El Parlamento aragonés se opone por unanimidad a “cualquier reforma" de los registros civiles que "conlleve la privatización” y que no garantice la gratuidad y accesibilidad del servicio

Las Cortes de Aragón han instado al Ejecutivo autonómico, mediante un texto transaccionado a partir de dos iniciativas de CHA y PSOE y de una enmienda del PP, a manifestar su oposición a cualquier modificación "que no atribuya sus competencias y gestión exclusivamente a funcionarios públicos y que no garantice la gratuidad de este servicio público a los ciudadanos”.

La Cámara ha aprobado un texto transaccionado, a partir de dos proposiciones no de ley de CHA y PSOE y de una enmienda del PP, que busca “oponerse a cualquier reforma que implique la privatización de los registros civiles”. La iniciativa insta al Ejecutivo autonómico a “manifestar ante el Ministerio de Justicia su oposición a cualquier reforma integral de los registros civiles que conlleve la privatización de los mismos, que no atribuya sus competencias y gestión exclusivamente a funcionarios públicos y que no garantice la gratuidad de este servicio público a los ciudadanos y su accesibilidad en todos los municipios de Aragón”.

José Luis Soro (CHA) y Carlos Tomás (PSOE) han defendido las iniciativas que han dado lugar al texto aprobado y que, tras ser enmendado por Mar vaquero (PP), ha recibido también el apoyo de Joaquín Peribáñez (PAR) y Adolfo Barrena (IU). El texto transaccionado ha quedado redactada de la siguiente forma:

“Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a manifestar ante el Ministerio de Justicia su oposición a cualquier reforma integral de los registros civiles que conlleve la privatización de los mismos, que no atribuya sus competencias y gestión exclusivamente a funcionarios públicos y que no garantice la gratuidad de este servicio público a los ciudadanos y su accesibilidad en todos los municipios de Aragón”.

Página web de las Cortes de Aragón 27.02.2014

Las Cortes de Aragón rechazan la privatización de los registros civiles

Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves "cualquier reforma integral" de los registros civiles que conlleve la privatización, que no atribuya las competencias y la gestión "exclusivamente" a funcionarios públicos y que no garantice la gratuidad y la accesibilidad en todos los municipios de la Comunidad Autónoma. 

En sesión plenaria ordinaria, la cámara ha aprobado el texto resultante de la transacción de sendas proposiciones no de ley del PSOE y CHA, así como una enmienda de modificación del Grupo del PP a la iniciativa socialista. 

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha defendido su proposición no de ley, con la que ha propuesto rechazar el anteproyecto de ley dereforma integral de los registros elaborado por el Ministerio de Justicia por suponer la privatización "de un servicio público eficaz", porque si se lleva a cabo será costeado por la ciudadanía mediante el pago de aranceles y porque conllevaría la desaparición de las sedes del registro civil en los municipios. 

Soro ha enmarcado esta reforma en la "fiebre privatizadora" del PP, resaltando que las sedes de los registros civiles se ubicarán, con la reforma, en el tres por ciento de los municipios, donde hay registradores, por cuanto no podrían realizarse trámites en los juzgados de paz y los ayuntamientos. 

Ha recordado que en 2011 ya se aprobó una Ley --pendiente de entrar en vigor-- en las Cortes Generales para acometer la digitalización de los actuales registros civiles y que incluía una fórmula para garantizar el trabajo de los empleados de estos entes, señalando además que la llevanza de los registros recaería en los secretarios judiciales u otros funcionarios del grupo A y que serían gratuitos. 

"Ahora nos enteramos de que Ruiz Gallardón ha decidido dárselo a los registradores" de la propiedad, que --según el anteproyecto-- sufragarán íntegramente el coste de la actividad cobrando aranceles a los usuarios. Se ha preguntado "qué pasará" con los 3.500 funcionarios que actualmente trabajan en estos entes. 

Protesta en Sama contra la privatización del Registro Civil

Una treintena de trabajadores de los Juzgados de Langreo se concentró ayer, como muestra la imagen, frente a las dependencias judiciales de Sama para protestar por la "privatización encubierta" de loa Registros Civiles. La Plataforma Sindical de Justicia, entidad convocante de la movilización, entiende que la medida supone "cobrar a la ciudadanía por actos obligatorios" y poner a disposición de operadores privados "datos personales que deben estar gestionados por funcionarios públicos".


La privatización del Registro Civil haría peligrar 100 puestos de trabajo en Leon

Alrededor de cien trabajadores de los Registros Civiles de la provincia tienen en el aire su puesto de trabajo si prospera la propuesta del Ministerio de Justicia de dejar el servicio en manos del Colegio de Registradores, según denunció ayer Fabricio Gómez, representante sindical de CSI-CSIF.

Por este motivo, ayer se celebró una concentración a las puertas de los juzgados de Sáez de Miera, para exigir al Gobierno y a su ministro de Justicia que reconsidere la decisión que está en puertas de adoptar.

«Los registros civiles son públicos y gratuitos actualmente, con la cercanía y la gratuidad que se exige. De no hacerlo así, se ponen en riesgo 3.500 puestos de trabajo en España, un centenar de ellos en León. Y esto se está haciendo con ocultismo y con un secretismo que no se corresponde con la Ley de Transparencia», manifestó Fabricio Gómez.

León se vería afectado por la reordenación de cien personas que perderían su puesto o se verían obligadas a moverse. «La pérdida de puestos de trabajo implica que los interinos se queden sin trabajo y vayan al paro. Y luego también habría concursos internos en los que no se podría optar a esos puestos de trabajo. 

Los secretarios judiciales y los registradores, en pugna por el Registro Civil

Una carta remitida por el decano de los Registradores de España a los colegiados ha puesto la mecha al malestar que desde hace meses se estaba fraguando en las oficinas de los registros civiles. Los secretarios judiciales, con el respaldo del grueso de los funcionarios de Justicia, se han puesto en pie de guerra para evitar que el Ministerio los ponga en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles. Consideran que ello supone «la privatización de un servicio público hasta ahora gratuito para los ciudadanos», pone en riesgo la privacidad de los datos personales y deja en suspenso unos 3.500 puestos de trabajo en el conjunto de partidos judiciales.

Los secretarios reivindican su experiencia y conocimiento para quedarse con ellos y reclaman a Alberto Ruiz-Gallardón que dote de medios personales y materiales suficientes para descongestionar los registros civiles y que ese atasco no siga siendo «la excusa» para justificar su «privatización». Los registradores, por su parte, recuerdan que también son funcionarios públicos y están preparados para asumir la gestión «como ya hemos demostrado al dar salida a los miles de expedientes de nacionalidad», afirman desde el Decanato.

Sindicatos de Justicia de la Rioja alertan de la "privatización" del Registro Civil

El portavoz de los sindicatos de Justicia, Alberto Herrería, ha alertado esta mañana de la posible "privatización" del Registro Civil, ante lo que CSIF, CCOO y UGT han convocado una manifestación, que ha partido desde los Juzgados de Logroño y ha concluido en la sede del Registro.

En la cabecera una pancarta decía 'En defensa del servicio público de la justicia', mientras que en la marcha además de un rap, en contra del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se han coreado consignas "a favor de lo público" y sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Antes Herrería, ha comentado a los medios de comunicación que con la acción pretendían defender un Registro Civil "público y de calidad", y en el que "trabajen funcionarios de justicia, que somos los realmente preparados para trabajar allí".

El portavoz sindical se ha mostrado a favor de que "se optimicen los recursos de la administración de justicia", y ha criticado que "se hayan regalado 150 millones de euros en la digitalización del Registro Civil".

