Un ejemplo de dignidad: El personal de los juzgados gallegos se echa a la calle tras dos semanas en huelga y advierte a la Xunta de que "resistirá"

Resistencia". Ha sido una de las palabras más repetidas este sábado por las calles del centro de Santiago en la manifestación con la que el personal de la Administración de Justicia, que acumula ya más de dos semanas en huelga indefinida, ha querido advertir a la Xunta de que no está dispuesto a dar "ni un paso atrás" en sus reivindicaciones de "equiparación" de sus condiciones laborales con las del funcionariado que ejerce funciones semejantes en otros puntos del Estado. Después de días de protestas en diferentes puntos de Galicia el esfuerzo mobilizador se ha trasladado a la capital gallega con una marcha que ha sido secundada de manera masiva por el personal llamado a acudir.

Alrededor de dos mil personas -el total del colectivo alcanzado no llega a las 3.000-, avaladadas por todos los sindicatos del sector y también por todas las fuerzas de la oposición gallega, han marchado por el centro santiagués con el color negro como predominante. Las peticiones de dimisión del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del director general de la Función Pública, José María Barreiro, han sido constantes en una manifestación en la que la ruptura de las negociaciones ha estado más que presente. Los responsables gubernamentales, aseguran los representantes del comité de huelga, los han invitado a irse a otras comunidades autónomas si no están de acuerdo con la oferta que plantea la Xunta. "¡Que emigren ellos!", exclaman.

Después de que, en los últimos días, el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya dudado del carácter democrático de la protesta y otros cargos del PPdeG incluso hayan atribuído las movilizaciones a motivos diferentes de los laborales, el personal advierte de que no está dispuesto a pasar por un conjunto de "vagos y maleantes", toda vez que solo están exigiendo "dignidad" en ámbitos como el salarial, pero también en lo referido a los descuentos por bajas laborales, las incapacidades temporales o los recortes de personal de los últimos años. Feijóo, Rueda y Barreiro los acusan de pretender solo ganar más dinero y eso, aseguran, es tanto como "mentir".

"Mienten, mienten y mienten", clamaron en el final de la manifestación, en la Praza da Quintana, en el que el personal también ha subrayado que su voluntad no es otra que "negociar", pero sin "sicarios políticos", dicen en referencia al director general. "No queremos que nos envíen a la emigración; queremos transparencia, mediación del Consello Galego de Relacións Laborais y que se cumpla el mandato parlamentario" de poner fin a la "discriminación de la Justicia gallega".

Catalá convoca a los cuatro sindicatos el día 28 de febrero para hablar sobre el Registro Civil

En la tarde de ayer el Ministerio de Justicia remitió a las organizaciones sindicales un correo electrónico con el siguiente texto " en atención a las solicitudes expresadas en estos días de febrero por las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, para tratar la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, antes del vencimiento de la vacatio legis vigente, se les convoca a una reunión para el próximo miércoles 28 de febrero de 2018 a las 17,00 en la Biblioteca 1 (C/San Bernardo 45), que será presidida por el Ministro de Justicia".

La convocatoria de esta reunión es el resultado de la reclamación realizada por CCOO, CSIF, STAJ y UGT, de forma unitaria, hace días, con el objetivo de trasladar al ministro Catalá que es imprescindible que el grupo parlamentario, que apoya al Gobierno, adopte una posición favorable para que se apruebe en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de Ley de Unidos Podemos sobre la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, que los cuatro sindicatos compartimos plenamente su contenido, y que garantizaría totalmente las reclamaciones de las y los trabajadores de la Administración de Justicia.

CCOO, CSIF, STAJ y UGT reclaman a los grupos parlamentarios la toma en consideración de la proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por Podemos, sin perjuicio de las enmiendas que se quieran presentar, para desbloquear de una vez el futuro del Registro Civil

CCOO, CSIF, STAJ y UGT han remitido hoy a todos los grupos parlamentarios una carta solicitando el desbloqueo de la situación generada tras el rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por el Grupo Popular, desbloqueo para el que solicitan que se acepte la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo parlamentario de Podemos, sin perjuicio de las enmiendas que luego se puedan formular en el trámite parlamentario. 

