El Ministerio de Justicia es incapaz de demostrar que no miente en materia de Registro Civil

Su respuesta a pregunta formulada en el Congreso de los Diputados, en relación con la denuncia de CCOO sobre las mentiras del Ministro sobre el mantenimiento de los Registros Civiles en todos los partidos judiciales y en los Juzgados de Paz cuando su borrador de reforma de la Ley 20/2011 posibilita todo lo contrario, demuestra que el Ministerio o miente a los representantes de los trabajadores, o miente al Congreso.

Basta ya de excusas y ambigüedades: el Ministerio debe dar una clara respuesta a las demandas de CCOO en la carta remitida hace 10 días.

CCOO denunció el pasado 23 de febrero que el Ministerio de Justicia había mentido públicamente a las organizaciones sindicales sobre la demarcación futura del Registro Civil, pues frente a las manifestaciones del Ministro de Justicia asegurando que se mantendrían todas las Oficinas de Registro Civil hoy existentes en cada partido judicial y las competencias delegadas en materia de Registro Civil en los Juzgados de Paz, en el borrador del texto de reforma de la Ley 20/2011 se posibilitaba al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas la desaparición de todas las oficinas de Registro Civil que no sean hoy Registro Civil exclusivo, y se establecía la desaparición de los Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas de Registro Civil. 

Ante la nota difundida por CCOO, dos diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GCUP-EC-EM) formularon a primeros de marzo una pregunta en el Congreso de los Diputados, en relación con la futura demarcación registral del Registro civil, dándole al Ministerio de Justicia la posibilidad de enmendar la contradicción entre lo manifestado ante los representantes de los trabajadores y ante las Comunidades autónomas con transferencias. 

La respuesta del Ministerio de Justicia, de fecha 30 de marzo, juega con la ambigüedad para no contestar a los requerimientos de la pregunta parlamentaria, pero la conclusión es clara: el Ministerio no garantiza el mantenimiento futuro de las Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial, sino que quiere dotar de “flexibilidad” a cada Administración competente (el propio Ministerio de Justicia y Comunidades autónomas con competencias) para adaptar la planta judicial a sus necesidades y requerimientos de población, distribución territorial. Además el Ministerio no va a hacer nada para mantener las competencias registrales en los Juzgados de Paz. Y a lo único a que se compromete el Ministerio de Justicia es que “a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 se mantendría la localización de las actuales oficinas”, pero no dice nada de después.

Ello entra de nuevo en abierta contradicción con lo manifestado por el propio Ministro de Justicia en su reunión con las organizaciones sindicales el 29 de marzo, en la que el propio Ministro manifestó que “se mantendrán todos los Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y las competencias en esta materia de los Juzgados de Paz.”. CCOO exigió en esa reunión al Sr. Ministro compromisos escritos sobre sus propuestas y dicho documento sea la base de las enmiendas que se presenten a los grupos parlamentarios sobre la Ley 20/2011 para garantizar el presente y futuro del Registro Civil.

Todo ello demuestra que o bien, el Ministro mintió de nuevo a los representantes de los trabajadores en la reunión de 29 de marzo, o que el Ministerio de Justicia está mintiendo al Congreso de los Diputados en su respuesta de 30 de marzo. Y ya son demasiadas mentiras.

CCOO presentó hace 10 días un escrito dirigido al Ministerio de Justicia exigiendo que antes del fin de ese mes presente su documento de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que desarrolle los ejes sobre los cuales el Ministro de Justicia afirmó que debe sustentarse el Registro Civil, incluido el mantenimiento de todos los Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y las competencias en esta materia de los Juzgados de Paz, y que sea base para su negociación con organizaciones sindicales y partidos políticos para la reforma y entrada en vigor de la Ley 20/2011. Requerimiento que CCOO reiteró en la reunión de ayer, en la Mesa Sectorial de Justicia, advirtiendo al Ministerio de Justicia que si no presenta de inmediato un proyecto de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil que garantice el mantenimiento de todas las oficinas en los partidos judiciales y juzgados y agrupaciones de Paz comenzaremos una dura campaña de movilizaciones con el resto de sindicatos (si así lo estiman conveniente). Basta ya de mentiras y engaños a las trabajadoras y trabajadores y a la ciudadanía.