El PP rechaza paralizar el proceso de privatización del Registro Civil y derogar las tasas

El Partido Popular ha rechazado en el Congreso de los Diputados una propuesta de resolución planteada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para derogar de inmediato las polémicas tasas judiciales y paralizar el proceso de "privatización" del Registro Civil.

La propuesta de resolución de la coalición de izquierdas, defendida en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, exigía preservar el "carácter público y gratuito" de un servicio fundamental como son los registros civiles.

Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), los 'populares' se han retratado en esta votación y el ministro Alberto Ruiz-Gallardón debe de ofrecer una "explicación urgente" a los ciudadanos, que "tendrán que pagar por un servicio que hasta ahora era público y a los 3.500 trabajadores de los registros que desconocen su futuro profesional".

CSI-F ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, eludió responder sobre esta cuestión cuando fue preguntado por el portavoz de ICV. "Sin embargo, hoy hemos comprobado que la privatización ya está decidida, como nos temíamos", ha añadido en un comunicado.

Los funcionarios de los Registros Civiles se han concentrado esta mañana para defender el carácter público de este servicio y mostrar su oposición a entregarlo a los Registradores. Los sindicatos han convocado manifestaciones todos los jueves para evitar que esta idea llegue al Consejo de Ministros.

El PSOE denuncia la gravedad de la desjudicialización de los registros civiles

“Este es un nuevo paso del Gobierno del PP en su camino de destrucción de los servicios públicos, en el que parecen subyacer oscuros intereses”, señala la diputada socialista Laura Seara, que ha presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre el “afán privatizador de la justicia”.

La diputada socialista Laura Seara se ha reunido con el sindicato UGT para tratar la gravedad de los pasos dados por el Gobierno del PP para desjudicializar los registros civiles que pasarían a ser llevados por los registradores de la propiedad.

Para Seara “el Gobierno da un paso más en su carrera privatizadora y de destrucción de los servicios públicos”. “Esta vez toca, otra vez, recortes en los derechos de los ciudadanos de acceso a la justicia”.

En este sentido, señala que “a las tasas judiciales impuestas por el Gobierno del PP, que impiden a muchos ciudadanos, siempre a los más débiles, acceder a la justicia, se sumará ahora la práctica privatización de los servicios de los registros civiles, hasta ahora públicos”.

“Este camino privatizador de los registros civiles, apunta, no es nuevo, porque el Gobierno de Rajoy hace tiempo que ya derivó las labores relacionadas con los expedientes de nacionalidad”

Seara incide en que “hasta ahora los servicios prestados por los registros civiles han sido servicios públicos prestados por funcionarios públicos”. A este respecto, señala “el perjuicio que para estos funcionarios podría suponer la privatización de dichos servicios”.

Asimismo, hace hincapié en que “la desjudicialización de los registros civiles podría incidir negativamente desde la perspectiva de la protección de datos de los ciudadanos”.

Decenas de trabajadores de A Coruña y Pontevedra protestan contra la privatización de los registros civiles

Medio centenar de funcionarios de la Administración de Justicia de Ourense y de A Coruña se han concentrado este lunes para protestar contra la posible privatización de los registros civiles, que pasarán a ser responsabilidad de despachos de registradores de la propiedad y mercantiles y que en Galicia supondrá la desaparición o cambios para 400 trabajadores. 


La Junta de Personal, convocante de la protesta en Ourense, sujetó una de las pancartas de la concentración, con el lema 'O rexistro civil é teu, sálvao' --El registro civil es tuyo, sálvalo-- con el propósito, expresado por su presidente Teo Fernández, de llamar la atención de los ciudadanos "sobre lo que supondrá para los bolsillos, este nuevo proyecto de desmantelamiento progresivo de los servicios públicos", explicó. 

Según ha manifestado el delegado sindical de CC.OO., Antonio Obenza, en toda España supondrá la desaparición del puesto de trabajo de 2.000 personas, y en el caso de Galicia serán 300 de los registros civiles en las ciudades y cien más, de los juzgados de paz de las villas.

UGT Almería se moviliza para que el Registro Civil siga en manos de la Administración de Justicia

La entrega de las competencias del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles va a ser nuevamente motivo de una concentración que en esta ocasión ha convocado el sindicato UGT para celebrar mañana, 27 de febrero, a las puertas del Registro Civil de Almería, 'prospero negocio' que va a empezar a explotar un nuevo colectivo

Nota de prensa

UGT DENUNCIA QUE Gallardon al entregar las competencias del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles convertirá este Registro en un prospero negocio a explotar por este colectivo.

Ponemos ejemplos prácticos para que el ciudadano se haga una idea de la trascendencia de esta entrega.

La muerte de una persona se convierte para los registradores en un negocio beneficioso.

La gratuidad de las inscripciones de nacimiento y defunción en el Registro Civil que quiere hacernos creer el Gobierno es un engaño, porque el negocio no está en la inscripción, sino en la obtención de las certificaciones. 

Una vez fallecida una persona se requiere la expedición de mínimo tres certificaciones para realizar los distintos trámites posteriores, que habrán de abonarse al registrador, ya que en el proyecto de reforma del arancel registral prevé el cobro por cada una de ellas.

CSI-F critica el silencio de Rajoy sobre privatización del Registro Civil y recuerda que tiene la última palabra

CSI-F ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy eludiera responder sobre los planes para "privatizar" el Registro Civil durante el Debate sobre el estado de la Nación y ha subrayado que es él quien tiene la última palabra en este asunto, que está siendo negociado "a escondidas" por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El sindicato se ha pronunciado así en un comunicado después de que el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, afeara a Rajoy, registrador de profesión, que no es "ético ni estético" que su Gobierno otorgue a los Registradores este servicio público y que el jefe del Ejecutivo guardara silencio sobre esta acusación.

CSI-F ha destacado que lo cierto es que hoy en día sigue vigente la carta del decano del Colegio de Registradores a todos sus afiliados comunicado que el Gobierno les ha encomendado esta función. Mientras tanto, los sindicatos únicamente han obtenido del Ministerio de Justicia la afirmación de que "no hay aún ninguna decisión tomada".

El sindicato ha subrayado que la privatización del Registro Civil suscita posiciones encontradas en el propio Ministerio de Justicia, por lo que la última decisión la deberá adoptar el presidente del Gobierno sobre la mesa del Consejo de Ministros.

"El presidente del Gobierno tendrá la última palabra sobre la privatización del Registro Civil, un proyecto que el ministro de Justicia ha negociado a escondidas con los colegios de registradores que, en el caso de que se lleve a término, recibirán la gestión de un servicio público que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870", ha remarcado.

"Están regalando millones de euros a los registradores, a su nuera y a Rajoy"

El PSOE inicia su ´ofensiva´ contra la ´privatización´ del Registro Civil

El PSdeG presentará mociones en todos los municipios de la provincia instando a las corporaciones municipales a rechazar el proceso de "privatización" del Registro Civil impulsado por el Gobierno.

Los socialistas denuncian que, de llevarse a cabo el proyecto, el "reducido" colectivo de registradores se beneficiaría de la reciente informatización del Registro Civil sufragada con 128 millones de euros pagados por la Administración, pudiendo obtener 150 millones de euros de ingreso extra al año.

CCOO reclama el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias contra el proyecto de privatización del Registro Civil

La Federación Estatal de CCOO ha remitido a propuesta del Sector de Justicia, una carta dirigida al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias solicitando una reunión para explicar las consecuencias que para CCOO supondrá la privatización de un servicio público esencial como es el Registro Civil.

CCOO, continuando con las acciones de protesta,  está realizando una intensa campaña para hacer llegar a toda la ciudadanía el problema que va a suponer la privatización del Registro Civil en manos de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Podéis ver la carta en su totalidad en este enlace.