En su carta las 4 organizaciones sindicales manifiestan que "consideramos prioritario que por los Grupos Parlamentarios se busquen fórmulas de consenso que contribuyan a desbloquear la situación generada, y permitan la modificación de la Ley 20/2011, para que, modernizándolo, se respeten los cinco ejes fundamentales que entendemos debe mantener el nuevo modelo de Registro Civil:

· Un Registro Civil desjudicializado

· Un Registro Civil dentro de la Administración de Justicia

· Un Registro Civil plenamente informatizado que mantenga su actual estructura territorial, cercano al ciudadano

· Un Registro Civil servido con exclusividad por funcionarios de la Administración de Justicia.

· Un Registro Civil totalmente público que recuperará para sí todas las competencias"

Tal y como pone de manifiesto la carta, recientemente, el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se modificaba la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Dicha proposición contemplaba la desjudialización del mismo excluyendo a los Jueces de la llevanza del Registro civil, mantenía la actual estructura territorial de éste y daba la gestión del Registro civil al personal de Justicia experto, formado y con el potencial suficiente para llevar a cabo el proceso de mejora que precisa este servicio público esencial. Esa propuesta, aunque mejorable, ha sido rechazada sin la oportunidad de haber debatido enmiendas al texto inicial. 

El plazo de la vacatio expira el próximo 30 de junio de 2018 por lo que entrará en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio. Ello supondrá un cambio profundo en el actual modelo de Registro Civil ya que elimina su actual estructura territorial, suprimiendo miles de Agrupaciones y Juzgados de Paz, causando con ello un grave impacto económico negativo en las localidades afectadas, alejando un servicio público más de la ciudadanía lo que, sin duda, contribuye a la progresiva despoblación del entorno rural y al agravamiento de los problemas de equilibrio y sostenibilidad territorial en nuestro país. 

Según sigue diciendo la carta, "actualmente, se encuentra registrada en el Congreso otra proposición de Ley, en este caso presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Ponemos-En Comú Podem-En Marea, cuyo trámite está pendiente de su toma en consideración. Los cuatro sindicatos compartimos plenamente el contenido de esta proposición de Ley por lo que queremos solicitarle su apoyo a la misma o, al menos, su apoyo para su toma en consideración por el Pleno del Congreso, sin perjuicio de las enmiendas que luego se puedan formular en el trámite parlamentario".

Por todo lo anterior, las cuatro organizaciones firmantes solicitan mantener de manera urgente una reunión con cada Grupo Parlamentario con el fin de articular las fórmulas en busca de un consenso que logre mantener la actual estructura de este servicio público dentro de la Administración de Justicia que, aunque mejorable, funciona razonablemente bien a pesar de la falta de medios y se encuentra como uno de los mejor valorados por los ciudadanos conforme a los estudios de calidad elaborados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 

En iguales términos se han dirigido las cuatro organizaciones a la Federación Española de Municipios y Provincias, a fin de poner en su conocimiento esta situación y su repercusión en los municipios, muy especialmente en el mundo rural, así como "exponerles nuestras propuestas sobre el Registro civil, conocer su punto de vista y, en su caso, coordinar acciones frente a lo que consideramos un nuevo ataque al servicio público del Registro Civil".

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia en el Congreso ratifica su oposición a que se mantengan las oficinas de Registro civil en los partidos judiciales y Juzgados de Paz

Dentro de la ronda de contactos que CCOO está manteniendo con todos los grupos políticos para trasladarles sus propuestas en los asuntos de la Administración de Justicia que están analizándose en el Congreso de los Diputados, en el día de ayer se reunió con una delegación del Grupo Socialista, encabezada por su portavoz en la Comisión de Justicia Juan Carlos Campo, que fue Secretario de Estado de Justicia cuando fue ministro Caamaño.

En la reunión,el portavoz del Grupo Socialista ha seguido defendiendo el contenido íntegro de la Ley 20/2011 en su redacción original, lo que supondría que el Registro Civil saldría de la Administración de Justicia y dejaría de estar atendido por personal de justicia, por lo que se ha producido un profundo desacuerdo entre CCOO y el representante del PSOE.

Le hemos solicitado su apoyo a la Proposición de Ley que está presentada por el grupo de Unidos Podemos (que contiene todas las reivindicaciones de CCOO y del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras) y, muy al contrario, ha apostado por una nueva vacatio legis ya que, culpando directamente al Gobierno de no tener preparados los medios informáticos, personales y materiales, considera imposible que el 1 de julio de este año se esté en disposición de poner en marcha la Ley 20/2011 que él defiende y que entraría en vigor en dicha fecha.

