SOS Xustiza critica al Gobierno central por continuar con la privatización del registro civil

SOS Xustiza denuncia que el Gobierno central continúa con la "privatización" del registro civil "con nocturnidad y alevosía" y que ha dado "otro hachazo a la Justicia" tras publicar el pasado sábado en el BOE una encomienda por la que pagará "otros 2 millones de euros a los registradores de la propiedad para tramitar los expedientes de nacionalidad" del primer semestre de 2015. 

Según la plataforma, la resolución argumenta que "persisten las causas excepcionales provocadas por la escasez de medios técnicos y humanos" del ministerio y recuerda que ya en su día se aprobó otra encomienda por valor de 4 millones. 

El colectivo señala la "falta de voluntad" mostrada por el Gobierno para dotar de infraestructuras y medios al registro y cree "injustificable" que "regale" 2 millones de euros". 

La presidenta de SOS Xustiza, Yolanda Aguiar, reitera que esta situación será "absolutamente gravosa para los bolsillos de los ciudadanos". Y también advierte del "riesgo" para la protección de datos de carácter personal que supone que los datos de los ciudadanos estén en manos de personal contratado y no de funcionarios públicos.

El Parlamento de Cantabria aprueba por unanimidad una Resolución en defensa del Registro Civil

El pleno del Parlamento de Cantabria, en la sesión de 17 de abril, aprobó por unanimidad la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista modificada por una enmienda de adición del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria y por una enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular.

En el marco de la acción sindical emprendida a nivel de todo el Estado en defensa del Registro Civil, acción obligada por las contradicciones y "bandazos" del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que un día dice una cosa a las organizaciones sindicales y otro día otra distinta en la Conferencia Sectorial y en los comunicados publicados en la propia página web del Ministerio de Justicia, CCOO lanzó una campaña en Cantabria, en la que hemos mantenido reuniones con representantes de partidos políticos y hemos solicitado a todos los ayuntamientos de la región la aprobación de mociones en defensa de un Registro Civil público, gratuito, servido por personal de la Administración de Justicia y con presencia en todos los municipios, como hasta ahora.

En la tarde del 17 de abril en el Pleno del Parlamento de Cantabria se debatió y votó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Regionalista de Cantabria, matizada con dos enmiendas: una, de adición, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, y otra, de modificación del Grupo Parlamentario Popular.

La enmienda de adición de Podemos Cantabria pretendía afinar la PNL presentada por Grupo Regionalista para que se mencionara expresamente que el Gobierno Regional insta al estatal a garantizar "el mantenimiento de todas las oficinas del Registro Civil existentes", lo que estaba claro en la exposición de motivos de la PNL del PRC pero se había plasmado de forma un tanto ambigua en la propuesta de resolución. Este extremo fue aceptado por los promotores de la PNL. Asimismo, llamaba a instar a "que retornen a las oficinas del registro civil de manera exclusiva las competencias externalizadas y concretamente que las solicitudes de adquisición de nacionalidad por residencia se tramiten por las oficinas del registro civil, que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los registros civiles y que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil". Este último apartado fue desestimado por los promotores de la PNL, no por desacuerdo, sino por considerar que la PNL tenía por objeto la defensa institucional del Registro Civil público, gratuito, servido por funcionarios de Justicia y con establecimiento en todos los municipios, y que la segunda parte de la enmienda de Podemos Cantabria pertenece a un debate distinto (de lo que, naturalmente, discrepamos).

CCOO reclama al Ministro de Justicia que con carácter urgente presente el documento sobre reforma de la Ley de Registro Civil, que prorrogue la vacatio legis de la norma que permitirá a los Notarios tramitar actas previas al matrimonio civil y que suprima el límite del 30 de junio de 2017 para poder presentar solicitudes de nacionalidad a través de los Registros

CCOO ha remitido en el día de hoy una nueva carta dirigida al Ministro de Justicia reclamándole esta vez una actuación urgente en las siguientes materias:

1.- La presentación de un documento de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que desarrolle los ejes sobre los cuales el Ministro de Justicia afirmó que debe sustentarse el Registro Civil, incluido el mantenimiento de todos los Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y las competencias en esta materia de los Juzgados de Paz, y que sea base para su negociación con organizaciones sindicales y partidos políticos para la reforma y entrada en vigor de la Ley 20/2011.

2.- La prórroga de la vacatio legis establecida en los puntos 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima primera de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, en materia de competencia para la tramitación de actas y expedientes previos a matrimonio civil. 

3.- La modificación de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, suprimiéndose el límite temporal de 30 de junio de 2017 como fecha hasta la cual se podrán presentar las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles.

CCOO urge al Ministerio de Justicia a dar respuesta a estas tres cuestiones, dada la trascendencia que todo ello tiene  en el presente y futuro del Registro Civil, y ante la cercanía de las fechas previstas en las disposiciones antes citadas cuya entrada en vigor alteraría sustancialmente el trabajo que hoy se realiza en los Registros Civiles e implicaría una pérdida de competencias irreparable que CCOO rechaza frontalmente.

Vergonzosa nueva encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad, por 2 millones de euros, a favor del Colegio de Registradores, que comprende los expedientes recibidos en la DGRN entre el 1.1.2015 y 30.06.2015, tras meses de parálisis injustificada del Ministerio de Justicia

Casualmente en Semana Santa, en fechas que parecen buscadas para dar la menor publicidad posible, aparece publicado en el BOE de 15 de abril el Cuarto Acuerdo de Encomienda de Gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia, suscrito con fecha 3 de agosto de 2016 y cuya publicación se acordó con fecha 14 de marzo.

De esta forma se da publicidad a algo que todo el sector jurídico ya conocía, y es que ante la incapacidad del Ministerio de Justicia, por su negativa a dotarse con los medios adecuados para resolver los miles de expedientes de nacionalidad remitidos desde finales de 2014, dicho Ministerio iba a suscribir una nueva encomienda de gestión de dichos expedientes con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, cuyos cometidos nada tienen que ver con las nacionalidades. De esta forma privatiza una vez más la fase de instrucción que le corresponde al Ministerio de Justicia conforme el vigente Reglamento del Registro Civil, a cambio de una sustancial cifra de dinero, 2 millones de euros, que saldrán del erario público, para la tramitación de los expedientes de nacionalidad remitidos a la DGRN en los 6 primeros meses de 2015. Del resto de expedientes no tenemos noticia. Puestos a suscribir una nueva encomienda, y dada la inoperancia del Ministerio de Justicia, lo lógico es que se hubiera ampliado a todos los expedientes presentados hasta el 15.10.2015, pues a partir de dicha fecha la instrucción de los expedientes se rige por lo dispuesto en el RD 1004/2015 para la que, supuestamente, el Ministerio de Justicia está adaptando una aplicación utilizada en extranjería para la nueva instrucción de los expedientes. 

