CHA pide en las Cortes de Aragón la retirada de la reforma del Registro Civil y que continúe siendo público y gratuito

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha pedido este viernes la retirada del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que prevé la privatización de los registros civiles, y ha reclamado que este servicio continúe siendo público y gratuito. 

CHA ha presentado una proposición no de ley, que se debatirá en el Pleno de la semana próxima, en la que pide a las Cortes que rechacen esta reforma e insta al Ejecutivo autonómico a oponerse. 

Ha resaltado que la privatización es "muy grave" por cuando "escapa al control público" algo "tan íntimo" como la inscripción de nacimientos, adopciones, matrimonios y fallecimientos. El dirigente de CHA ha tildado de "inaceptable" la reforma y ha apoyado todas las movilizaciones contra este "atropello". 

En rueda de prensa, José Luis Soro ha señalado que los registros civiles han sido públicos, gratuitos y han estado presentes en todas las localidades —a través de los juzgados de paz y los ayuntamientos— desde 1870, pero "ahora el PP quiere que sean privados, de pago y solo en determinadas localidades", 27 en el caso de Aragón. Los registradores de la propiedad gestionarán este servicio. 

Ha atribuido la elaboración del anteproyecto a la "obsesión privatizadora" del Gobierno de España y ha tildado la reforma de "absolutamente innecesaria" por ser el Registro Civil "un servicio que funcionaba bien". 

En opinión del portavoz de CHA "la derecha defiende siempre intereses de clase, a los suyos, a unos pocos, y la ciudadanía les da igual" y en este caso "atienden a intereses corporativistas de los registradores de la propiedad", recordando que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad, por lo que "está protegiendo a sus compañeros de promoción".

"CONSENSO" 

El también presidente de Chunta ha expuesto que las Cortes Generales aprobaron en 2011 una ley sobre los registros civiles "con el máximo consenso" mediante la cual se decidió la informatización de este servicio, con un coste de 130 millones de euros, y se cambió el método de funcionamiento, pero ahora el PP "hace tabla rasa y plantea una reforma privatizadora". 

Ha informado de que en 2014 iba a entrar en vigor la desjudicialización de estos registros, pero la reforma legislativa de 2011 planteaba que los titulares de los mismos siguieran siendo funcionarios de carrera del grupo A o secretarios judiciales. También se establecía que continuaran siendo públicos, gratuitos y que los ciudadanos pudieran realizar gestiones en los juzgados de paz o los ayuntamientos. 

Además, se daba una solución para que todo el personal tuviera derecho preferente para acceder a un puesto en las nuevas oficinas generales, que los que no tuvieran plaza pudieran optar a vacantes en los juzgados e, incluso, que se modificaran las plantillas para aquellos que no pudieran reubicarse. 

José Luis Soro ha dicho que el anteproyecto que ahora se está tramitando "quedó parado" hace un año, pero ahora —ha lamentado— los registradores "sí lo ven claro" y el presidente del Colegio que agrupa a estos profesionales, Gonzalo Aguilera, que fue "uno de los principales opositores" a esta reforma, ha cambiado de opinión. 

El portavoz del Grupo de CHA ha explicado que aunque los registradores de la propiedad son funcionarios públicos los medios que utilizan para realizar su trabajo es de ellos, obteniendo con su actividad su propia remuneración y la de sus empleados. El borrador de la reforma dispone que ellos sufragarán los gastos mediante el cobro de aranceles, de tal forma que "algo que hasta ahora era gratuito será de pago".

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