CCOO insta al PSOE a dejar de defender el cierre de las oficinas del Registro Civil

El Sector de la Administración de Justicia de CCOO se ha dirigido a las organizaciones territoriales del PSOE solicitándoles que insten a su Grupo Parlamentario para que se una al resto de grupos que defienden el mantenimiento de la actual estructura territorial de este servicio público. 

Con el argumento de la informatización del Registro Civil, la representación del PSOE en el Congreso de los Diputados sigue defendiendo, prácticamente en solitario, la aplicación literal de la Ley 20/2011 del Registro Civil (que tras sucesivas prórrogas entraría en vigor el próximo 1 de Julio) que dispone que solo habrá una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, Ceuta, Melilla e islas mayores y, de modo excepcional, un máximo de tres más por Comunidad Autónoma, frente a la situación actual en la que todos los municipios disponen de una oficina principal o delegada. 

En el último trimestre del pasado año 2017, tanto el Grupo Popular como el de Unidos Podemos presentaron en el Congreso sendas proposiciones de Ley de modificación de la Ley 20/2011 y ambas proposiciones coincidían en modificar dicha ley, entre otros aspectos, para mantener la misma estructura territorial actual del Registro Civil, es decir, una oficina en cada una de las localidades que son cabeza de Partido Judicial y una en cada uno de los Juzgados de Paz. 

El sindicato pone en duda que la posición que defiende el PSOE en el Congreso sea compartida por sus organizaciones territoriales, más próximas a los municipios, ni desde luego, que sus representantes municipales apoyen el cierre del Registro Civil de su localidad. CCOO se ha dirigido por escrito a estos cargos intermedios del PSOE solicitándoles que “en la medida que Vd., su equipo y los y las ediles de su partido de los pequeños y medianos municipios comparta nuestras posiciones, se dirija a la organización Federal del PSOE y al Grupo Parlamentario Socialista para que modifiquen esta tajante posición y logren llegar a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios que consiga evitar el cierre de los Registros Civiles de las poblaciones de su ámbito territorial, junto a las del resto del Estado”. 

En la carta el sindicato señala que desde hace casi 150 años, todos los trámites que se realizan ante cualquier Registro Civil son totalmente cercanos y que lo que está defendiendo el PSOE en el Congreso supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía pues conllevaría la desaparición de las oficinas del Registro Civil en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones. 

El traslado de dichos registros a las capitales de tamaño superior obligaría a la población de las localidades pequeñas a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho, o a acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales privados. Esto supondría un deterioro en la dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de población. No está garantizado, incluso, que vecinos y vecinas de un pueblo, puedan seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidos en esa localidad cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en el municipio. 

CCOO recuerda al PSOE que el Registro Civil es un servicio público profundamente arraigado en los municipios, donde la población ha realizado los trámites obligatorios de forma gratuita y directa; y donde hasta ahora, los vecinos y vecinas han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes, pero que con su desaparición ya no podrán seguir haciendo. 

Desde el punto de vista de CCOO la posición del Grupo Parlamentario Socialista, está alejada de la sociedad y de la defensa que pregonan de los servicios públicos. 

La informatización y los medios tecnológicos deben ser aplicados sin duda en los Registros Civiles pero ello no es impedimento para que se mantengan abiertas las oficinas que, en los municipios, dan servicio directo a la ciudadanía, tal y como ocurre con otros servicios públicos informatizados como puedan ser la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

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