La informatización del Registro Civil como presupuesto de la privatización del mismo: las cifras no cuadran

Los responsables del Ministerio de Justicia, intentando justificar cómo van a ser capaces de que los Registros Mercantiles de gestionar con sus medios actuales, sin que les suponga coste adicional alguno, el Registro Civil, respecto del que hay en la actualidad tantas oficinas como partidos judiciales y una plantilla estimada de unas 3000 personas, han manifestado que ello sería posible con base a dos premisas:

1ª. Un registro civil informatizado permitiría reducir las certificaciones en un 85 %.

2º. Las inscripciones de nacimiento y defunción, que son las más numerosas, se practicarían desde los hospitales. 

A ello hay que añadir que el Ministerio de Justicia tiene intención de trocear el servicio público del Registro Civil, de forma que la tramitación de los principales expedientes (matrimonios y nacionalidad, entre otros) queden fuera de su ámbito y sean competencia de los Notarios, que cobrarían su correspondiente arancel además de la tasa por el uso de la plataforma para la tramitación electrónica de la adquisición de la nacionalidad que ya ha anunciado Gallardón. Por tanto trámites que hoy son gratuitos serían ahora de pago, pero quedarían formalmente fuera del Registro Civil, que sólo se haría cargo de la práctica de las inscripciones y de la expedición de certificados. 

Pero no cuadra...

Huelga en Justicia si se privatizan los registros civiles

Ante el anuncio del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, de dar un nuevo paso en la privatización de la Administración de Justicia, entregando la gestión de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles, Comisiones Obreras anuncia, como había advertido si se llevaba finalmente a cabo, que convocará huelga en la Administración de Justicia en toda España, si el ministro no retira su decisión comunicada hoy en el Senado.


Así mismo, CCOO acusa al ministro de Justicia de haber actuado y seguir actuando de forma cínica y desleal, tanto hacia los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, al no haber convocado nunca una mesa sectorial de negociación para tratar de forma seria y con objetividad sobre los Registros Civiles, como con la sociedad española, privándola de un servicio público en que millones de datos del ámbito personal pasarán a manos privadas. CCOO exige a Gallardón que retire esta decisión inaceptable, tras el anuncio que ha hecho en el día de hoy en el senado.

El ministro de Justicia quiere privatizar un servicio público en favor de los registradores para intentar reforzar una profesión que se encuentra en entredicho por la UE, y entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio ministro en el gabinete del cual es titular, y miente a la sociedad anunciando una privatización «sin coste para la sociedad, y sin pérdida de puestos de trabajo cuando la realidad es bien distinta, los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito, y más de 5.000 puestos de trabajo pueden verse suprimidos».

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales rechaza el nuevo intento de privatización del Registro Civil

La UPSJ expresa la ausencia de sorpresa ante el anuncio del Ministro de Justicia en el Senado el pasado 24 de junio de encomendar la gestión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. Nos encontramos ante la segunda tentativa de privatizar los Registros Civiles tras el fracaso de atribuir dicha función a los Registradores de la Propiedad.

Consideramos que sería beneficioso para el ciudadano, y por ello para la Administración de Justicia, que dicha declaración de intenciones tampoco prospere. Igualmente esperamos que toda esta política privatizadora que se cristaliza en los Proyectos de Jurisdicción Voluntaria, así como la anunciada externalización de las notificaciones de resoluciones procesales y la ejecución de las mismas a órganos ajenos a la Administración de Justicia, no se consume. Todo ello implicaría un perjuicio tanto económico como de servicio irreparable para el ciudadano.

No es creíble que la anunciada gratuidad del servicio que actualmente presta el Registro Civil se mantenga, pese a las declaraciones del Titular del Ministerio de Justicia. Obviamente, los Registradores Mercantiles, de un modo u otro, cobrarán por dicha función, bien a través de la introducción de algún arancel o por el incremento de los ya existentes por los trámites meramente mercantiles.

Desde UPSJ, en fechas recientes, se presentó al Ministro de Justicia un plan alternativo en virtud del cual, los Secretarios Judiciales, estando plenamente capacitados para ello (lo cual queda constatado por una experiencia de más de cien años al servicio de los Registros Civiles), reclamaban la asunción, a coste cero para el ciudadano y para la Administración, de las competencias cuya privatización ahora se anuncia. Atribuyéndoselas a un colectivo que ya ha expresado su frontal rechazo a esta posibilidad, calificándola de “imposición”.

En definitiva, este nuevo intento de privatización supone, además de un perjuicio irreparable para el ciudadano, un desprecio al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, que desde UPSJ denunciamos, anunciando desde ya que no se descartan movilizaciones si dicha propuesta llega a su fin.

El descaro de Gallardón no tiene límites: regala a los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil

Cuando se modifican las leyes, o la asignación de competencias en una determinada materia, es lógico pensar que se haga porque algo funciona mal y la sociedad lo reclama; aunque también cabe suponer que se lleve a cabo por motivos ideológicos, en cuyo caso los ciudadanos que les votaron deben saber que decidieron en las urnas que así fuese, y no caben protestas posteriores. Pero cuando se hace para hacer un regalo a sus amigos y allegados, convirtiendo un servicio público en un negocio privado rentable, los ciudadanos tenemos derecho a pensar que algo poco decente se está llevando a cabo.

Parece confirmarse que serán los registradores mercantiles, y no los de la propiedad, quienes se encarguen de gestionar el Registro Civil. Lo que supone poner en manos privadas un servicio público, después de haber sido informatizado con dinero público para darle modernidad y eficacia, y que hasta ahora venía siendo gestionado por funcionarios con alta experiencia para gestionarlo.

Lo llamativo es que ahora Gallardón nos vende la decisión ya adoptada como la solución para dar mayor eficacia en su funcionamiento, y nos asegura que las inscripciones y las certificaciones seguirán siendo gratis. ¿Dónde está entonces el negocio?, porque nadie podrá pensar que los registradores mercantiles van a aceptar gratuitamente su gestión sin recibir pingües beneficios a cambio, poniendo incluso dinero de su bolsillo para financiar una plataforma digital que se dice financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y los ciudadanos. Ésta es la pregunta que todos nos hacemos y que exige una inmediata respuesta.

Lo que sí será evidente, y dramático, e injusto, es que miles de trabajadores, que hasta ahora venían realizando su actividad laboral en los cientos de Registros Civiles repartidos por toda España, perderán su puesto de trabajo; y de eso tampoco se dice nada. Porque siendo cierto que muchos de los 3.500 trabajadores que desarrollaban tal menester son funcionarios, por lo que tendrán que ser recolocados en otras funciones, no es menos cierto que los que tenían la condición de interinos pasarán a engrosar las cifras del paro; y lo mismo ocurrirá con los interinos que deban dejar su puesto de trabajo a los reubicados.

Pero lo realmente indignante es que, como ocurre habitualmente en el Ministerio de Justicia, todo se ha hecho con nocturnidad y escaso relieve mediático, convirtiendo en noticia secundaria lo que debería de suponer todo un escándalo, por su negativa repercusión económica y social. Ya que la decisión ya parece estar adoptada y la mayoría absoluta la respaldará, al menos los ciudadanos queremos saber cual es la compensación económica que recibirán los registradores mercantiles y cuántos miles de puestos de trabajo se perderán con la entrada en vigor de tal cesión. ¿Es mucho pedir?

Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA

Registrador civil y mercantil por la gracia de Gallardón

Ayer el ministro Gallardón anunciaba la adscripción de la llevanza del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, que pasarán a denominarse Registradores Civiles y Mercantiles. Se trata de una noticia más como Notario, que como jurista, que no me he podido resistir a comentar en este blog.

Los Notarios junto con los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, estamos encargados de velar por lo que técnicamente se llama seguridad jurídica preventiva. Nuestro sistema confía en estos dos profesionales para evitar litigiosidad, en el bien entendido fin de que de esta manera se abaratan costes.

