CCOO presentó la semana pasada en el Congreso de los
Diputados una carta dirigida a los grupos parlamentarios por la que solicita
que presenten las enmiendas propuestas por CCOO al Proyecto de Ley en materia de concesión de la
nacionalidad española a los sefardíes,
que se encuentra en fase de ampliación de enmiendas al articulado. Este
proyecto de Ley establece que serán los Notarios quienes levanten acta de
notoriedad de la condición de sefardí y el pago de una tasa para todo
tipo de expediente de nacionalidad.
Con el proyecto de Ley
se quiere introducir en la tramitación de los expedientes de adquisición de la
nacionalidad española de los sefardíes un nuevo instructor, como serían los
Notarios, como puerta de acceso de la atribución futura a los mismos de todos
los expedientes de nacionalidad española, que se tramitarían de igual forma
y saldrían fuera del ámbito del Registro Civil, que únicamente intervendría
para la práctica de la inscripción de nacimiento de los solicitantes. Así lo
ha manifestado el actual Director General de los Registros y del Notariado,
en un artículo aparecido en el Diario El Pais de 11 de enero de 2015, quien dice
que lo prioritario en
el sistema de adquisición de la nacionalidad española por residencia es que “sea completamente telemático y que los
notarios se encarguen del trámite”.
Para CCOO la atribución a los Notarios de la tramitación de los expedientes de
adquisición de la nacionalidad española por residencia supondría la
privatización de actuaciones que hoy realizan sin coste alguno para los
solicitantes los Registros Civiles. Los extranjeros que quieran
adquirir la nacionalidad española tendrían que acudir ante el Notario para
tramitar el correspondiente expediente, previo pago del arancel
correspondiente, lo que constituye claramente la privatización de un
procedimiento cuya competencia corresponde al Ministerio de Justicia, tal y
como establece el artículo 21 del Código Civil.
Como viene denunciando CCOO los Notarios no forman parte de
la Administración General del Estado, ni están integrados en las
Administraciones Públicas. Además,
el personal que trabaja en las Notarías no son funcionarias/os públicos, y en
la tramitación electrónica de los expedientes de adquisición de nacionalidad
española por residencia que quiere aprobar el Gobierno, quien tramite dichos
expedientes tendrá acceso a bases de datos muy sensibles ( Registro Central
de Penados y Rebeldes, Dirección General de la Policía , etc), por lo que en aras de la protección de
datos de carácter personal, el derecho a la intimidad personal y familiar, y el procedimiento administrativo y por tanto público de
adquisición de la nacionalidad española resulta obligatorio y forzado que su
tramitación sea encomendada completamente a funcionarias/os públicos.
El proyecto de Ley establece asimismo la introducción
de una tasa de 75 € para todos
los procedimientos de obtención de la nacionalidad española por residencia,
carta de naturaleza o dispensa. CCOO rechaza
de plano esta tasa cuya introducción pone de manifiesto que lo dispuesto
sobre la gratuidad de los servicios del Registro Civil en la D.A. 22 de la Ley 18/2014 no
supone realmente ninguna garantía al respecto. Además con este
proyecto se pretende entregar a los Notarios la tramitación de la
nacionalidad, los cuales, como hemos denunciado, cobran el correspondiente arancel por sus
servicios profesionales por ser la forma de retribución de sus servicios.
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