En resumen: siendo el Ministerio de Justicia conocedor desde hace años de la situación en que se encuentran los expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, “los órganos del Ministerio de Justicia competentes para la tramitación y resolución de dichas peticiones se plantearon la conveniencia de adoptar medidas de carácter excepcional que permitieran cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación aplicable”, entre las que se encontraron encomendar la gestión de la fase de tramitación que corresponde al Ministerio de Justicia. Transcurridos casi 5 años de la firma de la primera encomienda de gestión, seguimos en la misma situación de excepcionalidad provocada por “la escasez de medios técnicos y humanos con los que cuenta el Ministerio”, según texto de la propia encomienda, para la realización de las competencias que tiene legalmente asignadas en materia de instrucción de expedientes de nacionalidad por residencia previos al 15.10.2015, fecha en que entró en vigor la nueva tramitación de los expedientes de nacionalidad, y por ello decide suscribir una encomienda de gestión por 2 millones de euros, a cargo de todos los ciudadanos y ciudadanas, con una corporación de derecho público que hace de sus ingresos un beneficio privado, como es el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, en vez de acabar con “la escasez de medios técnicos y humanos con los que cuenta el Ministerio”, que es lo que el Ministerio tenía que haber hecho. Todo esto después de que cargos del Ministerio de Justicia y determinados políticos hayan puesto a parir a los Registros Civiles de España en esta materia, para justificar con ello la privatización del Registro Civil, afortunadamente fallida hasta la fecha. Y lo peor de todo es que desde el 15.10.2015 el órgano que es incapaz de tramitar los expedientes de nacionalidad española y que motiva la nueva encomienda de gestión, la Dirección General de Registros y del Notariado, asume toda la instrucción de las solicitudes de nacionalidad, no sabemos con qué medios. Es algo tan ridículo y esperpéntico que no se entiende que nadie asuma sus responsabilidades políticas por semejante desaguisado.

Clamor contra el cierre de los registros civiles que plantea el Gobierno de Rajoy

Los registros civiles llevaban unos años en la cuerda floja. Y ahora, salvo que el Gobierno de Rajoy rectifique, recibirán la puntilla. El próximo 1 de julio entrará en vigor la Ley del Registro civil, aprobada por el que fuera ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que suponía la supresión de los registros civiles, además de transferir este servicio a los registradores mercantiles y de la propiedad, lo que suponía cobrar por realizar inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios, trámites que ahora son gratuitos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió en abril de 2015 paralizar la privatización, enmendando así el proyecto de su antecesor en el cargo. Pero, además se comprometió a mantener las oficinas del Registro Civil. En Cantabria hay una oficina en cada uno de los ocho partidos judiciales y en los 24 Juzgados de Paz y Agrupaciones existentes. En 90 ayuntamientos existe además una oficina para la tramitación de este tipo de papeleo.

Nada más lejos de la realidad. Catalá anunció hace unos días en la Conferencia Sectorial que con carácter general serán las autonomías las que tendrán que abordar la reorganización. Su propuesta establece que cada comunidad autónoma sólo está obligada a tener una Oficina General de Registro Civil, y le posibilita a crear otra más por cada 500.000 habitantes, así como cuantas juzgue conveniente por razón de la distribución de la población o características del territorio. Además, los Juzgados de Paz perderán sus competencias en materia registral, y sólo podrán recibir solicitudes para su remisión a la Oficina General correspondiente. En otras palabras, el proyecto de Catalá no privatiza el Registro Civil pero lo pagarán las comunidades autónomas. De llevarse a cabo, la medida obligará a los 411.000 vecinos de la región a trasladarse a Santander, municipio donde probablemente se centralizará el servicio o, en su caso, a recurrir a gestorías privadas para la tramitación de asuntos cotidianos.

El Gobierno impulsa el cierre masivo de registros civiles

Las protestas por los planes del Gobierno de Mariano Rajoy para privatizar el Registro Civil, traspasando sus funciones a los registradores de la propiedad, forzaron en 2015 la paralización de la reforma de estos organismos públicos creados en 1870 para dejar solemne constancia de nacimientos, matrimonios y defunciones. Ahora, de nuevo al frente del Ejecutivo pero sin mayoría absoluta, el PP vuelve a intentar "modernizar" este servicio público con unos cambios legales que entrarán en vigor en parte el próximo 30 de junio. Su propuesta mantiene el cierre masivo de miles de oficinas por la informatización de los trámites y plantea que al frente de los registros civiles ya no esté ni un juez ni tampoco un registrador de la propiedad, sino un letrado de la Administración de Justicia.

Si actualmente en España funcionan más de 8.000 registros civiles (431 en juzgados de primera instancia y 7.667 en juzgados de paz), con la reforma del Gobierno la ley solo garantizaría una oficina por cada comunidad autónoma, con la excepción de Canarias y Baleares, que contarían con una por isla. Si el Ministerio de Justicia y los gobiernos autonómicos así lo consideran, el borrador de reforma de la Ley 20/2011 permite crear otra Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes, un límite que solo se podrá rebasar "por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio".

El PSOE sigue creyendo en la bondad de la redacción original de la Ley 20/2011, de Registro Civil, apuesta por la desaparición de cerca de 300 oficinas de Registro Civil y cuestiona su mantenimiento dentro de Justicia

El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de marzo una Proposición no de Ley sobre modificación de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuyo contenido no tiene desperdicio… para mal.

La iniciativa, suscrita por Juan Carlos Campo Moreno, Secretario de Estado de Justicia con el Ministro Caamaño y principal artífice de la Ley 20/2011, de Registro Civil, tiene por objeto proponer prorrogar la vacatio legis de dicha Ley hasta el 30 de junio de 2018. Pero para ello glosa las excelencias de la redacción original de dicha Ley, critica que se quiera modificar su articulado y sigue defendiendo la desaparición de 3/4 partes de las Oficinas actuales, debiendo dejarse en manos de las Comunidades autónomas la determinación de cuántas oficinas debe haber en cada territorio. 

