El Registro Civil, juguete y moneda de cambio de su lobby que nada tiene que ver con su consideración de servicio público. Parte IV (final)

El Ministerio de Justicia, tras el anuncio del 11 de marzo de que los Registradores de la Propiedad no iban a asumir el Registro Civil, no suelta prenda respecto al futuro del Registro. El Ministro de Justicia afirma en el día posterior a la ruptura de las negociaciones que su intención sigue siendo la de quitar la gestión de ese Registro a los jueces para delegarla en otros "funcionarios públicos", aunque "no de un único cuerpo" sino de varios distintos, "en función de la división territorial de España".

Pasa el tiempo, crece la incertidumbre en el colectivo, se desvela que un grupo significativo de Registradores Mercantiles manifiestan al Ministerio de Justicia su disposición de asumir la llevanza de los Registros Civiles sin las contrapartidas exigidas por el Colegio al que pertenecen, los sindicatos de funcionarios y asociaciones de Secretarios Judiciales insisten en que el personal de la Administración de Justicia es el idóneo para seguir con la llevanza del Registro Civil, y el Ministerio de Justicia no hace más que decir que “la decisión todavía no está tomada”. Es decir, dicen lo mismo que en el mes de enero, cuando con su aquiescencia altos representantes del Colegio de Registradores y de Notarios negociaban el reparto del Registro civil, para ellos un negocio.

Para intentar entender qué está pasando, ante el silencio impuesto desde el Ministerio de Justicia para que nada turbe sus oscuras negociaciones, hay que acudir a los foros de trabajadores de Registros de la Propiedad y Mercantiles y a las páginas web de éstos, de los que se entresacan diversos párrafos para intentar dar una explicación lógica, si la hay, a todo lo que está sucediendo.

La clave de por qué Rajoy, Saez de Santamaría, el Ministerio de Justicia, el Director General de los Registros y del Notariado, y el resto del lobby “rajoyista” quieren que el Registro Civil sea asumido por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles estriba, al parecer de estos foros, en la necesaria revisión de todo el sistema registral español, de alguna forma demandado por la Unión Europea,  siendo objetivo del Gobierno crear una especie de Agencia Estatal de Registros, que incluye la implantación del registro electrónico con un sistema informático único para todos los registros y la consiguiente revisión de la demarcación y competencias de los registros de la propiedad y mercantiles que incluiría a los Registros Civiles.

La revisión del Plan de demarcación de los Registros de la Propiedad y Mercantiles fue una de las contrapartidas ofrecidas por Justicia al Colegio de Registradores en el caso de llegar a un acuerdo y que, finalmente, sea el colectivo quien se haga cargo de la gestión del Registro Civil. Existen dos auténticas razones para la demarcación, arreglar la chapuza que los propios registradores propiciaron en 2007 ampliando el número de Registros sin que haya en la actualidad volumen suficiente de trabajo para mantener tantos Registros de la Propiedad, y preparar y redistribuir las oficinas para asumir el registro electrónico, la gratuidad de determinados aranceles, y la asunción del Registro Civil. Sobre la propuesta de Registro electrónico del Ministerio de Justicia, rechazada en la Asamblea General de Colegio en abril pasado, señalaba en su carta del mes de febrero el decano de los Registradores, tras anunciar la atribución del Registro civil a su colectivo, que será diseñado, desarrollado y gestionado íntegramente por el Colegio "de acuerdo con las pautas de seguridad proporcionadas por la DGRN y acordadas con el Colegio".

La reforma supuestamente sería beneficiosa para la ciudadanía, pues las inscripciones y certificaciones serían gratis (ya lo son en la actualidad, así como los expedientes registrales por los cuales habrá que empezar a pagar), garantizaría el acceso electrónico a todos los registros por parte de los particulares y las administraciones (ahora también podría ser accesible, con el programa Inforeg, si hubiese la mínima voluntad del Ministerio de Justicia), y al mismo tiempo convertiría a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en imprescindibles, conservarían un grado de autonomía respecto del ejecutivo que les haría todopoderosos y  consolidarían su posición en el tráfico jurídico, y por tanto sus propios beneficios, por más que se supriman algunos aranceles y la práctica de inscripciones y certificaciones del Registro Civil puedan seguir siendo gratuitas.  