Ante la falta de contestación del Ministerio de Justicia sobre el documento de reforma de la Ley 20/2011, y nuestras exigencias presentadas en dicho escrito sobre la prórroga de la vacatio legis establecida en los puntos 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, en materia de competencia para la tramitación de actas y expedientes previos a matrimonio civil, y la modificación de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, para suprimir el límite temporal de 30 de junio de 2017 como fecha hasta la cual se podrán presentar las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles, CCOO va a iniciar cuantas acciones estén en su mano para obtener la respuesta más pronta a nuestras exigencias. No es de recibo que a dos meses del 30 de junio de 2017 ni se haya prorrogado ya la vacatio legis de la Ley 20/2011, ni se haya presentado un proyecto serio y creíble sobre su reforma, ni se haya dado respuesta a las exigencias relativas a las solicitudes de nacionalidad y los expedientes de matrimonio.

SOS Xustiza critica al Gobierno central por continuar con la privatización del registro civil

SOS Xustiza denuncia que el Gobierno central continúa con la "privatización" del registro civil "con nocturnidad y alevosía" y que ha dado "otro hachazo a la Justicia" tras publicar el pasado sábado en el BOE una encomienda por la que pagará "otros 2 millones de euros a los registradores de la propiedad para tramitar los expedientes de nacionalidad" del primer semestre de 2015. 

Según la plataforma, la resolución argumenta que "persisten las causas excepcionales provocadas por la escasez de medios técnicos y humanos" del ministerio y recuerda que ya en su día se aprobó otra encomienda por valor de 4 millones. 

El colectivo señala la "falta de voluntad" mostrada por el Gobierno para dotar de infraestructuras y medios al registro y cree "injustificable" que "regale" 2 millones de euros". 

La presidenta de SOS Xustiza, Yolanda Aguiar, reitera que esta situación será "absolutamente gravosa para los bolsillos de los ciudadanos". Y también advierte del "riesgo" para la protección de datos de carácter personal que supone que los datos de los ciudadanos estén en manos de personal contratado y no de funcionarios públicos.

El Parlamento de Cantabria aprueba por unanimidad una Resolución en defensa del Registro Civil

El pleno del Parlamento de Cantabria, en la sesión de 17 de abril, aprobó por unanimidad la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista modificada por una enmienda de adición del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria y por una enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular.

En el marco de la acción sindical emprendida a nivel de todo el Estado en defensa del Registro Civil, acción obligada por las contradicciones y "bandazos" del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que un día dice una cosa a las organizaciones sindicales y otro día otra distinta en la Conferencia Sectorial y en los comunicados publicados en la propia página web del Ministerio de Justicia, CCOO lanzó una campaña en Cantabria, en la que hemos mantenido reuniones con representantes de partidos políticos y hemos solicitado a todos los ayuntamientos de la región la aprobación de mociones en defensa de un Registro Civil público, gratuito, servido por personal de la Administración de Justicia y con presencia en todos los municipios, como hasta ahora.

En la tarde del 17 de abril en el Pleno del Parlamento de Cantabria se debatió y votó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Regionalista de Cantabria, matizada con dos enmiendas: una, de adición, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, y otra, de modificación del Grupo Parlamentario Popular.

La enmienda de adición de Podemos Cantabria pretendía afinar la PNL presentada por Grupo Regionalista para que se mencionara expresamente que el Gobierno Regional insta al estatal a garantizar "el mantenimiento de todas las oficinas del Registro Civil existentes", lo que estaba claro en la exposición de motivos de la PNL del PRC pero se había plasmado de forma un tanto ambigua en la propuesta de resolución. Este extremo fue aceptado por los promotores de la PNL. Asimismo, llamaba a instar a "que retornen a las oficinas del registro civil de manera exclusiva las competencias externalizadas y concretamente que las solicitudes de adquisición de nacionalidad por residencia se tramiten por las oficinas del registro civil, que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los registros civiles y que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil". Este último apartado fue desestimado por los promotores de la PNL, no por desacuerdo, sino por considerar que la PNL tenía por objeto la defensa institucional del Registro Civil público, gratuito, servido por funcionarios de Justicia y con establecimiento en todos los municipios, y que la segunda parte de la enmienda de Podemos Cantabria pertenece a un debate distinto (de lo que, naturalmente, discrepamos).