Que la Ley 20/2011 fuese aprobada por práctica unanimidad de las fuerzas políticas de hace 6 años no la convierte en una obra maestra legislativa, tal y como lo demuestra que hasta la fecha no haya entrado en vigor gran parte de su articulado, y que incluso haya sido preciso enmendar previamente todo el tema relativo a inscripciones de nacimiento promovidas desde los hospitales para que pudiera entrar en vigor. El legislador de 2011, comandados por el PSOE y por quien hoy suscribe la proposición no de ley como Secretario de Estado de Justicia, llevaron la desjudicialización del Registro Civil hasta las últimas consecuencias, pues hubiera bastado con excluir a los Jueces de su llevanza si entendían que no era su cometido la llevanza del Registro Civil. Pero quisieron ir hasta el final: sacaron al Registro Civil fuera de la Administración de Justicia reformando incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial, excluyeron a su personal actual de su llevanza (aunque configuraron la posibilidad de que los trabajadores que en el momento de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 estuviesen trabajando en los Registros Civiles tuviesen, por una vez, la posibilidad de seguir trabajando en los mismos aunque ya fuera de nuestra Administración); no definieron con claridad quiénes iban a ser sus Encargados (los Secretarios Judiciales, que pasarían a servicios especiales, y otros funcionarios del grupo A1 Licenciados en Derecho, sin definir quiénes podían ser estos); y no especificaron qué Administración se iba a hacer cargo de la llevanza del Registro Civil (Central, autonómica??) y designar al personal público encargado de su llevanza. Son todas estas dudas e interrogantes, y no la implantación del folio único registral (tecnológicamente no es complicado indexar inscripciones de nacimiento con matrimonio, y la posibilidad de su implantación no es novedosa, pues desde la implantación del Registro Civil en España ya se debatió sobre esta posibilidad), las que han impedido la entrada en vigor de la Ley 20/2011. Seamos claros: si no se puede implantar ya el folio único, basta con demorar la entrada en vigor de 4 artículos de la Ley 20/2011; el problema está en la infraestructura del Registro Civil. No puede entrar en vigor la Ley sin acabar de perfilar qué Administración está a cargo del Registro Civil, cómo se selecciona su personal y que funcionarios, además de los Letrados de la Administración de Justicia, son los Encargados del Registro Civil conforme la redacción original de la Ley 20/2011. Y esta indefinición en la obra maestra de la Ley 20/2011 fue la que permitió el intento de su privatización en la legislatura pasada, mediante su asignación a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 

Pese a todo lo que ha llovido desde 2011, sorprende que a estas alturas el PSOE siga defendiendo las excelencias de la Ley 20/2011, y que en su propuesta inste al Gobierno a acordar una nueva prórroga inaplazable, hasta el 30 de junio de 2018, de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil en su integridad como fue aprobada

El PSOE defiende que “se mantengan las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Registro Civil tal como se configuran el dicha Ley, sin vínculo entre las que tiene asumidas las competencias en materia de justicia y el Registro Civil, y en consecuencia se preserve su capacidad para crear oficinas generales del registro civil, así como para su diseño, creación y organización lo que incluye la de designar a los Encargados de las Oficinas Generales del Registro Civil en sus respectivos ámbitos territoriales”. Sigue por tanto desvinculando Registro Civil respecto de la Administración de Justicia (aunque la propia Constitución permite su vinculación) y dejando barra libre a las Comunidades autónomas para reducir muy sustancialmente el número de oficinas de Registro Civil, en los parámetros establecidos originariamente en el art. 20 de la Ley 20/2011.

Al PSOE no le parece bien que se suprima el límite de 3 oficinas adicionales por Comunidad Autónoma que se pueden crear, además de la obligatoria por Comunidad Autónoma o la posibilidad de crear una oficina más por cada 500.000 habitantes. A nosotros no nos parece bien el proyecto del Ministerio de Justicia de modificación de la Ley 20/2011 por el extremo contrario: por no definir dónde va a haber oficinas de Registro Civil, dejando barra libre al Ministerio de Justicia y Comunidades autónomas en su determinación. Con el PSOE puede haber un máximo de 107 oficinas, con la propuesta del Ministerio de Justicia un máximo de 431, pero no se establece ni en una ni en otra un mínimo suficiente que garantice "que la prestación del servicio público registral … pueda responder de manera adecuada y eficiente a la demanda generada en la sociedad por las personas físicas y jurídicas afectadas en aras de su plena seguridad jurídica preventiva", según expresión utilizada en el preámbulo del RD 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en Sentencia 31/2010.

Tanto la redacción original de Ley 20/2011 como la propuesta hecha por el Ministerio establecen unos criterios generales de demarcación de las Oficinas Generales de Registro Civil tan amplios que dificultan o impiden la coordinación general del sistema de registro civil en todo el territorio español. 

Las afirmaciones que hace la Proposición no de Ley para llegar a sus conclusiones, enrocándose en los postulados originales de la Ley 20/2011, no tienen desperdicio:

- Al PSOE no le parece bien que el Ministerio de Justicia haga “una propuesta de reforma que viene a ratificar y afianzar el mantenimiento del servicio de Registro Civil en la Administración de Justicia y a la vez mantener las oficinas, estructura y su funcionamiento exactamente iguales que hasta ahora, salvo por la salida de los Jueces de las mismas, eliminando con ello de facto los objetivos de la Ley 20/2011.”

- El PSOE critica que se “pretende mantener 431 registros en lugar de los 107 que se preveían” en la Ley 20/2011 (esta es la apuesta del PSOE por la cercanía del Registro Civil a los ciudadanos).

- El PSOE siembra dudas sobre que sean los Letrados de la Administración de Justicia los Encargados de la llevanza del Registro Civil, afirmando que “en cuanto a la nueva Gobernanza, la propuesta de que sean los Letrados de la Administración de Justicia los encargados del Registro Civil que puede ser aceptable, de hecho es una de las opciones que contempla la Ley 20/2011, requiere de una reflexión mayor y un grado de desarrollo que no está previsto”.

Acaba el PSOE afirmando que la propuesta de modificación de la Ley 20/2011 hecha por el Ministerio hace un mes, en la que además del mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia lo único novedoso es la exclusión del límite de 3 oficinas más por Comunidad autónoma que pueden crear el Ministerio de Justicia y las Comunidades autónomas con competencias en la materia, “la desfigura totalmente y la haría incongruente e ineficaz. La nueva reforma, lo que pretende es dejar a la exclusiva voluntad del Ministerio de Justicia la implantación de lo que realmente es el núcleo de la reforma que se pretendía.”

Llegados a este punto, en que el PSOE defiende la limitación de Oficinas de Registro Civil, no apuesta claramente por que sean los Letrados de la Administración de Justicia los Encargados del Registro Civil, no le parece bien que el Registro Civil siga vinculado a Justicia, aboga por la desaparición de más de 300 oficinas de Registro Civil, quiere dejar barra libre a las Comunidades autónomas en la configuración de la demarcación registral (Valencia y Andalucía, gobernadas por el PSOE, ya han anunciado que quieren reducir el número de oficinas de Registro Civil), etc, cabe plantearse si el futuro del Registro Civil pasa o no por el consenso con este PSOE que poco tiene de progresista. Se aprobará una prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, pero difícilmente habrá consenso con quienes no entendemos qué intereses defienden.  Los de los ciudadanos en general, no.

Catalá afirma ante las organizaciones sindicales que apuesta por un Registro Civil con permanencia de la distribución territorial actual y el mantenimiento del Registro Civil en todos los partidos judiciales y en los Juzgados de Paz. CCOO pide garantías por escrito

Hoy ha tenido lugar una reunión entre el Ministerio de Justicia Rafael Catalá y las organizaciones sindicales más representativas, tras la carta unitaria que remitieron los cuatro sindicatos representativos de ámbito estatal, en la que exigían a Catalá una reunión urgente y que retirara la propuesta que entregó a las CCAA con competencias transferidas en la pasada Conferencia Sectorial de consejeros de Justicia (celebrada el pasado 22 de febrero), pues no garantizaba para el futuro el mantenimiento de la actual estructura del Registro Civil (Partidos Judiciales y Juzgados de Paz). 

