Los registradores renuncian al concurso del Registro Civil digital porque consideran “obsoleto” el proyecto de Justicia

Según aparece en Infolibre (información detallada sólo para suscriptores) el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles celebró una reunión el pasado 30 de agosto en la que decidió por mayoría no presentarse al concurso publicado el 8 de agosto para los Servicios de desarrollo del Registro Civil digital. Los Registradores han descartado participar en la licitación tras estudiar el informe de sus técnicos, que consideran “obsoleto” el diseño propuesto por Justicia en los pliegos del contrato.

CCOO denuncia el convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Abogacía, publicado hoy en el BOE, que tiene el objetivo de privatizar la solicitudes de nacionalidad por residencia

Aparece publicado hoy en el BOE el Convenio de colaboración de la Secretaria de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia. Esta función, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los Registros Civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

Desde el pasado día 1 de Julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los Registros Civiles siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos, o en forma presencial a través de registros administrativos.

CCOO advirtió esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE, y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, nos da lamentablemente la razón. El Ministerio pudo optar por implantar en los Registros Civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado ya que cualquier abogado o abogada, sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Comienza el curso decisivo: El Ministerio de Justicia dice estar trabajando en la modificación de la Ley 20/2011 de Registro Civil

Según informó CCOO a finales de la semana pasada, el Ministerio tiene ultimado el proyecto de ley de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil.  El Ministerio asegura que el registro civil seguirá siendo atendido por el personal de la Administración de Justicia pero que no está prevista la recuperación de las competencias que, como la presentación de solicitudes de nacionalidad por residencia, han sido separadas de los cometidos de los registros civiles.

No se ha dado información sobre la previsión de este proyecto de Ley en cuanto al número y ubicación de las oficinas del registro civil. El proyecto de ley está en fase de informe de la Secretaría General Técnica y de la Abogacía del Estado, antes de pasar al Consejo de Ministros. No se ha informado a las organizaciones sindicales sobre la fase en la que se les dará traslado a las organizaciones sindicales para su negociación.

A nuestro juicio, comienza el curso decisivo para el futuro del Registro Civil y su mantenimiento dentro de la Administración de Justicia, como servicio público, gratuito y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia. Sin embargo, aunque parece que el Ministerio de Justicia está por la labor de cumplir con los anteriores principios, que son esenciales y fundamentales, parece ser que su modelo de Registro Civil pasa por privarlo de competencias que hasta hace poco ocupaban buena parte de su trabajo, como eran los expedientes de nacionalidad española, o compartir dichas competencias con otros operadores jurídicos, como son los Notarios. Ello llevará a medio plazo, por más que se diga lo contrario, a la desaparición de las competencias en materia de Registro Civil de todos los Juzgados de Paz (su única competencia se limitará a la recepción de solicitudes y expedición de certificados no digitalizados) y de gran parte de los Juzgados de 1ª Instancia y 1ª Instancia e Instrucción con funciones de Registro Civil. 

Por ello resulta esencial y fundamental que, dado que el PP carece de mayoría parlamentaria y precisa de otras fuerzas políticas para modificar la Ley 20/2011, que se convenza a todas las fuerzas políticas sobre la importancia de que el Registro Civil siga siendo cercano a los ciudadanos, que siga realizando su labor de preparación de actos de estado civil (expedientes, etc) de forma exclusiva, que se tenga en cuenta  a toda la población que no vive en las grandes ciudades y su derecho a la igualdad de acceso a los servicios públicos, y que se tenga en cuenta el desastre en que se ha convertido la tramitación de las solicitudes de nacionalidad buscando soluciones "no externas" que agilicen realmente este trámite (en los Registros Civiles estamos hartos de dar la cara por el retraso del Ministerio en su resolución). Organizaciones sindicales y asociaciones profesionales tienen que dar un paso adelante en la lucha de todo ello, y no tener la actitud pasiva que muchos tuvieron cuando se aprobó la Ley 20/2011. 

Desde este blog estaremos encantados de dar publicidad a cuantas iniciativas se promuevan para todo ello.