El ICAB denuncia el intento del Ministerio de Justicia de reformar el Registro Civil sin consultar a los sectores afectados

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) denuncia que la asignación de los registros civiles en favor de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, puede hacer entrar en crisis un servicio público tan importante como el que se lleva a cabo en los registros civiles.

El ICAB considera que la previsión del Ministerio de Justicia supone un paso atrás en la proximidad, accesibilidad y protección de datos de los ciudadanos porque la asignación a los registradores se hace "con plena capacidad auto- organizativa" en los aspectos relativos a "la organización territorial, material y tecnológica". Esta asignación además, no garantiza la gratuidad del servicio público que prestan actualmente los registros civiles. Es más, es previsible que conlleve otro incremento de los costes para los ciudadanos ya que tendrán que pagar por servicios que actualmente son gratuitos. Será una nuevo "peaje" como lo es la tasa judicial, que sufren desde hace más de un año los ciudadanos y los profesionales de la justicia.

El ICAB también alerta sobre la manera de llevar a cabo la reforma del Registro Civil. Si la reforma se hiciera mediante un Decreto Ley resultaría contraria a la Constitución, porque no respondería de ninguna manera a una necesidad "extraordinaria y urgente". El Gobierno ha tenido tiempo más que suficiente (casi tres años a contar desde la aprobación de la ley 20/ 2011 del Registro Civil) para organizar el servicio del Registro Civil. Cabe recordar la previsión de la Disposición Final Décima de la Ley 20/ 2011 del Registro Civil: "Hasta la entrada en vigor de la presente Ley, el Ministerio de Justicia adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles dentro del proceso de modernización de la Justicia".

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, considera que “esta forma de actuar resulta inadecuada, porque se hace sin consultar a los sectores afectados y es contraria a las normas. Cabe recordar que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia tienen reconocidas competencias ejecutivas en materia de Registro Civil".

La decisión adoptada por el Ministerio de Justicia también desvirtúa las previsiones de la Ley del Registro Civil aprobada en 2011 y que debía entrar en vigor el próximo mes de julio, y se hace, además, sin plantear una modificación legal tramitada en la forma adecuada. Por ello, el ICAB exige que la reforma del Registro Civil se haga por el trámite legal oportuno, con la transparencia debida y la responsabilidad exigible, con los informes pertinentes y la tramitación del anteproyecto de ley y, sobre todo, con un estudio económico que explique detalladamente el sistema de financiación del servicio.       

Informativo Jurídico 26.02.2014

Funcionarios y secretarios judiciales de El Ferrol, contra la reforma del Registro Civil

Funcionarios judiciales de Ferrol y secretarios han expresado su oposición a la reforma de los registros civiles anunciada por el ministro Gallardón.

Al mediodía de hoy se llevará a cabo una concentración ante la sede judicial, convocada por el sindicato de funcionarios de CC.OO. «Denunciamos que este servizo, público en gratuito desde 1870 acabará convertido nun mercado máis -ha explicado Jorge Suárez, portavoz de este sindicato de funcionarios- por causa dunha sorte de novo imposto revolucionario contra a cidadanía, que deberá pagar por actos cotiáns como obter una fe de vida, unha partida de nacemento o un expediente de matriomonio ou nacionalidade. Este gravamen servirá -añade- para enriquecer o grupo reducido de privilexiados [los registradores] que gozan do favor do ministro». Porque la medida trasvasará la gestión de este servicio público a los registradores.

Defraudados

Por su parte el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha asegurado que este colectivo se siente engañado por el ministro porque durante el 2013 y en la última reunión en Madrid de representantes del secretariado judicial del pasado 9 de enero, los representantes del ministerio comunicaron que se mantendría el carácter de servicioi público del Registro Civil, atribuyendo a los secretarios judiciales su gestión.

Privatización

«En caso de ser ciertas las informaciones sobre el pacto para entregar el Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles estaremos ante una privatización de un servicio público», asegura el sindicato de secretarios en un comunicado. El SISEJ anuncia que se suma a las movilizaciones, como la de esta mañana.

CCOO y las demás organizaciones sindicales se reúnen con el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

Tras una nueva reunión conseguida por CCOO, se ha cerrado el tercero de los contactos con los diferentes grupos Parlamentarios para trasladarles nuestra radical oposición a la privatización de los Registros Civiles y su entrega a manos privadas para lucro y beneficio del Presidente del Gobierno y su familia, además de familiares del Ministro Gallardón y de personal técnico del propio Ministerio.

CCOO ha solicitado al grupo socialista su implicación en las movilizaciones del conjunto de la ciudadanía para la defensa de este servicio público y que incorpore la Administración de Justicia (junto a la enseñanza, sanidad y dependencia) a su discurso en defensa de lo público y, en concreto, un pronunciamiento claro en referencia a los registros civiles.

Junto a su oposición a la privatización del servicio CCOO ha planteado su preocupación por el alejamiento que supone para los ciudadanos el cierre de los Registros Civiles en las pequeñas poblaciones que llevaría aparejada la propuesta del gobierno, además de una más que segura supresión de la gratuidad de los actos y certificaciones.

Como aspecto fundamental, CCOO ha mostrado nuestra extrema preocupación por la pérdida de 3500 puestos de trabajo en la administración de justicia que conllevaría el proyecto de Gallardón.

Por parte de los representantes del PSOE se han comprometido a mostrarse contundentes en su actividad parlamentaria contra la privatización de los registros civiles a través de preguntas parlamentarias y peticiones de comparecencia que hagan aclarar al Gobierno los intereses que les han llevado a tomar este inaceptable proyecto de entrega de un servicio público a manos privadas, asumiendo también el problema que le hemos planteado que genera que trabajadores del ámbito privado accedan a datos de carácter personal, como los contenidos en el registro civil, sin estar sometidos a las exigencias de confidencialidad y secreto que tenemos los empleados públicos.

Los parlamentarios socialistas se han comprometido a instar al Decano de los Registradores a no asumir la competencia porque, en caso de que el gobierno actual perdiera la mayoría, el PSOE propondría dar marcha atrás en esta privatización.



+Ciudadanía lamenta el cambio de gestión del registro civil

La Asociación +Ciudadanía ha manifestado su rechazo al proceso iniciado por el Ministerio de Justicia que concluirá con la “entrega” del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad -94 en la provincia de Albacete-.

En opinión de la asociación este hecho propiciará, “al contrario de lo manifestado por el Gobierno de España, en una verdadera, innecesaria y perjudicial privatización”, puesto que dicho Registro pasará de ser gestionado por la Administración Pública a ser administrado por un colectivo que “tiene la doble condición de profesional y funcionario” y obtiene una retribución económica no incluida en los Presupuestos Generales del Estado, cuya cuantía depende de las inscripciones que realicen y de los certificados que expidan.

Según +Ciudadanía, “estamos asistiendo a un proceso acelerado de privatización de los servicios públicos”, que en su opinión deriva en el deterioro en la calidad de su prestación, “con el falso argumento de la reducción del déficit”, puesto que las inversiones públicas necesarias para implementar el nuevo modelo ya se han realizado y su puesta en marcha no genera necesidades de empleo público, ya que las plazas de encargado del Registro Civil se cubrirían, como ha venido ocurriendo hasta ahora, mediante concursos públicos entre funcionarios con formación específica.

El Colegio de Abogados de Barcelona lamenta "el coste" que puede suponer la reforma del Registro Civil a los ciudadanos

El Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) considera que el intento de reforma del Registro Civil por parte del Ministerio de Justicia "es previsible que conlleve otro incremento de los costes para los ciudadanos" ya que cree que implicará que tengan que pagar por servicios que actualmente son gratuitos.