El ministro Catalá ha asegurado su compromiso por un Registro Civil público, gratuito, cercano al ciudadano, con el mantenimiento de la actual estructura territorial (Partidos Judiciales y Juzgados de Paz), así como que negocia con el PSOE la prórroga de la vacatio legis para que la entrada en vigor de la Ley 20/2011 se aplace por uno o dos años más.

CCOO le ha trasladado que esto no es en absoluto suficiente ya, y que debe haber un acuerdo escrito que se traslade a los grupos parlamentarios y que contenga al menos lo siguiente: 

- Que los puestos de trabajo de todas las oficinas del Registro Civil solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia 

- Que se garantice la actual estructura territorial del Registro Civil, asegurando que se mantendrán todas las oficinas del Registro Civil de todos los partidos judiciales y de todos los Juzgados de Paz, así como los Registros exclusivos. Todo el personal que presta servicio en la actualidad en estas oficinas permanecerá adscrito a sus puestos de trabajo actuales. 

- En todas las poblaciones, incluidas las sedes de los Juzgados de Paz, se continuarán realizando las funciones del Registro Civil con el mismo ámbito competencial. 

- Se reconocerá expresamente la labor que desempeñan los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en el Registro Civil. Se reconocerá igualmente a los Gestores la retribución correspondiente por realizar funciones delegadas. 

- Que el cuerpo de Gestión asuma en los Juzgados de Paz las actuales funciones de los Jueces de Paz 

- En cada localidad que no sea sede de un partido judicial, el Juzgado de Paz asume, por delegación de la Oficina General de Registro Civil de dicho partido judicial, las funciones de Registro Civil. 

- Los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia podrán prestar servicio en las Oficinas Consulares de Registro Civil. 

- Las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia se tramitarán por las Oficinas de Registro Civil 

- Los expedientes de nacionalidad se instruirán en los Registros Civiles. 

- La competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio será exclusiva del Registro Civil. 

Catalá ha contestado con estas aseveraciones

- Se mantendrán todos los Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y las competencias en esta materia de los Juzgados de Paz. 

- Está dispuesto a negociar la recuperación de la competencia de los Registros Civiles en materia de nacionalidad. 

- En los Registros Civiles de los Partidos Judiciales que comparten tareas del Registro Civil con las jurisdiccionales, se negociará en la mesa sectorial si la RPT será única o separada. 

- El mantenimiento de las funciones de Registro Civil, el empleo y el servicio al ciudadano en los Juzgados de Paz, así como el fortalecimiento de sus funciones. 

CCOO ha reiterado al ministro de Justicia que sus afirmaciones son positivas pero que se contradicen con el documento entregado a las CCAA el pasado 22 de febrero. Y que, por tanto, es imprescindible un documento escrito, suscrito por el ministro, que recoja todas estas reclamaciones y que dicho documento sea la base de las enmiendas que se presenten a los grupos parlamentarios sobre la Ley 20/2011 para garantizar el presente y futuro del Registro Civil.


Nota de urgencia sobre la reunión de hoy con el ministro Catalá sobre el Registro Civil: está negociando una nueva vacatio legis de uno o dos años

En la reunión celebrada esta mañana entre el Ministro de Justicia y las organizaciones sindicales , Catalá ha anunciado que está negociando con el grupo parlamentario del PSOE la ampliación de la vacatio legis de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil (que, como sabéis, entra en vigor el próximo 30 de junio de 2017) por un año o dos, pero afirmando que es partidario de dos años.

Catalá ha afirmado que "es partidario de un Registro Civil público, gratuito, cercano a la ciudadanía, con la permanencia de la distribución territorial actual, con el mantenimiento de la organización territorial, y todos los partidos judiciales, con el mantenimiento también de los Juzgados de Paz, con funciones de Registro Civil."

29 de marzo, reunión organizaciones sindicales - Ministerio de Justicia sobre el futuro del Registro civil

Tras la carta unitaria remitida por los cuatro sindicatos representativos de ámbito estatal (CCOO, CSIF, STAJ y UGT) al ministro de Justicia, reclamando una reunión urgente con él para tratar sobre el Registro Civil, con la exigencia de que se mantengan todos los Registros Civiles de todos los partidos judiciales y las oficinas delegadas de Registro Civil de todos los Juzgados de Paz, además de la garantía de que se mantendrá el Registro Civil, público, gratuito, servido por el personal de la Administración de Justicia y con todos los puestos de trabajo existentes en la actualidad, el propio ministro Catalá se comprometió la semana pasada a convocar la reunión con todos los sindicatos esta semana.

El viernes pasado llegó por la tarde la convocatoria, para el próximo miércoles 29 de marzo a las 10 horas, de la reunión con el ministro de Justicia.

"Siguiendo instrucciones del Ministro de Justicia se convoca a una reunión para tratar temas relativos al Registro Civil el próximo miércoles, día 29 de marzo a las 10:00 h. en la Sala 215 del Ministerio de Justicia. C/ San Bernardo, nº 45..."

CCOO, CSIF, STAJ y UGT unen sus fuerzas para garantizar un Registro Civil cercano a la ciudadanía, y el empleo y los derechos laborales de su personal

En la propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil que el Ministro de Justicia entregó hace ya un mes a los Consejeros de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial solo queda garantizada una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y otra en cada una de las islas que actualmente tienen registro civil. En el resto de partidos judiciales dependerá arbitrariamente de la decisión del Ministerio en su ámbito y de las CCAA con competencias en el suyo; y en los Juzgados de Paz y agrupaciones se pretende cerrar el servicio del Registro Civil. 

Esta propuesta incumple el compromiso del ministro Catalá con las organizaciones sindicales ya que les garantizó el mantenimiento de las actuales oficinas y que el empleo y las condiciones de trabajo del personal no se verían en ningún caso afectados, lo que no queda asegurado con la nueva redacción de la Ley que se ha propuesto. 

Las cuatro organizaciones sindicales de ámbito estatal presentes en la Mesa Sectorial se han unido para no consentir este atropello y, ante la falta de respuesta del Ministerio a las reivindicaciones sindicales y ciudadanas, han acordado: 

1) Reclamar conjuntamente y por escrito al Ministro de Justicia una reunión urgente y exigirle su rectificación. 

2) Solicitar también por escrito y de forma conjunta a la Federación Española de Municipios y Provincias su apoyo y una reunión inmediata. 

3) Mantener reuniones conjuntas, que han pedido por escrito, con todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados en las que les exigirán  un posicionamiento público favorable a sus propuestas y la presentación de las correspondientes enmiendas al proyecto de ley del Gobierno, caso de que éste no rectifique. 

4) Extender esta unidad sindical en cada Comunidad Autónoma al resto de organizaciones sindicales representativas en las mismas. 