El portavoz socialista se ha mostrado, sin embargo, más receptivo al resto de propuestas de CCOO en relación con el Registro Civil como son la recuperación en exclusiva de las solicitudes de nacionalidad por residencia y de la tramitación de los expedientes previos al matrimonio civil y también nos ha asegurado que su partido defenderá que no se pierda un solo puesto de trabajo. CCOO le hemos advertido que la ley 20/2011 que ellos defienden no garantiza en absoluto ni uno ni otro aspecto, motivo por lo que debe ser profundamente modificada.

También se trataron en la reunión otras cuestiones relativas a la Administración de Justicia, como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la creación de nuevos juzgados y plazas de personal funcionario, la necesidad de un plan de choque para el “desatasco” de los órganos más saturados, la necesaria mejora de la formación profesional, el establecimiento de una verdadera carrera profesional y potenciación de la promoción interna y la cobertura de todas las plazas por personal de carrera;o la necesidad de hacer un parón en los modelos organizativos (NOJ, nuevas tecnologías) hasta que no se haga una evaluación del resultado de su implantación donde ya se ha producido, entre otros asuntos. 

El resultado de la reunión ha sido altamente decepcionante para CCOO que ha echado en falta una mayor implicación de la representación del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en los gravísimos problemas que afectan al Servicio Público de la Administración de Justicia y al personal que aquí trabajamos soportando la inaceptables deficiencias que cada día vemos cómo se van agravando y sin ningún reconocimiento por nuestra labor.

CCOO, 22.02.2018

CCOO denuncia la incapacidad del Gobierno y del Parlamento para sacar adelante un Registro Civil totalmente público, gratuito, cercano a la ciudadanía y atendido por personal de la Administración de Justicia, como demanda toda la sociedad.

Nota de prensa de CCOO 

En la tarde de ayer ha tenido lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados el debate y votación para la toma en consideración de la proposición de ley del grupo Popular para modificar la Ley 20/2011 del Registro Civil.

Para el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, el debate ha servido “para desenmascarar las posiciones de los principales partidos políticos y para comprobar que este Ministerio de Justicia es incapaz de conseguir consensos para solucionar la más que preocupante situación de nuestra Administración de Justicia”.

El Partido Popular ha presentado esta proposición de ley al dictado del Ministerio de Justicia que, tras la fortísima presión ejercida desde CCOO, había aceptado dos de las principales reivindicaciones sindicales: el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia y el mantenimiento también de todas las oficinas actuales de los partidos judiciales y Juzgados de Paz.

El PSOE ha votado en contra manifestando abiertamente que no está de acuerdo en que se mantengan abiertas las oficinas de los partidos judiciales y Juzgados de Paz, tal y como contempla el texto original de la Ley 20/2011. Esta misma posición ha servido a Ciudadanos para argumentar su abstención.

Para CCOO, ni al PSOE ni a Ciudadanos les ha parecido preocupante la necesidad de prestar un servicio público cercano y accesible a toda la ciudadanía, ni el futuro de los más de 4.500 puestos de trabajo que actualmente hay en los registros civiles.

Unidos Podemos, que también ha votado en contra, ha trasladado al Pleno del Congreso la falta de credibilidad del Partido Popular y del Gobierno, que se niegan a concretar las competencias de los Juzgados de Paz y del resto de oficinas, lo que podría abocar de hecho a su cierre. Ha defendido el mantenimiento de todas las sedes actuales, incluidos los Juzgados de Paz y también han reclamado que deben recuperarse para el Registro Civil todas las competencias privatizadas, como la solicitud de nacionalidad por residencia y la tramitación en exclusiva de los expedientes previos al matrimonio civil, lo que permitiría asegurar el futuro de todas las sedes actuales del Registro Civil.

La propuesta de Ley del PP no va a ser tramitada, por tanto, en el Congreso y, en este estado de cosas, la situación actual, que es altamente preocupante para CCOO, puede resumirse así:

El Pleno del Congreso rechaza la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2011 de Registro Civil presentada por el PP y deja al Registro Civil ante un futuro incierto, sin garantía para sus actuales trabajadores y para el mantenimiento de la cercanía del Registro a los ciudadanos

Ayer el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/20111 de Registro Civil que había presentado el Grupo Parlamentario Popular, por 160 votos en contra, 47 abstenciones y 134 votos a favor. El rechazo a la toma en consideración de esta Proposición de Ley supone que la misma decae, por lo que no cabe seguir adelante con su tramitación parlamentaria. 

