29 de marzo, reunión organizaciones sindicales - Ministerio de Justicia sobre el futuro del Registro civil

Tras la carta unitaria remitida por los cuatro sindicatos representativos de ámbito estatal (CCOO, CSIF, STAJ y UGT) al ministro de Justicia, reclamando una reunión urgente con él para tratar sobre el Registro Civil, con la exigencia de que se mantengan todos los Registros Civiles de todos los partidos judiciales y las oficinas delegadas de Registro Civil de todos los Juzgados de Paz, además de la garantía de que se mantendrá el Registro Civil, público, gratuito, servido por el personal de la Administración de Justicia y con todos los puestos de trabajo existentes en la actualidad, el propio ministro Catalá se comprometió la semana pasada a convocar la reunión con todos los sindicatos esta semana.

El viernes pasado llegó por la tarde la convocatoria, para el próximo miércoles 29 de marzo a las 10 horas, de la reunión con el ministro de Justicia.

"Siguiendo instrucciones del Ministro de Justicia se convoca a una reunión para tratar temas relativos al Registro Civil el próximo miércoles, día 29 de marzo a las 10:00 h. en la Sala 215 del Ministerio de Justicia. C/ San Bernardo, nº 45..."

CCOO, CSIF, STAJ y UGT unen sus fuerzas para garantizar un Registro Civil cercano a la ciudadanía, y el empleo y los derechos laborales de su personal

En la propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil que el Ministro de Justicia entregó hace ya un mes a los Consejeros de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial solo queda garantizada una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y otra en cada una de las islas que actualmente tienen registro civil. En el resto de partidos judiciales dependerá arbitrariamente de la decisión del Ministerio en su ámbito y de las CCAA con competencias en el suyo; y en los Juzgados de Paz y agrupaciones se pretende cerrar el servicio del Registro Civil. 

Esta propuesta incumple el compromiso del ministro Catalá con las organizaciones sindicales ya que les garantizó el mantenimiento de las actuales oficinas y que el empleo y las condiciones de trabajo del personal no se verían en ningún caso afectados, lo que no queda asegurado con la nueva redacción de la Ley que se ha propuesto. 

Las cuatro organizaciones sindicales de ámbito estatal presentes en la Mesa Sectorial se han unido para no consentir este atropello y, ante la falta de respuesta del Ministerio a las reivindicaciones sindicales y ciudadanas, han acordado: 

1) Reclamar conjuntamente y por escrito al Ministro de Justicia una reunión urgente y exigirle su rectificación. 

2) Solicitar también por escrito y de forma conjunta a la Federación Española de Municipios y Provincias su apoyo y una reunión inmediata. 

3) Mantener reuniones conjuntas, que han pedido por escrito, con todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados en las que les exigirán  un posicionamiento público favorable a sus propuestas y la presentación de las correspondientes enmiendas al proyecto de ley del Gobierno, caso de que éste no rectifique. 

4) Extender esta unidad sindical en cada Comunidad Autónoma al resto de organizaciones sindicales representativas en las mismas. 

5) Ejercer las mismas acciones desde el conjunto de todos los sindicatos en el ámbito de los parlamentos y grupos parlamentarios autonómicos y a las Federaciones de Municipios y Provincias de cada Comunidad Autónoma.

CCOO solicita a las alcaldías, a los concejales y la ciudadanía de las medianas y pequeñas poblaciones su implicación en el mantenimiento de las Oficinas de Registro Civil en su localidad

Utilizando el engaño, el Ministerio de Justicia garantizó a los representantes sindicales el mantenimiento de la actual distribución territorial de las oficinas del Registro Civil abiertas en todas las cabeceras de partidos judiciales y juzgados y agrupaciones de paz. 

Sin embargo, incumpliendo su compromiso, en la Conferencia Sectorial de Justicia, el ministro Catalá presentó a las Consejerías Autonómicas una propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil (que entrará en vigor el 1 de julio de este año) con la siguiente redacción: 

En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes. 

Por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma. 

En atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley. 

Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, en sus respectivos ámbitos territoriales, el diseño, creación y organización de las oficinas generales del Registro Civil. 

Esto supone que queda al arbitrio del Ministerio de Justicia en su ámbito y de las CCAA con competencias en el suyo el mantenimiento de la inmensa mayoría de las actuales oficinas sin que quede garantizado un servicio cercano a la ciudadanía ni el empleo ni las condiciones de trabajo del personal que trabaja en los actuales Registros Civiles y Juzgados de Paz y Agrupaciones. 

