Para CSIF es intolerable que el Ministerio manipule las cifras de las quejas para poner a los pies de los caballos a los funcionarios de Justicia del Registro civil y debe por ello rectificar de forma inmediata.
CSIF no va a tolerar que el Ministro de Justicia siga mintiendo y eche la culpa de su ineficacia a los excelentes profesionales que prestan sus servicios en el Registro civil razonablemente bien como se constata en la Informe presentado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la calidad de los servicios públicos dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en mayo de 2013. Según este informe, poco sospechoso, el Registro civil es el servicio público administrativo mejor valorado por los españoles con un 84% de usuarios que manifestaban que el servicio recibido había sido satisfactorio o muy satisfactorio.
CSIF denuncia la estrategia intencionada de estrangulamiento del servicio público del Registro civil para justificar su privatización. Un servicio público al que no se le ha dotado nunca de los medios materiales y personales suficientes porque nunca ha importado hasta que se ha descubierto el negocio.
Las quejas sobre el Registro civil no pueden generalizarse como hace el Ministro ya que se concentran en algunos servicios como el de nacionalidad que es responsabilidad directa de uno de sus subordinados del Ministerio, el Director General de Registros y del Notariado, que anda muy ocupado en la privatización del Registro civil, sin atender a los verdaderos problemas del Registro civil y que no da explicación de porqué los expedientes de nacionalidad han estado cerca de un año sin registrarse en el centro de digitalización dependiente de su dirección General.
¿Es casualidad que cuando se preparan 4 millones de euros para la tercera encomienda de gestión de expedientes de nacionalidad se haya retomado la tarea de Registro?. ¿Se estaba creando un nuevo atasco para justificar una nueva encomienda?. A todo esto, en vez de difamar a los funcionarios de Justicia debería responder el Ministro de Justicia.
Y de paso, también debería explicar si se ha investigado o no lo que hay detrás de la compra por importe de 5,15 millones de euros del programa de digitalización de expedientes de nacionalidad a una empresa y que luego una auditoría estimó que el precio era 12 veces el de mercado. En la financiación de un servicio público no puede haber sobrecostes y todo debe ser transparente en la adjudicación de los contratos. También debería explicar si esa empresa es la que ha diseñado o está diseñando el programa del nuevo Registro civil y si se va encargar de su mantenimiento y de cobrar por su uso.
Y ya puestos, debería explicar cómo se han adjudicado todos estos contratos y si se han respetado los principios de libre concurrencia y publicidad en su adjudicación o quien ocupa cargos de administración y de quién es la empresa y de si tienen o no relación con el Colegio o cuerpo de Registradores.
Para terminar, por el momento, el Ministro debería explicar por qué sigue reservándose un papel en toda esta operación a ISDEFE una empresa dependiente del Ministerio de Defensa que interviene en asuntos de seguridad nacional y si su intervención tiene que ver con la forma en la adjudicación de contratos en relación con la seguridad nacional y la posibilidad de evitar determinados controles y la aplicación de los principios antes citados.
CSIF vuelve a exigir que se paralice de forma inmediata la opaca privatización del Registro civil y se apueste por los funcionarios de la Administración de Justicia expertos y con potencial suficiente para afrontar la gestión del Registro civil moderno que todos deseamos.
CSIF tiene el máximo respeto a los Registradores de la Propiedad y a todo su personal en su importante misión. Pero, como dice el dicho, Zapatero a tus zapatos.
CSIF exige un Registro civil público y transparente con funcionarios públicos condición que no tienen los Registradores más que de nombre por tres razones:
1. Gestionan un negocio en régimen de monopolio legal contratando a su personal, tributando por IVA y recibiendo una compensación (arancel) por cada servicio que prestan. Es algo parecido a los antiguos estancos. Así lo ha determinado una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, además, ha dejado claro que no están encuadrados dentro de las Administraciones públicas.
2. El propio Gobierno ha encuadrado a estos profesionales dentro del Régimen de seguridad social de los autónomos, es decir, de los profesionales por cuenta propia cuando la característica más importante de un funcionario es trabajar por cuenta ajena y con una especial sujeción con la Administración pública a la que pertenecen.
Por último, CSIF denuncia la manipulación de la que hace gala el Ministro de Justicia que anuncia acuerdos con las organizaciones sindicales en materia de Registro civil cuando en realidad ni se ha convocado la mesa sectorial ni siquiera se ha constituido el grupo de trabajo que prometió el día 4 de octubre de 2014 al poco de tomar posesión. El talante de diálogo, la búsqueda del consenso le ha durado poco a Catalá.
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