Cuando se modifican las leyes, o la asignación de competencias en una determinada materia, es lógico pensar que se haga porque algo funciona mal y la sociedad lo reclama; aunque también cabe suponer que se lleve a cabo por motivos ideológicos, en cuyo caso los ciudadanos que les votaron deben saber que decidieron en las urnas que así fuese, y no caben protestas posteriores. Pero cuando se hace para hacer un regalo a sus amigos y allegados, convirtiendo un servicio público en un negocio privado rentable, los ciudadanos tenemos derecho a pensar que algo poco decente se está llevando a cabo.
Parece confirmarse que serán los registradores mercantiles, y no los de la propiedad, quienes se encarguen de gestionar el Registro Civil. Lo que supone poner en manos privadas un servicio público, después de haber sido informatizado con dinero público para darle modernidad y eficacia, y que hasta ahora venía siendo gestionado por funcionarios con alta experiencia para gestionarlo.
Lo llamativo es que ahora Gallardón nos vende la decisión ya adoptada como la solución para dar mayor eficacia en su funcionamiento, y nos asegura que las inscripciones y las certificaciones seguirán siendo gratis. ¿Dónde está entonces el negocio?, porque nadie podrá pensar que los registradores mercantiles van a aceptar gratuitamente su gestión sin recibir pingües beneficios a cambio, poniendo incluso dinero de su bolsillo para financiar una plataforma digital que se dice financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y los ciudadanos. Ésta es la pregunta que todos nos hacemos y que exige una inmediata respuesta.
Lo que sí será evidente, y dramático, e injusto, es que miles de trabajadores, que hasta ahora venían realizando su actividad laboral en los cientos de Registros Civiles repartidos por toda España, perderán su puesto de trabajo; y de eso tampoco se dice nada. Porque siendo cierto que muchos de los 3.500 trabajadores que desarrollaban tal menester son funcionarios, por lo que tendrán que ser recolocados en otras funciones, no es menos cierto que los que tenían la condición de interinos pasarán a engrosar las cifras del paro; y lo mismo ocurrirá con los interinos que deban dejar su puesto de trabajo a los reubicados.
Pero lo realmente indignante es que, como ocurre habitualmente en el Ministerio de Justicia, todo se ha hecho con nocturnidad y escaso relieve mediático, convirtiendo en noticia secundaria lo que debería de suponer todo un escándalo, por su negativa repercusión económica y social. Ya que la decisión ya parece estar adoptada y la mayoría absoluta la respaldará, al menos los ciudadanos queremos saber cual es la compensación económica que recibirán los registradores mercantiles y cuántos miles de puestos de trabajo se perderán con la entrada en vigor de tal cesión. ¿Es mucho pedir?
Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA
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