Representantes sindicales de CCOO y empleados públicos destinados en el Registro Civil de Madrid defienden el Registro Civil como Servicio Público de Justicia

Ayer día 23 de junio se celebró el Día Internacional de la Administración Pública. CCOO no podía dejar pasar la ocasión de conmemorar este día en el lugar más emblemático de la Administración de Justicia si de defensa del Servicio Público hablamos, esto es, en el Registro Civil.

CCOO, firme defensor de las Administraciones y de los Servicios Públicos como garantes de la igualdad, la solidaridad y la justicia social, demanda de los poderes públicos y partidos políticos, una apuesta decidida por una Administración Pública clara y transparente, la defensa de los servicios públicos y su cercanía a la ciudadanía, el posicionamiento claro y contrario a cualquier tipo de privatización de servicios en la Administración de Justicia y la reversión de lo ya privatizado, así como la recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos perdidos durante la crisis (retribuciones, oferta de empleo público, promoción interna, negociación colectiva…)

En el ámbito de la Administración de Justicia, CCOO viene denunciando una constante intención privatizadora de determinados servicios que se han puesto en manos de profesionales privados a cambio de un sobrecoste a la ciudadanía, como son las notificaciones realizadas por los procuradores, las tasas judiciales, la atención a personas usuarias de nuevas tecnologías, la atención a las víctimas, numerosos asuntos de jurisdicción voluntaria, …y como no en el Registro Civil.

La lucha mantenida por CCOO contra la privatización del Registro Civil, junto a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y otros colectivos ha sido y es una constante desde hace algunos años y ha conseguido paralizar, pero solo temporalmente, el proceso de privatización que hasta el pasado año pretendía asignar los registros civiles a los registradores mercantiles.

CCOO denuncia que el Gobierno del PP ha transferido sutilmente algunos servicios del Registro Civil a manos de otros colectivos privados que cobran a la ciudadanía servicios públicos que eran gratuitos, como los matrimonios civiles —que pueden celebrarse ante notario al módico precio de entre 150 y 200€—, los divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos menores celebrados ante notario por entre 200 a 300€ (importe que no incluye los honorarios de abogado o la liquidación de gananciales si las hubiere) o la nacionalidad por residencia que con lleva diversos gastos (185 a 300€ al profesional, 100€ de tasa al Ministerio de Justicia, 85€ de tasa por el examen de cultura y124€ de tasa por examen de castellano).

Escandalosa actuación de Mariano Rajoy en el Senado como lider del lobby registral

Ocurrió en junio de 2011, pero podría pasar el próximo lunes, si Rajoy vuelve a gobernar. 

Mariano Rajoy pretende entregar a sus compañeros registradores de la propiedad la llevanza del registro civil

El lobby registral de los hermanos Rajoy había reclamado al Gobierno de Zapatero la entrega de la llevanza del Registro Civil de forma que ese servicio público pasara a ser otra negocio privado de explotación comercial de los registradores de la propiedad como hoy lo son los registros de la propiedad y mercantiles.

El Ministro de Justicia Francisco Caamaño no cedió a la presión del lobby registral y denegó tal pretensión en el proyecto Ley de reforma del registro civil aprobado por el Congreso hace unos días.

Ahora, Mariano Rajoy, por medio de su Grupo parlamentario en el Senado, ha presentado una enmienda que deja la puerta abierta a un futuro Ministerio de Justicia para que pueda encomendar la explotación del Registro Civil a los Registradores de la propiedad, entre ellos el mismísimo Mariano Rajoy (titular actual del registro de la propiedad de Santa Pola y sus dos hermanos registradores).

La idea de Mariano Rajoy es que cuando él, presuntamente, resulte elegido presidente del Gobierno, su Ministerio de Justicia suscribirá, si se aprueba ahora en el Senado la enmienda por él redactada, un convenio con el Colegio de Registradores para que sean los registradores los encargados del Registro Civil.

¿Cuál es la razón de esta nueva vergonzosa jugada lobística de Mariano Rajoy?

Aumentar el poder de los registradores de la propiedad, y sobretodo, sus ganancias.

El beneficio industrial de los registradores en cada uno de sus registros es el 60%. Con la asunción del registro Civil, las ganancias estimadas a repartir entre 700 registradores de la propiedad se acercarían a los 180 millones de euros más al año.

¿Quién los pagaría? El ciudadano en forma de arancel registral.

Resulta lamentable que las únicas medidas concretas de gobierno de Mariano Rajoy anunciadas hasta la fecha, tengan por finalidad aumentar las ganancias de los registradores de la propiedad.

Esta es la enmienda presentada por el Partido Popular en el Senado:

ENMIENDA NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición adicional al proyecto, que tendrá la siguiente redacción.

«Disposición adicional.

Se podrán celebrar los oportunos convenios entre el Ministerio de Justicia y otras entidades o corporaciones de derecho público a efectos de delegar y concretar el desarrollo por éstos de las funciones de encargados del registro civil, con excepción en cualquier caso de aquellas funciones asociadas al registro civil de naturaleza jurisdiccional, que se mantendrán en organismos judiciales, en las formas y condiciones que determine el Ministerio de Justicia.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

La justificación alegada es cierta, la enmienda, técnicamente, mejora el bolsillo de Mariano Rajoy, sus dos hermanos y sus compañeros registradores.