5) Ejercer las mismas acciones desde el conjunto de todos los sindicatos en el ámbito de los parlamentos y grupos parlamentarios autonómicos y a las Federaciones de Municipios y Provincias de cada Comunidad Autónoma.

CCOO solicita a las alcaldías, a los concejales y la ciudadanía de las medianas y pequeñas poblaciones su implicación en el mantenimiento de las Oficinas de Registro Civil en su localidad

Utilizando el engaño, el Ministerio de Justicia garantizó a los representantes sindicales el mantenimiento de la actual distribución territorial de las oficinas del Registro Civil abiertas en todas las cabeceras de partidos judiciales y juzgados y agrupaciones de paz. 

Sin embargo, incumpliendo su compromiso, en la Conferencia Sectorial de Justicia, el ministro Catalá presentó a las Consejerías Autonómicas una propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil (que entrará en vigor el 1 de julio de este año) con la siguiente redacción: 

En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes. 

Por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma. 

En atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley. 

Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, en sus respectivos ámbitos territoriales, el diseño, creación y organización de las oficinas generales del Registro Civil. 

Esto supone que queda al arbitrio del Ministerio de Justicia en su ámbito y de las CCAA con competencias en el suyo el mantenimiento de la inmensa mayoría de las actuales oficinas sin que quede garantizado un servicio cercano a la ciudadanía ni el empleo ni las condiciones de trabajo del personal que trabaja en los actuales Registros Civiles y Juzgados de Paz y Agrupaciones. 

CCOO se va a dirigir por escrito a los y alcaldes y grupos municipales de las poblaciones que pueden verse afectadas a fin de que exijan al gobierno una rectificación inmediata y de que conminen a sus partidos políticos respectivos para que apoyen el mantenimiento de las oficinas del Registro Civil de todas las localidades. 

Pero para CCOO es la ciudadanía la que tiene que exigir a sus representantes políticos el mantenimiento de los Servicios Públicos gratuitos, universales y cercanos, evitando así, como se pretende con el cierre de centenares de oficinas del Registro Civil, desplazamientos a las oficinas de las grandes capitales o tener que recurrir a gestorías privadas para la tramitación de sus asuntos cotidianos.

El Gobierno otorga por error la nacionalidad a decenas de delincuentes con detenciones o sentencias firmes

Jesús E. G., dominicano, consiguió la nacionalidad española por residencia el 18 de noviembre de 2013. El Ministerio de Justicia consideró que cumplía los tres requisitos que se le piden a cualquier solicitante: un tiempo determinado de residencia legal en España, integración y buena conducta cívica. Ya era un español más.

Sin embargo, a Justicia se le escapó algo. Jesús había sido condenado el 19 de febrero de ese año, es decir, ocho meses antes, por un juzgado de lo penal de Madrid por un delito de tráfico de drogas. Nadie comprobó si Marcial tenía antecedentes penales o policiales antes de hacerle español. De haberlo hecho, Justicia habría visto otra detención, en febrero de 2010, también por tráfico de drogas, y otra de 2009, por asociación ilícita y abuso sexual.

... La Constitución garantiza que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. ¿Y si no lo es de origen? Se puede, y está sucediendo cada vez más. En apenas cinco años se han multiplicado por 10 los casos de revocación de la nacionalidad española. Han pasado de ser anecdóticos a llegar por decenas hasta la Audiencia Nacional, que solo en solo en 2016 ha dictado una treintena de sentencias, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

La llevanza que por intereses corporativos el Registro Civil de España no se merece....y la desaparición de los juzgados de Paz tampoco

Resulta cuanto menos curioso que algunas asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia se autocalifiquen de adalides en postularse en la llevanza del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia y aplaudan al mismo tiempo la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil, cuando esa reforma sacó en la practica al Registro Civil de la Administración de Justicia, y únicamente les garantizaba la posibilidad de ser Encargados de los Registros Civiles pero fuera de nuestra Administración, en servicios especiales, en función compartida con otros funcionarios del Grupo A1 Licenciados en Derecho. 

Pero más chocante es su desconocimiento de la realidad social de España, en que buena parte de su población no vive en capitales de provincia, y en el que se viene luchando contra una creciente despoblación del medio rural, cuando quieren hacer desaparecer uno de los servicios públicos hoy no centralizados en las capitales, como son los Registros Civiles de las sedes de partidos judiciales no ubicadas en capitales de provincia y los Registros Civiles delegados, cuya gestión corresponde a los Juzgados de Paz. No importa la vertebración territorial o la brecha digital, priman intereses corporativos.

A estas asociaciones no les basta con que con la reforma propuesta del Ministerio de Justicia de la Ley 20/2011, una vez se implante el folio registral único, desaparezcan las competencias de los Juzgados de Paz en materia de Registro Civil. Quieren más. Quieren que dichas funciones desaparezcan desde la entrada en vigor misma de dicha Ley (¿y qué hacemos con las inscripciones no digitalizadas y los asientos marginales de las mismas??). Calificar como califican algunas asociaciones de Secretarios que la estructura que el Ministerio de Justicia quiere mantener sólo hasta la implantación del folio registral único como “decimonónica”, por tener que firmar Jueces y Secretarios de Juzgados de Paz los certificados y los asientos, o por tener que pedir instrucción al Juez Encargado del que dependen para la práctica de muchos asientos, parece fuera de la realidad. Sería como calificar “decimonónica” a la función de fe pública que ejercen dichos Secretarios, o a la obligación establecida en el art. 37 de la Ley de Registro Civil de que Encargado y Secretario tengan que cerrar con sus firmas las inscripciones (¿por qué no basta con la firma del primero?), o que los Secretarios sólo pueden firmar los certificados por delegación del Encargado del Registro civil (art. 17 del Reglamento del Registro Civil). Descalifican la función que ejercen los Jueces de Paz porque conforme la Instrucción de 28 de mayo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre funcionamiento y organización de los Registros Civiles delegados a cargo de los Juzgados de Paz y su informatización, requieren para la práctica de numerosos asientos la instrucción previa o la calificación del Encargado del Registro Civil del que dependen, cuando dicha Instrucción se dictó precisamente para asegurar que los Jueces de Paz cumplen con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento del Registro civil, no por desconfianza en su ejercicio (por cierto, los Jueces de Paz tiene delegada ex lege en dicho artículo las mismas competencias que el Encargado puede delegar en el Secretario, y éste en el Gestor, sin que por ello se descalifique la labor del Secretario ni se le tilde de “poco profesional”, pues la labor de calificación corresponde al Encargado)

El mantenimiento o no de las competencias sobre Registro Civil en los Juzgados de Paz no tiene nada que ver con tener un Registro Civil moderno, avanzado tecnológicamente y eficaz, pues todo ello depende de las tecnologías y medios que se utilizan (a la vista está el desastre del Lexnet), y no de las personas que lo sirven.

