Catalá insiste en hacer de las solicitudes de nacionalidad española un negocio privado (en perjuicio de los ciudadanos, claro)

Aparece publicada en la web del Ministerio de Justicia en el día de hoy una nota de prensa, mediante la cual el Ministerio informa que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, han firmado hoy un convenio para el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos los servicios de información, asistencia y consulta en la presentación de la documentación necesaria para la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia.

Según la nota, el convenio habilitará al Consejo General de la Abogacía para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados y regulará los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación debidamente conformada. Este acuerdo se inscribe en el marco de una estrategia dirigida a canalizar en la medida de lo posible las solicitudes de nacionalidad por residencia del nuevo procedimiento a través de colectivos profesionales y en este sentido establece la obligación de garantizar por parte del Consejo un control previo de las solicitudes, asegurándose de que sólo se incorporen al sistema aquellas que a priori cumplan las condiciones e incluyan toda la documentación exigible. Ello redundará,, sigue la nota, en un menor tiempo de tramitación pues limitará los casos en que sea necesario requerir al interesado para que aporte documentación adicional y facilitará asimismo la calificación de los expedientes. Este convenio se suma a los ya sucritos con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, el 14 julio de 2016, y con el Consejo General de Procuradores de España, el 20 septiembre de 2016. Asimismo, se está en conversaciones para su posible extensión a otros colectivos como el Consejo General de Economistas. No genera obligaciones económicas entre las partes, si bien el Consejo asume los gastos e inversiones que origine su cumplimiento. El Ministerio de Justicia no regula los honorarios que los abogados perciban de quienes decidan recurrir a sus servicios ya que queda fuera de su ámbito de competencia.

Todo esto estaría muy bien si no fuera porque todos los objetivos que se pretenden con la firma del convenio se podrían cumplir de sobras, sin coste alguno para el ciudadano extranjero, si el Ministerio de Justicia hubiese permitido que los Registros Civiles hubiesen seguido siendo punto de información, presentación y control previo de las solicitudes de nacionalidad, habilitando la plataforma electrónica para la remisión de las solicitudes y documentación a la DRGN desde los Registros Civiles. Pero el Ministerio de Justicia del PP, del Partido Privatizador, de Rajoy y Catalá, no han querido dar esa opción a los ciudadanos, ni establecer otro organismo administrativo y gratuito que lo sustituya. Y al no hacerlo buscan potenciar los trámites de pago de profesionales para solicitar la nacionalidad española frente a cualquier otra vía gratuita, pues ni es sencillo conocer únicamente a través de la página web los requisitos y documentación para acceder a la nacionalidad española, ni mucho menos la solicitud telemática de la misma a través de dicha página web. En definitiva, la nacionalidad española, para los listos y los que se la puedan pagar. 

Con todo ello Catalá ampara hacer un trámite administrativo fundamental en todo país civilizado, como le gusta decir a Rajoy, para el ejercicio de un derecho esencial como es el de adquirir la nacionalidad del país en que resides, un negocio privado, como acostumbra la gente del PP. Luego dicen que no privatizan servicios. 

Si a eso le añadimos los 6 millones de euros pagados del erario público a los Registradores de la Propiedad para resolver las solicitudes presentadas entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2015 para hacer el trabajo de la DGRN que desde octubre de 2015 es el instructor de las solicitudes de nacionalidad; los miles de solicitudes que siguen sin resolverse pese a las encomiendas de gestión, con el consiguiente hartazgo de los ciudadanos que no entienden el tremendo retraso en resolver los expedientes; los desbordantes ingresos del Instituto Cervantes por la realización de las pruebas DELE A2 y CCSE cuyo destino final se desconoce; la falta absoluta de información sobre el destino que se ha dado a los 100 € de tasa que todos los solicitantes (incluidos los que están en paro o son familia numerosa) deben pagar desde octubre de 2015, las noticias que llegan sobre el plagio del programa de gestión de nacionalidades y la falta de pago del Colegio de Registradores de la Propiedad a la empresa que les proporcionó el mismo, etc, habrá que convenir que en estos 5 años del PP el Ministerio de Justicia ha buscado hacer de la tramitación de las solicitudes de nacionalidad un gran negocio digno de investigación, para favorecer a unos pocos, en perjuicio de los de siempre, del ciudadano de a pie que tiene que pagar por recibir un servicio público. Rafael Catalá, Mariano Rajoy, ¡¡váyanse a sus casas!!!