Abogados y funcionarios implican al Concello de Vigo en defensa del Registro Civil

Los sindicatos CCOO, CIG, UGT, USO, STAJ, CSIF, la Plataforma SOS Xustiza y el Colegio de Abogados de Vigo han constituido un frente para luchar en contra de lo que califican como "privatización del Registro Civil" y que ayer logró implicar al gobierno local vigués, que presentará una moción al pleno rechazando la medida aprobada por el Gobierno. Los colectivos aseguran que a partir de julio los trámites que los ciudadanos realizaban gratuitamente en el Registro Civil serán privatizados y deberá pagarse por ellos. Alertan que los jueces no saben si las bodas civiles previstas para después de julio podrán celebrarse. Asimismo, desde el 15 de julio los expedientes de matrimonio serán tramitados en los notarios, previo pago de unos honorarios que rondarán los 400 euros. 

Los Registradores estarán autorizados para cobrar por todas las actuaciones que se incluyan dentro de un trámite completo, demostración inequívoca, en opinión de estos colectivos de que “el Gobierno y el ministro Catalá “faltan obscenamente a la verdad cuando aseguran que los trámites del Registro Civil seguirán siendo gratuitos”. 

En el caso de Vigo, el Registro Civil realizó en 2014 más de 55.000 trámites, todos ellos gratuitos. Concretamente, se expidieron 21.833 certificaciones literales de nacimiento, 3.536 de matrimonio y 12.262 de defunción. Se practicaron 8.043 inscripciones de nacimiento, 1.277 de matrimonio y 8.075 defunciones. En estas cifras no se contabilizan las inscripciones marginales, ni las certificaciones de extractos. 

“Este es el volumen de negocio que se le está transfiriendo a los registradores. Certificaciones de nacimiento, de matrimonio, de defunción, necesarias en nuestra vida cotidiana para multitud de trámites serán a partir de ahora de pago”, aseguraron ayer tras la entrevista con el alcalde.

Niegan tajantemente desde la plataforma de sindicatos y operadores jurídicos que estos trámites vayan a ser gratuitos, tal y como se desprende de los pasos que ya está dando el Gobierno, con modificaciones legislativas “por la puerta de atrás”.

En este sentido, aluden a que en el Proyecto de Reforma del Reglamento del Registro Mercantil del Gobierno, se incrementan las tarifas de los registradores en numerosas operaciones entre un 800% y un 6.000%. Calculan que el incremento de aranceles y de actos inscribibles supondrá un beneficio de diez millones de euros anuales para los registradores. Aseguran que actos que hasta ahora no eran inscribibles pasarán a serlo, como por ejemplo el cambio de domicilio, la legalización anual de los libros de las empresas. Denuncian, asimismo, que el PP pretende introducir enmiendas a la ley, pactadas con los registradores que incrementarán notablemente los actos que hay que inscribir.

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