Seguiremos informando…

23 de junio, Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública: CCOO convoca una concentración frente al Registro Civil de Madrid

Mañana jueves, 23 de junio, representantes sindicales del Sector de Justicia de FSC-CCOO de toda España se concentrarán a partir de las 13:00 horas junto con las y los empleados públicos del Registro Civil de Madrid, en la calle Pradillo nº 66, en un acto enmarcado dentro de los que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO tiene convocados en conmemoración del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.

El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 57/277, designó el 23 de junio como Día del Servicio Público que “tiene la intención de celebrar el valor y la virtud del servicio público a la comunidad, destacar la contribución de los servicios públicos en el proceso de desarrollo, reconocer el trabajo de los funcionarios públicos y estimular a los jóvenes a seguir carreras en el sector público”. 

Para CCOO, este hecho contrasta con los acuerdos económicos que, a nivel internacional, están negociando en secreto medio centenar de países, entre ellos los pertenecientes a la Unión Europea y Estados Unidos, y que pueden poner en tela de juicio precisamente la defensa de los servicios públicos, como es el TTIP y más concretamente el TISA (el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios), negociación que lleva a cabo la Comisión Europea con los votos a favor, entre otros, de los grupos parlamentarios europeos en los que están encuadrados el PP, el PSOE y Ciudadanos. Este acuerdo pretende fijar una serie de normas que regulen los servicios a escala global, blindando las privatizaciones, las liberalizaciones y la presencia de grandes corporaciones multinacionales en sectores como telecomunicaciones, transporte, banca, sanidad, etc., y creando tribunales de arbitraje “ad hoc” al margen de la Justicia ordinaria de los países firmantes. 

CCOO, como sindicato de clase y sociopolítico, es firme defensor de las Administraciones y de los servicios públicos como garantes de la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Y ahora más que nunca, su defensa y el reconocimiento a la labor de los empleados y empleadas de la Administración Pública se hace más necesaria tras los continuos ataques y recortes que, en nombre de la crisis económica, los diferentes gobiernos han adoptado en servicios públicos tan sensibles como la educación, la sanidad, la dependencia y, cómo no, la Administración de Justicia. Recortes en retribuciones, en derechos, en oferta de empleo público, en promoción interna o en negociación colectiva, que conllevan un empeoramiento de las condiciones laborales a la vez que un empeoramiento de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Y es también en el ámbito de la Justicia donde CCOO viene denunciando una constante intención privatizadora de determinados servicios que se han puesto en manos de profesionales privados a cambio de un sobrecoste a la ciudadanía, como las notificaciones realizadas por los procuradores, las tasas judiciales, la atención a personas usuarias de nuevas tecnologías, la atención a las víctimas, numerosos asuntos de jurisdicción voluntaria, etc

CCOO no podía dejar pasar la ocasión de conmemorar este día en el lugar más emblemático de la Administración de Justicia, si de defensa del servicio público hablamos, que es el Registro Civil.

La lucha mantenida por CCOO contra la privatización del Registro Civil, junto a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, otros colectivos relacionados con la Administración de Justicia y asociaciones de ciudadanos y ciudadanas, la Plataforma Justicia para Todos, etc. ha sido y es una constante desde hace algunos años y ha conseguido paralizar, pero solo temporalmente, el proceso de privatización que hasta el pasado año pretendía asignar los registros civiles a los registradores mercantiles.

CCOO denuncia que el Gobierno del PP ha transferido sutilmente algunos servicios del Registro Civil a manos de otros colectivos privados que cobran a la ciudadanía servicios públicos que eran gratuitos, como los matrimonios civiles —que pueden celebrarse ante notario al módico precio de entre 150 y 200€—, los divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos menores celebrados ante notario por entre 200 a 300€ (importe que no incluye los honorarios de abogado o la liquidación de gananciales si las hubiere) o la nacionalidad por residencia que con lleva diversos gastos (185 a 300€ al profesional, 100€ de tasa al Ministerio de Justicia, 85€ de tasa por el examen de cultura y124€ de tasa por examen de castellano).

En el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, el Sector de Administración de Justicia de CCOO demanda de los poderes públicos y, en puertas de una nueva convocatoria electoral, también de los partidos políticos, una apuesta decidida por una Administración Pública clara y transparente, la defensa de los servicios públicos y su cercanía a la ciudadanía, el posicionamiento claro y contrario a cualquier tipo de privatización de servicios en la Administración de Justicia y la reversión de lo ya privatizado así como la recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos perdidos durante la crisis.

Debate sobre Propuestas electorales en materia de Justicia, organizado por el Consejo General de la Abogacía: todos los partidos salvo el PP rechazan las privatizaciones de la Adminsitración de Justicia, incluido el Registro Civil

Representantes del sector de Justicia de CCOO han participado hoy en el debate organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y han conseguido que los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 26J “se mojen” sobre los principales temas que afectan a las condiciones de trabajo del personal de justicia.