Ha lamentado que la asignación de los registros civiles en favor de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles "puede hacer entrar en crisis un servicio público tan importante", ha valorado el colegio este martes en un comunicado.

El decano del Icab, Oriol Rusca, ve la reforma inadecuada "porque se hace sin consultar a los sectores afectados y es contraria a las normas", y ha recordado que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia tienen reconocidas competencias ejecutivas en materia de Registro Civil.

Centenares de juristas reclaman un Registro Civil público y gratuito sin «subastarse al mejor postor»

La Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos, que reúne a centenares de jueces, abogados, fiscales y otros juristas, han suscrito un manifiesto en defensa de un Registro Civil público y gratuito que no sea objeto de «una subasta pública al mejor postor» como, a su juicio, está haciendo el Ministerio de Justicia.

Los firmantes defienden que el Registro Civil es un servicio público «fundamental» que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos, como su intimidad, y por ello debe continuar en el ámbito de la Administración de forma gratuita.

Sin embargo, critican que el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón ha iniciado desde hace un año «la subasta pública del mismo al mejor postor, tratando de entregarlo a diferentes operadores jurídicos que han visto reducir sus ingresos tras la crisis económica». 

PSOE-Castellón reclama el carácter público del Registro Civil

La portavoz socialista de Castellón, Amparo Marco, reclamó ayer el carácter público de los registros civiles y criticó “la privatización que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende ejercer en los mismos”. Según Marco, el Partido Popular tiene por objetivo “hacer negocio” con la administración y califica esta situación de “inaceptable para el estado de bienestar”. En este sentido, aseguró que el PSPV haría lo posible para evitarlo.


Desde el PSPV afirman que el anuncio de la atribución del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles “supone la privatización de un servicio esencial y gratuito que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos”. Asimismo, los socialistas aseveraron que la iniciativa se debe a que “ahora se quiere favorecer a los amigos de Rajoy”.

De este modo, el PSPV reclama que se retire o modifique la Ley del Registro Civil y que siga funcionando con carácter público y gestionado por la Administración de Justicia.

Asturias rechaza la "privatización" de los registros civiles

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Guillermo Martínez, ha mostrado este miércoles el rechazo de Asturias a iniciativas del Ejecutivo central que representan un "deterioro" de la administración judicial como servicio público. En concreto se ha referido a "la desaparición de los juzgados de paz y la privatización de los registros civiles". 

El titular de Presidencia ha hecho estas declaraciones en el marco de una visita al Juzgado de Paz de Aller, en Cabañaquinta, en el que estuvo acompañado por el director General de Justicia y Seguridad, José Luis Villaverde Amieva. 

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, Martínez ha mostrado su rechazo a la nueva Ley de Reforma Integral de los Registros, que encomienda su gestión a los registradores de la propiedad, a los que otorga plena capacidad en aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica. 

El Consejero de Presidencia lo ha calificado de "contrarreforma", al tratarse de "una verdadera privatización" de los registros civiles y por tanto causar "graves perjuicios" en un servicio público que beneficia a todos los ciudadanos. 

El nuevo registro civil y el plan de grupo, por Alfonso Caballé

Alfonso Cavallé es decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, y apareció publicado en el periódico Cinco Días de 8 de abril de 2013 un artículo titulado "El nuevo Registro civil y el plan de Grupo", del que adjuntamos enlace así como un extracto. 

" Atribuir la llevanza del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles ha sido el pretexto para llevar a cabo un plan de grupo que aleja aún más los registros españoles del resto del mundo. Además no olvidemos que hace menos de dos años ya se dictó la Ley 20/2011, de 21 de julio, con la previsión de que entrara en vigor en 2014, y cuyo objetivo era desjudicializar el Registro Civil, convertirlo en un registro electrónico y fijar la organización, dirección y funcionamiento bajo la idea de unidad y modernidad. No hay razones de interés general que justifiquen abortar la ley de 2011 antes de su entrada en vigor, especialmente cuando la contrarreforma supone un paso atrás en los propósitos de unicidad y modernidad prevenida por la citada ley. También se frustran definitivamente las previsiones de modernización de otras leyes más antiguas como la 24/2001 y la 24/2005, que ordenaban el acceso on line al Registro en tiempo real incrementando la eficacia y seguridad de la información.

Trabajadores de Justicia de Ourense, contra la privatización del Registro Civil

La Junta de Personal, convocante de la protesta de la ciudad, sujetó una de las pancartas de la concentración, con el lema 'O rexistro civil é teu, sálvao' con el propósito, expresado por su presidente Teo Fernández, de llamar la atención de los ciudadanos "sobre lo que supondrá para los bolsillos, este nuevo proyecto de desmantelamiento progresivo de los servicios públicos", explicó.

Según añadió el delegado sindical de CC.OO., Antonio Obenza, en toda España supondrá la desaparición del puesto de trabajo de 2.000 personas, y en el caso de Galicia serán 300 de los registros civiles en las ciudades y cien más, de los juzgados de paz de las villas.

Obenza detalló que la necesidad del registro civil es habitual para cualquier ciudadano pues se acude a él para registrar bodas, nacimientos y fallecimientos, nacionalizaciones, "pero también la fe de vida que necesitan varias veces al año, los que cobran pensiones del extranjero, y todo eso habrá que pagarlo", detalló. También explicó que cuando todo el papeleo pase a ser responsabilidad de los registradores de la propiedad, los nacimientos y defunciones serán gratuitos, "pero el resto de los documentos habrá que pagarlos y en ese paso irá la tasa que cobre el registrador y el impuesto que el Gobierno le cobrará a él".

La Plataforma Ciudadana Justicia de todos rechaza la privatización del Registro Civil

La Plataforma Ciudadana Justicia de Todos ha rechazado la "privatización" del Registro Civil para entregar su gestión a registradores de la propiedad y mercantil, al tiempo que ha defendido el mantenimiento del carácter "público y gratuito" de este servicio fundamental.

En un manifiesto, este colectivo destaca la importancia del Registro Civil en un Estado social, democrático y de derecho, puesto que afecta a los aspectos más íntimos de las personas.

El Registro Civil reúne información relativa al nacimiento y fallecimiento, el nombre, los apellidos, el sexo o el cambio del sexo, el matrimonio, el divorcio, la emancipación, las relaciones paterno-filiales, la modificación de la capacidad de las personas o los derechos de los menores.

Para este colectivo, el Ministerio de Justicia ha comenzado hace más de un año "la subasta pública" del Registro Civil "al mejor postor", tratando de entregarlo a operadores jurídicos que han visto reducir sus ingresos con la crisis económica.

La Plataforma Ciudadana Justicia de Todos considera que el Registro Civil afecta a los derechos fundamentales, a la intimidad y a la igualdad de las personas, reconocidos en la Constitución Española de 1978, por lo que debe mantener su carácter público y gratuito.

El manifiesto, que está abierto a la firma en el portal Change.org, ha sido suscrito por diversas organizaciones y juristas como el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. 

La Cámara foral de Navarra pide que los Registros Civiles "se mantengan con sus actuales funciones y competencias"

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una declaración institucional en la que expresa su rechaza a la privatización del Registro Civil.


PAMPLONA. La declaración fue impulsada por I-E, coalición que ve en esta privatización un hecho "gravísimo" que puede poner "en peligro" la seguridad de los ciudadanos en torno a sus datos y conllevar además un mayor coste por el servicio y una pérdida de empleo.

Por eso la declaración, apoyado por todos los grupos salvo el PP, insta a que el Registro Civil se "mantenga con sus actuales funciones y competencias".

