El Gobierno va a obligar a partir de ahora a los inmigrantes que quieran nacionalizarse a aprobar una prueba de idioma y cultura. El Ministerio de Justicia ha encomendado la realización del examen al Instituto Cervantes, que cobrará 35 euros a los interesados, según reveló ayer el responsable de Justicia de UGT en Alicante, Juan Pedro Pelegrín. El Ejecutivo va a elaborar un manual que deberán estudiar los aspirantes sobre el que se evaluará su grado de integración y conocimiento de la cultura española. Los únicos que no van a tener que hacer el examen son los inmigrantes nacidos en países de habla castellana y los menores escolarizados en España. UGT advirtió de que el examen es el primer ejemplo de la privatización del Registro Civil. La reforma que ha aprobado el Gobierno con el rechazo de jueces y funcionarios prevé que el Registro Civil dependa totalmente de los registradores de la propiedad desde 2017.
Hasta ahora los encargados de visar las peticiones de nacionalidad de los inmigrantes eran los jueces del Registro Civil. El Código Civil concede cierto grado de discrecionalidad a los magistrados, que toman su decisión tras comprobar que han demostrado una buena actitud cívica, que están integrados y que saben hablar castellano. Cada año piden la nacionalidad española 130.000 personas.
El Ministerio de Justicia ha insistido en los últimos meses en que los cambios en el Registro Civil no implicarán que los ciudadanos tengan que pagar por unos trámites que ahora son gratuitos. Sin embargo, UGT mantiene que la «gratuidad es un espejismo y el ejemplo son los expedientes de nacionalidad y la prueba de idioma que tiene un coste de 35 euros». Justicia justifica que la prueba la haga el Instituto Cervantes en que «hace años que realiza pruebas de español como lengua extranjera». El Ministerio asegura que va a adaptar la prueba a personas con discapacidad y a las que tienen las capacidades de lectura y escritura limitadas.
El Gobierno aprobó la reforma del Registro Civil en julio. Los trabajadores de los juzgados llevan dos años denunciando que el cambio perjudicará a todos los ciudadanos porque tendrán que pagar por un servicio que ahora es gratuito. Santiago Alegre, responsable de Justicia en UGT en Valencia, incidió ayer en que el Gobierno lleva desde el principio de la legislatura maniobrando para justificar la privatización. «El Ministerio de Justicia se escuda en que los juzgados están saturados y van con retraso, pero es falso. Los juzgados de Valencia tienen el Registro Civil al día», sentenció Alegre.
Traspaso de competencias
Los registradores de la propiedad tienen hasta julio de 2015 para habilitar una plataforma electrónica con la que poder hacer desde ese momento las inscripciones. Las funciones que ahora realizan los juzgados del Registro Civil pasarán a depender totalmente de los registradores de la propiedad el 1 de enero de 2017. «Los registradores van a tener que hacer una inversión muy grande para asumir las funciones del Registro Civil. Queremos que el Ministerio de Justicia nos explique cómo se va a hacer porque los registradores no van a trabajar gratis», apuntó Santiago Alegre.
El sindicato lamenta que los ciudadanos que vivan en poblaciones de menos de 7.000 habitantes ya no podrán resolver los trámites en su juzgado de Paz. «Los Registros Mercantiles solo existen en las capitales de provincia. Donde no hay Registro lo llevarán los notarios y los juzgados de Paz de localidades de más de 7.000 habitantes. En las poblaciones menores no habrá servicio», advirtió Juan Pedro Pelegrín.
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