Excmo. Sr. Alcalde:
Según hemos podido confirmar el Ministerio de Justicia está negociando con los Registradores de la Propiedad la entrega del servicio público del Registro civil a costa del bolsillo de los ciudadanos que deberán pagar arancel a estos peculiares funcionarios públicos que gestionan un negocio enteramente privado beneficiándose de un monopolio legal cedido por el Estado siendo una excepción en toda Europa donde el Registro de la Propiedad y mercantiles se realiza por personal de la Administración con un sueldo público.
El Registro civil es un servicio público de gestión pública prestado por funcionarios de Justicia y, en algunos casos, por personal de los Ayuntamientos donde no había dotación de funcionarios de Justicia en el Juzgado de paz o Agrupación. Este personal funcionario recibe un sueldo público transparente Dicho servicio ha sido ejemplar desde su creación en 1870 en materia de seguridad jurídica preventiva imprescindible para garantizar el tráfico jurídico y económico íntegro y fluido en beneficio de todos los ciudadanos.
Al Registro civil le hace falta una buena reforma incluida una actualización de las cantidades que perciben los Ayuntamientos por dotar de medios a los Juzgados de paz, pero en su esquema actual funciona razonablemente bien y, en consecuencia, no hay necesidad objetiva alguna de cambiar de modelo.
En este sentido, CSIF ha presentado en dos ocasiones (22/04/2013 y 20/09/2013) una oferta de diálogo constructivo sobre la base de una propuesta que mantiene el Registro civil como servicio público de gestión pública. No sólo ha sido CSIF sino también otras organizaciones sindicales y asociaciones profesionales han hecho lo mismo sin que el Ministro de Justicia se haya mostrado, en ningún momento, abierto a dialogar y a negociar. Es más ni siquiera hemos recibido contestación alguna mientras lleva varios meses negociando con los Registradores.
El Registro civil tiene por objeto a las personas y, por este motivo, desde el año 1870 se ha constituido como un servicio público próximo al ciudadano gracias al tejido municipal de nuestro país. Sin ese soporte y gracias a él, los ciudadanos han evitado los perjuicios de desplazarse varios kilómetros allá donde estuviera la sede del Registro civil para realizar los más simples trámites del Registro civil como fes de vida para el cobro de pensiones, inscripciones y certificados de nacimiento, matrimonio y defunción etc.…
La introducción de las nuevas tecnologías es cierto que facilita el acceso al Registro civil pero también es cierto que la introducción de las mismas no es uniforme en todo el territorio ni tampoco lo es en toda la población, muy especialmente en la población de más edad.
En este sentido, el proyecto del Ministerio de Justicia amenaza con crear una brecha entre quienes pueden y saben acceder a las nuevas tecnologías y quienes no pueden o no saben hacerlo y en perjuicio de estos últimos.
En aquéllas localidades con Juzgados de Paz y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz servidos por funcionarios de Justicia la sustracción del servicio público del Registro civil es el primer paso para la desaparición de estos centenarios órganos judiciales y el fin de la justicia de proximidad tan necesaria como olvidada por todos.
Estos municipios se quedarán sin poder ofrecer un servicio a sus ciudadanos y no sólo a ellos sino a los que están dentro del territorio sobre el que es competente el citado Juzgado de Paz con lo que eso supone de trasiego de personas que aprovechan su visita al Juzgado para realizar compras, tomarse un café o cualquier otro tipo de gestión.
Pero la principal consecuencia de la entrega del Registro civil a los Registradores es que un servicio público de gestión pública en beneficio de todos los ciudadanos se va a convertir en negocio en beneficio de unos pocos ya costa del bolsillo de los ciudadanos.
Según hemos podido confirmar el Ministerio de Justicia ha cedido a los deseos de los Registradores y está negociando con ellos el importe del arancel que se va a cobrar por realizar trámites ante el Registro civil gestionado por ellos. Esta negociación se está realizando en el más estricto secreto vulnerando claramente una ley que se impone a todas las administraciones incluidas los Ayuntamientos pero que el Ministerio de Justicia parece haber olvidado. Se trata de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada por el mismo Gobierno del Sr. Ministro de Justicia y que, en su preámbulo, dice:
“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.
Entre otras cosas, un Alcalde es el representante de sus conciudadanos y tiene entre sus responsabilidades, además de gestionar la administración municipal el de defender los intereses y los derechos de éstos. Por este motivo y porque creemos que la pérdida del Registro civil supone una merma en la capacidad de los municipios de contribuir al bienestar de sus ciudadanos que vienen sufriendo ya demasiados recortes de derechos con motivo de la crisis económica, apelamos a su condición de representante de sus convecinos para que se una a la campaña iniciada por CSIF y el resto de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales en contra de esta reforma del Registro civil y en favor de su mantenimiento como servicio público de gestión pública.
Quedamos a su entera disposición por si precisara ampliar la información o tuviera alguna consulta que hacernos en este sentido.
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