Uno de los foros pone de esta forma de manifiesto que la asunción del Registro Civil se ha metido por el Ministerio de Justicia en el mismo “paquete” que la reforma de la demarcación de los Registros de la Propiedad: La modificación del sistema de llevanza de registros que posibilita la ley de emprendedores que fija que las agrupaciones de registradores en división personal no es sólo para posteriores divisiones, se enmarcó en una ley lanzadera que conlleva el registro electrónico con programa único, y la gratuidad para las administraciones públicas. No se producirá su definición hasta que no se configure el registro civil, y será en función de éste. Digan lo que digan, ese registro civil va a tener como encargados a registradores de la propiedad y mercantiles, y en función de quiénes y de qué manera vayan se reorganizará y definirá la demarcación registral. Las actuales oficinas no son funcionales en el registro electrónico y con internet, sencillamente se tiende a adelgazar la administración, abaratando costes, y este trabajo no va a ser una excepción.

En marzo, justo antes del anuncio de la ruptura de negociaciones entre el Ministerio y los Registradores de la Propiedad, una representación de la Federación de Servicios Administrativos y Financieros de CCOO mantienen una reunión con el Director y Subdirector General de los Registros y del Notariado. Según manifiesta esta representación “ los responsables de la Dirección General nos transmitieron que el procedimiento de revisión de la demarcación sigue vivo (habiendo concluido la fase previa de recepción de informes), y que, en principio y de manera indisoluble, forma parte de un proyecto más amplio en el que se tiene previsto traspasar las competencias de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles; siendo opinión de esa Dirección General, que si bien es cierto que la agrupación de registros podría dar lugar a duplicidades en determinados puestos de trabajo, también lo es que la asunción de las funciones de los Registros Civiles supondría una carga de trabajo adicional para el sector, que debería neutralizar cualquier riesgo para el empleo. Según se nos explicó, el objetivo del proyecto elaborado por la Dirección  General de los Registros y del Notariado consistiría en la mejora sustancial del servicio que actualmente se presta a la ciudadanía, manteniendo, según así se nos recalcó reiteradamente, el carácter público y gratuito de los Registros Civiles” .

El Ministerio de Justicia tiene claro que va a utilizar sus facultades para hacer una nueva demarcación de los registros de la propiedad y mercantiles, asignar la función del registro civil e implantar definitivamente un registro electrónico, conforme el plan del lobby rajoyista. La ruptura de las negociaciones con la Junta del Colegio de Registradores supuso un contratiempo que no nubla la firme  decisión de Rajoy y sus compinches de seguir adelante con el plan.

Y en esto surge un colectivo desconocido para quienes somos ajenos al mundillo de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, que son los propios Registradores Mercantiles. Mientras toda la atención y crítica al proyecto del Gobierno se había centrado en la asunción del Registro Civil por parte de los Registradores de la Propiedad, principalmente por ser el colectivo al que pertenece el Sr. Presidente del Gobierno, y ante la ruptura de negociaciones entre el Ministerio de Justicia y la Junta del Colegio de Registradores sobre la asunción del Registro Civil, un grupo representativo de registradores mercantiles muestran inmediatamente después de dicha ruptura el deseo de su  colectivo de que se acepte la gestión del Registro Civil. Es decir, el Registro Civil ya no se asumiría por los Registradores de la Propiedad, sino por los Registradores Mercantiles, manteniendo separado el registro civil y mercantil.

El Ministerio de Justicia decide centrar su negociación con este grupo, pese a que carecen de legitimidad para negociar en nombre de su colectivo y puede suponer la ruptura del Colegio de Registradores.