Somos funcionarios públicos, pero tenemos un especial régimen de retribución. A diferencia de lo que sucede con el resto de funcionarios, respecto de los que, tanto el personal como los medios, se sufragan contra una partida de los presupuestos de la Administración correspondiente; tanto Notarios, como Registradores, nos financiamos con cargo a un arancel que se repercute al usuario de nuestros servicios. En esta vertiente tenemos un cierto matiz empresarial, pues debemos dotar la oficina de forma eficiente, los notarios, además, en régimen de competencia, y asumiendo los riesgos de la pertinente inversión. El personal de la oficina, es también a cargo nuestro, asumimos los riesgos de la correspondiente elección.

Los empleados de Justicia piden parar la privatización de los registros civiles

Los trabajadores de los Juzgados de León se han concentrado este jueves para mostrar el rechazo al anuncio del ministro de Justicia de privatizar el Registro Civil y encargar la gestión futura a los registradores mercantiles, decisión adoptada “unilateralmente” por este Ministerio.

Por ello, han exigido la “retirada inmediata” de esa decisión y la convocatoria de una mesa de negociación para definir las bases de un Registro Civil público, gestionado por funcionarios de Justicia.

Con la anunciada privatización del Registro Civil, los registradores mercantiles pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles y su labor quedará bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, según lo manifestado recientemente por el ministro de Justicia. La ley de 2011 iba a entrar en vigor el próximo 22 de julio, pero el Gobierno va a prorrogarla en los próximos días, tras acordar estas modificaciones.

Para CSIF, la decisión que adopta el Ministerio de Justicia es un “despropósito” y “duda mucho” de la gratuidad futura de las actuaciones ante el Registro Civil, porque “finalmente serán los ciudadanos quienes paguen por el servicio”. “Tampoco nos ofrece credibilidad la afirmación de que se conservarán los puestos de trabajo en la Administración de Justicia”.

El sindicato considera que no hace falta privatizar el Registro Civil para hacerlo más eficaz, sino “voluntad política y apuesta decidida por lo público y, sobre todo, por aprovechar la formación, experiencia y potencial de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil”.

“No impulsar dicha alternativa pública, invirtiendo en mejorar los actuales medios personales y materiales para continuar con la modernización de este servicio, que debería seguir siendo público, gratuito y universal, para todos los ciudadanos, pone en evidencia los intereses ajenos al bien público que hay detrás de la decisión del Ministerio de entregar el Registro Civil a los registradores mercantiles”.

Justicia calcula que un Registro Civil informatizado permitirá reducir las certificaciones en un 85%

El Ministerio de Justicia prevé que la informatización del futuro Registro Civil evitará gran parte de los desplazamientos de los ciudadanos a estas oficinas y permitirá que las Administraciones accedan directamente a esa información, por lo que el 85% de las actuales certificaciones serán innecesarias y se reducirán en tres millones anuales, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales.

Las certificaciones del nuevo Registro Civil se expedirán a través de Internet. Así por ejemplo, los allegados de una persona fallecida podrán solicitar electrónicamente los certificados de defunción para dar de baja su cuenta corriente, el teléfono móvil o los servicios de agua, luz o gas que tenía contratados.

Cuando la certificación en papel sea precisa, se podrá acudir a las oficinas del Registro Civil, las oficinas de Notaría o los juzgados de paz.

El Ministerio de Justicia pide no confundir los trabajos de "digitalización" realizados durante estos años con la "informatización", que es indispensable para tratar los datos y conseguir la interoperabilidad entre las Administraciones.

La reforma del Registro Civil busca un fin "más ambicioso" que la simple digitalización de las imágenes. Sobre todo en las dos legislaturas anteriores, el Estado hizo una gran inversión en la digitalización de los libros, pero no se extendió a la información anterior a 1950 ni alcanzó a todos los registros.

De esta manera, después de casi 10 años de inversiones, el 50 por ciento de los registros civiles no están digitalizados, según el Ministerio, que pide no confundir tampoco la plataforma desarrollada por el Colegio de Registradores para tramitar los expedientes de nacionalidades con la que se implante en el Registro Civil.

Este servicio público, que mueve cada año 3,3 millones de trámites, inscribe los nacimientos, defunciones, matrimonios, separaciones, inapacitaciones, cambios de apellido y otros actos de la vida civil de las personas.

REUBICACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA MISMA CIUDAD

Según las fuentes consultadas, cerca de 4.800 funcionarios trabajan en los Registros Civiles, exceptuando a jueces y secretarios judiciales. De ellos, 1.400 lo hacen en el 'territorio Ministerio' y 3.400 en las comunidades autónomas con las competencias transferidas.

El 20% del personal está formado por funcionarios interinos, trabajando 300 en el 'territorio Ministerio' y 700 en las comunidades autónomas con competencias en Justicia.

El Ministerio garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo de los interinos e intentará su reubicación en la "misma ciudad o en una cercana", según las fuentes consultadas.

Los 700 restantes dependen de la decisión de las otras comunidades, aunque Justicia confía en que puedan reforzar esos puestos de trabajo dado que han reclamado convocatorias de plazas estos últimos años.

La Gallardía de Gallardón

El “striptease” político del Ministro de Justicia se produjo el pasado martes en el Senado. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado esta tarde en el pleno del Senado que el Gobierno ha decidido encomendar la gestión delRegistro Civil a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles. El titular de Justicia aseguró todos los certificados y expedientes se tramitarán de forma gratuita para el ciudadano.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo se ha decantado definitivamente por este colectivo frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales por tres razones principales: su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio, la gratuidad de los trámites para los ciudadanos.

A continuación una explicación de lo ridícula que ha sido la intervención de nuestro Ministro de Justicia:

1.- No existe el cuerpo de registradores mercantiles separado de los registradores de la propiedad. Todos los registradores son de la propiedad y mercantiles. Si a ello añadimos que en el mismo diario se anuncia que el Colegio de Registradores se opone firmemente al proyecto del Sr. Ministro, ya me dirán ustedes con quién habrá llegado el Ministro a semejante acuerdo.

2.- El acuerdo es necesario porque, en palabras del propio Ministro, el servicio se va a prestar gratuitamente. Consecuentemente no puede ser impuesto por su santidad ministerial.

3.- Según el Ministerio, los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública. ¿No es para reírse?

Justicia defiende que la "línea roja" de su reforma es la gratuidad del registro civil

El subsecretario del Ministerio de Justicia , Juan Bravo, defiende que sean los registradores quienes se hagan cargo del registro civil, tal y como anunció el ministro Alberto Ruiz-Gallardón el pasado miércoles. Fuentes del ministerio han reconocido a la Cadena SER que será el cuerpo de registradores el que asuma el coste añadido a este nuevo modelo de gestión, reconocen que es un sacrificio que deberá hacer el colectivo y concluyen: la "línea roja" marcada por el propio Ruiz-Gallardón ha sido que el registro civil siga siendo gratis para los ciudadanos.

El pasado miércoles en las Cortes el titular de la cartera de Justicia anunció que serán los registradores de lo mercantil y la propiedad quienes se hagan cargo de gestionar el registro civil, y no el personal de los juzgados, como sucede hasta el momento. Una medida que desató las críticas del Colegio de Registradores, por entender que serán ellos los que asuman los gastos del nuevo modelo.

Desde Justicia reconocen que serán los registradores los que se hagan cargo de estos gastos, pero consideran que deben ser estos profesionales quienes lo hagan, y no los ciudadanos, por entender que el margen de beneficios que obtiene el colectivo lo convierte en un gasto asumible. "La línea roja del Ministro ha sido desde el principio que el registro civil siga siendo gratis para los ciudadanos", reconoce un alto cargo del ministerio, quien además destaca el nuevo modelo de gestión del registro, articulado en torno a la accesibilidad informativa, no tendría que suponer un coste excesivo.

Estas mismas fuentes niegan, tal y como han asegurado voces críticas en los últimos meses, que se trate de una privatización del registro civil: "No podemos llamarlo privatización si va a seguir siendo gratis para la gente", aseguran. De la misma manera, destacan lo que definen como la necesidad de la reforma: "No había alternativa, el registro civil es el servicio de la administración de justicia peor valorado por los ciudadanos. La imagen que genera es la de colas eternas y montañas de papeles. Había que hacer algo". (El Ministerio sigue sin asumir que la culpa del mal funcionamiento de algunos Registros Civiles es culpa directamente del propio Ministerio, y habla como si no tuviese nada que ver en dicha mala valoración)

Desde Justicia también afirman que esta medida se ha anunciado después de nueve meses de conversaciones entre el ministerio y el Colegio de Registradores, y niegan que esta medida choque con el derecho comunitario.