PRIVATIZACIONES Y FUTURO DEL REGISTRO CIVIL

Todos los partidos políticos, con excepción del PP, se han mostrado contrarios a los procesos de privatización que afectan a la Administración de Justicia. 

La portavoz popular negó que la encomienda de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles que intentó el gobierno en la anterior legislatura fuese una privatización, al igual que la asignación de los actos de comunicación a los Procuradores. No obstante admitió que están buscando otros cauces para la desjudicialización de los registros civiles, entre la que no descartan que pudieran ser los Letrados de la Administración de Justicia los futuros Encargados.

El PSOE, mientras tanto, insiste en su propuesta de que los encargados y resto del personal del registro civil sean funcionarios de la Administración General del Estado, del grupo A1 en el caso de los encargados.

El representante de Podemos denunció que el gobierno del PP se había obsesionado con poner trabas económicas a la ciudadanía para solucionar la saturación de los juzgados utilizando privatizaciones y las tasas judiciales para dificultar el acceso a la justicia.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos apostó por un nuevo modelo sin concretar, se mostró contraria a la privatización y también contraria a que Registradores y Notarios intervinieran en el nuevo modelo del Registro Civil.

CCOO seguirá luchando contra las privatizaciones y recuerda que el próximo 23 de Junio, con motivo del Día Mundial de las Administraciones públicas de la ONU, ha convocado una concentración en defensa del Servicio Público de la Administración de Justicia ante el Registro Civil de Madrid.

Justicia mantiene paralizados los expedientes para obtener la nacionalidad española presentados desde enero de 2015

La falta de medios impide al ministerio digitalizar y asignar número de registro a más de 200.000 solicitudes, denuncia CCOO.

Catalá negocia con los colegios profesionales que abogados, procuradores, graduados sociales y gestores presenten solicitudes telemáticas, mientras los registros civiles se quedan con los documentos de papel.

Infolibre, 10.06.2016 (artículo para suscriptores)

Propuesta a los partidos políticos: que los Registradores de la Propiedad dejen de cobrar por arancel y cobren un sueldo con criterios homogéneos al personal laboral al servicio de las administraciones públicas

Ahora que las formaciones políticas están de precampaña electoral, y ante la ocultación por el Partido Popular de su propósito para privatizar el Registro Civil y asignarlo a los Registradores de la Propiedad, este blog considera oportuno rescatar la Proposición no de Ley sobre gestión de los Registros de la Propiedad y Mercantiles y retribución de sus titulares que presentó el Grupo Parlamentario de IU en el año 2004, y que es todo lo contrario: que los Registros de la Propiedad se sufraguen con tasas públicas, y que los Registradores perciban su sueldo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no se enriquezcan con cargo a los aranceles que pagamos los ciudadanos, e invitamos a las fuerzas políticas que se presentan a estas elecciones a incluir esta propuesta en su programa. Porque ya vale de privilegios

La propuesta de IU, que fue enmendada y desnaturalizada por el PSOE y acabó en nada tras su aprobación con enmiendas, decía lo siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 
1. Revisar, actualizar y ajustar los Aranceles que perciben los Registros de la Propiedad y Mercantiles, a fin de dar cumplimiento al mandato legal contenido en los apartados 2 y 7 de la disposición adicional tercera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, que impone el principio de no lucratividad de los aranceles de los funcionarios públicos de suerte que exista una exacta equivalencia entre los ingresos percibidos por tales aranceles y los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, los costes de personal y la retribución del titular Registrador. 
2. Crear una Comisión Interministerial formada por representantes de los Ministerios de Economía y Hacienda, Justicia y Administraciones Públicas, para que en el plazo de seis meses elabore y remita al Gobierno un informe en el que, con relación a los tres ejercicios económicos precedentes, se detalle con la debida acreditación con todos los Registros de la Propiedad y Mercantiles: La cifra o volumen de ingresos brutos percibidos (sin IVA) por arancel, los gastos y costes debidamente acreditados por mantenimiento y conservación de las oficinas, los costes de personal empleado distinguiendo retribuciones de todo tipo y cotizaciones a seguridad social, así como la retribución de los Registradores. 
3. Que en el referido informe se proceda a fijar la retribución a percibir por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, acorde a la de otros Funcionarios Públicos de altos cuerpos del Estado y en razón del destino o plaza que se ocupe, así como las percepciones salariales del personal empleado, en razón de su categoría: Titulación y destino, con criterios homogéneos al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. 
4. Que en el referido informe se elabore un estudio jurídico y económico sobre la posibilidad de implantar el sistema de tasas en la gestión de los Registros, así como la participación de las Comunidades Autónomas en la propia gestión y administración de los mismos. 
5. Establecer aranceles especialmente bonificados hasta un 95 por 100 para todos los actos y contratos relativos a la adquisición y subrogación hipotecara de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y establecerá asimismo exenciones y/o bonificaciones de hasta un 90 por 100 para todos los actos y contratos, que de trascendencia real o registral, lleven a cabo el Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas.»