Registro Civil: síntoma del nuevo régimen


Las garras del neoliberalismo, defendido a ultranza por la derecha rancia del Partido Popular, alcanzan también a la Justicia, que, junto a Sanidad y Educación públicas, conformaban el Estado de Bienestar nacido de la lucha popular antifascista de la Segunda Guerra Mundial. En las pírricas democracias que vivimos, con una soberanía recortada por el dictado de los mercados que atacan a los países implicados en los derechos sociales, el pueblo ha sido traicionado por sus representantes, que han desoído el mandato popular para ponerse al servicio de la Troika. La Troika no es un espectro anónimo que recorre Europa, la Troika (FMI, Banco Central Europeo y Consejo Europeo) es el látigo de los mercados, y los mercados son El Corte Inglés, el Banco de Santander, Mercadona, los fondos buitre de la aristocracia financiera, etc, ellos son los que ahora detentan la verdadera soberanía y dictan leyes en busca de su único beneficio: el poder de todos en manos de unos pocos.

La rapiña de los servicios públicos por parte de las oligarquías se hizo efectiva con la Ley de tasas, que, pese a la resistencia sindical y ciudadana, consagró una justicia de doble vía, al dictado de los poderosos, fácil y accesible para las multinacionales, la banca y las grandes empresas y llena de impedimentos para el ciudadano de a pie, sin posibilidad, por falta de recursos en un modelo laboral de explotación, ni tan siquiera de reclamar de los magistrados justicia ante el abuso de clase. Los datos de descenso en la litigiosidad no deben valorarse desde el punto de vista de la eficiencia, sino desde el recorte democrático; algo falla en nuestra democracia cuando nuestros representantes en el Congreso, utilizando la mayoría absoluta como rodillo dictatorial, sustituyen los derechos sociales por el “tanto tienes, tanto vales” y si no tienes, la justicia es un coto vedado para ti.

En una vuelta de tuerca más, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, por el que se aumentan los umbrales de acceso a la justicia por unidad familiar: lo que un gobierno cínico pretende vender como una extensión de derechos no soporta un primer análisis riguroso la realidad, como se ejemplifica en el cuadro adjunto, es que la inmensa mayoría de la población quedará sin la posibilidad de acceder a este derecho:

Doscientos trabajadores del juzgado marchan contra la ´privatización´ del Registro Civil

La reacción a la carta interna que el Colegio de Registradores emitió la semana pasada para informar a sus afiliados de que el Gobierno les asigna la gestión del Registro Civil no se ha hecho esperar. Doscientos funcionarios, trabajadores y abogados de los juzgados vigueses salieron ayer a la calle para mostrar su oposición a la "privatización encubierta" de este servicio, que "repercutirá directamente en el bolsillo de la ciudadanía" y afectará a medio centenar de puestos de trabajo en la comarca viguesa. La próxima semana inician una campaña de recogida de firmas.

Al son de las gaitas y coreando consignas como "Este ministro, vende el registro" o "El público es servicio; el privado, beneficio", los manifestantes partieron de los juzgados y rodearon el edificio de Hacienda cortando el tráfico, ante el respeto de los conductores. Representantes del BNG y Anova apoyaron con su presencia la marcha convocada por CCOO y CIG.

De confirmarse esta reforma , el Registro Civil se "desjudicializaría" para entregar su gestión a los registradores de la propiedad. Las dos centrales advierten de que supondría una "privatización de facto" ya que los ciudadanos tendrán que pagar por la expedición de certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad, en función de los aranceles pertinentes, que calculan entre 10 y 30 euros. "Con este servicio les están entregando un verdadero maná a los registradores, porque el Registro lleva 1.300.000 trámites al año", subraya Pablo Valeiras (CCOO). Si es necesario cobrar para mantener el servicio, se preguntan por qué no lo hace directamente Justicia.

PSOE-Rioja, “Radicalmente en contra” de la privatización de los registros civiles y de la supresión de los juzgados de paz

El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pablo Rubio, ha anunciado hoy que van a presentar dos Proposiciones no de Ley en la Cámara riojana dirigidas a que el Gobierno Regional “exprese se oposición a algo que va contra los interese de los riojanos” como es la culminación de la privatización de los registros civiles que ahora se entregan a los registros de la propiedad y mercantiles, y la supresión de los juzgados de paz, “alejando la justicia de los ciudadanos”. 

Así lo ha explicado hoy el Portavoz en una rueda de prensa en la que junto a la Secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, Victoria de Pablo, se han mostrado “radicalmente en contra” de estas medidas porque supone que “dejaran de ser un servicio público gratuito y cercano para ser una servicio privado” y que, según el propio Consejo de Registradores, “aspira a facturar 150 millones de euros al año” ha matizado de Pablo. 

Desde que el PP comenzó este proceso de privatización de la justicia, el PSOE se ha opuesto y ha exigido el traspaso de los registros a los ayuntamientos “por entender que ésta es la institución más cercana al ciudadano”. 

Pero para los socialistas “el escándalo” es que además “regalan a los registradores de la propiedad 128 millones de euros” que es lo que ha costado la digitalización y modernización de los servicios en los dos últimos años, algo que ni socialistas ni el resto de operadores jurídicos comparten ya que “no supone ahorro a la justicia y si un encarecimiento y empobrecimiento a los ciudadanos”. 

El PSOE pide al Gobierno aclarar si entregará el Registro Civil a los registradores y cómo mantendrá el servicio público

El PSOE ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que insta al Gobierno a aclarar su idea de entregar el Registro Civil a los registradores de la propiedad y a explicar cómo pretende mantener este servicio público.


La diputada socialista Laura Seara reclama que el Ejecutivo "explique los datos del concurso público por el que se adjudicó a una empresa el programa informático para que los registradores tramiten y resuelvan los expedientes de nacionalidad".

La parlamentaria pregunta si el Gobierno se ha reunido con representantes del cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para conocer si desean gestionar los registros civiles. Seara está manteniendo reuniones con colectivos afectados por la reforma y sindicatos.

VE "OSCUROS INTERESES"

"Este es un nuevo paso del Gobierno del PP en su camino de destrucción de los servicios públicos, en el que parecen subyacen oscuros intereses", señala en un comunicado Seara, para quien esta idea supone "un paso más en la carrera privatizadora" emprendida por el Ejecutivo.

"A las tasas judiciales impuestas por el Gobierno del PP, que impiden a muchos ciudadanos, siempre a los más débiles, acceder a la justicia, se sumará ahora la práctica privatización de los servicios de los registros civiles, hasta ahora públicos".

En su opinión, sacar el Registro Civil de la órbita pública conlleva inherentes riesgos para la protección de datos de los ciudadanos y además perjudica a los empleados públicos que en él prestan servicios.

¿A qué obedece la privatización del Registro civil?

Un negocio para cuatro, a costa de los ciudadanos y empleados públicos


• Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, un colectivo que se encuentra en horas bajas, desde la disminución de la firma de hipotecas debido a las crisis del ladrillo.
• Un lobby muy cercano al Gobierno del PP, pues el Presidente del Gobierno es Registrador de la Propiedad, la nuera del Ministro de Justicia también, y dos hermanos del Presidente del Gobierno también lo son.
• El hermano del presidente del Gobierno, Enrique Rajoy, es uno de los asesores de la DGRN y se le atribuye gran parte de la autoría intelectual de esta reforma.
• Todos los operadores jurídicos y alcaldes han denunciado que esta reforma es una privatización de los Registros y, por lo tanto, los costes aumentarán en manos de los Registradores.
• Los Registradores a partir de ahora, concentrarán todos los registros y se ampliarán de forma injustificada los actos y negocios que han de inscribirse. Supondrá una proliferación de costes para cualquier documento, gestión o acto en la vida familiar o patrimonial de los ciudadanos.