CCOO acusa a Gallardón de pretender aprobar por Decreto Ley la privatización del Registro Civil

CCOO ha vuelto a trasladar a los máximos responsables del Ministerio de Justicia (desde el Secretario de Estado de Justicia al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia y también al Subsecretario de Justicia) la imperiosa y urgente necesidad de la convocatoria de la mesa sectorial con presencia del ministro de Justicia.

CCOO manifiesta que no va a tolerar que el ministro de Justicia dé la callada por respuesta ante una situación de extrema gravedad para los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de la ciudadanía.

En relación con las actuaciones que desde CCOO se entiende se van a producir en los próximos días, informa que seguramente el consejo de ministros aprobará en breve (lo más probable es que sea el 4 o el 11 de julio próximos) una norma (que podría tener el rango de Real Decreto Ley), que entraría en vigor de inmediato (sin perjuicio del posterior trámite parlamentario para que se convierta en proyecto de ley) que contendría dos premisas:

a) Una prórroga de la entrada en vigor de la ley 20/2011 de los Registros Civiles, probablemente hasta julio de 2016, sin descartar que la entrada en funcionamiento de la plataforma electrónica sea en junio de 2015.
b) La inclusión en esta norma de la entrega a los registradores mercantiles de la gestión de los Registros Civiles.

CCOO anuncia que presentará, además de todas las acciones sindicales necesarias, incluida la convocatoria de la huelga en la Administración de Justicia si cuenta con el respaldo de los trabajadores/as, todas las acciones jurídicas necesarias para impedir esta gravísima privatización de los registros civiles. A juicio de CCOO, un Real Decreto Ley que exceda de la mera prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 sería inconstitucional, pues no reuniría los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad establecidos en la Constitución Española y supondría privar a las Cortes del necesario debate sobre la privatización de un servicio público esencial frente a lo acordado por consenso mayoritario en la Ley 20/2011.

¿Por qué nadie quiere encargarse del Registro Civil (salvo el personal de la Administración de Justicia?

Nadie quiere hacerse cargo del Registro Civil. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ni los registradores de la propiedad están dispuestos a gestionar este servicio público. Los trámites son una obligación legal de los ciudadanos, que deben consignar nacimientos, matrimonios, defunciones o nuevas nacionalidades. Sólo en 2012 los registros españoles hicieron 1.307.027 operaciones, de las que más de 450.000 fueron nacimientos y unas 402.000 defunciones.

Pero no está claro quién será el que gestione toda esta documentación. El Ministerio de Justicia decidió pasarla a los registradores de la propiedad, pero la pelota regresó de estos otra vez al Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, y desde allí pasó otra vez al registro, ahora en concreto a los registradores dedicados a lo mercantil. Y en medio de este traspaso de patata caliente están los ciudadanos, que no tienen más remedio que acudir al registro y que, a pesar de que el ministro lo ha negado, ven en este tema la sombra del copago.

Y además están los trabajadores de los registros civiles, que no saben dónde acabarán o si, simplemente, serán despedidos. Los sindicatos calculan "una gran pérdida de empleo". Aseguran que no menos de 5.000 puestos estarán afectados, de los que "al menos el 50% son funcionarios interinos cuyas plazas se perderán" al pasar el servicio a oficinas con personal privado. Eso dejaría, según estos cálculos, a más de 2.000 personas en la calle.

El Ministerio ha asegurado el trabajo para los funcionarios de su competencia "fijos o interinos", pero la gran mayoría de este cuerpo de los registros depende de las comunidades autónomas, no del Gobierno central. María Novoa, de CCOO, pone el ejemplo del Registro Central de la calle Pradillo, "donde la interinidad llega al 60%". Todos esos puestos pueden amortizarse "más los que tengan que salir despedidos para acoger a los fijos cuyo puesto en el registro se esfume", subraya.

Ayer, cientos de trabajadores, convocados por CCOO, realizaron concentraciones y asambleas contra la privatización de los registros civiles ante el anuncio de Gallardón en el Senado‏

Ayer 26 de junio, y ante el anuncio de Gallardón el pasado martes 24 de junio en el Senado de privatizar los registros civiles, se realizaron concentraciones y asambleas de trabajadores/as en muchas ciudades de España, convocadas por CCOO. A las mismas asistieron cientos de compañeros y compañeras.

Porque para CCOO y el personal de la Administración de Justicia es imprescindible detener esta privatización, con todos los medios a nuestro alcance, y debemos realizar y convocar todas las acciones necesarias para conseguirlo. CCOO no se detendrá hasta detener esta privatización e impedir que la reforma de la LOPJ suprima los partidos judiciales, los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y las Audiencias Provinciales y convocará todas las medidas de presión, incluida la huelga en la Administración de Justicia si cuenta con el respaldo de los trabajadores/as.

En las concentraciones y asambleas celebradas ayer, CCOO informó que lo más probable es que el Gobierno apruebe un Real Decreto ley que prorrogue la entrada en vigor de la ley 20/2011 (no hay seguridad de que el consejo de ministros prorrogue dicha ley 1 año y medio o dos años, pues en el propio Ministerio existen discrepancias sobre esta cuestión) y pudiera incluir o no (ayer no lo habían decidido aún) la decisión de entregar los Registros Civiles a los registradores mercantiles.

Las quejas sobre el funcionamiento de los Registros Civiles no pueden justificar su traspaso a los Registradores Mercantiles, sino el cese del máximo responsable de su gestión, que es Gallardón

Ante el uso que está haciendo el Ministerio de Justicia, para justificar el traspaso del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, sobre el elevado número de quejas que los ciudadanos presentan sobre el mal funcionamiento de los Registros Civiles ante el Consejo General del Poder Judicial, hasta el punto que suponen más del 40 % de las quejas que sobre mal funcionamiento de la Administración de Justicia recibe dicho Consejo, deben hacerse las siguientes consideraciones:

1º.- El Ministerio de Justicia quiere justificar la privatización de la gestión de los Registros Civiles en su supuesto mal funcionamiento, como si el Ministerio no tuviera nada que ver en ello.

2º.- Los trabajadores y Jueces Encargados de los Registros Civiles no tienen la culpa del mal funcionamiento de los Registros Civiles

3º.- Es competencia del Ministerio de Justicia la dotación de los programas informáticos adecuados para su funcionamiento. Sigue sin existir un programa de gestión de expedientes de Registro civil con lo que cada Registro funciona con los impresos elaborados por sus propios funcionarios. El Ministerio de Justicia ha sido incapaz de desarrollar el programa Inforeg para que todas las certificaciones se puedan expedir desde cualquier registro civil mientras que sí se pueden visualizar

4º.- Es responsabilidad del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con transferencias la dotación de los medios personales y materiales adecuados para el funcionamiento del Registro Civil. 

5º.- Los Encargados de los Registros Civiles y las organizaciones sindicales llevan años reclamando aumento de dichos medios haciendo caso omiso los responsables de dichas administraciones no obstante tener conocimiento de las numerosas quejas expuestas por los ciudadanos por el injustificable retraso en poder presentar sus solicitudes de nacionalidad o matrimonio

6º.- En tres años de gestión del Ministerio de Justicia por parte de Gallardón lo único que se le has ocurrido ha sido externalizar la gestión de la tramitación que corresponde al Ministerio de Justicia de los expedientes de nacionalidad. 

7º.- Por todo ello si a alguien hay que imputar todas las quejas de los ciudadanos es al Ministerio de Justicia, encabezado por Ruiz Gallardón, que empecinado en privatizar la gestión del Registro Civil no ha dudado en hacer todo lo posible para hundirlo. En un país serio semejante fracaso en la gestión del Registro Civil sería objeto de cese fulminante.

8º.- Rajoy es parte interesada en el plan Gallardón de atribuir el Registro Civil a los Registradores, y por tanto cómplice de permitir su mala gestión para justificar su atribución a los Registradores Mercantiles.

El Colegio de Registradores se resistirá al Registro Civil

Algunos decanos territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles rechazaron ayer el anuncio del ministro de Justicia de que los mercantiles se van a hacer cargo de la gestión del Registro Civil.

El decano, Gonzalo Aguilera Anegón, y los miembros de la Junta de Gobierno explicaron su desacuerdo ante las medidas anunciadas, argumentando, entre otras cosas, que se ha dividido la profesión en dos especialidades diferentes, puesto que hasta el momento forman un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente Registros de la Propiedad como Mercantiles.

Sin embargo, fuentes solventes del Ministerio de Justicia negaron que se pretenda modificar el estatus funcionarial de los registradores, aunque sí que se les van a ampliar sus competencias con el Registro Civil y otros Registros que se han ido creando mediante diversas leyes en los últimos meses.

Los responsables del Colegio piensan resistirse a esta medida, y argumentaron también, la colisión de las medidas adoptadas por el Ministerio con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que éste ha publicado sentencias en las que podría deducirse que no admite la doctrina que el dinero recaudado por un Registro Mercantil se use para otro distinto.

Así, los registradores citan, por ejemplo, la sentencia de 2 de diciembre de 1997, conocida como el caso Fantask. En ella se concluye que "la cuantía de los derechos percibidos por la inscripción registral de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada y de sus aumentos de capital debe calcularse únicamente sobre la base del coste de las formalidades correspondientes, teniendo en cuenta que esta cuantía también puede cubrir los gastos generados por las operaciones menores efectuadas gratuitamente".

Motín de los registradores contra el nuevo Registro Civil de Gallardón

Los registradores se niegan a asumir la organización del Registro Civil, porque supondrá un coste demasiado alto, que tendrían que sufragar ellos mismos. El cambio de modelo, a penas detallado por el equipo de Gallardón, "tendría un coste altísimo, y lo más probable es que no funcionara adecuadamente sin un sistema de financiación necesario", asegura Gonzalo Aguilera, el decano del Colegio de Registradores.

Creen que los usuarios terminarán pagando la reforma. Los costes de los registros en lo mercantil y de la propiedad aumentarían para poder compensar la gratuidad de los servicios de registro civil.

El colegio teme que, si se implanta el modelo de Gallardón, interfiera en su actual trabajo y el registro mercantil y de propiedad deje de funcionar correctamente. Además, las condiciones de implantación supondrían un coste añadido que tendrían que pagar los registradores por su cuenta al ser un servicio gratuito. "Y esto sería contrario al derecho europeo, que ordena que los costes de lo mercantil o la propiedad se destine a financiar, exclusivamente, el registro de esa misma naturaleza", dice Aguilera.

Falta de concreción y comunicación

El decano ha criticado también que el ministerio no se haya puesto en contacto con ellos una vez hizo pública su intención del cambio de gestión en el Senado. Y no ven probable la implantación del nuevo modelo ya que no hay una memoria económica, que debe incluirse en cualquier proyecto legislativo.

Avisan de que se podría producir un cisma en el cuerpo de registradores, porque hasta ahora, según dicen, el ministerio solo se ha dirigido a los de lo mercantil, pero el cuerpo de registradores es único y se compone de lo mercantil y la propiedad.

El Colegio de Registradores teme que los usuarios de las oficinas mercantiles paguen el Registro Civil

El Colegio de Registradores de España ha advertido de que la "práctica totalidad" de registradores mercantiles se opone a asumir el Registro Civil y ha mostrado su temor a que los costes que pagan los ciudadanos que inscriben los actos de sus sociedades se destinen a financiar el Registro Civil. Además, ha advertido del "cisma" que se puede producir entre los trabajadores con la decisión del Ministerio de Justicia de entregar a un sector este servicio.

El decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, ha enfatizado en rueda de prensa que los registradores mercantiles y de la propiedad forman un único Cuerpo de funcionarios públicos y que su "única representación" parte del Colegio. "La única voz autorizada es la del Colegio Nacional de Registradores, no hay otra voz ni otro interlocutor", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que el Ministerio de Justicia haya dialogado con unos pocos trabajadores que desempeñan funciones en registros mercantiles, cuando la representación del colectivo recae sobre la Junta de Gobierno del Colegio, que ha sido "libre y democráticamente" elegida en las últimas elecciones.

Según ha dicho, al Colegio le ha llamado "poderosamente" la atención que ningún representante ministerial se haya puesto en contacto con esta institución tras anunciar públicamente la delegación del Registro Civil en manos de los registradores mercantiles.

"LO PAGARÁN DE SU BOLSILLO"

En cuanto a la gratuidad del Registro Civil, Aguilera ha expresado su preocupación por que esta decisión "termine afectando" al funcionamiento de los registros mercantiles, que tramitan los datos de "autónomos y pequeños negocios", quienes pagan su correspondiente arancel. "No estamos hablando de grandes banqueros y empresarios", ha agregado.

Los registradores pagarán con sus cuotas colegiales el Registro Civil

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer por la tarde en el Pleno del Senado, que el Gobierno ha tomado la decisión de que sean los registradores mercantiles quienes se hagan cargo del Registro Civil, que tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano.

El dinero saldrá de las cuotas que paga cada registrador, sobre los ingresos del Registro, al Colegio de Registradores para que les dé servicios para poder desempeñar sus labores funcionariales, según confirmaron ayer a elEconomista fuentes del Ministerio de Justicia.

Los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital que se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción).

El Colegio, disconforme

Una vez conocido el anuncio, el decano del Colegio de Registradores envió una carta abierta al colectivo en el que señalaba que "hasta que no tengamos un conocimiento completo del contenido y alcance de la decisión no podemos hacer una valoración precisa de la misma. Son muchos los interrogantes que se abren en este momento. En todo caso, desde el Colegio haremos todo lo posible para manteneros puntualmente informados y para que los intereses profesionales de todos los registradores sean adecuadamente defendidos y representados sin merma del servicio público y del interés general"

En Twitter se publicó un mensaje desde el registro @Registrador.es en el que se afirmaba que "el Colegio de Registradores expresa su disconformidad con la decisión anunciada por el ministro de justicia de imponernos el Registro Civil".

Conflicto abierto entre los registradores y Gallardón por el Registro Civil

El cambio de gestión del Registro Civil, que ahora está en manos de jueces y va a ser delegado en un centenar de registradores mercantiles, ha provocado un enfrentamiento abierto entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. El decano del Colegio, Gonzalo Aguilera, ha convocado hoy una rueda de prensa para acusar al Gobierno de idear una fórmula que, en su opinión, derivará en un mal funcionamiento del servicio público y que, al repercutir todos los costes en los registradores mercantiles, acabará repercutiéndolos, a través de ellos, en los usuarios de los registros mercantiles.


Aguilera ha arremetido contra Justicia por intentar provocar un "cisma en el seno del Colegio", entre los registradores de la propiedad (que son la inmensa mayoría y rechazan asumir el Registro Civil) y los mercantiles (una minoría con la que el ministerio ha hablado de forma individual y en los que finalmente ha decidido delegar el servicio). "Este es un único cuerpo, el de registradores de la propiedad y mercantiles, y el Colegio es el único órgano autorizado para expresar la opinión de todos ellos. Esa opinión es que no queremos asumir la gestión del Registro Civil. Somos funcionarios públicos, cumpliremos lo que el Gobierno decida. Pero, si nos preguntan, no queremos asumir el Registro Civil", ha aseverado el decano.

Aguilera va a pedir de inmediato una reunión con el ministerio. En ella insistirá en que el Colegio no quiere gestionar el Registro Civil, pero a la vez pedirá participar en el diseño del proyecto. Y subrayará en que, a su juicio, si el "modelo de gestión" del Registro Civil va a cambiar, no pueden cambiar solo los gestores sino también el modelo de financiación, estableciendo el pago de aranceles por ciertos trámites. Esa propuesta no tiene muchos visos de prosperar, porque es lo que el Colegio de Registradores defendió durante meses y finalmente provocó el pasado marzo la ruptura de negociaciones con el ministerio, que había decidido mantener la gratuidad. Tras esa ruptura, Justicia renunció a delegar el servicio en los 1.000 registradores de la propiedad y negoció individualmente con los 120 mercantiles. El Registro Civil, en el que los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y otros muchos actos de su vida civil, mueve cada año 3,3 millones de trámites, entre inscripciones, certificados y copias.

La estafa de Gallardón ( o cómo justificar atribuir los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles)

CCOO DENUNCIA que el ministro de Justicia miente cuando afirma que la privatización de los registros civiles se realiza “para frenar lo actuales problemas existentes”, sin asumir su exclusiva responsabilidad a la que les ha abocado intencionadamente

Con argumentos que buscan confundir y engañar a la opinión pública, el ministro de Justicia ha desvelado en el Senado que finalmente serán los Registradores Mercantiles quienes se harán cargo de la gestión de los Registros Civiles, tal y como CCOO ha venido denunciando desde hace meses que se estaba gestando, privatizando con ello un servicio público esencial, por más que las inscripciones y las certificaciones puedan seguir siendo gratuitas (de momento y si fuera verdad). Simultáneamente al anuncio del Ministro la página web del Ministerio de Justicia ha publicado una nota de prensa tratando de justificar por qué el Registro Civil va a ser asumido por los Registradores Mercantiles.

Con este anuncio el Ministro de Justicia acaba con el paripé de alegar que la decisión de la atribución de la gestión del Registro Civil no estaba tomada, pues desde el principio ha querido sacarlo de las Administraciones públicas y entregarlo a manos y gestión privadas, como finalmente va a hacer. 

Una vez más, el personal de la Administración de Justicia nos sentimos estafados con este Ministro, quien intenta engalanar con su verborrea lo que es la privatización de un servicio público esencial, que será sufragado por todos los ciudadanos en beneficio de funcionarios que harán propios los beneficios derivados de la gestión de un servicio público. Los argumentos del Ministerio de Justicia son falaces y caen por su propio peso, y sólo buscan justificarse ante las previsibles críticas que van a recibir por privatizar un servicio público esencial.

Gallardón privatiza el Registro Civil pero promete que será gratis. Anuncia que será gestionado por los registradores mercantiles; sus empleados contratados custodiarán la vida jurídica de todos los españoles

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado este martes en el Pleno del Senado que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil y mantendrán la gratuidad para el ciudadano. Gallardón respondía así a una pregunta del senador socialista Antonio Julián Rodríguez sobre si el Gobierno "sabe ya lo que quiere hacer con los Registros Civiles". En su intervención, el titular de Justicia explicó que el Gobierno presentará en breve una propuesta para encomendar la gestión a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles.

El Registro Civil de España está digitalizado y costó a las arcas públicas un total de 130 millones de euros. Los libros digitalizados se remontan desde 1870 hasta la actualidad.

El Ministerio planea que los funcionarios que hay ahora en los Registros Civiles será distribuidos entre los juzgados, siempre y cuando estén en las comunidades autónomas cuyos medios materiales gestiona el ministerio. Los sindicatos temen que provoque el despido de unos 3.500 interinos que trabajan ahora en los juzgados y que serán desplazados por los funcionarios de los registros.

Los registradores de la propiedad y mercantiles está regulados por la legislación hipotecaria. Cada uno tiene su propia empresa y contrata a sus empleados, que no dependen del Estado ni tienen vinculación alguna.

Los registradores de la propiedad y mercantiles tienen una estrecha relación con el Gobierno actual. Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad, como lo son también dos hermanos suyos. Además una nuera de Alberto Ruiz-Gallardón es también registradora.

La digitalización de los registros civiles, que costó 130 millones de euros, se llamó Inforeg y duró casi cuatro años. El Ministerio de Justicia ha estado trabajando de forma discreta en un proyecto llamado Futureg que supone la unificación de todos los registros en un único programa. Ahora, anuncia que los registradores mercantiles realizarán una plataforma digital y que será gratuita para el erario público.

La idea de Gallardón expuesta en el Senado es que los registradores tengan un historial por cada español, con su vida jurídica integrada en él.

Otro de los debates es el coste que supondrá para el ciudadano. El ministro de Justicia ha anunciado que será gratuito, pero se desconoce cómo se financiará. Para hacerse una idea, la defunción de una persona supone la necesidad de que sus allegados obtengan entre 10 y 15 certificados de defunción, ya que estos documentos son necesarios para dar de baja su cuenta corriente, el teléfono móvil, los distintos servicios de agua, luz, gas...

CSI-F pide una respuesta contundente ante el anuncio de Gallardón de privatizar el Registro Civil

Ante el anuncio del Ministerio de Justicia de privatizar el Registro Civil, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha publicado una nota de prensa por la que quiere hacer patente que la deslealtad de Gallardón con los ciudadanos y con los funcionarios de Justicia tendrá una respuesta contundente por parte de CSI-F. Una noticia así, con la trascendencia que tiene en las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia, debería haberse comunicado a los representantes de los trabajadores y no obligar a que se enteren por los medios de comunicación. 

Con esta media se demuestra una vez más el desprecio que siente por sus funcionarios de Justicia al privarles de una de las funciones que tienen atribuidas desde sus orígenes y en la que son los únicos y verdaderos especialistas. Es falso como dice el Ministro que los Registradores mercantiles sean expertos en Registro Civil cuando la realidad es que esta materia les es totalmente ajena a su función principal que es la de registrar cosas y no personas. 

Para CSI-F, esta medida supone regalar a los Registradores mercantiles cientos de millones de euros invertidos en la digitalización de inscripciones registrales y en la implantación del sistema informático INFOREG en los últimos años. Por este motivo denunciamos la negativa del Ministerio de Justicia a reformar la ley para poder utilizar al máximo esta herramienta informática como le hemos pedido en varias ocasiones. Con estos cambios legales, todo lo que el Ministro anuncia que se podrá hacer con los Registradores mercantiles se podría haber estado haciendo ya desde los Registros civiles actuales con funcionarios de Justicia.

El PSOE tilda de "despropósito" convertir el Registro Civil en el "negocio" de unos pocos


El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, ha tildado de "despropósito" la intención del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de entregar el Registro Civil a los registradores mercantiles para convertirlo en un "negocio" para una parte del sector.

Villarrubia ha mostrado, en declaraciones a Europa Press, su disconformidad con el "fondo" y las "formas" de la medida anunciada este martes en el Pleno del Senado por el ministro de Justicia, a quien ha exhortado a explicar las razones que justifican su entrega a los registradores mercantiles.

"Nosotros nos opondremos y espero que la mayoría de grupos también para que, más pronto que tarde, vuelva a ser un servicio público al servicio de los ciudadanos y no un negocio de una parte del sector", ha afirmado.

El portavoz socialista ha dicho haber conocido la intención de Gallardón por los medios de comunicación y ha calificado de "despropósito y atropello" el "afán privatizador" y el "deterioro" que está sufriendo el servicio público de la Justicia. Por ello, ha asegurado que el PSOE revertirá esta situación.


Secretarios judiciales acusan a Gallardón de "privatizar" el Registro Civil e infravalorarles frente a otros colectivos

Las asociaciones de secretarios judiciales han acusado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de "privatizar" el Registro Civil e "infravalorar" a los fedatarios públicos frente a funcionarios "semiprivados" como registradores o notarios.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del Sindicado de Secretarios Judiciales (SISEJ), Rafael Lafuente, ha calificado de "burda mentira" considerar a los registradores mercantiles funcionarios públicos, puesto que funcionan como "empresarios" al quedar desvinculados del servicio público y cobrar por arancel tras superar la oposición.

"Es un paso más a la privatización y al desmantelamiento de la Administración de Justicia", ha advertido Lafuente para añadir que se une a otras medidas como las tasas judiciales o el aumento de competencias a otros colectivos.

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha criticado la "deriva privatizadora" del Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, y le han acusado de "infravalorar" a los fedatarios públicos frente a otros colectivos como notarios, registradores o procuradores.

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha mostrado su "frontal" rechazo al anuncio de Gallardón de encomendar el Registro Civil a los registradores mercantiles y le han exigido un cambio de rumbo en lo que queda de legislatura para dar valor a la figura del secretario judicial.

A pesar de las "buenas palabras" que los representantes ministeriales han transmitido al colectivo, la asociación sólo ha constatado que su hoja de ruta la están trazando de espaldas a los secretarios judiciales. "El Cuerpo secretarios judiciales está siendo infravalorado, cuando no despreciado, por este Ministerio", ha remachado.

En este sentido, ha denunciado que el Ministerio está encomendando cada vez más funciones a "profesionales ajenos a la Administración de Justicia", como demuestra la jurisdicción voluntaria, la ley hipotecaria o el Registro Civil, donde se aumenta el poder de los notarios.

La UPSJ ha denunciado además el "trato discriminatorio" que reciben los secretarios judiciales por días de asuntos propios frente a jueces o fiscales o en cuanto a subvenciones a sus asociaciones.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España manifiesta su absoluta disconformidad con la decisión de atribuir la llevanza del Registro Civil a los Registradores Mercantiles

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, tras el anuncio del ministro de Justicia de asignar a los registradores mercantiles la llevanza del Registro Civil, ha hecho pública una nota de prensa por la que manifiesta su absoluta disconformidad con la decisión adoptada.

Conforme dicha nota de prensa, los registradores ya tuvieron la oportunidad de manifestar su oposición a la asunción del Registro Civil en la Asamblea General celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.

No obstante lo anterior, y ante la pretensión del Ministerio, el Colegio ha presentado distintas propuestas que, a diferencia de la decisión adoptada, respondían, a juicio de este Colegio, a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil. Además el anuncio del ministro pone de relieve el desconocimiento de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente tanto Registros de la Propiedad como Registros Mercantiles.

Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia.

El Colegio lamenta que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza. Asimismo expresa su preocupación y malestar por esta forma de proceder por parte del Ministerio -que puede provocar un cisma en el cuerpo de registradores- después de la colaboración que en todo momento ha prestado este colectivo financiando y gestionando, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos.

La Junta de Gobierno de este Colegio, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión, -de la cual ha tenido noticia a través de los medios de comunicación- estudiará y, en su caso, adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general.

CCOO convocará huelga en la Administración de Justicia si Gallardón no retira la decisión anunciada en el Senado de privatizar los Registros Civiles

Ante el anuncio del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, de dar un nuevo paso en la privatización de la Administración de Justicia, entregando la gestión de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles, Comisiones Obreras anuncia en nota de prensa, como había advertido si se llevaba finalmente a cabo, que convocará huelga en la Administración de Justicia en toda España, si el ministro no retira su decisión comunicada hoy en el Senado.

Así mismo, CCOO acusa al ministro de Justicia de haber actuado y seguir actuando de forma cínica y desleal, tanto hacia los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, al no haber convocado nunca una mesa sectorial de negociación para tratar de forma seria y con objetividad sobre los Registros Civiles, como con la sociedad española, privándola de un servicio público en que millones de datos del ámbito personal pasarán a manos privadas. CCOO exige a Gallardón que retire esta decisión inaceptable, tras el anuncio que ha hecho en el día de hoy en el senado.

El Ministro de Justicia quiere privatizar un servicio público en favor de los registradores para intentar reforzar una profesión que se encuentra en entredicho por la UE, y entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio Ministro en el gabinete del cual es titular, y miente a la sociedad anunciando una privatización "sin coste para la sociedad, y sin pérdida de puestos de trabajo" cuando la realidad es bien distinta, los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito, y más de 5000 puestos de trabajo pueden verse suprimidos.

Los registradores mercantiles gestionarán el Registro Civil

El Ministerio de Justicia ha terminado de deshojar la margarita. Tras casi dos años de idas y venidas en la negociación, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado hoy que la gestión del Registro Civil pasará a manos de los registradores mercantiles, previsiblemente en 2015 o 2016. Esa delegación, según Justicia, no tendrá ningún efecto para el ciudadano porque la titularidad seguirá siendo pública y porque todos los trámites que realiza el registro —y que ahora están en manos de jueces y funcionarios judiciales— seguirán siendo gratuitos. La delegación en los registradores de la propiedad (mucho más numerosos en España), que fue la primera opción de Justicia, fue descartada hace cuatro meses. Lo asumirán, definitivamente, un centenar de registradores mercantiles, que pasarán a llamarse “registradores civiles y mercantiles”. El ministerio insiste en que no es un paso hacia la privatización.

"Vamos a hacer un Registro Civil público, gratuito, universalmente accesible, seguro y que garantiza que no se destruirá un solo puesto de trabajo. Estará a cargo de los registradores mercantiles, que tienen una experiencia contrastada. Y siempre bajo supervisión del Ministerio de Justicia", ha dicho Gallardón en el Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE. El sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, CSI-F, ha augurado, sin embargo, que se destruirán "miles" de puestos de trabajo y que el compromiso de gratuidad no durará mucho. "No nos cabe la menor duda de que con el tiempo aparecerán los aranceles por inscripción y por certificación o se inventarán nuevos conceptos sobre los que repercutir el coste del servicio o disponiendo vías indirectas de financiación [a los registradores mercantiles] a través de subvenciones, ayudas o convenios", han afirmado fuentes del sindicato tras anunciar una respuesta "contundente" para intentar parar el proyecto, informa Europa Press. También CC OO ha anunciado que convocará una huelga en la Justicia si el ministerio no rectifica.

En la actualidad hay 430 oficinas del Registro Civil repartidas por juzgados de toda España, y en ellas trabajan unos 5.000 funcionarios que compatibilizan esa función administrativa con la judicial. Por el contrario, registradores mercantiles solo hay 120 en 60 oficinas, y con una plantilla total de unas 1.600 personas. Justicia niega que eso vaya a suponer un problema, y sostiene que el objetivo es precisamente reducir el colapso y evitar las colas en los registros, además de liberar de esa tarea puramente administrativa a los funcionarios judiciales. El Registro Civil mueve unos 3,3 millones de trámites al año, entre inscripciones, certificados y copias de certificados.

Gallardón afirmó que, allí donde no haya un registro mercantil, el notario o el juez de paz harán de correa de transmisión entre el ciudadano y el registrador (también sin cobrar por ello). Además, un portavoz del ministerio aseguró que la menor plantilla se compensará con la inversión tecnológica que se va a realizar, que costearán los propios registradores y que cambiará todo el funcionamiento del Registro Civil. El plan es sustituir los trámites en papel por una “plataforma digital” en la que cada ciudadano tendrá un historial con sus datos, y favorecer así el intercambio entre administraciones sin que el ciudadano tenga que desplazarse físicamente al registro para la mayoría de los trámites. El tratamiento de esos datos, según el ministerio, tendrá “un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes”. “El Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado”, dice la nota de prensa.

El Registro Civil es el lugar ante el cual los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, tutelas, cambios de apellidos y otros muchos actos relativos a su estado civil. Todos los trámites son gratuitos, y todos se gestionan en los juzgados de primera instancia o en los cerca de 7.800 juzgados de paz (no profesionales). Al frente de cada oficina de registro hay un juez (o un juez de paz) que, salvo excepciones, compagina esa función con la judicial. Cuando Gallardón anunció, a finales de 2012, que traspasaría la gestión, muchos colectivos vieron en ese anuncio la amenaza de privatización de un servicio público. En realidad, el cambio de gestión a "funcionarios no judiciales" había sido aprobado por unanimidad en el Congreso un año antes, en 2011, en una ley impulsada por el PSOE. Pero Gallardón anunció en 2012 que finalmente delegaría el servicio en los registradores de la propiedad, y eso es lo que disparó las alarmas.

Los registradores, como los notarios, son formalmente funcionarios públicos (según la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado), pero de un tipo muy particular: aunque acceden al cargo por oposición y están a las órdenes del Gobierno, sus ingresos no provienen de los Presupuestos Generales del Estado sino de los aranceles que cobran a sus clientes, y además contratan a sus propias plantillas.
Trámites gratuitos

Justicia, que al principio contempló la posibilidad de que los registradores pudieran cobrar arancel por algunos trámites del Registro, acabó renunciando a eso ante el torrente de críticas: en octubre de 2013, el subsecretario de Estado, Juan Bravo, garantizó que “todos los trámites”, inscripciones y copias de certificados, seguirían siendo gratuitos, y en marzo de este año lo confirmó Gallardón. Se complicó entonces la negociación con el Colegio de Registradores, que se resistían a asumir ese nuevo servicio sin cobrar un céntimo por ello. Finalmente, el pasado marzo, Justicia y el Colegio rompieron las conversaciones y el ministerio empezó de cero.

Hoy Gallardón ha anunciado la solución definitiva: el Registro Civil lo gestionarán los registradores mercantiles. Con ellos la negociación ha sido más fácil, según Justicia, porque este colectivo se ha visto menos afectado por la crisis económica que el de los registradores de la propiedad y está dispuesto a asumir ese trabajo extra sin cobrar aranceles por ello. El ministerio afirma que la gratuidad del Registro quedará expresamente recogida en la ley, asegura que los registradores mercantiles no recibirán nada a cambio y subraya que estos profesionales son funcionarios y por tanto tienen que aceptar cualquier nuevo cometido que se les encomiende, máxime cuando ellos no han sufrido la congelación de sueldos públicos que el resto de funcionarios ha sufrido durante la crisis. Este argumento, sin embargo, no se utilizó para obligar a lo mismo a los registradores de la propiedad.

Junto al temor de una privatización encubierta, los sindicatos han denunciado durante meses que el cambio de gestión supondrá el despido de cientos de trabajadores interinos que ahora están empleados en labores de registro en los juzgados. Gallardón se ha comprometido hoy a que "no se destruirá un solo puesto de trabajo". Desde el ministerio se ha matizado después que ese compromiso se refiere solo al "territorio competencia del ministerio”. Y ese territorio es muy limitado: solo cinco de las 17 comunidades autónomas. Justicia confía, sin embargo, en que en el resto de comunidades tampoco habrá despidos, porque aquellas llevan meses diciendo que necesitan más personal para realizar tareas judiciales.

El Parlamento de Cataluña se opone a la privatización del Registro Civil

El Parlamento de Cataluña ha aprobado con fecha 28 de mayo una resolución por la que, entre otras cuestiones, se opone a la reforma del Registro civil impulsada por el Ministerio de Justicia y a la modificación de su gestión, por implicar una privatización encubierta ya que las funciones que ejerce el servicio público del Registro civil se incluyen en el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva. 

Esta resolución se une a las ya aprobadas por los parlamentos del País Vasco, Navarra, Aragón, Andalucía y Asturias, contrarias a la privatización del Registro Civil


Sin acuerdo para la privatización del registro civil. El Gobierno, muy presionado por la protesta del sector, no encuentra adjudicatario

La batalla del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la implantación de sus grandes proyectos de reforma judicial topa con la oposición de los principales operadores jurídicos, los sindicatos y buena parte de la sociedad civil. Justicia universal, aborto y Ley Orgánica del Poder Judicial avanzan lentamente entre fuertes protestas.


Uno de los frentes estancados es la modificación de los registros civiles. El Gobierno pretende transferir las competencias a profesionales externos, pero la intensa presión de los operadores para que los trámites continúen siendo gratuitos coloca al Ministerio de Justicia en una situación delicada para la definitiva concesión.

El Gobierno no encuentra destino y ya estudia un aplazamiento de la normativa. La ley reguladora de los nuevos registros civiles, encargados de expedir certificados de nacimiento, defunción y nacionalidad, debía entrar en funcionamiento el próximo 22 de julio, pero el Ejecutivo estudia retrasarlo.

Concentraciones

En la provincia, los registradores de la propiedad habían recibido comunicación sobre el avance de las negociaciones e, incluso, algunos habían trabajado ya en la formación de los profesionales sobre las nuevas competencias. Sin embargo, el asunto queda ahora paralizado a expensas del Ministerio. Justicia prevé que los trámites (un servicio público al ciudadano) sean gratuitos, pero los profesionales (notarios y registradores de la propiedad, por ejemplo) demandan métodos para sufragar los costes del trabajo añadido.

La Plataforma en Defensa de la Justicia de Almería lleva meses realizando protestas semanales a las puertas de la Ciudad de la Justicia, principal sede judicial de la provincia. En las manifestaciones critican las consecuencias de la privatización de los registros civiles (“desjudicialización”), ya sea en el sobrecoste a los usuarios ya sea en los recortes para los empleados públicos hasta hoy contratados en estos órganos.

Según denunciaron los sindicatos, los secretarios judiciales comenzaron en el mes de mayo un inventariado de la documentación (los tomos, el grosor, el espacio total ocupado) albergado en los registros civiles. Estas organizaciones valoran la pérdida de empleo de una privatización en 5.000 puestos en España y unos 50 en la provincia de Almería. Todos ellos están muy pendientes de la resolución del conflicto.

Aprobada moción en el Ayuntamiento de Yecla contra la privatización del Registro civil

El Ayuntamiento de Yecla (Murcia) ha aprobado la siguiente resolución, presentada de forma conjunta por los grupos municipales del PP, PSOE e IU:

Hasta fechas recientes el Gobierno español y en concreto su Ministro de Justicia, ha estado tramitando un anteproyecto de ley para privatizar el Registro Civil y traspasar esa competencia a los registradores de la propiedad. El propio Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España realizó un anuncio comunicando que el Ministerio de Justicia había adoptado ya la decisión de asignarles la llevanza de los Registros Civiles. Si bien con posterioridad se han roto estas negociaciones y al parecer se ha dejado en suspenso el anteproyecto de ley, las palabras del Ministro, anunciando que está explorando “otras vías”, hacen suponer que sigue adelante con su proyecto reformista y que puede estar en peligro el carácter público y gratuito de los registros civiles. 

-Ante la inminente entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, prevista para el próximo mes de julio de 2014, que obliga al gobierno a tener que tomar ya una decisión sobre la reforma de la institución registral.

-Considerando que la privatización de dicho Registro supondría graves perjuicios para los ciudadanos, ya que esto podría suponer pagar por servicios que hasta el momento son gratuitos como las inscripciones y las certificaciones de nacimientos, defunciones, bodas etc.

-Ante la posibilidad de que la reforma del Registro Civil supusiera para los usuarios desplazarse hasta la capital de la comunidad autónoma para realizar esos trámites.

Y con el fin de salvaguardar el carácter público y gratuito, así como su ubicación en la ciudad de Yecla del Registro Civil, los tres grupos municipales con representación en el actual consistorio proponen para su debate y aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos:

1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Yecla manifieste la necesidad de que el Registro Civil siga prestando su servicio de manera pública y gratuita.

2.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Yecla solicite, ante el Ministerio de Justicia, el mantenimiento de la oficina del Registro Civil en Yecla y de sus puestos de trabajo, de manera que los yeclanos no tengan que trasladarse para llevar a cabo ninguno de sus trámites.

3.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Yecla manifiesta su rechazo a cualquier reforma que suponga la privatización y/o el alejamiento del Registro Civil de Yecla.

La oposición insta a Gallardón a aclarar de una vez el "culebrón" sobre la competencia del Registro Civil

Grupos de la oposición, como el PSOE, la Izquierda Plural o el PNV, han instado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a "aclarar de una vez el culebrón" sobre a qué colectivo entregará la gestión del Registro Civil y han censurado que haya encargado a El Corte Inglés un inventario sobre los libros que alberga.

Así lo han expuesto en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que ha rechazado dos proposiciones no de ley presentadas por el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pidiendo garantizar el carácter "universal, público y gratuito" del Registro Civil y no expropiar a los juzgados de paz de estas funciones.

Los 'populares' Francisco Molinero y Beatriz Escudero han justificado el rechazo del PP en que están hablando de "hipótesis" y en que la memoria de impacto presupuestario de la ley socialista, que desjudicializaba el Registro Civil, reflejaba una insuficiencia que dificultaba su desarrollo.

El PP ha recalcado que el propio Ministerio de Justicia ha garantizado la gratuidad de este servicio, que será encomendado a funcionarios públicos. En este sentido, han defendido que los registradores también lo son por mandato de la Ley Hipotecaria.

LOS REGISTRADORES NO DEPENDEN ORGÁNICAMENTE DEL MINISTERIO

Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria ha refutado este aspecto al indicar que los registradores no dependen orgánicamente del Ministerio y ha cuestionado que Gallardón sepa a quién encomendar el Registro Civil.

Algo sobre lo que también han dudado la socialista Laura Seara, que ha tildado de "esperpento" la situación en la que se encuentra la reforma del Registro Civil y ha llamado "frívolo y egocéntico" al ministro, a quien ha acusado de estar "obsesionado con todo lo que suene a público".

En este sentido, ha criticado duramente que Justicia haya encargado al servicio informático de El Corte Inglés un inventario sobre los libros del Registro Civil, con datos ofrecidos por los propios funcionarios. "La conclusión es muy fácil: El Corte Inglés cobra y el trabajo lo hace el fucionario", ha remachado.

Justicia prorrogará en las "próximas semanas" la ley que reforma el Registro Civil

El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha anunciado este martes que se prorrogará en las "próximas semanas" la aplicación de la ley aprobada bajo el mandato del Gobierno socialista que desjudicializaba el Registro Civil para entregárselo a los secretarios judiciales o a los funcionarios de la Administración de Justicia.

En la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el subsecretario del Ministerio ha afirmado que el plazo de la entrada en vigor de esta norma, que se cumple el próximo 22 de julio, "se prorrogará" a través del "mecanismo legal oportuno" mientras el Gobierno del PP estudia un nuevo modelo que gira sobre dos premisas: la gratuidad de los actos de inscripción y emisión de certificaciones y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Eso sí, el subsecretario no ha desvelado a quién encomendará su gestión. Durante estos meses, ha barajado entregar los registros civiles a secretarios judiciales o registradores, a los cuales defiende como funcinarios públicos.

Este responsable de Justicia ha recordado que los más de 3.000 funcionarios que prestan servicio en los registros civiles "no van a quedarse en la calle" y ha añadido que, "sea cual sea" el modelo escogido, seguirán realizando funciones en la Administración de Justicia, "sin perjuicio de la reasignación que corresponda en cada caso". "Siempre respetando en la medida de lo posible la localidad, tal y como se preveía en la ley vigente", ha añadido.

Respecto al personal interino, el subsecretario ha mostrado su "pleno compromiso" de que los funcionarios que trabajen en el territorio del Ministerio de Justicia --en las comunidades sin las competencias transferidas-- tendrán garantizados "al cien por cien" sus empleos, "con la correspondiente reasignación de funciones".

"No pueden ver ni verán peligrado su puesto de trabajo. Es completamente incorrecto hablar de posible despido de trabajadores que están realizando funciones en los registros civiles", ha respondido al ser preguntado por esta cuestión por el diputado del PSOE Félix Lavilla.

El subsecretario de Justicia dice que se mantendrá el servicio público gratuito de los registros civiles, pero no desvela a quién se atribuirá su llevanza

El subsecretario de Justicia garantizó ayer en el Congreso de los Diputados el compromiso del Gobierno de mantener el servicio público gratuito de los registros civiles, que seguirán siendo llevados por funcionarios públicos y que sus trabajadores actuales no serán despedidos, informa la Agencia Efe.

Explicó que el Gobierno aún no ha decidido a qué colectivo encomendará la gestión de los registros civiles, pero ratificó que los trabajadores seguirán siendo funcionarios públicos. 

Sí reiteró que los registros dejarán de depender de la Administración de Justicia, pero esto no supondrá despidos de sus empleados, incluidos los interinos -respecto a los que no habría obligación legal para ello-. Estos trabajadores, añadió, serán reasignados a otros destinos de la Administración de Justicia y se intentará que sean en la misma localidad. 

Además, recordó que en la “desjudicialización” de los registros civiles estuvieron de acuerdo en su día tanto el PP como el PSOE. De esta forma, insistió en que los más de tres mil funcionarios que llevan los registros civiles “no se quedarán en la calle, sea cual sea el modelo por el que se opte”.

Precisamente la Comisión de Justicia del Congreso rechazó sendas proposiciones del PSOE y de Izquierda Plural contra la privatización del Registro Civil.

La diputada socialista Laura Carmen Seara comentó que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “está obsesionado con la privatización de todo lo que suene a público” y teme que el Gobierno esté intentando convencer a los registradores de la propiedad para que asuman los registros civiles.

En este sentido, advirtió que si la Ley del Registro Civil que debe entrar en vigor en julio sigue “esta hoja de ruta” del Gobierno “los ciudadanos tendrán que pagar para inscribir desde nacimientos a fallecimientos”. Recordó que los registros civiles siempre han sido públicos y gratuitos y controlan todos los datos más íntimos de la vida de las personas.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, denunció que el Gobierno ha adjudicado a El Corte Inglés el inventario de las oficinas del Registro Civil y teme que tenga la intención de externalizar este servicio.

Añadió que el Ejecutivo no sabe a quién encargar su gestión una vez que parece “frustrada” su intención inicial de adjudicarla a los registradores de la propiedad.

La diputada del PP -que rechazó las proposiciones- Beatriz Marta Escudero indicó que el Ministerio de Justicia está celebrando reuniones con colectivos como los secretarios judiciales y los registradores para ver la solución más adecuada y aclaró que estos últimos son funcionarios por mandato de la ley hipotecaria.

Bakaraldo: concentración contra privatizacion registros civiles

Puertollano: Trabajadores del juzgado consideran un “ataque sin precedentes a la ciudadanía” la reforma de la Justicia y la privatización del registro civil

Funcionarios y trabajadores de los Juzgados de Puertollano se han concentrado esta mañana ante las puertas de la sede judicial en protesta por el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Gobierno de la Nación, al entender que constituye un “claro insulto” a los funcionarios y un “ataque sin precedentes” a la ciudadanía y al empleo en los tribunales.

Según los manifestantes, la reforma podría conllevar “una amortización de plazas, reordenaciones generalizadas, movilidad geográfica u obstaculizacion de la carrera profesional”. Además, se limitan al 30 por ciento las plazas de promoción interna, “lo que supone coartar el derecho a la carrera profesional”, aseguran.

En la protesta también subyacía el malestar y la incertidumbre ante el futuro de los registro civiles, que podrían pasar a manos de los registradores de la propiedad. En este sentido, consideran “intolerable” que el Registro Civil esté siendo objeto de “pública subasta y privatización encubierta, tras casi año y medio de indeterminación y de opacidad” sobre su futuro.

“Si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acaba entregando el Registro Civil a los registradores, será el mayor error que haya cometido y constituirá una nueva barrera en el acceso a la Justicia, tras la aprobación de la ley de tasas”, aseguran.

“A partir de este atropello a nuestros derechos, amén de supresión de cientos de puestos de trabajo en los Registros Civiles y amortización de plazas, todos los ciudadanos tendremos que pagar desde nuestro nacimiento hasta la defunción”, subrayan.

El PSOE pide garantizar el carácter "público y gratuito" del Registro Civil

El PSOE defenderá mañana una proposición no de ley en la que pedirá al Gobierno que garantice el carácter "universal, público y gratuito" del Registro Civil en respuesta al borrador de la reforma que impulsa el Ministerio de Justicia y que conlleva a la "privatización" del mismo.

En la iniciativa parlamentaria, que será debatida ante la Comisión de Justicia del Congreso, la diputada socialista Laura Seara aboga por evitar "situaciones de inseguridad" para los ciudadanos y los funcionarios públicos afectados por la "indefinición y confusión", que se prolonga desde que fue dada a conocer la primera propuesta ministerial.

La propuesta alerta de que el borrador "arrebata" a las distintas administraciones una serie de registros administrativos y los entrega a los registradores "para que los exploten empresarialmente cobrando un arancel a los ciudadanos, lo que constituye otro paso más en la privatización del servicio público".

Fuentes de Justicia explicaron a Efe el pasado marzo que el Ministerio rechazó entregar al Colegio de Registradores la gestión del Registro Civil porque no podían garantizar la gratuidad de los trámites, condición indispensable para este departamento, que continúa buscando un colectivo que se responsabilice de los registros.