Los responsables del Ministerio de Justicia, intentando justificar cómo van a ser capaces de que los Registros Mercantiles de gestionar con sus medios actuales, sin que les suponga coste adicional alguno, el Registro Civil, respecto del que hay en la actualidad tantas oficinas como partidos judiciales y una plantilla estimada de unas 3000 personas, han manifestado que ello sería posible con base a dos premisas:
1ª. Un registro civil informatizado permitiría reducir las certificaciones en un 85 %.
2º. Las inscripciones de nacimiento y defunción, que son las más numerosas, se practicarían desde los hospitales.
A ello hay que añadir que el Ministerio de Justicia tiene intención de trocear el servicio público del Registro Civil, de forma que la tramitación de los principales expedientes (matrimonios y nacionalidad, entre otros) queden fuera de su ámbito y sean competencia de los Notarios, que cobrarían su correspondiente arancel además de la tasa por el uso de la plataforma para la tramitación electrónica de la adquisición de la nacionalidad que ya ha anunciado Gallardón. Por tanto trámites que hoy son gratuitos serían ahora de pago, pero quedarían formalmente fuera del Registro Civil, que sólo se haría cargo de la práctica de las inscripciones y de la expedición de certificados.
El Ministerio de Justicia distingue entre inscripciones digitalizadas, que son las copias escaneadas de las inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción practicadas entre 1950 y la informatización del Registro (empezó a finales de los años 90), e inscripciones informatizadas, que son las practicadas directamente a través del programa Inforeg, que abarcan en general los últimos 15 años y afectan a todos los Registros Civiles principales y a los Juzgados de Paz de algunas Comunidades Autónomas (Cataluña, Cantabria, etc). El Ministerio dice que el 50 % de los Registros Civiles no están digitalizados, y que ésta, la digitalización, no basta para tratar los datos y conseguir la interoperabilidad entre las Administraciones, sino que es preciso la informatización de las inscripciones.
Si el coste de la digitalización o escaneo de las inscripciones es tal que sólo se ha acometido hasta la fecha según el Ministerio de Justicia en un 50 % de los Registros Civiles, el coste de la informatización, que supone meter "a mano" en un programa todos los datos de una inscripción o al menos los principales, es mucho mayor. La digitalización viene acompañada, para su indexación, de la introducción de nombre y apellidos de la persona, fecha y lugar del hecho (nacimiento, matrimonio y defunción). La informatización supone además introducir otros datos (todas las menciones de identidad de la persona), así como los datos de las inscripciones marginales. Y su coste es elevado, muy elevado. Si el Ministerio de Justicia no ha podido informatizar al 100 % el Registro Civil por su elevado coste, ¿cómo van a poder hacerlo los Registradores Mercantiles por sus propios medios? Nadie se lo cree, y desde luego no se podría hacer en un periodo breve de tiempo.
La segunda justificación del Ministerio de Justicia para decir que el nuevo Registro Civil precisará de menos personal es que las inscripciones de nacimiento y defunción se practicarán "desde los hospitales". Quien dice eso desconoce la realidad registral: por mucho que desde los hospitales se comuniquen los datos de forma electrónica a los Registros Civiles, y aun cuando se cree una plataforma que traslade los datos de los cuestionarios de nacimiento y defunción directamente a la base de datos de Registro Civil, estas inscripciones habrá que calificarlas previamente y comprobar los datos de los padres o del difunto con los que obren en los Registros Civiles; habrá que calificar si el nombre y apellidos son correctos, si está determinada o no la filiación, cuál es la nacionalidad del nacido, etc. Sin duda alguna se agilizará el trámite, pero no lo suprimirá.
Además son numerosos los fallecimientos que suceden fuera de los hospitales, que habrá que seguir registrando como hasta ahora.
No repara tampoco el Ministerio de Justicia en que las inscripciones de matrimonio y tutelas habría que seguir practicando como hasta ahora, y que habría que calificar y practicar las mismas inscripciones marginales que en la actualidad, incluidas las relativas a las adquisición de nacionalidad española
Por lo tanto, este mundo ideal del nuevo Registro Civil que asumirían los Registradores Mercantiles les supondría un elevadísimo coste de informatizar las inscripciones de toda España anteriores al año 2000, y tendrían que ampliar sus actuales plantillas y locales pues serían absolutamente insuficientes para prestar dignamente el servicio público del Registro civil. Y todo ello, o se financia estableciendo aranceles a las actuaciones del Registro Civil o se financia por aportación directa del Estado. Porque que todo lo financien los actuales Registradores Mercantiles, con cargo al margen que les deja el Registro Mercantil, o es una falacia, o dichos márgenes son multimillonarios.
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