La reforma del Registro Civil necesita luz y taquígrafos

La noticia, de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, relativa a la redacción por el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de algunas de las enmiendas a la última reforma del Registro Civil, fundamentalmente con la finalidad de apuntalar sus vías de financiación, no viene más que a confirmar los peores augurios: la estrategia política diseñada para garantizar la subsistencia de un cuerpo de funcionarios va a ser sufragada por los usuarios del tráfico civil y mercantil, por la vía de incrementar su burocracia y trámites.

Justo es reconocer que la mayoría de esos funcionarios tienen muy poco interés en esa estrategia. Es una apuesta llena de incertidumbres que si sale mal puede terminar suponiendo el fin de la manera de desempeñar la función registral, tal como la conocemos hoy en España. Por eso, la insistencia en esa vía solo se explica por la presión de ciertos elementos iluminados de ese cuerpo, con gran capacidad de influencia en el actual poder político.

"La privatización de los elementos esenciales del Estado moderno no es un alegato retórico. Esta cesión demuestra hasta dónde puede llegar"

Resumamos una vez más los fines y medios perseguidos: con el fin de colocar a los registradores como controladores absolutos del tráfico jurídico, con un poder sin paragón en cualquier Estado de Derecho moderno (dada la práctica imposibilidad de revisión de sus decisiones a la vista de los costes y tiempos de nuestro sistema judicial), se va a exigir la inscripción y consulta telemática de todos los elementos negociales y personales conectados con ese tráfico, desde los poderes civiles a todas las circunstancias del estado civil. Para otorgar una venta, por ejemplo, habrá que comprobar la inscripción del poder específico dado para ella, los estados civiles de los participantes, su régimen matrimonial, su domicilio, etc. No importan que en la actualidad el tráfico funcione perfectamente sin esa información sin apenas producir siniestro alguno. No nos equivoquemos: la inscripción y consulta no se exige para evitar esos hipotéticos riesgos, sino para financiar el Registro Civil.

El que una reforma como esta pueda introducirse por vía de enmiendas a una Ley ajena, sin debate social, sin análisis económico, si estudio alguno sobre los efectos de encarecimiento y entorpecimiento que va a producir en el tráfico jurídico, demuestra cómo se legisla hoy en España. En cualquier país serio una reforma de este tipo hubiera venido precedida de un análisis desapasionado de las necesidades a satisfacer (la mejora del Registro Civil) y de la mejor manera de sufragarlas. Pero aquí se inventan ciertas “necesidades” (la inscripción de los poderes y otros actos jurídicos) con la finalidad de financiar un Registro Civil específicamente diseñado para incrementar las atribuciones y las posibilidades de control del cuerpo de registradores, verdadero fin de la reforma.

Los costes directos son obvios: se pasa de sufragar un registro público con cargo a los presupuestos, en función de la capacidad económica de los contribuyentes, a sufragar un registro usufructuado por unos pocos a cargo de los ciudadanos que en cada momento les toque vender su casa o adjudicarse una herencia. Todo muy justo y equitativo.

"Se van a ceder los datos personales e íntimos de los españoles a una corporación no integrada plenamente en la Administración General del Estado, sin dependencia jerárquica efectiva ni sujeta a control directo, con intereses económicos propios e individuales muy señalados"

Pero los costes indirectos son todavía más graves y apenas se ha reparado en ellos. En el momento en que los registradores controlen todo el tráfico jurídico civil y mercantil sin posibilidad real de revisión judicial (porque, ¿quién va a ir a los tribunales porque le exijan un papel más o un requisito absurdo?) los obstáculos a dicho tráfico tenderán a incrementarse (conforme a la regla de que todo monopolista quiere reducir su responsabilidad a cero), con el efecto de ralentización correspondiente. La creatividad jurídica disminuirá, pues cualquier innovación será sospechosa en cuanto solo puede implicar riesgos desagradables al calificador, y nuestro Derecho privado se anquilosará. El resultado perfecto para una época como la presente en que el futuro de los países se decidirá por su capacidad de innovación y creatividad económica.

Pese a todo ello, existe un riesgo todavía mayor, que apunta al corazón de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Se van a ceder los datos personales e íntimos de los españoles a una corporación no integrada plenamente en la Administración General del Estado, sin dependencia jerárquica efectiva ni sujeta a control directo, con intereses económicos propios e individuales muy señalados. La privatización de los elementos esenciales del Estado moderno no es un alegato retórico. Esta cesión demuestra hasta dónde puede llegar. Ya no es sólo que por este portillo se abra la puerta al usufructo privado de bienes públicos de cualquier tipo y condición, sino que atribuye herramientas de control policial sobre la ciudadanía a sujetos cuyos intereses privados no coinciden con los del Estado.

Cualquier análisis económico, político y social de la medida habría detectado y denunciado inmediatamente esos riesgos. Empezamos a comprender ahora por qué se legisla tan mal en España.

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