En España, hasta ahora, hemos tenido simple y llanamente el Registro Civil que podíamos tener, teniendo muy claro que la prioridad era el servicio al ciudadano y la necesidad de que todos los hechos relativos al estado civil quedaban registrados, y no quién presta el servicio. No todo pueden ser servicios especializados, que llevan a la concentración de medios y alejamiento del servicio de muchos de sus ciudadanos. Y ello pasa con la justicia. La justicia de Paz en España tiene un arraigo de nada menos que de 161 años, y si a algunos no les convence que el Registro Civil y el Juzgado de Paz acercan la Justicia al ciudadano no sabemos bien que les convence, quizás el Derecho comparado. Veamos.

Los Juzgados de lo Contencioso de Zaragoza reconocen el derecho de los Gestores Delegados de Registro Civil a una retribución complementaria. ¿Para cuándo el reconocimiento en la ley de las funciones que realmente realiza el personal del Registro Civil?

Mientras Catalá afirma en la Mesa Sectorial con las Comunidades autónomas que la nueva gestión del Registro Civil, que recaerá en los Letrados de la la Administración de Justicia, no supondrá “ningún menoscabo a los derechos profesionales de los funcionarios que trabajan actualmente en los Registros Civiles”, la reforma que ofrece de la Ley 20/2011 no supone ningún reconocimiento de la función que realizan dichos funcionarios, los cuales tienen que seguir llevando a los Juzgados las distintas Administraciones para el reconocimiento de sus derechos.

Ejemplo evidente es la situación de los Gestores Delegados de Registro Civil, al amparo del art. 44 del vigente Reglamento del Registro Civil, que realizan por delegación del Encargado del Registro Civil la extensión (que implica la calificación previa) de inscripciones de nacimiento de hijos matrimoniales, matrimonios canónicos, ordinarias de defunción, notas marginales que no sean de rectificación y cancelación, y funciones de expedición de certificados y fes de vida. El Ministerio de Justicia y demás Administraciones con competencias en Justicia sistemáticamente han denegado el reconocimiento profesional y retributivo de estos gestores, que asumen una mayor responsabilidad, y sólo han sido los Tribunales de Justicia, primero en Cataluña, luego en Valencia, Andalucía o Canarias, los que han puesto coto a esta discriminación. Ahora han sido los 5 Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza los que en demandas defendidas por la misma letrada han reconocido de forma unánime el derecho de los Gestores Delegados de Registro Civil de ser retribuidos de forma complementaria por el ejercicio de dichas funciones (se adjunta enlace a extracto de una de las sentencias). Ninguna administración reconoce de oficio este derecho a una mayor retribución por asumir mayores responsabilidades, y sólo se está consiguiendo por la vía judicial. 

Todos los que trabajamos en la Administración de Justicia sabemos que normalmente asumimos funciones de Cuerpos Superiores que no nos corresponden, sin que recibamos retribución o reconocimiento profesional alguno por dichas funciones, mientras que nuestros superiores perciben sus salarios íntegros por funciones que no ejercen y hasta productividad por el trabajo que nosotros realizamos. En los Registros Civiles es más que evidente: la función de calificar la inmensa mayoría de los asientos la realizan el personal de la Administración de Justicia destinado en el mismo (Gestores, Tramitadores y Auxilios), y los Encargados se suelen limitar a plasmar su firma en el trabajo que hemos realizado antes. ¿Por qué no reconocer legalmente la función de calificación que ya realizan, y retribuirles por esta función añadida? ¿Por qué no atribuir también a dichos Cuerpos, sin necesidad de delegación previa, la posibilidad de expedir y firmar certificados, cuando ya los están expidiendo, y retribuirles por asignarles dicha mayor responsabilidad? ¿Por qué no asignar a los Gestores licenciados en Derecho la sustitución de los futuros Encargados de Registros Civiles, y sí a otros Letrados de la Administración de Justicia que trabajen en Juzgados que nada tengan que ver con el Registro Civil? La propuesta del Ministerio calla al respecto.

CCOO no firmará ningún acuerdo que no garantice oficinas del Registro Civil en cada Partido Judicial y competencias delegadas en los Jugados de Paz, y solicita al Ministerio de Justicia la retirada de su propuesta

El Ministerio de Justicia, tras la reunión mantenida en el día 22 de febrero con los Consejeros de Justicia de la Comunidades Autónomas con transferencias y la publicación de la nota informativa de dicha reunión en su página web, remitió ayer a las organizaciones sindicales el borrador de la reforma de la Ley 20/2011, de Registro civil, que debería permitir llevar a cabo, al menos, todo aquello a lo que el Ministerio de Justicia se comprometió con las organizaciones sindicales el pasado 7 de febrero, y entre otras cosas que la demarcación territorial será la misma que la actual, con 431 oficinas abiertas, y que se mantendrían las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz.

Nada más lejos de la realidad: la propuesta del Ministerio sólo modifica el art. 22.1 de la Ley de Registro Civil para suprimir el límite de oficinas máximas (3 por comunidad autónoma, más una en cada isla donde ya hay registro civil)que puede crear el Ministerio de Justicia o las Comunidades autónomas con transferencias. Pero sigue estableciendo con carácter general que cada Comunidad autónoma sólo está obligada a tener una Oficina General de Registro civil, y le posibilita a crear otra más por cada 500.000 habitantes así como cuantas juzgue conveniente por razón de la distribución de la población o características del territorio. Los Juzgados de Paz carecerán de competencia alguna en materia registral, y sólo podrán recibir solicitudes para su remisión a la Oficina correspondiente. 

Según el proyecto, la demarcación territorial actual, incluidas las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz, únicamente se mantendrán hasta la completa implantación de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica. Desde ese momento desaparecerán por completo las funciones registrales de los Juzgados de Paz, y se posibilitará al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con transferencias en justicia que “determine la organización y ámbito territorial de competencia de cada oficina general del Registro Civil” que no fuera, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2011, Registro Civil exclusivo. 

En otras palabras, el proyecto del Ministerio deja a la responsabilidad de la Administración competente (Ministerio de Justicia, Comunidades autónomas con transferencias) la determinación de cuántas oficinas de registro civil va a haber en cada territorio, sin que en modo alguno esté garantizado el mantenimiento de las actuales 431 Oficinas principales de Registro Civil. Esto además puede dar lugar a configuración de Oficinas de Registro Civil completamente dispar en todo el Estado (podría haber una sola oficina en una Comunidad Autónoma y 20 en otra). No garantiza en modo alguno la proximidad del Registro Civil a los ciudadanos, pues va a quedar a criterio de Administración la configuración territorial de sus Registros Civiles. 

Además no se reconoce derecho alguno a trabajar en Oficinas Generales de Registros Civil a los funcionarios que hoy trabajan en Juzgados de Primera Instancia o Primera Instancia e Instrucción con funciones de Registro Civil y que en el futuro, tras la implantación de la nueva aplicación informática y la determinación de la organización territorial por cada Administración competente, desaparezca. 

