Trabajadores del Registro Civil en Euskadi reclamaron ayer al Estado la competencia ejecutiva y de gestión de este servicio con el objetivo de “blindar” su carácter público ante los intentos de privatización. Dos trabajadores del Registro Civil de Barakaldo , que también son miembros de la plataforma estatal en defensa de este servicio, comparecieron ayer en el Parlamento Vasco para advertir de que el próximo 30 de junio finaliza la prórroga para la entrada en vigor de la ley que supondría la privatización de este servicio.
En este sentido, reclamaron al Parlamento Vasco que tome las medias necesarias para solicitar la ampliación esa prórroga y que haga lo mismo con la ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria que permite a los notarios gestionar los expedientes matrimoniales, que actualmente tramitan los registros civiles.
Además, pidieron que la Cámara vasca rechace el real decreto que regula la obtención de la nacionalidad para evitar que los registradores de la propiedad puedan tramitar este procedimiento. Ambos trabajadores indicadon que es muy probable que se vaya a prorrogar la reforma del Registro Civil (Ley 20/2011) ya que el Ejecutivo carece de mayoría en el Congreso y además ha habido una “falta de previsión” en materia informática, peroalertaron de que la amenaza de la privatización “sigue latente” y que además se está buscando quitar competencias a los registros. Asimismo, pidieron que todas las partes implicadas trabajen para evitar que se quiera hacer “negocio” con un servicio por el que todas las personas tienen que pasar alguna vez a lo largo de su vida.
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