La situación en que quedan los Registros Civiles tras este rechazo a la Proposición de Ley del PP es incierta. Todos (salvo el PSOE, sobre cuya postura hablaremos en un post posterior) entienden necesaria la modificación de la Ley 20/2011, pues su redacción actual no satisface a nadie: dejó en la indefinición quiénes habían de ser sus Encargados, excluyó de la Administración de Justicia el servicio público del Registro Civil (todo ello llevó al intento de su privatización) y con ello a los miles de funcionarios públicos que hoy prestan servicios en los mismos, redujo a la mínima expresión el número de oficinas registrales desapareciendo la actual estructura de registros civiles por partidos judiciales, suprimió las competencias de los Juzgados de Paz en la materia, su puesta en funcionamiento requiere de cuantiosas inversiones informáticas que no se han podido afrontar durante la crisis, etc. Ayer era el momento propicio para empezar su reforma, si se quería que la Ley 20/2011 deje de tener vacatio legis y pudiese comenzar su andadura el 30 de junio de 2018. Parece ser que todos los presentes en el Congreso de los Diputados estaban de acuerdo con su mantenimiento dentro de la Administración de Justicia y que los Letrados de la Administración de Justicia sean sus Encargados. Casi todos, y en este blog lo hemos dicho reiteradamente, entendían que la Proposición de Ley del PP era insuficiente, pero para eso está el trámite de enmiendas. Lo importante, a nuestro juicio, es que bien la Proposición de Ley presentada por Podemos bien la del Partido Popular empezase a andar, y luego buscar el máximo consenso posible en la modificación de la Ley que permita su andadura. 

Pero no fue posible. Ayer primó el interés del PSOE de defender “su” Ley 20/2011 que tantas inseguridades ha traido al Registro Civil. Ayer ganaron las presiones que han ejercido determinadas asociaciones de Jueces y Letrados para arruinarle la legislatura al Ministro Catalá, que ayer se convirtió en el más firme defensor de los derechos de los casi 5.000 funcionarios y funcionarias de los Registros Civiles, de los 16 millones de ciudadanos que viven en poblaciones con menos de 20.000 habitantes, de las numerosas declaraciones institucionales de ayuntamientos de todo color político por el mantenimiento de los Registros Civiles en sus municipios, de los miles de personas que no pueden acceder al mundo digital y de las posiciones defendidas por las organizaciones sindicales de Justicia. El Ministerio de Justicia tenía pactado con PSOE y Ciudadanos propiciar la toma en consideración de la Proposición de Ley , pero al final el PSOE presionó a Podemos y otros grupos parlamentarios para infringir una derrota al Ministro Catalá, por motivos que nada tienen que ver con los Registros Civiles, y lo consiguió. 

La consecuencia de lo acontecido ayer es clara: Ayer cerca de las 21.00 horas, desde el Ministerio de Justicia se remitió a las organizaciones sindicales un correo electrónico en que se decía que “siguiendo instrucciones del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, pongo en vuestro conocimiento que el voto contrario del Psoe y Podemos y la abstención de Ciudadanos impiden la tramitación de la Proposición de Ley del Registro Civil dirigida a garantizar los puestos de trabajo de los funcionarios en los Registros y las competencias de los Juzgados de Paz en esta materia”.

¿Cuál es el futuro a corto plazo de la Ley 20/2011?. A nuestro juicio hay tres posibilidades:

La primera, que se vote la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, que no contradice sino que desarrolla y amplía la proposición del Partido Popular. Sin embargo, tras el discurso de ayer del PSOE y de Ciudadanos, en que su principal motivo de rechazo a la Proposición del PP era porque no quieren el mantenimiento de la estructura actual de Registros Civiles en partidos judiciales y Juzgados de Paz que establecía tanto la propuesta del PP como la de Podemos, unido al previsible voto negativo del PP a la toma en consideración de la Proposición de Podemos en respuesta a la negativa de ayer, vemos poco viable esta posibilidad. Ojala nos equivoquemos, porque a nuestro juicio sería la mejor de las alternativas. 

La segunda, que se busque el consenso extraparlamentario sobre la modificación de la Ley 20/2011 y se presente su reforma dentro de alguna Proposición o Proyecto de Ley que esté debatiéndose o se vaya a debatir de aquí a junio, propiciando su aprobación antes del 30 de junio. Difícil, pero no imposible. 

