El PSOE tiene reticencias a que se mantengan los Registros Civiles en los Juzgados mixtos

Según informa CCOO, en el marco de las reuniones que el Sector de Justicia de CCOO viene manteniendo con los distintos grupos parlamentarios una delegación de CCOO se reunió ayer 29 de diciembre con una delegación del grupo socialista del Congreso de los Diputados encabezada por su portavoz en la Comisión de Justicia, el diputado Juan Carlos Campo. 

CCOO ha solicitado al portavoz socialista su apoyo para defender en los trámites legislativos sus propuestas, basadas en el empleo público estable y de calidad, en la defensa del servicio público y en la recuperación de los derechos recortados durante la crisis económica y entre las que ha señalado como de máxima urgencia el mantenimiento de los Registros Civiles en el ámbito de la Administración de Justicia, manteniéndose también todas las oficinas actuales en los registros civiles exclusivos, juzgados de primera instancia o mixtos con competencias y juzgados de paz.

La representación del PSOE se ha mostrado en general favorable a las propuestas de CCOO, si bien ha sido el único partido que ha presentado reticencias al mantenimiento de todas las oficinas de los Registros Civiles en los partidos judiciales y juzgados de paz, argumentando que la informatización de este servicio y su centralización en un registro único no hacen necesario la existencia de todas estas oficinas, opinión que CCOO ha rebatido afirmando que se debe seguir apostando por un servicio público gratuito, universal, cercano a la ciudadanía y atendido por personal especializado como solo es, en este caso, el de los cuerpos de la Administración de Justicia.

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (I)

En la reunión que tuvieron las organizaciones sindicales con los responsables del Ministerio de Justicia el pasado 21 de diciembre, la Secretaria de Estado de Justicia confirmó el planteamiento hecho por el Sr. Ministro de Justicia ante el Congreso de los Diputados el 5 de diciembre, y es que el proyecto del Ministerio de Justicia sobre el Registro Civil pasa por su llevanza 100 % pública, integrados en la Administración de Justicia, con Letrados de la Administración de Justicia como Encargados de las Oficinas Generales de Registro Civil y servidos íntegramente por personal de la Administración de Justicia. 

En dicha reunión, según fuentes sindicales, la Secretaria de Estado aceptó que hay que “retocar” la Ley 20/2011 del Registro Civil que entrará sí o sí en vigor en julio de 2017 (no habrá, por tanto, más prórrogas ni vacatio legis) y que hay que mejorar los programas y medios informáticos. También que, a través de la urgente negociación colectiva con los representantes sindicales, el Ministerio asume su predisposición a que sea el personal de la administración de justicia quien siga asumiendo la llevanza de este servicio público que deberá constituir una oficina específica con personal allí destinado y con una relación de puestos de trabajo propia y diferenciada del resto de la oficina judicial y fiscal, tanto en los registros civiles exclusivos como en los radicados actualmente en los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Mixtos o Juzgados de Paz.

Sin embargo, en dicha reunión la Secretaria de Estado de Justicia mostró ciertas dudas del Ministerio sobre cuál debe ser el despliegue de las Oficinas Generales de Registro Civil, y en concreto qué sucede con los Registros Civiles hoy adscritos a los Juzgados de Primera Instancia o mixtos una vez se consume la desjudicialización. 

El Registro Civil debe ser un servicio cercano a los ciudadanos como ha sido siempre. Nadie entendería que siendo hoy posible obtener un certificado de nacimiento, una fe de vida, o iniciar un expediente en cualquier municipio de España, por mor de la modernidad en el día de mañana ya no fuera posible. La modernización del Registro Civil, el Registro Civil electrónico, la registro individual de cada ciudadano, no debe implicar la pérdida de servicios que hoy se prestan, sino que deben ser compatibles. Los Juzgados de Primera Instancia, Mixtos o Juzgados de Paz no deben servir únicamente como registro de escritos y documentos, como prevé la Disposición Adicional Quinta de la Ley 20/2011 respecto de los Juzgados de Paz, sino para mucho más. 

Vamos a exponer en este post, que irá dividido en varias partes, cuál debería ser a nuestro juicio el despliegue del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia. Nuestra propuesta es que la planta de las Oficinas Generales de Registro Civil coincida con la de los partidos judiciales, como oficinas singularizadas, y el mantenimiento de los Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas de Registro Civil, por ser la mejor forma de mantener el Registro Civil como un servicio público cercano a los ciudadanos y con un coste perfectamente asumible. 

La Secretaria de Estado de Justicia confirma la predisposición del Ministerio a que el Registro Civil permanezca dentro de la Administración de Justicia, servido por personal de la Administración de la Justicia

En el día de ayer 21 de diciembre hubo una reunión entre los representantes de las organizaciones sindicales con la Secretaria de Estado de Justicia, con objeto de presentar al nuevo Director General de la Administración de Justicia. En dicha reunión, que no tuvo el carácter de mesa sectorial, el Ministerio por boca de su número dos, la Secretaria de Estado, ofreció a los sindicatos diálogo y negociación para abordar las reivindicaciones que todas las organizaciones sindicales han venido planteando.

