Los trabajadores de los Juzgados de León se han concentrado este jueves para mostrar el rechazo al anuncio del ministro de Justicia de privatizar el Registro Civil y encargar la gestión futura a los registradores mercantiles, decisión adoptada “unilateralmente” por este Ministerio.
Por ello, han exigido la “retirada inmediata” de esa decisión y la convocatoria de una mesa de negociación para definir las bases de un Registro Civil público, gestionado por funcionarios de Justicia.
Con la anunciada privatización del Registro Civil, los registradores mercantiles pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles y su labor quedará bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, según lo manifestado recientemente por el ministro de Justicia. La ley de 2011 iba a entrar en vigor el próximo 22 de julio, pero el Gobierno va a prorrogarla en los próximos días, tras acordar estas modificaciones.
Para CSIF, la decisión que adopta el Ministerio de Justicia es un “despropósito” y “duda mucho” de la gratuidad futura de las actuaciones ante el Registro Civil, porque “finalmente serán los ciudadanos quienes paguen por el servicio”. “Tampoco nos ofrece credibilidad la afirmación de que se conservarán los puestos de trabajo en la Administración de Justicia”.
El sindicato considera que no hace falta privatizar el Registro Civil para hacerlo más eficaz, sino “voluntad política y apuesta decidida por lo público y, sobre todo, por aprovechar la formación, experiencia y potencial de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil”.
“No impulsar dicha alternativa pública, invirtiendo en mejorar los actuales medios personales y materiales para continuar con la modernización de este servicio, que debería seguir siendo público, gratuito y universal, para todos los ciudadanos, pone en evidencia los intereses ajenos al bien público que hay detrás de la decisión del Ministerio de entregar el Registro Civil a los registradores mercantiles”.
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