CCOO se va a dirigir por escrito a los y alcaldes y grupos municipales de las poblaciones que pueden verse afectadas a fin de que exijan al gobierno una rectificación inmediata y de que conminen a sus partidos políticos respectivos para que apoyen el mantenimiento de las oficinas del Registro Civil de todas las localidades. 

Pero para CCOO es la ciudadanía la que tiene que exigir a sus representantes políticos el mantenimiento de los Servicios Públicos gratuitos, universales y cercanos, evitando así, como se pretende con el cierre de centenares de oficinas del Registro Civil, desplazamientos a las oficinas de las grandes capitales o tener que recurrir a gestorías privadas para la tramitación de sus asuntos cotidianos.

El Gobierno otorga por error la nacionalidad a decenas de delincuentes con detenciones o sentencias firmes

Jesús E. G., dominicano, consiguió la nacionalidad española por residencia el 18 de noviembre de 2013. El Ministerio de Justicia consideró que cumplía los tres requisitos que se le piden a cualquier solicitante: un tiempo determinado de residencia legal en España, integración y buena conducta cívica. Ya era un español más.

Sin embargo, a Justicia se le escapó algo. Jesús había sido condenado el 19 de febrero de ese año, es decir, ocho meses antes, por un juzgado de lo penal de Madrid por un delito de tráfico de drogas. Nadie comprobó si Marcial tenía antecedentes penales o policiales antes de hacerle español. De haberlo hecho, Justicia habría visto otra detención, en febrero de 2010, también por tráfico de drogas, y otra de 2009, por asociación ilícita y abuso sexual.

... La Constitución garantiza que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. ¿Y si no lo es de origen? Se puede, y está sucediendo cada vez más. En apenas cinco años se han multiplicado por 10 los casos de revocación de la nacionalidad española. Han pasado de ser anecdóticos a llegar por decenas hasta la Audiencia Nacional, que solo en solo en 2016 ha dictado una treintena de sentencias, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

La llevanza que por intereses corporativos el Registro Civil de España no se merece....y la desaparición de los juzgados de Paz tampoco

Resulta cuanto menos curioso que algunas asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia se autocalifiquen de adalides en postularse en la llevanza del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia y aplaudan al mismo tiempo la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil, cuando esa reforma sacó en la practica al Registro Civil de la Administración de Justicia, y únicamente les garantizaba la posibilidad de ser Encargados de los Registros Civiles pero fuera de nuestra Administración, en servicios especiales, en función compartida con otros funcionarios del Grupo A1 Licenciados en Derecho. 

Pero más chocante es su desconocimiento de la realidad social de España, en que buena parte de su población no vive en capitales de provincia, y en el que se viene luchando contra una creciente despoblación del medio rural, cuando quieren hacer desaparecer uno de los servicios públicos hoy no centralizados en las capitales, como son los Registros Civiles de las sedes de partidos judiciales no ubicadas en capitales de provincia y los Registros Civiles delegados, cuya gestión corresponde a los Juzgados de Paz. No importa la vertebración territorial o la brecha digital, priman intereses corporativos.

A estas asociaciones no les basta con que con la reforma propuesta del Ministerio de Justicia de la Ley 20/2011, una vez se implante el folio registral único, desaparezcan las competencias de los Juzgados de Paz en materia de Registro Civil. Quieren más. Quieren que dichas funciones desaparezcan desde la entrada en vigor misma de dicha Ley (¿y qué hacemos con las inscripciones no digitalizadas y los asientos marginales de las mismas??). Calificar como califican algunas asociaciones de Secretarios que la estructura que el Ministerio de Justicia quiere mantener sólo hasta la implantación del folio registral único como “decimonónica”, por tener que firmar Jueces y Secretarios de Juzgados de Paz los certificados y los asientos, o por tener que pedir instrucción al Juez Encargado del que dependen para la práctica de muchos asientos, parece fuera de la realidad. Sería como calificar “decimonónica” a la función de fe pública que ejercen dichos Secretarios, o a la obligación establecida en el art. 37 de la Ley de Registro Civil de que Encargado y Secretario tengan que cerrar con sus firmas las inscripciones (¿por qué no basta con la firma del primero?), o que los Secretarios sólo pueden firmar los certificados por delegación del Encargado del Registro civil (art. 17 del Reglamento del Registro Civil). Descalifican la función que ejercen los Jueces de Paz porque conforme la Instrucción de 28 de mayo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre funcionamiento y organización de los Registros Civiles delegados a cargo de los Juzgados de Paz y su informatización, requieren para la práctica de numerosos asientos la instrucción previa o la calificación del Encargado del Registro Civil del que dependen, cuando dicha Instrucción se dictó precisamente para asegurar que los Jueces de Paz cumplen con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento del Registro civil, no por desconfianza en su ejercicio (por cierto, los Jueces de Paz tiene delegada ex lege en dicho artículo las mismas competencias que el Encargado puede delegar en el Secretario, y éste en el Gestor, sin que por ello se descalifique la labor del Secretario ni se le tilde de “poco profesional”, pues la labor de calificación corresponde al Encargado)

El mantenimiento o no de las competencias sobre Registro Civil en los Juzgados de Paz no tiene nada que ver con tener un Registro Civil moderno, avanzado tecnológicamente y eficaz, pues todo ello depende de las tecnologías y medios que se utilizan (a la vista está el desastre del Lexnet), y no de las personas que lo sirven.

