El Pleno del Congreso rechaza la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2011 de Registro Civil presentada por el PP y deja al Registro Civil ante un futuro incierto, sin garantía para sus actuales trabajadores y para el mantenimiento de la cercanía del Registro a los ciudadanos

Ayer el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/20111 de Registro Civil que había presentado el Grupo Parlamentario Popular, por 160 votos en contra, 47 abstenciones y 134 votos a favor. El rechazo a la toma en consideración de esta Proposición de Ley supone que la misma decae, por lo que no cabe seguir adelante con su tramitación parlamentaria. 

La situación en que quedan los Registros Civiles tras este rechazo a la Proposición de Ley del PP es incierta. Todos (salvo el PSOE, sobre cuya postura hablaremos en un post posterior) entienden necesaria la modificación de la Ley 20/2011, pues su redacción actual no satisface a nadie: dejó en la indefinición quiénes habían de ser sus Encargados, excluyó de la Administración de Justicia el servicio público del Registro Civil (todo ello llevó al intento de su privatización) y con ello a los miles de funcionarios públicos que hoy prestan servicios en los mismos, redujo a la mínima expresión el número de oficinas registrales desapareciendo la actual estructura de registros civiles por partidos judiciales, suprimió las competencias de los Juzgados de Paz en la materia, su puesta en funcionamiento requiere de cuantiosas inversiones informáticas que no se han podido afrontar durante la crisis, etc. Ayer era el momento propicio para empezar su reforma, si se quería que la Ley 20/2011 deje de tener vacatio legis y pudiese comenzar su andadura el 30 de junio de 2018. Parece ser que todos los presentes en el Congreso de los Diputados estaban de acuerdo con su mantenimiento dentro de la Administración de Justicia y que los Letrados de la Administración de Justicia sean sus Encargados. Casi todos, y en este blog lo hemos dicho reiteradamente, entendían que la Proposición de Ley del PP era insuficiente, pero para eso está el trámite de enmiendas. Lo importante, a nuestro juicio, es que bien la Proposición de Ley presentada por Podemos bien la del Partido Popular empezase a andar, y luego buscar el máximo consenso posible en la modificación de la Ley que permita su andadura. 

Pero no fue posible. Ayer primó el interés del PSOE de defender “su” Ley 20/2011 que tantas inseguridades ha traido al Registro Civil. Ayer ganaron las presiones que han ejercido determinadas asociaciones de Jueces y Letrados para arruinarle la legislatura al Ministro Catalá, que ayer se convirtió en el más firme defensor de los derechos de los casi 5.000 funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles, de los 16 millones de ciudadanos que viven en poblaciones con menos de 20.000 habitantes, de las numerosas declaraciones institucionales de ayuntamientos de todo color político por el mantenimiento de los Registros Civiles en sus municipios, de los miles de personas que no pueden acceder al mundo digital y de las posiciones defendidas por las organizaciones sindicales de Justicia. El Ministerio de Justicia tenía pactado con PSOE y Ciudadanos propiciar la toma en consideración de la Proposición de Ley , pero al final el PSOE presionó a Podemos y otros grupos parlamentarios para infringir una derrota al Ministro Catalá, por motivos que nada tienen que ver con los Registros Civiles, y lo consiguió. 

La consecuencia de lo acontecido ayer es clara: Ayer cerca de las 21.00 horas, desde el Ministerio de Justicia se remitió a las organizaciones sindicales un correo electrónico en que se decía que “siguiendo instrucciones del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, pongo en vuestro conocimiento que el voto contrario del Psoe y Podemos y la abstención de Ciudadanos impiden la tramitación de la Proposición de Ley del Registro Civil dirigida a garantizar los puestos de trabajo de los funcionarios en los Registros y las competencias de los Juzgados de Paz en esta materia”.

¿Cuál es el futuro a corto plazo de la Ley 20/2011?. A nuestro juicio hay tres posibilidades:

La primera, que se vote la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, que no contradice sino que desarrolla y amplía la proposición del Partido Popular. Sin embargo, tras el discurso de ayer del PSOE y de Ciudadanos, en que su principal motivo de rechazo a la Proposición del PP era porque no quieren el mantenimiento de la estructura actual de Registros Civiles en partidos judiciales y Juzgados de Paz que establecía tanto la propuesta del PP como la de Podemos, unido al previsible voto negativo del PP a la toma en consideración de la Proposición de Podemos en respuesta a la negativa de ayer, vemos poco viable esta posibilidad. Ojala nos equivoquemos, porque a nuestro juicio sería la mejor de las alternativas. 

La segunda, que se busque el consenso extraparlamentario sobre la modificación de la Ley 20/2011 y se presente su reforma dentro de alguna Proposición o Proyecto de Ley que esté debatiéndose o se vaya a debatir de aquí a junio, propiciando su aprobación antes del 30 de junio. Difícil, pero no imposible. 

Y la tercera, prorrogar una vez más la vacatio legis de la Ley 20/2011. 

Porque lo está claro (el único que no se ha enterado es el Sr. Campo, del PSOE) es que dicha Ley no puede entrar en vigor con su redacción actual, dada la indefinición sobre su estructura orgánica y funcional, sobre su adscripción a una u otra administración, la ausencia en este momento de una plataforma electrónica que la haga viable, los miles de municipios cuyos libros no se han digitalizado todavía, etc. Los mismos motivos que año tras año han ido obligando a la prórroga de la vacatio legis subsisten en estos momentos. Quizás la prórroga de la vacatio legis debería abarcar únicamente aquellas cuestiones que bien por motivos organizativos bien por motivos técnicos no la hacen posible, y permitir la entrada en vigor del resto de su articulado. 

Lo cierto es que ayer vivimos un esperpento más al que, digámoslo claramente, nos ha llevado el PSOE del Sr. Campo en la defensa numantina de “su” Ley. Ayer el PP, el Ministro Catalá y Podemos se quedaron solos en su defensa de los Registros Civiles en todos los partidos judiciales y del mantenimiento de competencias registrales en los Juzgados de Paz, porque el Registro Civil ha de ser un servicio cercano a los ciudadanos, incluidos los más desfavorecidos y los que no viven en grandes ciudades. El problema del Registro Civil no es el PP, el problema, desde hace tiempo, es el PSOE.

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