abiertos de los registradores supondrá que han negociado al alza sus posibles aranceles? Solo el tiempo lo dirá. Justicia de momento lo niega.
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