CCOO inicia la recogida de firmas de la ILP para detener la privatización del Registro Civil

El sindicato espera recoger cuanto antes las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso de los Diputados 

El 11 de abril se celebrará una manifestación de carácter estatal en Madrid por la defensa de este servicio público 

CCOO ha anunciado en rueda de prensa que el 19 de marzo inicia la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó el pasado 16 de diciembre contra la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles. Una vez superadas las dificultades administrativas en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en la Junta Electoral Central, el sindicato se propone alcanzar lo antes posible las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso con el fin de paralizar la privatización de este servicio público, universal y gratuito.

La ILP que elabora e impulsa CCOO, nace con el objeto de:

- Detener la asignación del Registro Civil a los registradores mercantiles impuesta por el Gobierno, porque cuenta con la oposición de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de los partidos políticos excepto el PP, de decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas (muchos gobernados por el PP), de la Plataforma Justicia para Todos, de colectivos jurídicos, de asociaciones profesionales de jueces y secretarios judiciales, entre otros.

- Detener esta decisión porque supone la privatización de un servicio que es público desde 1871 y pone en riesgo más de 5.100 empleos de la Administración de Justicia para favorecer a los registradores, que no son funcionarios públicos, tal y como establece la Unión Europea mediante sentencia. 

- Detener esta privatización porque supone una pérdida de más de 8.000 oficinas de Registro Civil. Se pasaría de más de 8.120 oficinas que hay en la actualidad en España, a tan solo poco más de 100. Los ciudadanos y ciudadanas dejarán de poder acudir a un Registro Civil en el municipio en el que viven.

- Detener este ataque del Gobierno a los servicios públicos porque el Registro Civil es uno de los mejor valorados en su conjunto. Solo hay quejas de menos del 9 % de los registros civiles, la mayoría situados en comunidades autónomas gobernadas por el PP, que, hipócritamente, utiliza este dato parcial y sin asumir ninguna de sus responsabilidades por la falta de medios en que mantiene a esos registros civiles.

- Detener este ataque a los derechos de la ciudadanía pues en la privatización del Registro Civil se "regalan" a los registradores 130 millones de euros de nuestros impuestos, cifra que costó la digitalización de 123.000 tomos o 80 millones de páginas de los 432 registros civiles.

- Detener esta privatización porque el Registro Civil es un servicio público que afecta a más de un millón de personas anualmente, solo en trámites obligatorios como nacimientos, defunciones y matrimonios. Si se privatiza, habrá que pagar por muchos trámites hoy gratuitos y serán obligatorios y de pago otros que hasta el momento no lo son.

- Detener el intento del Gobierno de que nuestros datos sean manejados por personal privado, con la pérdida de la garantía de confidencialidad de los datos a la que están obligados por ley las funcionarias y funcionarios públicos.

- Detener este ataque a los derechos de la ciudadanía porque el Gobierno pretende que ésta asuma el coste del enriquecimiento de un colectivo minoritario y privilegiado como son los registradores, que, solo por los 150.000 expedientes de nacionalidad y 105.000 de matrimonio anuales, y con un arancel de 100 euros, se embolsarían 25 millones de euros al año.

El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO lleva meses denunciado la privatización de este servicio y seguirá reforzando esta campaña que incluye principalmente la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular, la celebración de una manifestación en Madrid el 11 de abril por el personal funcionario destinado en el Registro Civil con el apoyo expreso de CCOO, movilizaciones, la interposición de recursos contencioso-administrativos contra la privatización o la petición al Parlamento Europeo para que se dirija al Gobierno español reclamándole que no puede privatizar el Registro Civil, pues en la mayoría de los países de la Unión Europea se mantiene en el ámbito público, y porque esa decisión es contraria a la norma europea.

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