El subsecretario de Justicia garantizó ayer en el Congreso de los Diputados el compromiso del Gobierno de mantener el servicio público gratuito de los registros civiles, que seguirán siendo llevados por funcionarios públicos y que sus trabajadores actuales no serán despedidos, informa la Agencia Efe.
Explicó que el Gobierno aún no ha decidido a qué colectivo encomendará la gestión de los registros civiles, pero ratificó que los trabajadores seguirán siendo funcionarios públicos.
Sí reiteró que los registros dejarán de depender de la Administración de Justicia, pero esto no supondrá despidos de sus empleados, incluidos los interinos -respecto a los que no habría obligación legal para ello-. Estos trabajadores, añadió, serán reasignados a otros destinos de la Administración de Justicia y se intentará que sean en la misma localidad.
Además, recordó que en la “desjudicialización” de los registros civiles estuvieron de acuerdo en su día tanto el PP como el PSOE. De esta forma, insistió en que los más de tres mil funcionarios que llevan los registros civiles “no se quedarán en la calle, sea cual sea el modelo por el que se opte”.
Precisamente la Comisión de Justicia del Congreso rechazó sendas proposiciones del PSOE y de Izquierda Plural contra la privatización del Registro Civil.
La diputada socialista Laura Carmen Seara comentó que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “está obsesionado con la privatización de todo lo que suene a público” y teme que el Gobierno esté intentando convencer a los registradores de la propiedad para que asuman los registros civiles.
En este sentido, advirtió que si la Ley del Registro Civil que debe entrar en vigor en julio sigue “esta hoja de ruta” del Gobierno “los ciudadanos tendrán que pagar para inscribir desde nacimientos a fallecimientos”. Recordó que los registros civiles siempre han sido públicos y gratuitos y controlan todos los datos más íntimos de la vida de las personas.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, denunció que el Gobierno ha adjudicado a El Corte Inglés el inventario de las oficinas del Registro Civil y teme que tenga la intención de externalizar este servicio.
Añadió que el Ejecutivo no sabe a quién encargar su gestión una vez que parece “frustrada” su intención inicial de adjudicarla a los registradores de la propiedad.
La diputada del PP -que rechazó las proposiciones- Beatriz Marta Escudero indicó que el Ministerio de Justicia está celebrando reuniones con colectivos como los secretarios judiciales y los registradores para ver la solución más adecuada y aclaró que estos últimos son funcionarios por mandato de la ley hipotecaria.
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