En una primera intervención, la Secretaria de Estado señaló que los temas más urgentes para el Ministerio son: el cumplimiento del Acuerdo con los sindicatos de diciembre de 2015 (entre cuyos puntos quedan pendientes la recuperación de la totalidad de los 9 días de permiso por asuntos particulares, la convocatoria de Oferta de Empleo Público, la consolidación en plantilla de las plazas de refuerzo, la solución a la falta de cotización a la Seguridad Social de periodos no cotizados por el personal interino), el Registro Civil, la Oficina Judicial y Fiscal y la implantación de las nuevas tecnologías. 

En materia de Registro Civil la Secretaria de Estado aceptó que hay que “retocar” la Ley20/2011 del Registro Civil que entrará sí o sí en vigor en julio de 2017 (no habrá, por tanto, más prórrogas ni vacatio legis) y que hay que mejorar los programas y medios informáticos. También que, a través de la urgente negociación colectiva con los representantes sindicales, el Ministerio asume su predisposición a que sea el personal de la administración de justicia quien siga asumiendo la llevanza de este servicio público que deberá constituir una oficina específica con personal allí destinado y con una relación de puestos de trabajo propia y diferenciada del resto de la oficina judicial y fiscal, tanto en los registros civiles exclusivos como en los radicados actualmente en los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Mixtos o Juzgados de Paz.

Catalá insiste en un Registro Civil 100 % público, tanto en su llevanza como en su gestión, pero no desvela cómo lo quiere hacer

El Ministro de Justicia Rafael Catalá ha comparecido hoy en la Comisión de Justicia del Senado para exponer las lineas generales de la política del Ministerio de Justicia durante la presente legislatura, tal y como hizo en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de diciembre. 

En su comparecencia, según el texto de la intervención que aparece en la página web del Ministerio de Justicia, Catalá ha subrayado "la necesidad de culminar la reforma de la Ley del Registro Civil impulsada en 2011 con el consenso de todos los grupos políticos; un REGISTRO CIVIL que deberá ser y será gratuito, electrónico y 100% público, tanto en su llevanza como en su gestión", insistiendo en que debe ser 100% público, tanto en su llevanza como en su gestión.

Sin embargo, Catalá sigue sin desvelar cuál es su proyecto de Registro Civil (al parecer dentro de la Administración de Justicia), que según la nota de prensa que también aparece en la página web del Ministerio de Justicia "previa negociación en la mesa sectorial... será presentado en la próxima Conferencia que el Ministerio celebre con las comunidades autónomas", y que entrará en marcha el próximo mes de julio. Sí que parece claro que el Registro Civil no estará a cargo de los jueces, según se deduce de las palabras del Ministro en su intervención (minutos 31.24 a 32.42), pero sigue sin decir de forma clara si los "profesionales" que estarán a su cargo serán o no los Letrados de la Administración de Justicia. 

En aras del consenso que reclama el Ministro de Justicia debería desvelar cuanto antes cuál es el proyecto de Registro Civil que quiere defender desde el Ministerio de Justicia, a fin de que se puedan iniciar las negociaciones en la mesa sectorial y con los partidos políticos, de cara a que realmente el nuevo Registro Civil pueda empezar a funcionar en el mes de julio. Para nosotros es claro que debe ser un registro civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos, integrado en la Administración de Justicia y servido íntegramente por funcionarios de dicha Administración, pero no sabemos si Catalá comparte esta opinión.

El Ministro de Justicia propone que el Registro Civil sea 100 % público, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados, y servido por funcionarios de la Administración de Justicia

El Ministro de Justicia Rafael Catalá compareció ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer las que pretenden ser las lineas maestras de su Ministerio durante esta Legislatura. 

En su intervención, que puede descargarse en el siguiente link Comparecencia del Ministerio de Justucia, Catalá abordó el tema del Registro Civil (página 14). 

Catalá propuso culminar en esta legislatura la reforma del Registro Civil prevista en la Ley 20/2011, aprobada por consenso. En primer lugar plantea una reforma desde el diálogo político y profesional con un compromiso inquebrantable: impulsar un modelo de Registro Civil público, gratuito, electrónico y seguro, más eficaz y operativo. 

En segundo lugar, "para superar viejos debates y despejar todo tipo de dudas", hace una propuesta que pueda servir de principio sobre el que trabajar, basado en dos ejes:

1º. Que la llevanza del Registro Civil sea 100 % pública, confiando que su atribución a determinados empleados públicos pueda surgir de las negociaciones con las organizaciones sindicales, con la idea además de crear las Oficinas Generales de Registro Civil singularizadas con plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia. 

2º. Que su gestión sea 100  % pública, con un sistema electrónico de gestión del Registro Civil de titularidad estatal, que permita la transición de las cuatro secciones actuales al folio personal. 

Posteriormente, en la página 15, el Ministro propone que los Letrados de la Administración de Justicia "tengan un papel reforzado con las nuevas funciones que desempeñarían con la llevanza del Registro Civil".