Uno de los foros, a finales de abril, pone de manifiesto la división entre los Registradores de la Propiedad y los Mercantiles, y destaca que el Ministerio de Justicia sobreprotege a estos últimos, posiblemente debido a que el Director General de los Registros y del Notariado es uno de los dos Registradores Mercantiles de Zaragoza. Se dice en el foro lo siguiente:

Los registros de la propiedad han estado atacados en los últimos tiempos hasta el punto de casi ahogarlos. Demarcaciones excesivas y radicalmente discriminatorias respecto a los Registros Mercantiles pluripersonales, gratuidades, reducciones de honorarios impuestas en instrucciones de la DG de dudoso valor jurídico, pérdida de los recursos de honorarios, frente a los registros mercantiles que han abusado de la sobreprotección brindada desde la DG, como la abusiva demarcación del 2007, el estatuto del emprendedor, el código Lei, los sobre-ingresos por depósitos y legalizaciones, los recursos de honorarios que, a diferencia de los de la propiedad, se ganan sistemáticamente. Ante esta realidad hay que afirmar que este cuerpo siempre se caracterizó por un fuerte espíritu de solidaridad en el que no tenía cabida la actitud exageradamente codiciosa que últimamente han manifestado algunos titulares de registros mercantiles pluripersonales.

He de insistir que ninguna persona vinculada a los registros mercantiles de las grandes capitales debería participar en la demarcación, para evitar abusos como los que se produjeron en el primer borrador del anteproyecto y que una verdadera reforma demarcatoria debería tender a igualar los registros de bajos ingresos con los de ingresos desproporcionadamente altos, que deberían ser sometidos a un duro tratamiento demarcatorio.

Si ese equilibrio no se consigue, la llevanza del Registro Civil sería soportada de forma desigual por los registros menos favorecidos que soportarían la misma carga que los registros más boyantes. Los registros de la propiedad y mercantil único de las pequeñas capitales de provincia quedarían, en general, ahogados, en tanto que a los mercantiles pluripersonales, la llevanza del Registro Civil apenas haría mella en su alto nivel de ingresos. Por último, no hay que perder de vista que el objetivo final del grupo dirigente es llegar a una Agencia Estatal de seguridad preventiva y todos los pasos de las agrupaciones personales van en esa dirección.

No todos los Registradores Mercantiles quieren asumir el Registro civil. Hay una guerra interna total entre los Registros Mercantiles. Por una parte, los de las grandes capitales (Madrid, Barcelona, Zaragoza, etc) regidos por varios registradores, frente a los registros mercantiles pequeños unipersonales. Los registradores mercantiles de provincias de poca población entienden que si finalmente les asignan el Registro Civil, los hunden.

Por tanto todo depende de la cuadratura del círculo registral que tan claro tienen los amigos de Rajoy, y que son los que gobiernan en la Dirección General de Registros y del Notariado. Mientras el Ministerio de Justicia sigue negando por activa y por pasiva que tenga ya tomada una decisión sobre si asigna la llevanza del Registro Civil a los Secretarios Judiciales ( y por ende, al personal de la Administración de Justicia) o a los Registradores Mercantiles, el proyecto de demarcación de los Registros de la Propiedad y Mercantiles elaborado por el Ministerio de Justicia, que contiene la agrupación de muchos de dichos Registros, ya está en la mesa de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles desde finales del mes de mayo.  De este proyecto, que todavía no se ha hecho público, resulta si se insiste en atribuir la llevanza del Registro civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Por tanto, el Ministerio de Justicia ya no podrá negar la realidad de sus proyectos ni seguir engañando a la opinión pública sobre a quién atribuye el Registro civil.

Al final de todo este culebrón queda claro que por mucho que diga el Gobierno, con Rajoy, Saenz de Santamaría y Gallardón a su cabeza, en la atribución del Registro Civil NO prima el interés por el mantenimiento de un servicio público de calidad y gratuito, sino que en su más que posible atribución a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles o a estos últimos en solitario priman intereses corporativos que nada tienen que ver con el servicio público. Desgraciadamente para todos los ciudadanos el Registro Civil ha caído en el punto de mira del todopoderoso colectivo de un grupo significativo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con presencia en el Ministerio de Justicia, que lo han convertido en juguete y moneda de cambio de su lobby que nada tiene que ver con su consideración del servicio público que debería ser.