CCOO reclama al Ministro de Justicia que con carácter urgente presente el documento sobre reforma de la Ley de Registro Civil, que prorrogue la vacatio legis de la norma que permitirá a los Notarios tramitar actas previas al matrimonio civil y que suprima el límite del 30 de junio de 2017 para poder presentar solicitudes de nacionalidad a través de los Registros

CCOO ha remitido en el día de hoy una nueva carta dirigida al Ministro de Justicia reclamándole esta vez una actuación urgente en las siguientes materias:

1.- La presentación de un documento de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que desarrolle los ejes sobre los cuales el Ministro de Justicia afirmó que debe sustentarse el Registro Civil, incluido el mantenimiento de todos los Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y las competencias en esta materia de los Juzgados de Paz, y que sea base para su negociación con organizaciones sindicales y partidos políticos para la reforma y entrada en vigor de la Ley 20/2011.

2.- La prórroga de la vacatio legis establecida en los puntos 3, 4 y 5 de la Disposición Final Vigésima primera de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, en materia de competencia para la tramitación de actas y expedientes previos a matrimonio civil. 

3.- La modificación de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, suprimiéndose el límite temporal de 30 de junio de 2017 como fecha hasta la cual se podrán presentar las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles.

CCOO urge al Ministerio de Justicia a dar respuesta a estas tres cuestiones, dada la trascendencia que todo ello tiene  en el presente y futuro del Registro Civil, y ante la cercanía de las fechas previstas en las disposiciones antes citadas cuya entrada en vigor alteraría sustancialmente el trabajo que hoy se realiza en los Registros Civiles e implicaría una pérdida de competencias irreparable que CCOO rechaza frontalmente.

Vergonzosa nueva encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad, por 2 millones de euros, a favor del Colegio de Registradores, que comprende los expedientes recibidos en la DGRN entre el 1.1.2015 y 30.06.2015, tras meses de parálisis injustificada del Ministerio de Justicia

Casualmente en Semana Santa, en fechas que parecen buscadas para dar la menor publicidad posible, aparece publicado en el BOE de 15 de abril el Cuarto Acuerdo de Encomienda de Gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia, suscrito con fecha 3 de agosto de 2016 y cuya publicación se acordó con fecha 14 de marzo.

De esta forma se da publicidad a algo que todo el sector jurídico ya conocía, y es que ante la incapacidad del Ministerio de Justicia, por su negativa a dotarse con los medios adecuados para resolver los miles de expedientes de nacionalidad remitidos desde finales de 2014, dicho Ministerio iba a suscribir una nueva encomienda de gestión de dichos expedientes con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, cuyos cometidos nada tienen que ver con las nacionalidades. De esta forma privatiza una vez más la fase de instrucción que le corresponde al Ministerio de Justicia conforme el vigente Reglamento del Registro Civil, a cambio de una sustancial cifra de dinero, 2 millones de euros, que saldrán del erario público, para la tramitación de los expedientes de nacionalidad remitidos a la DGRN en los 6 primeros meses de 2015. Del resto de expedientes no tenemos noticia. Puestos a suscribir una nueva encomienda, y dada la inoperancia del Ministerio de Justicia, lo lógico es que se hubiera ampliado a todos los expedientes presentados hasta el 15.10.2015, pues a partir de dicha fecha la instrucción de los expedientes se rige por lo dispuesto en el RD 1004/2015 para la que, supuestamente, el Ministerio de Justicia está adaptando una aplicación utilizada en extranjería para la nueva instrucción de los expedientes. 