Los trabajadores del Juzgado de Avilés, contra la reforma del Registro Civil

A. P. GIÓN "Los ciudadanos no saben lo que se les viene encima". Este mensaje resuena de nuevo en el Palacio de Justicia de Marcos del Torniello. Si hace meses esta advertencia estaba ligada a la imposición de las tasas judiciales (el acceso a la justicia previo pago de unos importes), ahora sigue resonando por la que es considerada "una privatización" del Registro Civil, un servicio gratuito y público que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende derivar a los Registradores de la propiedad. Los trabajadores del palacio de justicia de Marcos del Torniello se concentran cada mañana durante unos minutos ante el edificio en señal de protesta por el cambio que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy y que, según defienden muchos, tendrá como consecuencia para el ciudadano el pago por servicios que hasta ahora eran gratuitos, como las inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios. Está previsto que la reforma entre en vigor el próximo verano.

En el Registro Civil avilesino están destinados cuatro funcionarios. "No está regulado que va a ser de los funcionarios de justicia destinados en este servicio que era gratuito. Aquí se hacen las inscripciones que todo el mundo necesita realizar a lo largo de su vida: nacimientos, defunciones y matrimonios, que hoy son gratuitas, así como cambios de nombre o apellidos. Si lo asumen los registradores, ¿cómo van a prestar el servicio? ¿Cuánto van a cobrar al ciudadano?", planteó una portavoz del registro avilesino.

Camino de la privatización ¿Quién se hace cargo del Registro Civil?

El Registro Civil, ese lugar donde quien más o quien menos ha tenido que inscribir nacimientos, matrimonios o defunciones, puede estar camino de la privatización de la mano del Ministerio de Justicia. Ciertos trámites podrían dejar de ser gratuitos con la entrada en vigor, el próximo 22 de julio, de la Ley 20/2011. Pero el Gobierno, a cinco meses vista, no tiene realmente decidido quién se hará cargo de su gestión. Los registradores de la propiedad y los secretarios judiciales son los mejor posicionados en las 'quinielas'. Adiós al juez de Primera Instancia que dirigía este órgano, que quedaría desjudicializado según la nueva norma.

La sensación mayoritaria, al menos en el sector sindical, es que la decisión respecto a quién asumirá la responsabilidad de los registros civiles y ya está tomada desde hace tiempo. "Parece firme la intención del ministro de entregar la gestión a los registradores de la propiedad", señala el secretario de acción sindical de SPJ-USO Andalucía, Domingo Castillo. "Es decir, a funcionarios cuya retribución económica depende de los certificados que expiden y de las inscripciones que realizan, financiándose mediante aranceles". A juicio de Castillo, que ejerce en Córdoba, "la consecuencia es evidente" y "muchos trámites dejarán de ser gratuitos". El Ministerio de Justicia asegura que los actos de inscripción obligatoria, como nacimientos o defunciones, seguirán siendo gratuitos, pero no garantiza lo mismo en relación con los actos voluntarios, apunta el representante sindical.

CHA pide en las Cortes de Aragón la retirada de la reforma del Registro Civil y que continúe siendo público y gratuito

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha pedido este viernes la retirada del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que prevé la privatización de los registros civiles, y ha reclamado que este servicio continúe siendo público y gratuito. 

CHA ha presentado una proposición no de ley, que se debatirá en el Pleno de la semana próxima, en la que pide a las Cortes que rechacen esta reforma e insta al Ejecutivo autonómico a oponerse. 

Ha resaltado que la privatización es "muy grave" por cuando "escapa al control público" algo "tan íntimo" como la inscripción de nacimientos, adopciones, matrimonios y fallecimientos. El dirigente de CHA ha tildado de "inaceptable" la reforma y ha apoyado todas las movilizaciones contra este "atropello". 

En rueda de prensa, José Luis Soro ha señalado que los registros civiles han sido públicos, gratuitos y han estado presentes en todas las localidades —a través de los juzgados de paz y los ayuntamientos— desde 1870, pero "ahora el PP quiere que sean privados, de pago y solo en determinadas localidades", 27 en el caso de Aragón. Los registradores de la propiedad gestionarán este servicio. 

Primera resolución de un parlamento autonómico contra la privatización del Registro Civil

El Parlamento Vaso acordó en su pleno celebrado el día 20 de febrero la primera de las resoluciones aprobadas por un Parlamento autonómico contra la privatización de los registros civiles. La iniciativa de esta aprobación parte del trabajo realizado por la organización de CCOO en el País Vasco y de la plataforma sindical unitaria constituida por CCOO, ELA, LAB, CGT Y UGT.

La resolución aprobada establece lo siguiente: 

1. El Parlamento Vasco manifiesta la necesidad de que el Registro Civil se mantenga tal y como está en la actualidad prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía vasca.

2. El Parlamento Vasco apoya y valora la necesidad de que los juzgados de paz continúen prestando sus trabajo en los 237 juzgados existentes en la CAV y, por tanto, insta al Gobierno Vasco a la defensa del Registro Civil como servicio público y gratuito, que asegure la agilidad y facilitación de los trámites que debe realizar la ciudadanía, asumiendo las competencias de carácter ejecutivo que corresponden a las CCAA en esta materia de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2011, de Registro Civil.

3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a la retirada del anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia que prevé la privatización del Registro Civil e impulsará la desaparición de los juzgados de paz".

Ética y estética en la privatización del Registro Civil, por María Angeles Alcalá Diaz

María Ángeles Alcalá Díaz, fue Directora General de los Registros y del Notariado, y publicó en el diario El Pais de fecha 14 de abril de 2013 un artículo titulado "Etica y estética en la privatización del Regsitro Civil", del que adjuntamos enlace así como un extracto del mismo. 


"... ¿Por qué reformar la Ley de Registro civil de 2011 a la que el PP votó a favor cuando estaba en la oposición?. La falsedad de los hechos como justificación de la reforma. Una de las reformas más importantes que se proponen es que los registradores de la propiedad y mercantiles lleven el Registro civil. Debe recordarse que esta Ley fue aprobada por consenso por la Comisión de Justicia del Congreso con competencias legislativa plenas. En su proceso legislativo, la Ley fue discutida y negociada con los grupos parlamentarios, también obviamente con el PP que votó a favor. En su tramitación parlamentaria se aceptó una enmienda para aplazar en tres años su entrada en vigor que se producirá en 2014. Por eso resulta sorprendente que se quiera reformar una Ley que obtuvo el voto favorable del partido ahora en el Gobierno y de la que no pueden aducirse problemas en su aplicación, puesto que su entrada en vigor todavía no se ha producido...

"Los registradores no queremos asumir el Registro Civil; si el Gobierno lo decide tenemos que aceptarlo"

El decano-presidente del Colegio de Registradores de España asegura que esta nueva competencia "supone un coste muy alto, y lógicamente habrá que buscarle una solución a esa financiación, pero en todo caso será el Ministerio quien lo decida".

Gonzalo Aguilera, decano-presidente del Colegio de Registradores de España, señala que “es necesario que notarios y registradores, como operadores principales del sistema de seguridad jurídica, asuman el liderazgo en la formulación de las reformas a efectuar que mejoren el resultado final de nuestra actuación, teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el servicio público”. 

En una reciente entrevista en la revista ‘Iuris’, asegura que los registradores de la propiedad no querían hacerse cargo del Registro Civil. “En la Asamblea de Zaragoza de 2012 se adoptó una serie de acuerdos que estatutariamente nos vinculan a todos los registradores, y lo primero que tenemos que hacer es respetar esos acuerdos. En ellos se dijo que los registradores no queremos asumir el Registro Civil. De todas maneras, si el Gobierno tomara la decisión de asignárnoslo, lógicamente tenemos que aceptarlo, pero, si ello ocurre, proponemos unas sugerencias al Ministerio para que su llevanza sea de la mejor manera posible para el interés público y el interés general”.