Y la tercera, prorrogar una vez más la vacatio legis de la Ley 20/2011. 

Porque lo está claro (el único que no se ha enterado es el Sr. Campo, del PSOE) es que dicha Ley no puede entrar en vigor con su redacción actual, dada la indefinición sobre su estructura orgánica y funcional, sobre su adscripción a una u otra administración, la ausencia en este momento de una plataforma electrónica que la haga viable, los miles de municipios cuyos libros no se han digitalizado todavía, etc. Los mismos motivos que año tras año han ido obligando a la prórroga de la vacatio legis subsisten en estos momentos. Quizás la prórroga de la vacatio legis debería abarcar únicamente aquellas cuestiones que bien por motivos organizativos bien por motivos técnicos no la hacen posible, y permitir la entrada en vigor del resto de su articulado. 

Lo cierto es que ayer vivimos un esperpento más al que, digámoslo claramente, nos ha llevado el PSOE del Sr. Campo en la defensa numantina de “su” Ley. Ayer el PP, el Ministro Catalá y Podemos se quedaron solos en su defensa de los Registros Civiles en todos los partidos judiciales y del mantenimiento de competencias registrales en los Juzgados de Paz, porque el Registro Civil ha de ser un servicio cercano a los ciudadanos, incluidos los más desfavorecidos y los que no viven en grandes ciudades. El problema del Registro Civil no es el PP, el problema, desde hace tiempo, es el PSOE.

Hoy se debate en el Congreso la Proposición de Ley del PP, de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, a 4 meses de su entrada en vigor

Hoy 13 de febrero, a poco más de 4 meses de la nueva entrada en vigor de la Ley 20/2011 de Registro Civil, de imposible aplicación con su redacción actual, el Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Tras su votación, si obtiene la mayoría de votos favorables sobre su toma en consideración, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas a dicha proposición de Ley, comenzando de verdad su tramitación parlamentaria. 

Las razones de por qué se tramita en primer lugar esta proposición de ley y no la presentada por el grupo parlamentario de Podemos es que cada grupo parlamentario tiene asignado en la legislatura un número determinado de proposiciones de ley que puede presentar, en función de su representación parlamentaria, y la parálisis del Gobierno y la falta de mayoría parlamentaria del PP ha hecho que apenas hayan presentado iniciativas legislativas, por lo que la suya es prioritaria. Probablemente tras la toma en consideración de la proposición de ley del PP Podemos presentará como enmiendas a dicha proposición el articulado de su Proposición de Ley, a nuestro juicio mucho más completa, concreta, defensora del servicio público que presta el Registro Civil, que incluye la recuperación de las competencias en materia de nacionalidad así como la exclusividad en materia de expedientes de matrimonio y que garantiza el mantenimiento de las oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y en cada juzgado de paz. La proposición de Ley del Partido Popular es un parche para que pueda entrar en vigor la Ley 20/2011, manteniendo el Registro Civil dentro de la Administración  de Justicia pero presentando, a nuestro juicio, múltiples carencias que deberían ser cubiertas en la fase de enmiendas. 

En este pleno se verán las posturas de todos los grupos parlamentarios. Especial atención merece, a nuestro juicio, la postura que va a tomar el PSOE en su tramitación. El PSOE ha sido el único valedor de la redacción original de la Ley 20/2011, que dio lugar al intento frustrado de privatización del Registro Civil y que supondría la desaparición de casi todos los Registros Civiles que no estén ubicados en capitales de provincia así como de las competencias de los Juzgados de Paz. Quien ostenta la representación de su grupo parlamentario ante la Comisión de Justicia en el Congreso es la misma persona que promovió y defendió la Ley 20/2011, para cuya redacción no se tuvo en cuenta la opinión de los Encargados de los Registros Civiles o su personal. Según fuente bien informadas, el PSOE ha pactado con el Gobierno su apoyo a esta proposición de Ley, mientras presiona a otros grupos parlamentarios de la oposición para que voten en contra, postura que nadie entiende. En este parlamento de tan difíciles mayorías parlamentarias es esencial que el PSOE abandone su postura inmovilista, reconozca de una vez las deficiencias de la Ley 20/2011 y apueste por un registro civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia. Nadie entendería que una fuerza política supuestamente progresista y de izquierdas no trabaje por la consecución de este objetivo. 

Puede seguirse la celebración de este pleno a través del siguiente enlace: pleno del Congreso.