En España, hasta ahora, hemos tenido simple y llanamente el Registro Civil que podíamos tener, teniendo muy claro que la prioridad era el servicio al ciudadano y la necesidad de que todos los hechos relativos al estado civil quedaban registrados, y no quién presta el servicio. No todo pueden ser servicios especializados, que llevan a la concentración de medios y alejamiento del servicio de muchos de sus ciudadanos. Y ello pasa con la justicia. La justicia de Paz en España tiene un arraigo de nada menos que de 161 años, y si a algunos no les convence que el Registro Civil y el Juzgado de Paz acercan la Justicia al ciudadano no sabemos bien que les convence, quizás el Derecho comparado. Veamos.

Los Juzgados de lo Contencioso de Zaragoza reconocen el derecho de los Gestores Delegados de Registro Civil a una retribución complementaria. ¿Para cuándo el reconocimiento en la ley de las funciones que realmente realiza el personal del Registro Civil?

Mientras Catalá afirma en la Mesa Sectorial con las Comunidades autónomas que la nueva gestión del Registro Civil, que recaerá en los Letrados de la la Administración de Justicia, no supondrá “ningún menoscabo a los derechos profesionales de los funcionarios que trabajan actualmente en los Registros Civiles”, la reforma que ofrece de la Ley 20/2011 no supone ningún reconocimiento de la función que realizan dichos funcionarios, los cuales tienen que seguir llevando a los Juzgados las distintas Administraciones para el reconocimiento de sus derechos.

Ejemplo evidente es la situación de los Gestores Delegados de Registro Civil, al amparo del art. 44 del vigente Reglamento del Registro Civil, que realizan por delegación del Encargado del Registro Civil la extensión (que implica la calificación previa) de inscripciones de nacimiento de hijos matrimoniales, matrimonios canónicos, ordinarias de defunción, notas marginales que no sean de rectificación y cancelación, y funciones de expedición de certificados y fes de vida. El Ministerio de Justicia y demás Administraciones con competencias en Justicia sistemáticamente han denegado el reconocimiento profesional y retributivo de estos gestores, que asumen una mayor responsabilidad, y sólo han sido los Tribunales de Justicia, primero en Cataluña, luego en Valencia, Andalucía o Canarias, los que han puesto coto a esta discriminación. Ahora han sido los 5 Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza los que en demandas defendidas por la misma letrada han reconocido de forma unánime el derecho de los Gestores Delegados de Registro Civil de ser retribuidos de forma complementaria por el ejercicio de dichas funciones (se adjunta enlace a extracto de una de las sentencias). Ninguna administración reconoce de oficio este derecho a una mayor retribución por asumir mayores responsabilidades, y sólo se está consiguiendo por la vía judicial. 

Todos los que trabajamos en la Administración de Justicia sabemos que normalmente asumimos funciones de Cuerpos Superiores que no nos corresponden, sin que recibamos retribución o reconocimiento profesional alguno por dichas funciones, mientras que nuestros superiores perciben sus salarios íntegros por funciones que no ejercen y hasta productividad por el trabajo que nosotros realizamos. En los Registros Civiles es más que evidente: la función de calificar la inmensa mayoría de los asientos la realizan el personal de la Administración de Justicia destinado en el mismo (Gestores, Tramitadores y Auxilios), y los Encargados se suelen limitar a plasmar su firma en el trabajo que hemos realizado antes. ¿Por qué no reconocer legalmente la función de calificación que ya realizan, y retribuirles por esta función añadida? ¿Por qué no atribuir también a dichos Cuerpos, sin necesidad de delegación previa, la posibilidad de expedir y firmar certificados, cuando ya los están expidiendo, y retribuirles por asignarles dicha mayor responsabilidad? ¿Por qué no asignar a los Gestores licenciados en Derecho la sustitución de los futuros Encargados de Registros Civiles, y sí a otros Letrados de la Administración de Justicia que trabajen en Juzgados que nada tengan que ver con el Registro Civil? La propuesta del Ministerio calla al respecto.