A su juicio, “no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que se organice adecuadamente, de que nosotros no estamos interesados en la llevanza del Registro Civil, pero que, en todo caso, es una decisión que corresponde al Ministerio y al Gobierno y, si nos encargan asumir su gestión, adoptaríamos las medidas oportunas”.

Y respecto al sistema de cobro, afirma que “habría que estudiarlo cuando llegara el momento, no sé lo que tendrá pensado el Ministerio, que será quien lo tenga que plantear, y no sé qué va a proponer, ni qué sistema tiene pensado. Hay muchas fórmulas para ello. Nosotros lo que sí decimos es que la llevanza del Registro Civil supone un coste muy alto, y lógicamente habrá que buscarle una solución a esa financiación, pero en todo caso será el Ministerio quien lo decida. Propondremos las fórmulas que nos parezcan adecuadas”.

Preguntas sin respuesta sobre el Registro Civil

A día de hoy pone de manifiesto la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, seguimos sin tener noticias del Ministerio de Justicia en relación al Registro Civil. Tanto por parte del Ministro de Justicia como del resto del equipo encargado de esta materia, únicamente se dice que no hay tomada ninguna decisión definitiva en relación a la adjudicación o no de dicho Registro a los Registradores de la Propiedad.

Lo cierto es que en los últimos días han aparecido noticias referentes a la más que posible privatización de este servicio: la carta del decano de los Registradores, reuniones llevadas por el Ministerio con los mismos...

Desde la UPSJ ponen de manifiesto que todavía estamos a tiempo de parar esta adjudicación unilateral, y proponen una serie de preguntas que todos nos hacemos y que quieren efectuar al Ministro de Justicia en relación con el Registro Civil:

1.-¿Por qué durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Registro Civil de 2011 con un amplio consenso parlamentario, se votó a favor de que sus encargados fueran funcionarios de nivel A1 de la Administración o Secretarios Judiciales, y hoy se valora unilateralmente la posibilidad de que lo sean Registradores de la Propiedad y Mercantiles?.

Más de 100 trabajadores de Justicia de Almería se concentran contra la privatización del Registro Civil

A la concentración convocada por Comisiones Obreras ante la Ciudad de la Justicia de Almería contra la decisión del Ministerio de Justicia de 'regalar' los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad pasando de ser un servicio público a un servicio privado, han acudido más de 100 trabajadores.

En dicha concentración se ha recordado que el servicio del Registro Civil funciona "de manera más que aceptable y , por tanto, no existen razones objetivas u organizativas que justifique un cambio de gestión y, menos aún, su privatización".

"En el ambiente de los trabajadores, existía una gran indignación por una decisión que únicamente cabe entender por acabar con lo publico y, quizás, con el hecho de que el Presidente del Gobierno sea Registrador de la Propiedad y actúe más por intereses particulares que en defensa del servicio público", explica el sindicato en una nota de prensa.

El Registro Civil se rebela contra la "privatización" del servicio

Cientos de funcionarios se concentraron ayer a las puertas de los registros civiles de toda España para oponerse a la "privatización" de este servicio público. La carta que el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, remitió recientemente a todos sus afiliados, en la que informaba de que el Ministerio de Justicia ha decidido dejar en manos de este colectivo la gestión de las oficinas donde se inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios y demás hechos de naturaleza privada, ha hecho saltar las alarmas en el gremio. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón asegura que no hay una decisión tomada, que la anotación de hechos registrales seguirá siendo gratuita y que se mantendrán todos los empleos, pero los trabajadores del Registro Civil no se fían y temen una reforma inminente.

Los sindicatos convocantes de la protesta denunciaron ayer que el acuerdo de "tapadillo" entre Justicia y el Colegio de Registradores (profesión a la que pertenece Mariano Rajoy) "pone en peligro" más de 3.500 puestos de trabajo y supondrá el pago por un servicio hasta ahora gratuito. Asimismo criticaron que el ministro "no se haya dignado a dar explicaciones" y le exigieron que les reciba con urgencia.

LA POLVAREDA Los antecedentes del posible traspaso de estas oficinas a un colectivo de empleados públicos pero que cobra arancel por sus anotaciones se remontan, no obstante, a hace más de un año. Justicia elaboró un borrador con los pormenores de cesión que levantó una polvareda. Jueces, notarios, consumidores y secretarios judiciales se levantaron en pie de guerra ante el temor de que traspaso conlleve la privatización del servicio.

Los trabajadores de Justicia se concentran contra la "privatización" del Registro Civil

Trabajadores de la Administración de Justicia de Navarra se han concentrado hoy en los registros civiles de Pamplona y Tudela en protesta por la posible privatización de esos servicios.

PAMPLONA. Las movilizaciones han estado convocadas por los representantes de los trabajadores (de CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB, y UGT), según informan en un comunicado en el que exigen que no se lleve a cabo la privatización.

En su opinión, todo apunta a que la decisión que adopte el Consejo de Ministros sobre el futuro del Registro Civil será la de "dejarlo en manos privadas, lo que supondrá, entre otros, un coste económico, hasta ahora inexistente, para los usuarios, además de dejar bajo la custodia de intereses privados los datos de toda la ciudadanía a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta la defunción.

Los trabajadores consideran que existe una "burda maniobra manipuladora" desde el Ministerio de Justicia para "intentar hacer ver las virtudes de la gestión privada, que podrá contar con muchos más medios materiales y personales de lo que se ha estado negando al servicio público".

¡ Firma contra la privatización del Registro Civil !

Recordamos que el año pasado se inició una campaña de recogida de firmas, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la ciudadanía, contra la privatización del Registro Civil, campaña que también está en la plataforma charge.org. La campaña, promovida inicialmente por CCOO, es de la plataforma sindical de las organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia. 

Se puede firmar en este blog cliqueando en la columna derecha, dentro del logo amarillo No a la privatización del Registro Civil.

Consideramos importante activar de nuevo esta campaña, sobre todo de cara a la ciudadanía, por lo que invitamos a todos a difundir la campaña a través de correos electrónicos, Facebook, Twitter y demás redes sociales.

El Colegio de Registradores no se hará cargo del 80 % de la plantilla actual de los Registros

La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad desmintió ayer las informaciones que diversas fuentes del Ministerio de Justicia lanzaron la semana pasada, según las cuales para que se traspasase la gestión del Registro Civil (RC), el Colegio debería hacerse responsable del 80 por ciento de la plantilla actual del propio Registro Civil.

Estos desmentidos se realizaron ayer en la sede colegial. El decano, Gonzalo Aguilera, reiteró que la llevanza del Registro Civil se basará en los principios de gratuidad que lo rigen en la actualidad y la plantilla del mismo será redistribuida en diversos departamentos del Ministerio de Justicia (a otros Juzgados), no pasando a los nuevos Registros Civiles.


Los sindicatos planean movilizaciones 'contundentes' contra la privatización del Registro Civil

Los sindicatos más representativos de la Administración de Justicia, CCOO, CSIF, STAJ y UGT, se han reunido este martes con representantes de la Izquierda Plural, a quienes han trasladado su decisión de seguir con las movilizaciones, "sin descartas las más contundentes", en contra de los planes del Ministerio para "privatizar los registros civiles", que ha suscitado reacciones contrarias en distintos ámbitos.


Según CCOO, los sindicatos buscarán "alianzas" para organizar la repuesta más contundente para defender los 3.500 puestos de trabajo directos que están en riesgo.

A falta de concretar el calendario de movilizaciones, los sindicatos han acordado sumarse a partir del 20 de febrero a las concentraciones que se vienen convocando por CCOO desde hace más de un mes ante los registros civiles.