En resumen: siendo el Ministerio de Justicia conocedor desde hace años de la situación en que se encuentran los expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, “los órganos del Ministerio de Justicia competentes para la tramitación y resolución de dichas peticiones se plantearon la conveniencia de adoptar medidas de carácter excepcional que permitieran cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación aplicable”, entre las que se encontraron encomendar la gestión de la fase de tramitación que corresponde al Ministerio de Justicia. Transcurridos casi 5 años de la firma de la primera encomienda de gestión, seguimos en la misma situación de excepcionalidad provocada por “la escasez de medios técnicos y humanos con los que cuenta el Ministerio”, según texto de la propia encomienda, para la realización de las competencias que tiene legalmente asignadas en materia de instrucción de expedientes de nacionalidad por residencia previos al 15.10.2015, fecha en que entró en vigor la nueva tramitación de los expedientes de nacionalidad, y por ello decide suscribir una encomienda de gestión por 2 millones de euros, a cargo de todos los ciudadanos y ciudadanas, con una corporación de derecho público que hace de sus ingresos un beneficio privado, como es el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, en vez de acabar con “la escasez de medios técnicos y humanos con los que cuenta el Ministerio”, que es lo que el Ministerio tenía que haber hecho. Todo esto después de que cargos del Ministerio de Justicia y determinados políticos hayan puesto a parir a los Registros Civiles de España en esta materia, para justificar con ello la privatización del Registro Civil, afortunadamente fallida hasta la fecha. Y lo peor de todo es que desde el 15.10.2015 el órgano que es incapaz de tramitar los expedientes de nacionalidad española y que motiva la nueva encomienda de gestión, la Dirección General de Registros y del Notariado, asume toda la instrucción de las solicitudes de nacionalidad, no sabemos con qué medios. Es algo tan ridículo y esperpéntico que no se entiende que nadie asuma sus responsabilidades políticas por semejante desaguisado.

Clamor contra el cierre de los registros civiles que plantea el Gobierno de Rajoy

Los registros civiles llevaban unos años en la cuerda floja. Y ahora, salvo que el Gobierno de Rajoy rectifique, recibirán la puntilla. El próximo 1 de julio entrará en vigor la Ley del Registro civil, aprobada por el que fuera ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que suponía la supresión de los registros civiles, además de transferir este servicio a los registradores mercantiles y de la propiedad, lo que suponía cobrar por realizar inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios, trámites que ahora son gratuitos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió en abril de 2015 paralizar la privatización, enmendando así el proyecto de su antecesor en el cargo. Pero, además se comprometió a mantener las oficinas del Registro Civil. En Cantabria hay una oficina en cada uno de los ocho partidos judiciales y en los 24 Juzgados de Paz y Agrupaciones existentes. En 90 ayuntamientos existe además una oficina para la tramitación de este tipo de papeleo.

Nada más lejos de la realidad. Catalá anunció hace unos días en la Conferencia Sectorial que con carácter general serán las autonomías las que tendrán que abordar la reorganización. Su propuesta establece que cada comunidad autónoma sólo está obligada a tener una Oficina General de Registro Civil, y le posibilita a crear otra más por cada 500.000 habitantes, así como cuantas juzgue conveniente por razón de la distribución de la población o características del territorio. Además, los Juzgados de Paz perderán sus competencias en materia registral, y sólo podrán recibir solicitudes para su remisión a la Oficina General correspondiente. En otras palabras, el proyecto de Catalá no privatiza el Registro Civil pero lo pagarán las comunidades autónomas. De llevarse a cabo, la medida obligará a los 411.000 vecinos de la región a trasladarse a Santander, municipio donde probablemente se centralizará el servicio o, en su caso, a recurrir a gestorías privadas para la tramitación de asuntos cotidianos.

El Gobierno impulsa el cierre masivo de registros civiles

Las protestas por los planes del Gobierno de Mariano Rajoy para privatizar el Registro Civil, traspasando sus funciones a los registradores de la propiedad, forzaron en 2015 la paralización de la reforma de estos organismos públicos creados en 1870 para dejar solemne constancia de nacimientos, matrimonios y defunciones. Ahora, de nuevo al frente del Ejecutivo pero sin mayoría absoluta, el PP vuelve a intentar "modernizar" este servicio público con unos cambios legales que entrarán en vigor en parte el próximo 30 de junio. Su propuesta mantiene el cierre masivo de miles de oficinas por la informatización de los trámites y plantea que al frente de los registros civiles ya no esté ni un juez ni tampoco un registrador de la propiedad, sino un letrado de la Administración de Justicia.

Si actualmente en España funcionan más de 8.000 registros civiles (431 en juzgados de primera instancia y 7.667 en juzgados de paz), con la reforma del Gobierno la ley solo garantizaría una oficina por cada comunidad autónoma, con la excepción de Canarias y Baleares, que contarían con una por isla. Si el Ministerio de Justicia y los gobiernos autonómicos así lo consideran, el borrador de reforma de la Ley 20/2011 permite crear otra Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes, un límite que solo se podrá rebasar "por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio".