El Encargado del Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife rechaza que las quejas sobre los Registros civiles se utilicen como coartada para justificar su privatización

El magistrado juez Juan Luis Lorenzo Bragado está al frente del Registro Civil exclusivo de Santa Cruz de Tenerife, que funciona así desde 2009, cuando dejó de tener compartidas sus funciones con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de este partido judicial. En España solo hay 26 registros exclusivos, de los que dos de ellos están en las dos capitales de provincia del Archipiélago.

La función del Registro Civil está asumida por los Juzgados de Paz, de los que hay seis en Canarias (664 en España), más la que asumen los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de cada uno de los 431 partidos judiciales de España.

Lorenzo Bragado explica que el problema que pueden tener los registros civiles, como el resto de los órganos judiciales, es una cuestión de "falta de medios". Así recuerda que cuando este Registro Civil estaba asumido por aquel Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, "era el órgano judicial que más quejas ciudadanas acumulaba de toda España porque la plantilla era insuficiente y los medios, escasos". "Hoy en día la situación ha dado un giro de 180 grados, y en lugar de recibir quejas ciudadanas, nos transmiten sus felicitaciones: el ciudadano recibe atención inmediata y en general salen de la oficina con el trámite hecho y, en caso contrario, se van con la información precisa y con un día de cita señalado".

El juez señala que esto no se debe a que ahora sean "mejores", sino que el personal que compone este Registro Civil –17 personas en total– "es el necesario para garantizar un servicio de calidad al ciudadano".

En opinión de Sánchez Bragado, toda esta legislación de reforma del Registro Civil, que surge con la Ley de 2011, "parte de una premisa incierta: en el sofisma de que las cosas dentro del Poder Judicial no funcionan" y "yo digo que esto no es así; me resisto a ello y lo digo en voz alta y con energía", sentencia.

El juez insiste en que "las cosas no funcionan si no se ponen medios, da igual quién lo gestione y este Registro Civil es la prueba de ello". Sánchez Bragado comenta que si a todo ello se añade que han existido planes de informatización y modernización del Registro que se han paralizado y que con la salvedad de los registros civiles exclusivos, la panorámica general del Registro Civil en España y en Canarias "está deficientemente atendido y el servicio se sobrelleva como se puede".

"Entiendo que el legislador, legítimamente, puede decir que el Registro Civil no es una cuestión estrictamente jurisdiccional y quiera sacarlo del Poder Judicial, pero que no aproveche como coartada las quejas ciudadanas porque éstas se generan por otras cuestiones", señala el también decano de los jueces del partido judicial capitalino.

Para Sánchez Bragado, el hecho de que el Registro Civil esté en el seno del Poder Judicial tiene sus ventajas, aunque sea un modelo peculiar dentro del derecho comparado. En su opinión, "se facilitan muchos trámites como reconocimientos de filiación extramatrimonial, que se hacen en una unidad de acto, expedientes de cambio de sexo o expedientes para desvirtuar la presunción de paternidad matrimonial".

"Sacar el Registro Civil del ámbito judicial supondrá, a partir de ahora, llevar el asunto a un juzgado y mientras tanto existirá un registro administrativo con registradores de la propiedad en el que habrá que inscribirse del mismo modo en que se inscriben títulos. En el Registro Civil actual no solo se inscriben documentos o títulos, sino que los generan también porque su actividad permite constituir actos sobre el estado civil de las personas".

Sobre la ley, Sánchez Bragado señala que "el papel se deja escribir lo que se quiera, pero llevarlo a la práctica es otra cuestión. Han pasado tres años y medio y no hemos visto absolutamente nada; todo son comentarios y especulaciones". Aún así añade que en "un asunto fundamental, como son las inscripciones de nacimiento o defunciones, según la ley de 2011, los aprovisionadores de esos datos para los registradores de la propiedad serían los hospitales y, sinceramente, no me consta que se haya hecho ningún tipo de formación del personal, implantación y coordinación de sistemas informáticos, ni conciertos de colaboración de recursos con la administración que es titular de los mismos".

"Desconocemos cómo se producirá el cambio, aunque entiendo que habrá un periodo transitorio para ir desjudicializando el modelo, pero de manera oficial no nos consta nada". "Si nosotros no tenemos información, tampoco podemos informar a los ciudadanos, que no son pocos los que vienen a diario y preguntan por este cambio".

Sánchez Bragado recuerda que todas las actuaciones del Registro Civil "son gratuitas", se sostienen vía impuestos. Sin embargo, cuando el servicio pase a manos de los registradores de la propiedad esta circunstancia cambiará.

El Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad ha planteado sugerencias para que el PP las introduzca vía enmiendas a la reforma, de tal forma que se puedan establecer aranceles para cobrar determinados actos como expedir libros de familia o celebrar matrimonios. Parece que se ha puesto freno a cobrar por inscribir un nacimiento o una defunción. Fuentes sindicales denuncian que se pretende cobrar unos 300 euros por un matrimonio.

Otro inconveniente para el ciudadano es que en la reforma del PP solo habría una oficina por provincia en manos de los registradores de la propiedad, dejando algunos Juzgados de Paz con apenas competencias para entregar y recibir documentación. A juicio de Sánchez Bragado "el modelo que se pretende es incoherente al no tener sentido una desjudicialización del Registro Civil a la vez que se mantienen los Juzgados de Paz".

Por su parte, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres, señaló que "reformas de este calado deberían sacarse adelante a través de un gran Pacto de Estado porque afecta a un servicio público esencial". "Ahora mismo nos encontramos, además, en un momento de gran incertidumbre ya que se acerca el 15 de julio y aún no se sabe en las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia cómo se va a producir el cambio de modelo", pero en todo caso "se intentaría asumir el personal que deje de estar adscrito al Registros Civil tras su desaparición".

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