Los sindicatos tienen previsto seguir reuniéndose con el resto de grupos parlamentarios y también dirigirse a la Federación de Municipios y Provincias, y a los "cientos" de alcaldes afectados por esta privatización de los registros civiles. (EUROPA PRESS)

Movilizaciones ante los Registros Civiles para evitar su privatización

Los sindicatos del sector Justicia han convocado para hoy, jueves, la primera movilización que dará comienzo a una campaña para impedir 'in extremis' que el Ministerio de Justicia lleve al Consejo de Ministros la "privatización" del Registro Civil.

CSI-F, CCOO, UGT y STAJ han llamado a los empleados públicos a participar en las concentraciones que se celebrarán en toda España y en la movilización principal que tendrá lugar, a las 9.00 horas, en el Registro Central de Madrid ubicado en el número 66 de la calle Pradillo de Madrid.

CCOO ya venía convocando concentraciones desde hace más de un mes ante los registros civiles. La carta enviada hace una semana por el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, asegurando que el Gobierno ha decidido asignarles este servicio propulsó la celebración de una reunión urgente entre los sindicatos para diseñar una estrategia a seguir.

CC.OO exige que el Registro Civil sea público con personal de Justicia

Convocan una concentración en el Palacio de los Condes de Gómara de Soria este jueves a las 12.00 horas, contra lo que consideran como ‘privatización inminente’ de este servicio de los Registros Civiles.

Comisiones Obreras en Soria ha convocado para este jueves día 20 de febrero a partir de las doce del mediodía una concentración para manifestar su repulsa ante lo que consideran como “privatización de los Registros Civiles” impulsada desde el Ministerio de Justicia.

En su denuncia por la Ley 20/2011, de 21 de Julio, del Registro Civil (BOE 22.7.11) elaborado por el Ministerio de Justicia y por el cual “se atribuye a los registradores de la Propiedad y Mercantiles la llevanza de los registros civiles de toda España, junto con los registros de la propiedad, mercantiles y bienes muebles que ya tienen atribuidos, el Registro de contratos de seguros con cobertura en caso de fallecimiento, el de fundaciones de ámbito estatal y el de actos de última voluntad, no busca mejorar el servicio público del Registro Civil, sino únicamente consolidar la posición de un pequeño colectivo, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles”. Un colectivo en el que han observado la pertenencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy “su familia y el director general de los Registros y del Notariado, asegurándoles su negocio en tiempos de crisis y convirtiéndoles en el Gran Hermano Registral al que habrá que pagar por cualquier servicio”.

CCOO se reúne con el BNG, que presentará iniciativas contra la pretensión del Gobierno de privatizar el Registro civil

Tras la primera reunión con el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, celebrada el 18 de febrero, en el día de ayer tuvo lugar la segunda reunión de CCOO con los grupos parlamentarios para lograr el máximo consenso parlamentario contra la privatización del Registro Civil, en esta ocasión con el BNG del Grupo Mixto.

En la reunión, CCOO solicitó a la diputada Olaia Fenández del BNG que se oponga al intento del ministro Gallardón de pretender privatizar los registros civiles. 

El BNG mostró a los representantes de CCOO las iniciativas que presentó en diciembre de 2012 y enero de 2013 en el Congreso cuando se conoció el texto del proyecto de reforma integral de los registros que ya pretendía el gobierno. En esas iniciativas el BNG exigió a Gallardón “la retirada de un proyecto de ley pues contenía tasas para los ciudadanos en un servicio hasta el momento público, universal y gratuito, y el mantenimiento de la actual estructura administrativa del Registro Civil evitando su adscripción a cualquier tipo de gestión privada”.

El Registro Civil de pago supondrá unos 100 euros por cada trámite administrativo

Los registradores de la propiedad se harán cargo de la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones, o solicitar certificados, lo que conllevará un coste. Junto a los hechos relativos a la identidad, al estado civil y otras que hasta ahora se inscribían, también entrarán en el nuevo Registro otras informaciones. Entre ellas destaca la inscripción del domicilio de las personas, los seguros de vida y accidentes, planes de pensiones y seguros de deceso suscritos.

La Justicia continúa en el ojo de la polémica. A la Ley de Tasas y la reforma de la Ley del Aborto se une ahora la reforma del Registro Civil para terminar con el carácter gratuito de numerosos servicios por los que ahora no hay que pagar, en concreto por la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones, o solicitar certificados, lo que conllevará un coste de al menos 100 euros por cada trámite administrativo.

España: Estado registral, por Pilar Blanco-Morales Limón

Pilar Blanco-Morales Limón fue la Directora General de los Registros y del Notariado entre 2004 y 2009. Publicó en el periódico El Pais de 9 de enero de 2013 un artículo titulado "España: Estado registral", del que adjuntamos su enlace así como un extracto del mismo. 

" La privatización del Registro Civil contenida en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros es solo la punta del iceberg de un propósito de mayor calado. La génesis y el contenido del anteproyecto revelan una ambición inaudita de controlar la vida de los ciudadanos.

Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, parejas, testamentos, domicilio a efecto de notificaciones, seguros de vida y quién sea beneficiario del mismo, si somos socios de una asociación o somos fundadores o patronos de una fundación… En fin, todos los datos de nuestra vida, los más íntimos, vinculados al ejercicio de derechos fundamentales y de derechos constitucionales, quedarán en manos de un cuerpo de funcionarios que, además, se cuida de evitar cualquier control público. ¿Su responsabilidad? Solo ante la Historia..

El CNSJ le reitera al Gobierno la disposición de los Secretarios Judiciales a asumir el Registro civil

Los secretarios judiciales, ha reiterado Rafael Lara, Presidente del Consejo Nacional de Secretarios Judiciales (CSNJ), al Ministerio que están en disposición de asumir la dirección de un Registro Civil de calidad que podrá asegurar la gratuidad de este servicio público esencial (dispone de datos sensibles que deben ser objeto de especial protección y se tramitan expedientes que deben tener las máximas garantías en su tramitación y resolución, en las que además deben considerarse aspectos prácticos que solo los secretarios judiciales pueden desempeñar con éxito y transparencia) sin necesidad de incrementar su coste en los Presupuestos Generales del Estado (que ya han soportado el coste de su digitalización) ni gravar al ciudadano con más tasas ni abono de aranceles.

Para el CNSJ esta opción, la única viable desde los principios de gratuidad, seguridad jurídica y transparencia, garantiza el 100% de los puestos de trabajo. Entregar el Registro Civil a los Registradores supondrá la reubicación de muchos funcionarios públicos y, tal vez, la amortización de una parte de ellos.

El CNSJ reitera que es difícil entender este golpe de timón en el tratamiento del Registro Civil como servicio público cuando el propio PP, estando en la oposición, votó favorablemente la nueva Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil cuya entrada en vigor está próxima.

Llamazares advierte de la posibilidad de tráfico de influencias en el "regalo" a los Registradores de la Propiedad

El jurista Fernando de Silva alertó en ELPLURAL.COM de que mientras el Gobierno pone el foco en la reforma del aborto está llevando a cabo por la puerta de atrás una jugada de gran calado: una reforma del Registro Civil que pondrá éste en manos de los registradores de propiedad y por el que se pagará por trámites hasta ahora gratuitos. “Rajoy se prepara un retiro lucrativo y Gallardón está rodeado en su familia de registradores”, alertaba De Silva. 

Llamazares interroga al Gobierno sobre la jugada
La alarmante reforma ha llegado al Congreso a través del portavoz parlamentario de Justicia de IU, Gaspar Llamazares, quien ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que explique sus maniobras para dejar la gestión del Registro Civil en manos del Colegio de Registradores de la Propiedad, con el consiguiente traspaso de funciones.