El subsecretario del Ministerio de Justicia , Juan Bravo, defiende que sean los registradores quienes se hagan cargo del registro civil, tal y como anunció el ministro Alberto Ruiz-Gallardón el pasado miércoles. Fuentes del ministerio han reconocido a la Cadena SER que será el cuerpo de registradores el que asuma el coste añadido a este nuevo modelo de gestión, reconocen que es un sacrificio que deberá hacer el colectivo y concluyen: la "línea roja" marcada por el propio Ruiz-Gallardón ha sido que el registro civil siga siendo gratis para los ciudadanos.
El pasado miércoles en las Cortes el titular de la cartera de Justicia anunció que serán los registradores de lo mercantil y la propiedad quienes se hagan cargo de gestionar el registro civil, y no el personal de los juzgados, como sucede hasta el momento. Una medida que desató las críticas del Colegio de Registradores, por entender que serán ellos los que asuman los gastos del nuevo modelo.
Desde Justicia reconocen que serán los registradores los que se hagan cargo de estos gastos, pero consideran que deben ser estos profesionales quienes lo hagan, y no los ciudadanos, por entender que el margen de beneficios que obtiene el colectivo lo convierte en un gasto asumible. "La línea roja del Ministro ha sido desde el principio que el registro civil siga siendo gratis para los ciudadanos", reconoce un alto cargo del ministerio, quien además destaca el nuevo modelo de gestión del registro, articulado en torno a la accesibilidad informativa, no tendría que suponer un coste excesivo.
Estas mismas fuentes niegan, tal y como han asegurado voces críticas en los últimos meses, que se trate de una privatización del registro civil: "No podemos llamarlo privatización si va a seguir siendo gratis para la gente", aseguran. De la misma manera, destacan lo que definen como la necesidad de la reforma: "No había alternativa, el registro civil es el servicio de la administración de justicia peor valorado por los ciudadanos. La imagen que genera es la de colas eternas y montañas de papeles. Había que hacer algo". (El Ministerio sigue sin asumir que la culpa del mal funcionamiento de algunos Registros Civiles es culpa directamente del propio Ministerio, y habla como si no tuviese nada que ver en dicha mala valoración)
Desde Justicia también afirman que esta medida se ha anunciado después de nueve meses de conversaciones entre el ministerio y el Colegio de Registradores, y niegan que esta medida choque con el derecho comunitario.
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