Podemos no presentará para su toma en consideración en el actual periodo de sesiones la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011

Según pudimos conocer en la tarde del martes, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no puede presentar para su toma en consideración durante el actual periodo de sesiones la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, por haber agotado el cupo de las Proposiciones que puede presentar. 

Esta Proposición de Ley se había convertido en la última alternativa para la reforma de la Ley 20/2011 antes de su entrada en vigor, prevista para el 30 de junio. De hecho, tras el rechazo por el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular para la reforma de la Ley 20/2011, mucho menos ambiciosa y claramente confeccionada por el Ministerio de Justicia, los responsables del Ministerio iniciaron contactos con Podemos para un posible apoyo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, enviando al efecto la pasada semana el documento sobre comentarios a dicha Proposición de Ley y que debería haber abierto un trabajo conjunto sobre dicha Proposición. 

En esta situación, dado que no hay tiempo para que otros grupos parlamentarios presenten una nueva Proposición de Ley, ni tampoco para que el Gobierno presente un Proyecto de Ley al respecto ante los trámites previos que tendría que superar, sólo cabe la prórroga de la vacatio legis de Ley 20/2011, porque tal y como está redactada no puede entrar en vigor: no está realizado el desarrollo tecnológico que permitiría la implantación del Registro Civil Único, no está completa la digitalización del Registro Civil a partir de 1950, no se especifica quiénes pueden ser los "Funcionarios del Grupo A licenciados en Derecho" que pueden ser además de los LAJ los encargados del Registro civil, no se especifica a qué administración deben pertenecer los funcionarios que presten servicios en las futuras oficinas de Registro Civil, no se detalla de qué administración dependen funcionalmente el Encargado y demás personal del Registro Civil, no están elaboradas las rpts de las Oficinas de Registro civil, etc. Es decir, todas las lagunas e incertidumbres creadas por la Ley 20/2011 se mantienen, culpa principalmente de una ley que en estos aspectos es deficiente (la unanimidad en su aprobación no es garantía de su acierto) y de un Ministerio de Justicia que en los tres años que casi median desde que acordó derogar la privatización impulsada por Gallardón ha sido incapaz de articular una propuesta seria y convincente al respecto.

En conclusión, estamos en las mismas que hace casi un año. La prórroga de la vacatio legis se torna inevitable, y sigue haciendo falta una modificación de la Ley 20/2011 que garantice lo que los trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles y las organizaciones sindicales venimos demandando: que la Ley sea garantía de que el Registro Civil sea un servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos, servido por personal de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados, con Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y con oficinas delegadas en los Juzgados de Paz. Cuestiones que eran recogidas de forma satisfactoria, a nuestro juicio, por la Proposición de Ley de Podemos y que ahora, por cuestiones de orden interno parlamentario, no puede ser debatidas antes del 30 de junio.  

Por último, y en contraste con los palos que se les va a dar desde otros foros, desde este blog agradecemos al Grupo Podemos la presentación de la Proposición de Ley, por recoger las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles. Ante la inactividad del Ministerio de Justicia, que dejó pasar los meses sin promover iniciativa alguna, su Proposición de Ley presentada en octubre de 2017 reactivó el debate sobre el futuro del Registro Civil, sobre sus competencias, sobre el rechazo a la privatización de cualquiera de los servicios que éste presta y sobre la necesidad de que el Registro Civil sea cercano a los ciudadanos (alejándose de los corporativismos que en defensa de sus intereses propios olvidan  que el Registro Civil es un servicio público, no un mero puesto de trabajo). Lamentamos que no se vaya a poder tomar en consideración su Proposición en este periodo de sesiones, porque siempre será mejor trabajar sobre un Proyecto que recoge nuestras aspiraciones que sobre otro que es claramente insuficiente (como era la Proposición del PP), o sobre una mera vacatio legis.  

Seguiremos trabajando.