Todo ello supone que el Ministerio de Justicia mintió a las organizaciones sindicales en la reunión mantenida el pasado 7 de febrero en la que nos garantizó que defendería la permanencia de las oficinas actuales y que ha seguido mintiendo en los contactos mantenidos con posterioridad. CCOO no va a firmar ningún acuerdo que posibilite que no haya Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y que deje sin competencia alguna a los Juzgados de Paz, abocando a los ciudadanos que vivan en dichos territorios a un servicio mucho peor que el que se presta en la actualidad.

En el día de hoy CCOO ha enviado una carta al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia que tiene el siguiente contenido:

El proyecto del Ministerio deja al Ministerio de Justicia y Comunidades autónomas con competencias la determinación del número de oficinas generales en cada Comunidad Autónoma

Como complemento del post anterior, podemos afirmar que el proyecto del Ministerio de Justicia del que se dio traslado ayer a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia deja a criterio del Ministerio de Justicia y de dichas Comunidades el número de Oficinas Generales de Registro Civil que habrá en cada Comunidad (sólo están obligadas a tener una), y que únicamente suprime el máximo de tres oficinas adicionales que por razón de población o territorio establece la vigente Ley 20/2011, para que pueda haber más oficinas. El proyecto suprime desde la implantación de la nueva aplicación informática todas las competencias de los Juzgados de Paz en materia registral, y posibilita a las Administraciones para que a partir de dicho momento reduzcan el número de oficinas generales de registro civil que haya en cada Comunidad autónoma. No está garantizado que se mantengan las actuales 431 oficinas principales de Registro civil, en contra de lo afirmado por el Sr. Ministro de Justicia, sino más bien todo lo contrario, se invita a su reducción pero se deja la responsabilidad a quien tenga competencias en la materia.

Alerta roja: el Ministerio quiere que desaparezca el partido judicial como demarcación de las Oficinas Generales, y que la misma pase a ser la Comunidad Autónoma

En el día de ayer se celebró una esperada Conferencia Sectorial de Justicia con la asistencia del Ministro de Justicia y los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en la materia, esperada porque se suponía que en la misma el Ministerio iba a avanzar a dichas Comunidades autónomas, entre otros temas y con más detalle que lo hecho anteriormente en las reuniones con las organizaciones sindicales y profesionales, el futuro del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, tras el anuncio realizado por el Ministro Catalá en el mes de diciembre invitando a un consenso en esta materia y su propuesta de que debe seguir dentro de la Administración de Justicia, servido por Letrados de la Administración de Justicia como Encargados del mismo y servidos íntegramente por personal de la Administración de Justicia. 

Expectación motivada, además, porque el Ministerio de Justicia no siempre ha mantenido el mismo discurso en materia de despliegue de oficinas de Registro Civil: mientras que en un primer momento apostó por mantener la misma planta de Registros Civiles que en la actualidad, es decir, una Oficina General por partido judicial con competencias delegadas en los Juzgados de paz (mantenida luego en las reuniones con las organizaciones sindicales), en las reuniones mantenidas con los representantes de los Letrados de la Administración de Justicia el Ministerio de Justicia afirmó que el mantenimiento de dicho despliegue era "transitorio", hasta la implantación del folio único registral, momento a partir del cual se procedería a la revisión de la planta de Oficinas Generales de Registros Civiles. Asunto sobre el cual informamos en este blog (ver enlace).

Pues bien: según resulta de la nota informativa difundida por el propio Ministerio de Justicia tras la reunión con los Consejeros de Justicia de las Comunidades autónomas con competencias en la materia, el Ministerio pretende dar una nueva vuelta de tuerca al despliegue de Oficinas Generales de Registro Civil, y defiende ahora "un modelo organizativo asentado sobre una Oficina Central y unas Oficinas Generales en cada comunidad autónoma". Nada que ver con lo manifestado inicialmente y lo propuesto en la reunión con las organizaciones sindicales. 

Se ve que en el Ministerio de Justicia ha hecho mella que alguna organización profesional de Letrados de Administración de Justicia calificara de "puro maquillaje" la propuesta inicial del Ministerio de Justicia en materia de despliegue de Oficinas Generales de Registro Civil "por dejar intacta la adscripción de todo el sistema a juzgados e incluso a juzgados de paz.. manteniendo una estructura judicial y organización anticuada, ineficaz, fracasada y en crisis constante, desnaturaliza por completo las previsiones y el objeto de la Ley 20/2011, aprobada en su día por unanimidad en las Cortes Generales, y deja pendiente la implantación de un Registro Civil moderno, telemático, de calidad, y plenamente desjudicializado que responda a las necesidades de la sociedad actual." Bonitas palabras para no decir absolutamente nada cierto ni relevante. 

El propósito de estas organizaciones profesionales de Letrados de la Administración de Justicia es, única y exclusivamente, que los Letrados que sean Encargados de las Oficinas Generales de Registro Civil queden liberados de cualquier otro cometido procesal, civil o penal, es decir, que se dediquen en exclusividad al Registro Civil. Y como ello no es posible con Oficinas de Registro Civil pequeñas, encuadradas en partidos judiciales de población no inferior a 500.000 habitantes (siguiendo los parámetros establecidos en el art. 27 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial), su solución pasa por hacer agrupar los Registros Civiles en una Oficina Provincial o incluso de tamaño superior, aunque ello pueda suponer una pérdida irreparable del servicio público para los millones de ciudadanos que no viven en capitales de provincia. 

Si la estructura actual de Registros Civiles fuese "anticuada, ineficaz, fracasada y en crisis constante", no habría la satisfacción que día tras día nos manifiestan los usuarios de los Registros Civiles que pueden realizar sus trámites en las Oficinas principales y delegadas no ubicadas en capitales de provincia, en cuyas Oficinas, normalmente por carencia de medios pero también en algunos casos por deficiente gestión de sus responsables (y no vamos a hablar de cuánto trabajan algunos de ellos) la atención al público suele presentar carencias. Porque el Registro Civil es, ante todo, un servicio público, dirigido a los ciudadanos, y su gestión debe ir encaminada a prestar el mejor servicio público a todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, promoviendo la igualdad de todos los ciudadanos cualquiera que sea su residencia.  

La demarcación registral establecida en la Ley 20/2011 es un error, y que fuese aprobada por consenso no salva el error. Si además se reduce a "unas Oficinas Generales por cada Comunidad Autónoma", tal y como resulta de la nota de prensa del Ministerio de Justicia tras la reunión de ayer, el error es mayúsculo. La demarcación registral de la Ley 20/2011 no fue pensada en dar la mejor atención a los ciudadanos, sino en dotar de exclusividad en su función a los Encargados de los Registros Civiles. Con todos los respectos, en esta materia los legisladores de 2011 no tuvieron en cuenta a todos los ciudadanos y a sus derechos en el centro de la acción pública, tal y como proclama el preámbulo de dicha Ley, y la previsión establecida en la Disposición adicional quinta de dicha Ley para permitir la presentación de solicitud y documentación ante los Juzgados de Paz no salva el perjuicio tremendo que supondría para los ciudadanos que no vivan en capitales de provincia la supresión de las Oficinas Generales de Registro Civil de las sedes de partidos judiciales que no sean capitales de provincia.  El Registro Civil moderno, telemático, de calidad, y plenamente desjudicializado que responda a las necesidades de la sociedad actual, que queremos todo, no tiene nada que ver con la concentración de oficinas registrales en capitales de provincia, es una cosa completamente distinta. 

Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla Leon, Asturias, Galicia, Cataluña, etc, son Comunidades Autónomas que no pueden tener Oficinas Generales de Registro Civil únicamente en su capital, o en las capitales de sus provincias, pues se obliga a largos o complejos desplazamientos a muchísimos de sus ciudadanos para hacer cualquier trámite registral que exija su presencia (expedientes de matrimonios civiles, juras de nacionalidad, cambios de nombres, reconocimientos de filiación, etc, por no hablar de una fe de vida u obtención de certificados).  Es el ciudadano el que debe ser el centro de atención del Registro Civil, y no los intereses corporativistas de algunos, que una vez que se confirme que los Letrados de la Administración de Justicia serán los responsables de las Oficinas Generales de Registro Civil, quieren un destino dorado, con personal a su servicio que les saque las castañas del fuego sin tener que dedicarse a otros cometidos profesionales.  

El artículo 103 de la Constitución Española establece, entre los principios conforme deben actuar la Administración Pública, los de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. Difícilmente la concentración de oficinas de Registro Civil que establece la Ley 20/2011, y que con desacierto parece agravar la nota informativa del Ministerio, responde a dichos principios. 

Desde este blog hacemos un llamamiento al Ministro Catalá para que afronte una solución definitiva para el futuro del Registro Civil, buscando el mayor consenso entre todos los operadores jurídicos, y siempre teniendo por horizonte el mejor servicio público a los ciudadanos y no los intereses corporativistas de algunos. Ya es hora de que en España los Gobiernos de todos los colores sitúen de verdad a los ciudadanos como centro de su atención en la prestación de los servicios públicos.

Y también hacemos un llamamiento a las organizaciones sindicales, para que defiendan en la mesa sectorial que la reforma de la Ley 20/2011 debe establecer de forma inequívoca que habrá una Oficina General de Registro Civil en cada partido judicial, y que los Juzgados de Paz tendrán funciones delegadas. No puede ser, como hemos dicho muchas veces, que en aras de un Registro Civil moderno, telemático, de calidad, que responda a las necesidades de la sociedad actual, se haga una reforma que implique dar un peor servicio que el que se da en la actualidad. Sería imperdonable.

CCOO se reúne con el Director General de la Administración de Justicia para reiterarle sus propuestas sobre Registro Civil


CCOO informa que siguen trabajando para que el Registro Civil sea un servicio totalmente público, universal, gratuito, cercano al ciudadano y atendido exclusivamente por personal al servicio de la Administración de Justicia con todos sus derechos laborales, profesionales y retributivos.

CCOO ha remitido al Gobierno, a los grupos parlamentarios del Congreso y a las Consejerías de los Gobiernos Autonómicos con competencias transferidas su propuesta y sigue manteniendo reuniones con todos ellos para hacer valer las mismas.

Ya el Ministerio de Justicia, en la reunión de la mesa sectorial de negociación del 7 de febrero aceptó parte de las propuestas de CCOO y anunció verbalmente las modificaciones de la Ley 20/2011 del Registro Civil que pretendía remitir al Congreso de los Diputados, como son:


Texto de la Ley 20/2011
Modificaciones propuestas por el Ministerio
En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes.
Quitar el tope del número de oficinas del registro civil.
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia fijarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, el emplazamiento de las Oficinas Generales del Registro Civil y determinarán, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario.
Que los puestos de trabajo sean solo ocupados por personal de la Administración de Justicia.
En la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen, las plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya y entre secretarios judiciales.
Los Encargados de los Registros Civiles serán solo los Letrados de la Administración de Justicia.
Los funcionarios que no obtengan destino en las Oficinas Generales del Registro Civil, mediante un proceso de reordenación de efectivos serán destinados a las vacantes de los órganos judiciales o en su caso fiscales, dentro de la misma localidad. En el caso de no haber suficientes plazas vacantes se procederá a la modificación de las plantillas o en su caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
El personal funcionario permanecerá en sus actuales puestos de trabajo en todos los casos.


Informa CCOO no dará por finalizada la lucha hasta que en la propuesta por escrito del Ministerio de Justicia no se garantice, al menos, el mantenimiento de las actuales oficinas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz y no se recupere para el servicio público las funciones del Registro Civil que han sido privatizadas en favor de Notarios, Registradores y otros colectivos.

Representantes de CCOO se han reunido nuevamente con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, al que han vuelto a exigirle nuevas modificaciones legislativas para garantizar:

o Que se mantendrán oficinas principales de registro civil en cada partido judicial y oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz.

o Que los expedientes de nacionalidad se puedan presentar y digitalizar en los Registros Civiles.

o Que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los Registros Civiles.

o Que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil.

En Marea pide recuperar la gestión pública de los registros civiles y de los expedientes de nacionalidad

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha considerado necesario recuperar la gestión pública de los registros civiles así como de los expedientes de nacionalidad tras reunirse con representantes de la Plataforma por la defensa de un registro civil público.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, el exmagistrado lucense, además de defender un registro civil público "gestionado 100% por funcionarios públicos", ha asegurado que los juzgados de paz deben prestar también "un servicio de cercanías a la ciudadanía gallega". Para ello, se ha mostrado partidario de derogar la normativa aprobada por exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, al argumentar que varios de sus desarrollos normativos "tenían como finalidad la privatización del registro". Al respecto, ha criticado que permitiese la "utilización de unos datos y un patrimonio que era público para beneficio de registradores y de notarios". "Es inaceptable y va en contra de las directrices y tendencias en el ámbito de la Unión Europea", ha manifestado.

Asimismo, en relación a los expedientes de nacionalidad, ha urgido recuperar "su gestión para lo público" ya que, según ha indicado, "se trata de un sector muy sensible en el que están comprometidos derechos de carácter fundamental", como el "derecho a la nacionalidad para quien cumple los requisitos". "No podemos deferirlo ni a la situación de capacidad económica ni a una situación de tramitación diferida en el tiempo, porque puede afectar a los derechos", ha manifestado. Por último, en relación a los juzgados de paz, ha asegurado que "deben continuar prestando el servicio público" que ofrecen hasta el momento "mejorando su formación" para "poder realizar funciones de conciliación de mediación" entre los vecinos. Además, ha recordado que prestan un servicio de "ciudadanía" a una población que "en muchos casos es dispersa y avejentada" por lo que ha recordado que "su función es esencial" para que los vecinos puedan realizar trámites sin tener que desplazarse de sus municipios.

20minutos, 09.02.2017